Antonia Pablo Jimón
Expediente 541/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 541/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antonia Pablo Jimón y Otros.
- Aristeo Salazar Barrios
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Antonia Pablo Jimón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera el proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, incisos b) y c), del citado Acuerdo General, el expediente principal, transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE en su totalidad, toda vez que al haberse sobreseído fuera de audiencia, sin decidir el juicio en lo principal, se dio por concluido el expediente en que se actúa. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, sin que haya lugar a dar vista con su contenido por las razones que en seguida se exponen. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su informe justificado, se advierte se actualiza la causal de improcedencia que enseguida se analiza. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, María Verónica Barrera Gutiérrez en su carácter de apoderada legal de Antonia Pablo Jimón, Daniel Hernández, Acevedo y Aristeo Salazar Barrios, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridades siguientes: "III. Autoridad responsable: H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. IV Acto reclamado. La dilación y/o abstención de continuar con las etapas procesales subsecuentes hasta concluir con el dictado y notificación del laudo correspondiente dentro de los términos de los artículos 870 al 890 de la Ley Federal del Trabajo en relación con la Ley 51 del Estado, en el juicio laboral número 796/2018, promovido en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ahuacuotzingo, Guerrero. Luego de su antecedente único se advierte lo siguiente: ÚNICO Mediante escrito presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, se demandó al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ahuacuotzingo, Guerrero, diversas prestaciones de carácter laboral, radicado que fue el juicio se emplazó al demandado, quien compareció a juicio y dio contestación a la demanda mediante ocurso de 27 de febrero de 2019, ocurso mediante el cual opone sus defensas y excepciones y hace valer incidente de nulidad de notificación y/o actuación, suspendiéndose el procedimiento en el principal y señalándose las trece horas del día diez de julio de ese mismo año para la celebración de la audiencia incidental. En esta última fecha se llevó a cabo la audiencia incidental de nulidad de actuaciones con la asistencia de las partes, por lo que una vez oídas las mismas el Tribunal responsable se reservó el derecho de emitir la interlocutoria que en derecho proceda. Sin embargo, a la fecha se abstiene de pronunciarse al respecto excediendo con ello el término que tenía para hacerlo y provocando con una violación manifiesta a las garantías que consagran a los solicitantes de este amparo el artículo 17 Constitucional, .." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes reclaman del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de la responsable de emitir la sentencia interlocutoria en el incidente de nulidad de notificaciones y/o actuación interpuesto por la parte demandada en el juicio laboral 796/2018. La omisión de emitir el laudo en el juicio laboral 796/2018. Por lo que hace, al acto reclamado [2] se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 796/2018. De las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se conoce que en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, resolvió el incidente de nulidad e notificaciones promovido por la parte demandada y ordenó continuar con el procedimiento para lo cual señaló las diez horas del día veintinueve de abril de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Por otro lado, de autos se advierte que los promoventes presentaron su demanda de amparo el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, como se lee de la boleta y sello de recibo que obran a fojas 1 y 2. Entonces, es evidente que la omisión reclamada es inexistente, porque a la presente fecha, la autoridad responsable no está en condiciones de emitir el laudo en el juicio laboral 796/2018, dado que se encuentran señaladas las diez horas del veintinueve de abril de dos mil veintidós para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos; por tanto, el tribunal laboral no está en aptitud de emitir el laudo, toda vez que aún no se ha llegado la fecha señalada para el desahogo de la audiencia, por lo que no está en posibilidad de cerrar la instrucción ni mucho menos emitir el proyecto del laudo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. Por otra parte, por lo que hace al acto reclamado [1], este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de las constancias que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remite a su informe justificado, relativas al expediente laboral 796/2018, se advierte que el catorce de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable resolvió el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte demandada y ordenó continuar con el procedimiento. Por tanto, la omisión que reclama la quejosa de la autoridad responsable, cesó en sus efectos, debido a que la autoridad responsable resolvió el incidente planteado y ordenó continuar con el procedimiento, señalando fecha y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; lo que trae como consecuencia, que los efectos del acto reclamado han desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia antes citadas, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley Amparo. Conforme a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO", existe un impedimento para examinar los conceptos de violación que formuló el quejoso al decretarse el sobreseimiento en los autos del presente juicio de amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible celebrar en virtud que, no obra el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ni la constancia de notificación del oficio mediante el cual se solicitó el mismo. En tal virtud, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En consecuencia, se instruye al actuario judicial adscrito para que de inmediato notifique el oficio 28603/2021 dirigido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, así como los que deriven del presente auto, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo********************Guerrero********************veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta de cuenta signado por ****************************************Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal constitucional de ****************************************Guerrero********************mediante el cual se apersona al presente juicio********************designa domicilio y autorizados e informa que el dieciocho de diciembre del año en curso recibió la demanda de amparo promovida por María Verónica Barrera Gutiérrez********************apoderada legal de la quejosa********************. Por tanto********************con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo********************se le tiene reconocida dicha personalidad********************y apersonándose al presente juicio de amparo. Asimismo********************como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito que se provee y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel Benítez Salinas********************Norma Paulina Tapia Gutiérrez********************Daniel Aguilar García y Jennifer Gatica Jiménez********************toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Adrián Mosso Vallejon********************Crysthian Donaldo Cantú Marcial y Cesar Uriel Tapia Gutiérrez********************toda vez que no cuenta con dicho registro. Por otra parte********************glósese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el pedimento de cuenta********************signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este órgano jurisdiccional********************sin perjuicio de ser relacionado en la etapa procesal oportuna y tomarse en consideración al momento de resolverse la presente instancia constitucional. Asimismo********************con relación a las copias fotostáticas que solicita de la sentencia que se dicte en su momento; dígasele que ello deberá instarlo una vez que se emita la misma********************a fin de que éste órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de agendar una cita con la finalidad de que se le expidan las reproducción referidas; lo anterior********************en términos del Acuerdo General 21/2020********************del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal********************el cual indica el procedimiento para las visitas al órgano correspondiente a través del módulo denominado "Agenda de Visitas". Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera García Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero********************Encargado del Despacho********************por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional********************en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación********************autorizado en sesión celebrada en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno********************por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal********************comunicada mediante oficio CR./CJD./003/4636/2021********************que actúa ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto********************que autoriza y da fe.
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