Antonia Rodriguez Mendoza
Expediente 1200/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1200/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Antonia Rodriguez Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento y efectos legales. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original; por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional de así haberlo realizado; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Antonia Rodriguez Mendoza solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Acto reclamado. ".el ilegal e injustificado descuento indebido, sin aviso, notificación procedimiento legal o administrativo previo a la suscrita, efectuado desde hace varios meses atrás, de manera mensual, bajo los conceptos de deducción (supuestos): 100 SEG. DE VIDA INST. 18 MESES Y 102 SEG. DE VIDA INST. 39 MESES, variando las cantidades de deducción mensualmente, SEGUROS DE VIDA que jamás contraté." SEGUNDO. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1200/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: - El descuento a su pensión con motivo de la contratación de seguros de vida. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 226, consultable en la página 153, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del rubro y tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio. Este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el precepto en comento (pero de la Ley abrogada, que es del mismo contenido al actual), precisó que el juicio de amparo es improcedente cuando concurren los siguientes elementos a saber: a) La existencia del acto o ley reclamados; b) Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado; y, c) Que la parte quejosa se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Lo anterior lo sustentó en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En el caso, la autoridad responsable remitió diversas constancias, entre ellas, los escritos presentados el diez y treinta de noviembre de dos mil veinte, por los cuales, la directa quejosa solicita información con respecto a los descuentos efectuados, es decir, que para esa data ya tenía conocimiento de los mismos. Además, se advierte la diversa documental denominada "CONSENTIMIENTO PARA SER ASEGURADO Y DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS SEGUROS DE VIDA DE LOS PENSIONISTAS", de veinte de agosto de dos mil diecinueve, en la que la propia quejosa, expresamente otorga su consentimiento para ser asegurado en la póliza colectiva de seguro de vida institucional de los pensionistas. Elementos de prueba a los que ya se les otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es decir, se colma el requisito referente a que la parte quejosa se conformara con el acto reclamado o realizara manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Se dice lo anterior, porque la parte quejosa fue quien en fecha veinte de agosto de dos mil veinte, dio su consentimiento para para ser asegurada, por lo que no sería dable reclamar dicha situación en esta vía constitucional. Es decir, la determinación de la autoridad de realizar los correspondientes descuentos, surgen de la declaración unilateral de la voluntad de la quejosa, de ahí que no sea dable analizar en esta instancia constitucional dicho acto. Máxime que la quejosa no controvirtió la documental de referencia, y por otra parte, tampoco realizó concepto de violación relacionados con la forma en que se cuantificaron los mismos. Sin que en el caso fuese dable tener como acto reclamado destacado y adentrarse a su estudio, la omisión de la responsable de dar contestación a los escritos ya referidos, puesto que transcurrió un término breve entre la suscripción de éstos y la fecha de presentación de la demanda de amparo, y además, el cuatro de marzo de dos mil veintiuno le fue formulada la contestación respectiva, mediante oficio SP/DPSHT/450/2021. En las relatadas circunstancias, como respecto de la expedición del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio con fundamento en el 63, fracción V del citado ordenamiento. Además de lo ya expuesto, debe decirse que mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintiuno (fecha posterior a la promoción del juicio de amparo), la propia quejosa solicitó la suspensión de dichos seguros de vida, razón por la cual, será la respuesta dada a la misma o en su caso la falta de ésta, la que pudiera ser materia de controversia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 61, 62 y 63 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Antonia Rodriguez Mendoza. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintinueve de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Antonia Rodriguez Mendoza. Notifíquese personalmente
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que está transcurriendo el término para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; en esa virtud, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
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