Antonia Huerta Garcia

Expediente 153/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
153/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Antonia Huerta Garcia
  • Segunda Sala En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las documentales con las que se formaron los cuadernos de prueba I y II, se ordena devolverlas a la autoridad responsable: 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar personalmente a la quejosa Antonia Huerta García, el presente proveído, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo. Notifíquese personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusión en los términos antes precisados; por lista a su defensor; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercero interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA al DEFENSOR PÚBLICO DE LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte, de oficio, la actualización de una causal de improcedencia que como se verá más adelante, permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. ....Sin embargo, aun cuando la Sala responsable acordó dicha petición y notificó tal acuerdo a la solicitante, esto sucedió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (presentada el veintidós de febrero de dos mil veintiuno), por lo que resulta evidente que en la fecha en que se instó el presente juicio de garantías, la omisión reclamada existía. Cobra aplicación, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Por su parte, la autoridad ejecutora penitenciaria negó el acto que se le reclamó (foja 22), sin embargo al haber aceptado los actos la autoridad ordenadora dicha negativa se desvirtúa y por ende, debe tenerse por cierto el acto de ejecución reclamado a dicha responsable. Corrobora la consideración anterior la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Página: 56, cuyo rubro indica: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." III. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Como se adelantó, de oficio se aprecia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la quejosa reclama la omisión de acordar su escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en el que solicitó la revisión extraordinaria respecto de la sentencia ejecutoria, dictada en el proceso penal 149/2000, de la estadística del Juzgado Penal de Huejotzingo, Puebla. Ahora, de las constancias que obran en autos, valoradas anteriormente, se advierte que: 1. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, a las trece horas con veintiún minutos (foja 2 vuelta, del anexo II), Antonia Huerta García, presentó un escrito donde promovió revisión extraordinaria a fin de que se ".dicte en mi favor una sentencia de absolución, reconociendo mi inocencia; y en vía de consecuencia, declare extinguida la sanción o pena de prisión, de 40 años; que se me impuso en el proceso 449/2002, que se me instruyó en el Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de la ciudad de Puebla; por el delito de secuestro; en agravio de Iván Peñaloza Sourbeville.". Escrito en cuyo proemio la hoy quejosa indicó ".en esta sala existe el toca 870/2002 de Rocío Juárez Morales y el de la suscrita.". (Fojas 2 a 15). 2. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, tuvo por recibido el escrito de la quejosa y señaló que correspondió a dicha Sala (en el toca penal 191/2002 de su índice), el trámite del recurso de apelación interpuesto por la hoy quejosa contra la sentencia condenatoria de veintitrés de noviembre de dos mil uno, pronunciada por el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en la causa penal 149/2000. Asimismo, ordenó la formación y registro del toca relativo a la revisión extraordinaria interpuesta por Antonia Huerta García, respecto de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil tres, dictada por la Sala responsable, que modificó la ya mencionada sentencia condenatoria de veintitrés de noviembre de dos mil uno, pronunciada por el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en la causa penal 149/2000 y su acumulada 449/2002. Recurso que declaró procedente en cuanto a su tramitación, ordenando la notificación a la promovente por estrados y designando como su defensora a la púbica de su adscripción; requirió al Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, el original de la causa penal 149/2000 y su acumulada 449/2002 y proveyó lo relativo a obtener copia certificada de los procesos penales cuyas constancias ofreció como prueba la peticionaria de amparo. Asimismo, solicitó a la Tercera Sala en Materia Penal del tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla la remisión de diversos tocas de apelación. 3. Dicha determinación se notificó por cédula que se fijó en los estrados de la Sala responsable el uno de marzo de dos mil veintiuno (foja 108 del anexo II). En ese contexto, se tiene que si bien a la fecha de presentación de la demanda el escrito petitorio presentado por la parte quejosa no había sido acordado y, por ende, no se le había notificado la respuesta correspondiente, lo cierto es que durante la tramitación de este controvertido constitucional acordó la petición de Antonia Huerta García, y le notificó su determinación. Conviene destacar que este juzgador no se encuentra facultado para hacer el análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación efectuada se siguieron, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis. Se invoca en apoyo, en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Atento a lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, acordó la petición de la hoy quejosa y se le notificó por estrados la respuesta correspondiente. Por tanto, han quedado destruidos en forma total e incondicional todos los efectos del acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la omisión reclamada. En esa tesitura, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la diversa autoridad señalada como responsable ejecutora 2. Director del Centro de Penitenciario de Puebla, Puebla, ya que el acto que se le imputa no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la omisión materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." IV. SE DEJA SIN EFECTO LA FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efecto las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese por personalmente a la quejosa en su lugar de reclusión, así como a su defensor, y mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Zeus Islas González, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte, de oficio, la actualización de una causal de improcedencia