Antonia Ortiz Contreras
Expediente 920/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Antonia Ortiz Contreras
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Antonia Ortiz Contreras, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda documentos susceptibles de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa copia certificada que a su costa se dejen autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Antonia Ortiz Contreras, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda documentos susceptibles de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa copia certificada que a su costa se dejen autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa."
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Antonia Ortiz Contreras, por derecho propio, contra el acto de la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí; por violación que estima en su perjuicio de los artículos 1°, 4°, 8° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 920/2018-VI, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en la determinación contenida en el oficio 1.8.24.1/677/2018, a través de la cual la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, por conducto de su abogado estatal, suspendió el proceso de escrituración relacionado con el lote 15, zona 01, manzana 04, del poblado "Derechos Humanos", en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, que tiene su origen en la celebración del contrato de regularización SLP0003328. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre la autoridad responsable y la parte quejosa. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Ahora bien, para resolver si el acto que se reclama en este asunto, es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar si fue emitido o no en el marco de una relación de coordinación, supra a subordinación o supraordinación, para lo cual es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. De las documentales que anexó la promovente del amparo en original y copia certificada, se advierte que el acto que aquí se reclama, el cual consiste en la determinación de mantener suspendidos los trámites de escrituración del poblado "Derechos Humanos", en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, tiene su origen en la celebración del contrato de regularización SLP0003328, entre la hoy quejosa y la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, respecto del lote 15, zona 01, manzana 04. Tales probanzas consisten en el oficio 1.8.24.1/677/2018, signado por el abogado estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, y copia certificada del contrato de regularización SLP0003328, a los cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En el entendido de que dicho acto jurídico, aun teniendo características de un contrato de adhesión en formato y con estipulaciones preestablecidas, es un acuerdo de voluntades de derecho privado, celebrado por dos personas, en términos del artículo 1794 del Código Civil Federal, al estatuir: "Artículo 1,794. Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento; II. Objeto que pueda ser materia del contrato. [.]". Corrobora lo anterior que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 38/001-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las cédulas de contratación celebradas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, no pueden ser consideradas como una mera notificación del inicio de un trámite administrativo, ya que su naturaleza jurídica es la de un contrato, pues se advierte el consentimiento de las partes, el cual produce inmediatamente derechos y obligaciones para éstos. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 30/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 38, que dispone: "CÉDULAS DE CONTRATACIÓN CELEBRADAS POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CONSTITUYEN CONTRATOS DE COMPRAVENTA. Si se toma en consideración que conforme a la legislación civil los contratos de compraventa se perfeccionan cuando existe acuerdo de voluntades sobre la cosa objeto de la enajenación y su precio, es indudable que las cédulas de contratación celebradas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) no pueden ser consideradas como una mera notificación del inicio de un trámite administrativo, sino que su naturaleza jurídica es la de un contrato de compraventa, el cual produce inmediatamente derechos y obligaciones para las partes que hubieran intervenido, aun cuando su clausulado contenga condiciones, salvo que la legislación civil local disponga lo contrario en razón de los efectos de la obligación condicionada. Lo anterior es así, porque en dichas cédulas está plasmado el consentimiento de las partes, esto es, el acuerdo de voluntades de los posesionarios y de los compradores respecto de la cosa cuya descripción se detalla, a saber, los datos relativos al inmueble, su superficie y colindancias, así como su precio y la forma de su pago, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades". 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, entablada por la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí y la aquí quejosa, atento a lo anterior: en el marco de un convenio. La celebración de un convenio de carácter civil genera por razón de su naturaleza privada obligaciones y derechos para ambas partes; esto las encuadra en un plano de igualdad o relación de coordinación, puesto que ninguna de ellas está forzada a dejar de expresar su consentimiento y voluntad libremente al momento de obligarse, de ahí que la citada autoridad no ejerce facultades de imperio. