Antonia Jiménez Pereida

Expediente 1534/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1534/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Antonia Jiménez Pereida

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, 356, fracción II y 357, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA; hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Ahora, en su artículo 21, inciso a), prevé que es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción el presente expediente.

  2. Principal

    En virtud de no haberse presentado los terceros interesados a notificarse personalmente del acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se les notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que dice:Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al proveído de siete de marzo del presente año, remite copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral de origen 763/2020, entre las que se encuentra el auto de tres de febrero del año en curso, en el que se proveyó respecto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes; documental que se tiene admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza jurídica, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que del escrito de inicial de demanda y aclaratorio de la misma, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consiste en la omisión de proveer en relación con el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral antes mencionado. De ahí que, el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que de la documental allegada por la Presidenta de la Junta responsable, se advierte que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de diciembre de dos mil veintiuno), se proveyó respecto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes (tres de febrero del presente año), la causa de sobreseimiento a que se refiere el mencionado artículo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". De lo anterior, tenemos que procede el sobreseimiento en el juicio, cuando de autos no se apreciare claramente demostrado el acto reclamado, o cuando el quejoso no probare su existencia. Al respecto, debe decirse que sí se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, pues a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto reclamado no existía, como se evidenciará a continuación. En el caso, la justiciable reclama la omisión de proveer en relación con el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 763/2020, lo cual resulta inexistente, ya que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo -ocho de diciembre de dos mil veintiuno- la junta responsable en auto de tres de febrero del presente año, proveyó respecto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el citado expediente; de ahí que resulte inconcuso, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo el acto reclamado era inexistente, la obligación de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de que se trata no había surgido, en tanto que no se encontraba en aptitud de llevarlas a cabo. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el acto reclamado es de realización futura e incierta, ya que la obligación de desahogar las pruebas ofertadas por las partes, nace una vez que estas hubiesen sido valoradas, sino que, además, requiere la preparación de las mismas. Es orientadora, por las razones que la informan, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 2253773 , de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS PROBABLES, LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA POR FALTA DE INFORME JUSTIFICADO NO OPERA TRATÁNDOSE DE. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En virtud de que a través del informe justificado se van a determinar dos supuestos diferentes (existencia del acto reclamado -constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo-) el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo establece dos cargas probatorias diversas, cuya actualización dependerá de la falta de rendición de dicho informe. Así, la falta de informe justificado entrañará la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario que se derive de las constancias procesales que obren en autos con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto que se presume cierto, salvo que dicho acto sea violatorio de garantías en sí mismo. Ahora bien, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los tribunales federales se ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio de garantía. En el primer caso, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional; en cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. Así, la distinción entre un acto futuro inminente y un acto futuro probable y remoto, y por lo tanto la procedencia del juicio de garantías, en su caso, radicará, precisamente, en la certidumbre de su realización. Es por ello que la presunción de certeza del acto reclamado establecida en el artículo 149 de la Ley de la materia, no puede operar tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que: En primer lugar, si se presume cierto el acto reclamado por falta de informe justificado, se desnaturalizaría dicho acto (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo precedente un juicio que dada la naturaleza del acto reclamado es improcedente; y, en segundo lugar, porque la propia naturaleza del acto actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. En efecto, si de las afirmaciones realizadas por el quejoso en la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es un acto futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces dichas manifestaciones actúan como prueba en contrario de la presunción de certeza del mismo. Consecuentemente, la presunción de certeza del acto, es decir su realización cierta, queda desvirtuada cuando no existiendo en el expediente de amparo otras pruebas que acrediten su existencia, de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en la demanda de garantías, se advierte que, lo que el quejoso reclama, es un acto futuro probable o remoto cuya realización no es inminente, ya que dichas manifestaciones constituirán la prueba en contrario de la certeza del acto reclamado. En este orden de ideas, al no operar en el caso, la presunción de certeza del acto reclamado, debe estimarse que tal acto no es cierto para efectos del juicio de garantías, y por lo tanto sobreseer en el mismo con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente. No es óbice para el dictado de la presente resolución que en proveído de siete de marzo de este año, se hubiera requerido a la Junta responsable por los domicilios de los terceros interesados ***, puesto que resulta innecesario llamarlos a juicio.

