Antonia Ramírez Pérez

Expediente 165/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
165/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Antonia Ramírez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito de la parte quejosa ********************; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele las constancias a que hace referencia en el escrito que se provee, previo su cotejo y compulsa; déjese en el sumario copia certificada de ellas y hágase entrega a la promovente, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓNVisto el escrito de la parte quejosa agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, al aclarar su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDAAhora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. Ahora, de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio, considerada en su integridad la demanda de derechos fundamentales, en un sentido congruente con todos sus elementos, además atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autora, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, se advierte que los actos que por esta vía combate la impetrante es: "En atención al auto de fecha 23 de marzo del año en curso, donde se me requiere para que en el término de 5 días haga la aclaración respecto del acto reclamado, es por ello que vengo por medio del presente escrito y con fundamento en el art. 8 constitucional a manifestar que bajo protesta de decir verdad el acto reclamado consiste en la negativa de la hoy autoridad responsable C. Síndica Única Municipal de la ciudad de Papantla, Veracruz, a reivindicar el local que se usa como agencia municipal y así como el auditorio municipal de la comunidad de ********************perteneciente al Municipio de Papantla, Veracruz, ya que la hoy quejosa comparecí con fecha 14 de marzo del año en curso ante dicha autoridad hoy responsable a solicitarle de la manera más atenta y por escrito la reivindicación de dichos locales, pero el día 17 de Marzo del año en curso me manifestó de forma verbal y directa que no me iba a contestar el oficio de mi solicitud y que no me los iba a reivindicar que mejor le buscara por otro lado que eso no era de su competencia, es por ello que me vi en la necesidad de presentar la demanda de amparo que dio origen a este juicio." Establecido lo anterior, esta juzgadora advierte que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no es de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Máxime que la promovente ha dejado claro que no reclama la falta de respuesta al escrito que le presentó en el que le solicitó que reinvindicara los inmuebles que cita. Para evidenciar lo anterior, conviene hacer una breve referencia a la evolución jurisprudencial del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que servirá de base para la interpretación del texto vigente de la Ley de Amparo, el cual es producto en gran medida, de esa evolución interpretativa. La Ley de Amparo abrogada no ofrecía una definición específica de lo que debía entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que su artículo 11 sólo aludía al acto que la autoridad responsable puede desplegar, al señalar que: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". Inicialmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el término de autoridades comprendía a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estuvieran en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Criterio que se contiene en la tesis aislada, cuyo rubro, texto y datos de localización son los siguientes: Época: Quinta Época Registro: 289962 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 1067 AUTORIDADES. El término "autoridades", para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Posteriormente, la Segunda Sala sostuvo el criterio consistente en que no debe exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensables para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares. Entonces, consideró que el parámetro que debía servir para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, habría de atender a la naturaleza misma de los actos, los que pueden ser, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución, con esa misma característica, provenientes, unos y otros, de órganos del Estado, dentro o fuera de las órbitas de sus atribuciones legales. De modo que, independientemente de que, en términos generales, determinada oficina o dependencia del Ejecutivo, tuviese, o no, el carácter de autoridad, en los términos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, debía determinarse si el acto se considera una decisión y la amenaza de la ejecución correspondiente, y si así fuere, tendría el carácter de acto de autoridad, para los efectos del amparo. El criterio en mención, se advierte de la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: Época: Quinta Época Registro: 335181 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLV Materia(s): Común Tesis: Página: 5033 AUTORIDAD, CARÁCTER DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. En derecho público, se entiende por autoridad, a un órgano del Estado, investido legalmente de la facultad de decisión y del poder de mando necesario para imponer a los particulares sus propias determinaciones, o las que emanen de algún otro órgano del mismo Estado; pero tratándose del juicio de amparo, no debe examinarse este concepto con el criterio antes expresado, en cuanto deba exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensables para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares, siendo, estos casos, indudablemente, los que requieren más frecuentemente, y con más imperiosa necesidad, la intervención de la justicia federal. Así lo ha entendido la Suprema Corte en la ejecutoria dictada en el amparo del señor Marcolfo F. Torres, en la que textualmente se dice: "En efecto, al decir la Constitución General de la República, que el amparo procede por leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales, no significa, en manera alguna, que por autoridades deba