Antonia Ortega López
Expediente 631/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/05/2019
Partes del expediente
- Antonia Ortega López
Actuaciones
- Principal
Visto el cómputo que antecede realizado por el secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por +++, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Chiapas. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 631/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). A efecto de proveer respecto de la demanda presentada, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que establece: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. En el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: ACTO RECLAMADO. La omisión de rendir informe solicitado mediante oficio de trece de febrero de dos mil diecinueve, por la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, en el expediente laboral +++, de su índice. ... se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5º fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues en el caso concreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.(.). Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal.Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad.Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis número P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 118, Tomo V, de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Registro: 199459, del rubro y texto siguiente:AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así como la tesis número 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.En el caso particular, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quien le atribuyó la omisión de rendir el informe solicitado por la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en los autos del expediente laboral J.O/53/2018, mediante oficio número JLCAE/JE5LCYA/212/2019, de trece de febrero de dos mil diecinueve. Ahora, de conformidad, con los artículos 61 fracción XXIII, y 5º fracción II, ambos de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, sin requerir para ello de acudir ante órganos jurisdiccionales, ni del consenso de la voluntad del afectado; por su parte, un particular podrá tener la calidad de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de la porción normativa en consulta y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.Sobre el particular, es conveniente aludir al criterio de jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.", en el cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la garantía de acceso a la impartición de justicia consagrada en dicho precepto constitucional, está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por lo que, las obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas autoridades que, en el ámbito de su competencia, realizan actos materialmente jurisdiccionales, esto es, que tienen la atribución para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derechos, independientemente de que se trate de órganos jurisdiccionales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. En ese tenor, en el caso, al estarse reclamando por parte de la quejosa, principalmente, la vulneración al derecho fundamental de acceso a la justicia ante el retardo del juicio laboral de origen, derivado de la omisión de rendir el informe solicitado por la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en los autos del expediente laboral +++, mediante oficio número JLCAE/JE5LCYA/212/2019, de trece de febrero de dos mil diecinueve, atribuido al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, es inconcuso que la autoridad obligada a garantizar el derecho de impartición de justicia alegado, es la autoridad que sustancia el aludido juicio laboral, esto es, la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. Por consiguiente, en el presente asunto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, no actúa en un plano de supra a subordinación y con imperio, sino en su carácter de auxiliar, subordinado al aparato de justicia, pues, la parte quejosa le reclama su omisión de atender el requerimiento de rendir el informe solicitado por la Junta en el juicio laboral de origen, sin embargo, no se puede considerar como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que su actuación en ese sentido se constriñe a la de un tercero coadyuvante del sistema de impartición de justicia, es decir, de la Junta del conocimiento. De acuerdo con lo anterior, se concluye que el acto que se imputa a la aquí recurrente, no satisface los requisitos establecidos para ser considerado como un acto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; cuenta habida que la omisión atribuida por el quejoso de no rendir el informe requerido por la Junta laboral de origen, no es un acto unilateral, ni es obligatorio por sí mismo, tampoco gozaría de imperium; aun cuando podría causar algún tipo de afectación, no tendría el efecto de crear, modificar o extinguir de manera unilateral situaciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa, sino que su actuación, en todo caso, derivaría de lo requerido por la autoridad rectora del juicio laboral, respecto de la cual el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, tiene la calidad de tercera coadyuvante del sistema de impartición de justicia. De ahí que, la impetrante de amparo cuenta con la posibilidad de instar a órgano jurisdiccional a efecto de que aplique los instrumentos legales que prevé la legislación laboral, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; esto es, la aquí quejosa, debe accionar la maquinaria jurisdiccional en el juicio laboral +++, para que la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, quien cuenta con una amplia gama de instrumentos legales, logre que el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, cumplan sus determinaciones, esto es, rinda el informe solicitado mediante oficio número JLCAE/JE5LCYA/212/2019, de trece de febrero de dos mil diecinueve. En tal virtud, al no tener el carácter de autoridad responsable el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, para efectos del juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5º fracción II, ambos de la Ley de la materia. En consecuencia, se desecha de plano la demanda presentada, con fundamento en lo previsto en el numeral 113 del ordenamiento jurídico antes invocado.
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