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 202/2005, de la Sala referida, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 103, que ordena: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un organismo público descentralizado que realiza actos que revisten las características de unilateralidad, coercitividad e imperio; sin embargo, no siempre actúa en su calidad de autoridad, pues cuando suscribe una escritura producto de un proceso de regularización de un predio, actúa en su carácter de ente privado, toda vez que tal actuación (que no es otra cosa que la firma) la realiza en un plano de igualdad con la parte compradora, ya que no ejerce facultades de imperio, sino que interviene en su calidad de propietario de tierras como vendedor, además de que no persigue una finalidad que conlleve un interés de orden público o utilidad social. En esa virtud, al tratarse de un acto entre particulares, la competencia para conocer del juicio en que se demanda la nulidad de una escritura suscrita por dicho organismo público, corresponde a un Juez Civil de primera instancia del fuero común". Luego, no todo acto emitido por un organismo público (en este caso, descentralizado) constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquéllos que impliquen el ejercicio de una potestad que excluya una relación contractual de carácter privado, como en la especie sí es la invocada en la demanda de amparo, de acuerdo con las jurisprudencias últimamente transcritas y de observancia obligatoria para todos los tribunales de este país, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa: la suspensión de los trámites de escrituración del lote 15, zona 01, manzana 04, del poblado "Derechos Humanos", en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, respecto del cual la promovente celebró el referido acto jurídico. Sobre esas premisas, resulta que la decisión de no cumplir con un hacer (la escrituración de un inmueble), pactado en el contrato de regularización SLP0003328, celebrado entre la hoy quejosa y la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, se advierte que sin duda alguna se llevó a cabo en el marco de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la quejosa, que el incumplimiento del contrato multicitado entre ella y la autoridad responsable es violatorio de algún derecho de alguna de las contratantes, ya que esto es jurisdicción del juez ordinario para decidirlo y no el juez de amparo. No es inadvertido para el suscrito que la quejosa aduzca que la suspensión reclamada derive una orden emitida en la auditoria 11/2014, practicada por el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (autoridad que no se señaló como responsable), en virtud que la cédula de observación emitida en dicha auditoria y la cual se anexa en copia certificada al presente asunto, es un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que fue exhibida por el Delegado Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, en copia certificada en el diverso juicio de amparo 300/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. De la resolución referida se advierte que se establecieron diversas observaciones así como las recomendaciones siguientes: 1. Correctiva: Para que el Encargado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de a Tierra, en San Luis Potosí, realice las aclaraciones en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la firma de dicha observación. 2. Preventiva: Para que en lo subsecuente en la aceptación de Mandatos y Convenios, se apegara estrictamente al cumplimiento del objeto social de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de a Tierra, de conformidad con la normatividad interna y externa aplicable a los mismo. Ilustra lo anterior la siguiente reproducción digital: De lo expuesto es inconcuso que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en la cédula de observaciones de la auditoria 11/2014, únicamente emitió las indicadas observaciones y recomendaciones. Máxime que del oficio 1.8.24.1/677/2018, se desprende que el abogado estatal de la Delegación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, hizo del conocimiento de la aquí quejosa que tal suspensión era consecuencia de las ".observaciones derivadas de la auditoria 11/2014.", las cuales se "materializaron en dos rubros, acciones correctivas y preventivas", y que a su consideración generaba que "en dichos poblados señalados con irregularidades, no se inicien procesos de contratación, y en los procesos ya comenzados se suspenda sus continuación, derivado de lo cual la escrituración de los procesos ya comenzados se encuentra suspendida", sin que en dicha comunicación se le haya informado que tales consecuencias derivaron de una orden emitida en la citada auditoria. En tales condiciones, resulta claro que la suspensión del trámite que se reclama de la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, por más que haya sido emitido unilateralmente, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del amparo, al derivar de una relación de coordinación entre aquella y la parte quejosa (que en todo caso daría origen a un incumplimiento de lo contratado y eventualmente responsabilidad civil), por lo cual el juicio constitucional no es procedente en contra de tal determinación, en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, Constitucional; y, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar, la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), establece que hay casos de excepción en que desde el auto inicial puede analizarse si un acto es de autoridad para efectos del amparo, como sucede cuando ya esté expresamente definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un acto no es de tal clase; situación que se actualiza, porque como quedó de relieve, la Primera Sala del citado Máximo Tribunal del país ya determinó en Jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, que las cédulas de contratación (génesis de la relación entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable), celebrada con la (otrora) Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (hoy INSUS), constituyen contratos de compraventa. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo II, Octubre de 2014, página 1224, que dispone: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como para recibir documentos y copias que se expidan en el presente asunto, a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Antonia Ortiz Contreras, por derecho propio, contra el acto de la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí; por violación que estima en su perjuicio de los artículos 1°, 4°, 8° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 920/2018-VI, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en la determinación contenida en el oficio 1.8.24.1/677/2018, a través de la cual la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, por conducto de su abogado estatal, suspendió el proceso de escrituración relacionado con el lote 15, zona 01, manzana 04, del poblado "Derechos Humanos", en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, que tiene su origen en la celebración del contrato de regularización SLP0003328. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Cobra relevancia el inciso a), dado que, en concepto de quien aquí resuelve, en el caso de estudio no se acredita la relación de supra a subordinación entre la autoridad responsable y la parte quejosa. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la doctrina, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Ahora bien, para resolver si el acto que se reclama en este asunto, es o no de autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe dilucidar si fue emitido o no en el marco de una relación de coordinación, supra a subordinación o supraordinación, para lo cual es necesario analizar: 1) el origen material de dicho acto; 2) el carácter de la relación jurídica entre los sujetos; y, 3) el sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del usuario. 1) Origen material del acto. De las documentales que anexó la promovente del amparo en original y copia certificada, se advierte que el acto que aquí se reclama, el cual consiste en la determinación de mantener suspendidos los trámites de escrituración del poblado "Derechos Humanos", en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, tiene su origen en la celebración del contrato de regularización SLP0003328, entre la hoy quejosa y la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, respecto del lote 15, zona 01, manzana 04. Tales probanzas consisten en el oficio 1.8.24.1/677/2018, signado por el abogado estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, y copia certificada del contrato de regularización SLP0003328, a los cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En el entendido de que dicho acto jurídico, aun teniendo características de un contrato de adhesión en formato y con estipulaciones preestablecidas, es un acuerdo de voluntades de derecho privado, celebrado por dos personas, en términos del artículo 1794 del Código Civil Federal, al estatuir: "Artículo 1,794. Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento; II. Objeto que pueda ser materia del contrato. [.]". Corrobora lo anterior que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 38/001-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las cédulas de contratación celebradas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, no pueden ser consideradas como una mera notificación del inicio de un trámite administrativo, ya que su naturaleza jurídica es la de un contrato, pues se advierte el consentimiento de las partes, el cual produce inmediatamente derechos y obligaciones para éstos. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 30/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, página 38, que dispone: "CÉDULAS DE CONTRATACIÓN CELEBRADAS POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CONSTITUYEN CONTRATOS DE COMPRAVENTA. Si se toma en consideración que conforme a la legislación civil los contratos de compraventa se perfeccionan cuando existe acuerdo de voluntades sobre la cosa objeto de la enajenación y su precio, es indudable que las cédulas de contratación celebradas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) no pueden ser consideradas como una mera notificación del inicio de un trámite administrativo, sino que su naturaleza jurídica es la de un contrato de compraventa, el cual produce inmediatamente derechos y obligaciones para las partes que hubieran intervenido, aun cuando su clausulado contenga condiciones, salvo que la legislación civil local disponga lo contrario en razón de los efectos de la obligación condicionada. Lo anterior es así, porque en dichas cédulas está plasmado el consentimiento de las partes, esto es, el acuerdo de voluntades de los posesionarios y de los compradores respecto de la cosa cuya descripción se detalla, a saber, los datos relativos al inmueble, su superficie y colindancias, así como su precio y la forma de su pago, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades". 2) El carácter de la relación jurídica. En la especie, entablada por la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí y la aquí quejosa, atento a lo anterior: en el marco de un convenio. La celebración de un convenio de carácter civil genera por razón de su naturaleza privada obligaciones y derechos para ambas partes; esto las encuadra en un plano de igualdad o relación de coordinación, puesto que ninguna de ellas está forzada a dejar de expresar su consentimiento y voluntad libremente al momento de obligarse, de ahí que la citada autoridad no ejerce facultades de imperio. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 202/2005, de la Sala referida, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 103, que ordena: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN. La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un organismo público descentralizado que realiza actos que revisten las características de unilateralidad, coercitividad e imperio; sin embargo, no siempre actúa en su calidad de autoridad, pues cuando suscribe una escritura producto de un proceso de regularización de un predio, actúa en su carácter de ente privado, toda vez que tal actuación (que no es otra cosa que la firma) la realiza en un plano de igualdad con la parte compradora, ya que no ejerce facultades de imperio, sino que interviene en su calidad de propietario de tierras como vendedor, además de que no persigue una finalidad que conlleve un interés de orden público o utilidad social. En esa virtud, al tratarse de un acto entre particulares, la competencia para conocer del juicio en que se demanda la nulidad de una escritura suscrita por dicho organismo público, corresponde a un Juez Civil de primera instancia del fuero común". Luego, no todo acto emitido por un organismo público (en este caso, descentralizado) constituye un "acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo", sino solamente aquéllos que impliquen el ejercicio de una potestad que excluya una relación contractual de carácter privado, como en la especie sí es la invocada en la demanda de amparo, de acuerdo con las jurisprudencias últimamente transcritas y de observancia obligatoria para todos los tribunales de este país, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo. 3) Sentido de afectación del acto reclamado sobre la esfera jurídica de la quejosa: la suspensión de los trámites de escrituración del lote 15, zona 01, manzana 04, del poblado "Derechos Humanos", en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, respecto del cual la promovente celebró el referido acto jurídico. Sobre esas premisas, resulta que la decisión de no cumplir con un hacer (la escrituración de un inmueble), pactado en el contrato de regularización SLP0003328, celebrado entre la hoy quejosa y la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, se advierte que sin duda alguna se llevó a cabo en el marco de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En virtud de ello es que no se pueda analizar en la vía constitucional, como lo pretende la quejosa, que el incumplimiento del contrato multicitado entre ella y la autoridad responsable es violatorio de algún derecho de alguna de las contratantes, ya que esto es jurisdicción del juez ordinario para decidirlo y no el juez de amparo. No es inadvertido para el suscrito que la quejosa aduzca que la suspensión reclamada derive una orden emitida en la auditoria 11/2014, practicada por el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (autoridad que no se señaló como responsable), en virtud que la cédula de observación emitida en dicha auditoria y la cual se anexa en copia certificada al presente asunto, es un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que fue exhibida por el Delegado Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, en copia certificada en el diverso juicio de amparo 300/2018, del índice de este órgano jurisdiccional. De la resolución referida se advierte que se establecieron diversas observaciones así como las recomendaciones siguientes: 1. Correctiva: Para que el Encargado Estatal de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de a Tierra, en San Luis Potosí, realice las aclaraciones en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la firma de dicha observación. 2. Preventiva: Para que en lo subsecuente en la aceptación de Mandatos y Convenios, se apegara estrictamente al cumplimiento del objeto social de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de a Tierra, de conformidad con la normatividad interna y externa aplicable a los mismo. Ilustra lo anterior la siguiente reproducción digital: De lo expuesto es inconcuso que el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en la cédula de observaciones de la auditoria 11/2014, únicamente emitió las indicadas observaciones y recomendaciones. Máxime que del oficio 1.8.24.1/677/2018, se desprende que el abogado estatal de la Delegación del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, hizo del conocimiento de la aquí quejosa que tal suspensión era consecuencia de las ".observaciones derivadas de la auditoria 11/2014.", las cuales se "materializaron en dos rubros, acciones correctivas y preventivas", y que a su consideración generaba que "en dichos poblados señalados con irregularidades, no se inicien procesos de contratación, y en los procesos ya comenzados se suspenda sus continuación, derivado de lo cual la escrituración de los procesos ya comenzados se encuentra suspendida", sin que en dicha comunicación se le haya informado que tales consecuencias derivaron de una orden emitida en la citada auditoria. En tales condiciones, resulta claro que la suspensión del trámite que se reclama de la Delegación Estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de San Luis Potosí, por más que haya sido emitido unilateralmente, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del amparo, al derivar de una relación de coordinación entre aquella y la parte quejosa (que en todo caso daría origen a un incumplimiento de lo contratado y eventualmente responsabilidad civil), por lo cual el juicio constitucional no es procedente en contra de tal determinación, en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, Constitucional; y, 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar, la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), establece que hay casos de excepción en que desde el auto inicial puede analizarse si un acto es de autoridad para efectos del amparo, como sucede cuando ya esté expresamente definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un acto no es de tal clase; situación que se actualiza, porque como quedó de relieve, la Primera Sala del citado Máximo Tribunal del país ya determinó en Jurisprudencia obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, que las cédulas de contratación (génesis de la relación entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable), celebrada con la (otrora) Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (hoy INSUS), constituyen contratos de compraventa. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo II, Octubre de 2014, página 1224, que dispone: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, por las consideraciones ya expuestas. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como para recibir documentos y copias que se expidan en el presente asunto, a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente. "
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