entenderse, para los efectos del amparo, única y exclusivamente aquéllas que estén establecidas con arreglo a las leyes, y que, en el caso especial de que se trate, hayan obrado dentro de la esfera legal de sus atribuciones, al ejecutar los actos que se reputan violatorios de garantías individuales. Lejos de eso, el señor Vallarta y otros tratadistas mexicanos de derecho constitucional, sostienen que el término "autoridad", para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar, no como simples particulares, sino como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho mismo de ser pública la fuerza de que disponen;...." Encontrándose que el criterio que debe servir de norma para definir en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse a la naturaleza misma de esos actos, los que pueden ser, según la doctrina antes expresada, una resolución que afecte a los particulares o actos de ejecución, con esa misma característica, provenientes, unos y otros, de órganos del Estado, dentro o fuera de las órbitas de sus atribuciones legales, debe concluirse que, independientemente de que, en términos generales, determinada oficina o dependencia del Ejecutivo, tenga, o no, el carácter de autoridad, en los términos de las leyes que regulen esa dependencia oficial, debe atenderse, en el caso de que se trate, a precisar si el acto se considera una decisión y la amenaza de la ejecución correspondiente, y si así fuere, debe considerarse que tiene el carácter de acto de autoridad, para los efectos del amparo, pues por ejemplo, la declaración administrativa de la caducidad de un contrato, es un acto típico de autoridad, y también lo es el requerimiento que se hace sobre la entrega del local dado en arrendamiento. Luego, el Pleno aludió a los actos unilaterales, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; y, al ejercicio de facultades decisorias. Se señaló que la llamada rectoría del Estado en materia económica, modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que escapaban al concepto tradicional de autoridad y que estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, aquéllas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. El criterio que contiene este parámetro se encuentra en la tesis aislada P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. A este criterio le siguió el de la Segunda Sala del más alto Tribunal en el cual señaló que tiene el carácter de autoridad el órgano del Estado que afecta la esfera jurídica del gobernado, en relaciones que no se entablan entre particulares. Distinguió entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución; y las de supraordinación, que se entablan entre órganos del Estado. Dicho parámetro se contiene en la tesis aislada 2a. XXXVI/99, cuyo contenido es el siguiente: Época: Novena Época Registro: 194367 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Marzo de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. XXXVI/99 Página: 307 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. De lo destacado, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las tesis aisladas y de los criterios jurisprudenciales emitidos en sus distintas Épocas, definió lo que debía entenderse por autoridad para los efectos del juicio constitucional, estableciendo sus características o notas distintivas, que se recogen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, como criterio integrador, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, atendiendo a esa labor jurisprudencial, contiene una definición de lo que debe entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo y ofrece un concepto material de autoridad para efectos del juicio de amparo, del cual se advierte lo siguiente: 1. Lo relevante no es la naturaleza formal de la autoridad, esto es, su pertenencia a la administración pública centralizada, descentralizada o paraestatal, sino la naturaleza de los actos que emite. Con ello retoma el criterio de que pueden existir autoridades que actúen fuera del ejercicio de sus atribuciones legales, en perjuicio de los particulares, sin que esa circunstancia impida tenerlas como tales para efectos del juicio de amparo. 2. Destaca la unilateralidad y obligatoriedad de sus actos, como notas para identificarlos. Es decir, que se trate de actos a través de los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni del consenso de la voluntad del afectado. Lo que denota, además, que deben emitirse con base en una relación de supra a subordinación, y no en una de coordinación propia de las relaciones entre particulares. 3. Cuando se reclamen omisiones, debe tenerse en cuenta si, de realizarse el acto omitido, tendría esos efectos de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 4. Finalmente, dado el concepto material que contiene, la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que los particulares emitan actos con las características descritas y, que por ello, puedan ser considerados como autoridad para efectos del juicio de amparo, con la condición de que sus funciones estén establecidas en una norma general, es decir, su contenido debe coincidir con una facultad legal de ejercicio irrenunciable y pública. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el precepto interpretado, una autoridad o particular tendrá materialmente el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, si se cumplen las siguientes condiciones: 1. Que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, u omita alguno, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria. 2. Con base en una función establecida en la ley, que establezca una relación de supra a subordinación. La unilateralidad a que se refiere el precepto en análisis, como se explicó, implica que para modificar la situación del afectado o emitir el acto, no precisa de la voluntad de éste o su consenso. En tanto que la obligatoriedad supone que no necesita de acudir a un tribunal o diversa autoridad para hacer efectivo su acto. El requisito de que el acto provenga de una función que le confiera la ley, alude a que su contenido debe coincidir con una facultad legal, lo que implica que se emita en una relación de supra a subordinación y no de coordinación, como las que acontecen entre particulares. Entonces, interpretado en sentido contrario el contenido del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la misma ley, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos que no reúnan las características descritas y que, por ende, no deban ser considerados como de autoridad para efectos del juicio protector de derechos humanos. En el caso, como se anticipó, no se está ante un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues la posición de la impetrante frente a la Síndica Única Municipal de Papantla, Veracruz, no es la de una gobernada sino de empleada, ya que acorde al artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, la aquí quejosa es una servidora pública que funciona en su demarcación (Carrizal) como auxiliar del Ayuntamiento (Papantla), cuya obligación es dar aviso inmediato al ayuntamiento para el cual laboran, de cualquier alteración en el orden público y de las medidas que hayan tomado para corregirlas, como lo estipula el numeral 62 de la citada ley; tal como lo hizo al acudir con la Síndica Única de Papantla, Veracruz, para hacer de su conocimiento los hechos suscitados en las instalaciones del local que ocupa la Agencia Municipal de la que es titular así como del auditorio municipal de la comunidad de ********************perteneciente al citado municipio donde labora como su auxiliar. En ese sentido, si lo que reclama a través del juicio de amparo es la negativa (verbal) de la representante legal del ayuntamiento al que auxilia como servidora pública de reivindicar los citados inmuebles ya que refiere es su obligación de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, es inconcuso que respecto de la autoridad que señala como responsable existe una relación de coordinación y no de subordinación pues dicha actuación la realiza en su carácter de superior jerárquica de la promovente quien funge como Agente municipal del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz y con tal carácter formuló la petición a la representante legal del citado órgano colegiado, como se evidencia en los antecedentes que enseguida se trasncriben: "La suscrita soy originaria y vecina de la comunidad de ********************perteneciente al Municipio de Papantla, Veracruz y tengo mi domicilio conocido en calle Niños Héroes sin número de dicha comunidad y resulta que le día 1 de Mayo del año 2022 fui electa como ******************** de la citada comunidad (.) por lo que ante tal situación acudí con el C. Presidente Municipal de Papantla, Veracruz, para poner en conocimiento estos hechos, pero desgraciadamente no encontré ningún apoyo de su parte a pesar de que le explique que estos individuos estaban cometiendo graves faltas como el hecho de incitar a la gente a que se les unan para cometer más actos de violencia en la comunidad, pero lejos de hacerme caso me dijo que ese asunto era mi problema y mostrando desinterés de la situación, es más me pidió que renunciara, y me dijo que ese asunto es de mi responsabilidad que todo lo que sucediera era por mi culpa, por lo que al ver la actitud negativa y al ignorarme dicho presidente, acudí a denunciar los hechos a la fiscalía de la ciudad de Papantla, Veracruz, denunciando a estos individuos que tomaron el local que se utiliza agencia y el auditorio municipal de la citada comunidad, formando para ello la carpeta de investigación número ********************, la cual está en proceso, y debido al lento proceso y al exceso de trabajo que tienen, acudí con fecha 14 de marzo en año en curso, a solicitar el auxilio de la C. Síndica Única Municipal de Papantla, Veracruz, tal y como lo acredito con copia simple de dicha solicitud, solicitando que con el auxilio de la fuerza municipal, desalojara a todas las personas que se encuentran impidiéndome el paso a la agencia municipal y al auditorio municipal de dicha comunidad, y ante tal petición hasta la fecha no se ha tenido ninguna respuesta por parte de la autoridad hoy responsable, ya que de acuerdo a la fracción IX del art 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, (.) ya que hasta la fecha dicha autoridad responsable he hecho caso omiso, ni me ha dado ninguna respuesta a mi petición" Lo destacado, pone en evidencia que el acto reclamado por la quejosa, es con base en una relación laboral preexistente al haber sido nombrada como ******************** de la congregación de Carrizal que pertenece al Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, el cual no es un acto que pueda considerarse de autoridad para la procedencia del amparo, ya que está íntimamente vinculada con las obligaciones que tienen tanto la promovente como la Síndica Única a la luz de la Ley Orgánica del Municipio Libre que las rige, por lo que lo que reclama deberá hacerlo valer en la vía ordinaria que corresponda. Entonces, si la procedencia de la acción constitucional de amparo está sujeta a la condición jurídica de que los actos reclamados provengan de una autoridad para efectos del juicio de amparo, y ello no acontece en el caso concreto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que surge de correlacionar lo que establece el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último, a contrario sensu. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por ******************** por ser notoria e indudable su improcedencia. Determinación que se toma en cumplimiento al derecho humano de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues ello permite a la impetrante de amparo acudir ante las instancias correspondientes a defender sus derechos. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho, contra actos de la Sindica Única Municipal de Papantla, Veracruz, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número ********************, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN DE LA DEMANDA De los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que el Juez de Distrito que conozca de una demanda, cuando advierta que existe una irregularidad en la misma, por haberse omitido alguno de los requisitos que establece el numeral 108, deberá prevenir a la promovente para el efecto de que subsane las omisiones o haga las aclaraciones correspondientes, en el entendido de que también puede prevenirse cuando se trate de demandas oscuras y/o confusas en algunos de sus requisitos. Así, con el propósito de proveer eficazmente el presente asunto, es necesario prevenir a la impetrante del amparo por irregularidades en el ocurso de su demanda que a continuación se precisan. En principio, en relación con el requisito contenido en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo, cabe mencionar que de la lectura de la demanda, se advierte que, la disconforme señaló como acto reclamado el consistente en: "La rotunda negativa de la autoridad responsable a cumplir con lo ordenado por el art 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, misma que prevé una de las tantas atribuciones de la citada autoridad como es el caso de reivindicar el local que usa como agencia municipal y el auditorio municipal de la comunidad de carrizal, perteneciente al Municipio de Papantla, Veracruz." En tanto, en el capítulo de antecedentes, precisó: "La suscrita soy originaria y vecina de la ******************** y resulta que le día 1 de Mayo del año 2022 fui electa como Agente Municipal de la citada comunidad (.) por lo que ante tal situación acudí con el C. Presidente Municipal de Papantla, Veracruz, para poner en conocimiento estos hechos, pero desgraciadamente no encontré ningún apoyo de su parte a pesar de que le explique que estos individuos estaban cometiendo graves faltas como el hecho de incitar a la gente a que se les unan para cometer más actos de violencia en la comunidad, pero lejos de hacerme caso me dijo que ese asunto era mi problema y mostrando desinterés de la situación, es más me pidió que renunciara, y me dijo que ese asunto es de mi responsabilidad que todo lo que sucediera era por mi culpa, por lo que al ver la actitud negativa y al ignorarme dicho presidente, acudí a denunciar los hechos a la fiscalía de la ciudad de Papantla, Veracruz, denunciando a estos individuos que tomaron el local que se utiliza agencia y el auditorio municipal de la citada comunidad, formando para ello la carpeta de investigación número ********************, la cual está en proceso, y debido al lento proceso y al exceso de trabajo que tienen, acudí con fecha 14 de marzo en año en curso, a solicitar el auxilio de la C. Síndica Única Municipal de Papantla, Veracruz, tal y como lo acredito con copia simple de dicha solicitud, solicitando que con el auxilio de la fuerza municipal, desalojara a todas las personas que se encuentran impidiéndome el paso a la agencia municipal y al auditorio municipal de dicha comunidad, y ante tal petición hasta la fecha no se ha tenido ninguna respuesta por parte de la autoridad hoy responsable, ya que de acuerdo a la fracción IX del art 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, (.) ya que hasta la fecha dicha autoridad responsable he hecho caso omiso, ni me ha dado ninguna respuesta a mi petición" De ahí que, para tener mayores elementos para emitir un pronunciamiento sobre tópicos como la procedencia, la suspensión e integrar, en su caso, debidamente la litis, y diversos aspectos, al ser lo reclamado no claro, obscuro o irregular; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108 fracción IV, del propio cuerpo normativo, requiérase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad: Si lo que reclama de la Síndica del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, es la falta de respuesta a su petición contenida en el escrito de catorce de marzo de dos mil veintidós, del cual anexa copia simple en el que le solicita a la autoridad señalada como responsable, la reivindicación de los citados inmuebles en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, o en su defecto, Si el acto reclamado lo es la negativa de reivindicar tanto el local que ocupa como agencia municipal y el auditorio municipal de la comunidad de Carrizal en relación con las personas que tomaron posesión de dichos inmuebles y en caso de ser así, deberá indicar la fecha en la que se materializó dicha negativa y le fue notificada a la promovente, especificando si dicha negativa fue exteriorizada de manera verbal o escrita. Siendo necesario que la promovente manifieste cuál es el acto del que se duele concretamente, ya que si bien es cierto en el apartado correspondiente al acto reclamado indicó que se trata de una negativa por parte de la responsable a realizar la acción ahí especificada, también lo es que de la lectura de la demanda y en especial del anexo que ofrece, se advierte que el acto pudiera tratarse de una falta de respuesta a la petición que por escrito le realizó a la síndica señalada como responsable, de ahí que al tratarse de actos de distinta naturaleza, resulta indispensable que se precise correctamente cuál es el acto reclamado. APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el término y en las condiciones apuntadas, con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. COPIAS RESTANTES DE LA DEMANDA Y CONSTANCIAS ANEXAS En tanto se provee lo conducente, consérvense en la secretaría de este juzgado las copias anexas de la demanda de amparo, así como las constancias que anexa a su escrito inicial de demanda, sin que se estime necesario por el momento agregarse a los presentes autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que la impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis siguiente: "Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Ténganse por autorizados de la quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a ********************, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese por lista de acuerdos a la promovente. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

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