Antonia Martínez Guadalupe

Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
513/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Antonia Martínez Guadalupe

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del diez al dieciséis de junio de dos mil veintiuno, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes Tratamiento cuaderno principal De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo; carece de valor jurídico, histórico y relevancia documental que amerite su conservación, y no existen documentos originales. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años dese el tratamiento correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado Acuerdo Notifíquese.

  2. Principal

    se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege...Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa ***, la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: Téngase recibido el oficio de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, por medio del cual remite los autos del juicio de amparo 377/2020-9, y testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal en sesión virtual ordinario de trece de mayo de dos mil veintiuno en el toca 3/2021; en tal virtud, acúsese el recibo de estilo correspondiente, con el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso de revisión procédase a su destrucción, sin embargo, sustráiganse las constancias originales que obran en dicho cuaderno, es decir, las agregadas con posterioridad a la certificación del testimonio obtenido y glósense a los autos originales que devuelve el Órgano Colegiado y a continuación la comunicación de cuenta y la presente determinación, y, toda vez que la superioridad en sus puntos resolutivos dice: ".PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Mariana ***** contra las autoridades y actos precisados en el considerando tercero de la resolución recurrida, para los efectos precisados en la parte final de la presente ejecutoria." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y del conocimiento de las partes la anterior determinación, adjuntando a las autoridades responsables, copia autorizada de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 y 3° transitorio de la Ley Reglamentaria vigente requiérase a la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a la que se encuentra adscrito el Inspector responsable, para que dentro del plazo de tres días: ".deje insubsistente la boleta de infracción **** de veintiocho de mayo de dos mil veinte, elaborada por este último, así como las consecuencias generadas por esta última y, por ende, realice las gestiones necesarias para lograr la inmediata devolución a la quejosa, de ala "silla para aseo de calzado, un banco con ruedas y una silla en color beige" a que se alude en la misma, si es que ello no ha sucedido al momento que se notifique la presente sentencia. En el entendido que este fallo, no tiene el alcance de vincular a la autoridad administrativa responsable a que emita un acto nuevo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 2ª/J. 52/2001, emita por la Segunda Sala de la Suprema Cirte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XIV, noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 188431, que dice: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO. Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El sentido del fallo es extensivo respecto de los actos que se atribuyen a las diversas responsables Jefe del Departamento de Plazas y Pisos del Centro Histórico de san Luis Potosí y la directora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico de San Luis Potosí, ambos del Ayuntamiento de la Capital del mismo nombre, al no reclamarse por vicios prontos." Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente al día siguiente, conforme lo prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno, para continuar con el procedimiento de inejecución, el que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Indíquese a las autoridades responsables que deberán abstenerse de desarrollar actos intrascendentes, preliminares, o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo con el fallo protector. Notifíquese personalmente.

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