  3. Principal

    En virtud de no haberse presentado la quejosa a notificarse personalmente del acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que dice: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al proveído de siete de marzo del presente año, remite copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral de origen 763/2020, entre las que se encuentra el auto de tres de febrero del año en curso, en el que se proveyó respecto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes; documental que se tiene admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza jurídica, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que del escrito de inicial de demanda y aclaratorio de la misma, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consiste en la omisión de proveer en relación con el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral antes mencionado. De ahí que, el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que de la documental allegada por la Presidenta de la Junta responsable, se advierte que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de diciembre de dos mil veintiuno), se proveyó respecto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes (tres de febrero del presente año), la causa de sobreseimiento a que se refiere el mencionado artículo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". De lo anterior, tenemos que procede el sobreseimiento en el juicio, cuando de autos no se apreciare claramente demostrado el acto reclamado, o cuando el quejoso no probare su existencia. Al respecto, debe decirse que sí se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, pues a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto reclamado no existía, como se evidenciará a continuación. En el caso, la justiciable reclama la omisión de proveer en relación con el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 763/2020, lo cual resulta inexistente, ya que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo -ocho de diciembre de dos mil veintiuno- la junta responsable en auto de tres de febrero del presente año, proveyó respecto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el citado expediente; de ahí que resulte inconcuso, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo el acto reclamado era inexistente, la obligación de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de que se trata no había surgido, en tanto que no se encontraba en aptitud de llevarlas a cabo. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el acto reclamado es de realización futura e incierta, ya que la obligación de desahogar las pruebas ofertadas por las partes, nace una vez que estas hubiesen sido valoradas, sino que, además, requiere la preparación de las mismas. Es orientadora, por las razones que la informan, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 2253773 , de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS PROBABLES, LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA POR FALTA DE INFORME JUSTIFICADO NO OPERA TRATÁNDOSE DE. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En virtud de que a través del informe justificado se van a determinar dos supuestos diferentes (existencia del acto reclamado -constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo-) el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo establece dos cargas probatorias diversas, cuya actualización dependerá de la falta de rendición de dicho informe. Así, la falta de informe justificado entrañará la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario que se derive de las constancias procesales que obren en autos con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto que se presume cierto, salvo que dicho acto sea violatorio de garantías en sí mismo. Ahora bien, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los tribunales federales se ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio de garantía. En el primer caso, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional; en cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. Así, la distinción entre un acto futuro inminente y un acto futuro probable y remoto, y por lo tanto la procedencia del juicio de garantías, en su caso, radicará, precisamente, en la certidumbre de su realización. Es por ello que la presunción de certeza del acto reclamado establecida en el artículo 149 de la Ley de la materia, no puede operar tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que: En primer lugar, si se presume cierto el acto reclamado por falta de informe justificado, se desnaturalizaría dicho acto (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo precedente un juicio que dada la naturaleza del acto reclamado es improcedente; y, en segundo lugar, porque la propia naturaleza del acto actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. En efecto, si de las afirmaciones realizadas por el quejoso en la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es un acto futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces dichas manifestaciones actúan como prueba en contrario de la presunción de certeza del mismo. Consecuentemente, la presunción de certeza del acto, es decir su realización cierta, queda desvirtuada cuando no existiendo en el expediente de amparo otras pruebas que acrediten su existencia, de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en la demanda de garantías, se advierte que, lo que el quejoso reclama, es un acto futuro probable o remoto cuya realización no es inminente, ya que dichas manifestaciones constituirán la prueba en contrario de la certeza del acto reclamado. En este orden de ideas, al no operar en el caso, la presunción de certeza del acto reclamado, debe estimarse que tal acto no es cierto para efectos del juicio de garantías, y por lo tanto sobreseer en el mismo con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente. No es óbice para el dictado de la presente resolución que en proveído de siete de marzo de este año, se hubiera requerido a la Junta responsable por los domicilios de los terceros interesados ***, puesto que resulta innecesario llamarlos a juicio.