que como se verá más adelante, permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. ....Sin embargo, aun cuando la Sala responsable acordó dicha petición y notificó tal acuerdo a la solicitante, esto sucedió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (presentada el veintidós de febrero de dos mil veintiuno), por lo que resulta evidente que en la fecha en que se instó el presente juicio de garantías, la omisión reclamada existía. Cobra aplicación, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido que se transcriben: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Por su parte, la autoridad ejecutora penitenciaria negó el acto que se le reclamó (foja 22), sin embargo al haber aceptado los actos la autoridad ordenadora dicha negativa se desvirtúa y por ende, debe tenerse por cierto el acto de ejecución reclamado a dicha responsable. Corrobora la consideración anterior la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Página: 56, cuyo rubro indica: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." III. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Como se adelantó, de oficio se aprecia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Establecido lo anterior, a fin de demostrar la actualización de la causa de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la quejosa reclama la omisión de acordar su escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en el que solicitó la revisión extraordinaria respecto de la sentencia ejecutoria, dictada en el proceso penal 149/2000, de la estadística del Juzgado Penal de Huejotzingo, Puebla. Ahora, de las constancias que obran en autos, valoradas anteriormente, se advierte que: 1. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, a las trece horas con veintiún minutos (foja 2 vuelta, del anexo II), Antonia Huerta García, presentó un escrito donde promovió revisión extraordinaria a fin de que se ".dicte en mi favor una sentencia de absolución, reconociendo mi inocencia; y en vía de consecuencia, declare extinguida la sanción o pena de prisión, de 40 años; que se me impuso en el proceso 449/2002, que se me instruyó en el Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de la ciudad de Puebla; por el delito de secuestro; en agravio de Iván Peñaloza Sourbeville.". Escrito en cuyo proemio la hoy quejosa indicó ".en esta sala existe el toca 870/2002 de Rocío Juárez Morales y el de la suscrita.". (Fojas 2 a 15). 2. El veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, tuvo por recibido el escrito de la quejosa y señaló que correspondió a dicha Sala (en el toca penal 191/2002 de su índice), el trámite del recurso de apelación interpuesto por la hoy quejosa contra la sentencia condenatoria de veintitrés de noviembre de dos mil uno, pronunciada por el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en la causa penal 149/2000. Asimismo, ordenó la formación y registro del toca relativo a la revisión extraordinaria interpuesta por Antonia Huerta García, respecto de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil tres, dictada por la Sala responsable, que modificó la ya mencionada sentencia condenatoria de veintitrés de noviembre de dos mil uno, pronunciada por el Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, en la causa penal 149/2000 y su acumulada 449/2002. Recurso que declaró procedente en cuanto a su tramitación, ordenando la notificación a la promovente por estrados y designando como su defensora a la púbica de su adscripción; requirió al Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla, el original de la causa penal 149/2000 y su acumulada 449/2002 y proveyó lo relativo a obtener copia certificada de los procesos penales cuyas constancias ofreció como prueba la peticionaria de amparo. Asimismo, solicitó a la Tercera Sala en Materia Penal del tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla la remisión de diversos tocas de apelación. 3. Dicha determinación se notificó por cédula que se fijó en los estrados de la Sala responsable el uno de marzo de dos mil veintiuno (foja 108 del anexo II). En ese contexto, se tiene que si bien a la fecha de presentación de la demanda el escrito petitorio presentado por la parte quejosa no había sido acordado y, por ende, no se le había notificado la respuesta correspondiente, lo cierto es que durante la tramitación de este controvertido constitucional acordó la petición de Antonia Huerta García, y le notificó su determinación. Conviene destacar que este juzgador no se encuentra facultado para hacer el análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación efectuada se siguieron, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis. Se invoca en apoyo, en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Atento a lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, acordó la petición de la hoy quejosa y se le notificó por estrados la respuesta correspondiente. Por tanto, han quedado destruidos en forma total e incondicional todos los efectos del acto reclamado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la omisión reclamada. En esa tesitura, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la diversa autoridad señalada como responsable ejecutora 2. Director del Centro de Penitenciario de Puebla, Puebla, ya que el acto que se le imputa no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la omisión materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." IV. SE DEJA SIN EFECTO LA FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efecto las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese por personalmente a la quejosa en su lugar de reclusión, así como a su defensor, y mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Zeus Islas González, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentran señaladas las once horas con diez minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Además, se aprecia que el nueve de marzo del año en curso, se notificó a la parte quejosa Antonia Huerta García, el auto de ocho de marzo del mismo año, en el cual se ordenó darle vista con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como que el once de marzo anterior, José Manuel Adolfo Cano González, aceptó y protestó el cargo de defensor público de la quejosa antes citada. En ese sentido, al ser evidente que a la fecha de la audiencia constitucional no habrán trascurrido los ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la citada audiencia y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes...

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