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en atención al proveído de siete de marzo del presente año, remite copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral de origen 763/2020, entre las que se encuentra el auto de tres de febrero del año en curso, en el que se proveyó respecto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes; documental que se tiene admitida y desahogada en razón de su propia naturaleza jurídica, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que del escrito de inicial de demanda y aclaratorio de la misma, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consiste en la omisión de proveer en relación con el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral antes mencionado. De ahí que, el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que de la documental allegada por la Presidenta de la Junta responsable, se advierte que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de diciembre de dos mil veintiuno), se proveyó respecto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes (tres de febrero del presente año), la causa de sobreseimiento a que se refiere el mencionado artículo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". De lo anterior, tenemos que procede el sobreseimiento en el juicio, cuando de autos no se apreciare claramente demostrado el acto reclamado, o cuando el quejoso no probare su existencia. Al respecto, debe decirse que sí se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, pues a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto reclamado no existía, como se evidenciará a continuación. En el caso, la justiciable reclama la omisión de proveer en relación con el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 763/2020, lo cual resulta inexistente, ya que posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo -ocho de diciembre de dos mil veintiuno- la junta responsable en auto de tres de febrero del presente año, proveyó respecto a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el citado expediente; de ahí que resulte inconcuso, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo el acto reclamado era inexistente, la obligación de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de que se trata no había surgido, en tanto que no se encontraba en aptitud de llevarlas a cabo. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el acto reclamado es de realización futura e incierta, ya que la obligación de desahogar las pruebas ofertadas por las partes, nace una vez que estas hubiesen sido valoradas, sino que, además, requiere la preparación de las mismas. Es orientadora, por las razones que la informan, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital: 2253773 , de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS PROBABLES, LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA POR FALTA DE INFORME JUSTIFICADO NO OPERA TRATÁNDOSE DE. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En virtud de que a través del informe justificado se van a determinar dos supuestos diferentes (existencia del acto reclamado -constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo-) el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo establece dos cargas probatorias diversas, cuya actualización dependerá de la falta de rendición de dicho informe. Así, la falta de informe justificado entrañará la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario que se derive de las constancias procesales que obren en autos con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto que se presume cierto, salvo que dicho acto sea violatorio de garantías en sí mismo. Ahora bien, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los tribunales federales se ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio de garantía. En el primer caso, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional; en cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. Así, la distinción entre un acto futuro inminente y un acto futuro probable y remoto, y por lo tanto la procedencia del juicio de garantías, en su caso, radicará, precisamente, en la certidumbre de su realización. Es por ello que la presunción de certeza del acto reclamado establecida en el artículo 149 de la Ley de la materia, no puede operar tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que: En primer lugar, si se presume cierto el acto reclamado por falta de informe justificado, se desnaturalizaría dicho acto (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo precedente un juicio que dada la naturaleza del acto reclamado es improcedente; y, en segundo lugar, porque la propia naturaleza del acto actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. En efecto, si de las afirmaciones realizadas por el quejoso en la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es un acto futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces dichas manifestaciones actúan como prueba en contrario de la presunción de certeza del mismo. Consecuentemente, la presunción de certeza del acto, es decir su realización cierta, queda desvirtuada cuando no existiendo en el expediente de amparo otras pruebas que acrediten su existencia, de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en la demanda de garantías, se advierte que, lo que el quejoso reclama, es un acto futuro probable o remoto cuya realización no es inminente, ya que dichas manifestaciones constituirán la prueba en contrario de la certeza del acto reclamado. En este orden de ideas, al no operar en el caso, la presunción de certeza del acto reclamado, debe estimarse que tal acto no es cierto para efectos del juicio de garantías, y por lo tanto sobreseer en el mismo con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente. No es óbice para el dictado de la presente resolución que en proveído de siete de marzo de este año, se hubiera requerido a la Junta responsable por los domicilios de los terceros interesados ***, puesto que resulta innecesario llamarlos a juicio.

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