ANTONIA HUERTA GARCÍA y Otros.

Expediente 999/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
999/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • ANTONIA HUERTA GARCÍA y Otros.
  • Antonia Huerta García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Oficio ***, signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de marzo de esta anualidad, dictado en este asunto, rinde su informe solamente con los datos obtenidos en la pieza del proceso existente en su juzgado, además, informa que mediante oficio ***, recibido por la Secretaria de Gobernación de la Dirección de Ejecución de Sentencias, se puso a disposición del ejecutivo del Estado a la sentenciada Antonia Huerta García. También, indica que los autos originales de la causa penal ***, y su acumulado **, fueron remitidos al Juzgado Tercero de lo Penal del Estado de Puebla, en favor de quien se decretó prorroga de jurisdicción por lo que hace a los coacusados ***y ***, haciendo referencia de que no cuenta con dichas constancias aludidas, puesto que por oficio ***, de cinco de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada en tres tomos de la citada causa penal, al Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que obren dentro del toca de apelación ***. En atención a lo anterior, téngase a la responsable dando cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de dieciocho de marzo de esta anualidad, sin que sea el caso dar vista a las partes, en virtud de que conforme a la totalidad de las constancias que integran el presente asunto, a criterio de quien ahora resuelve advierte se actualiza una causa de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio. Lo anterior, en razón de que como se observa del escrito inicial de demanda promovida por Antonia Huerta García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Tercero de lo Penal de Puebla Capital; y Director del Centro de Reinserción Social de Puebla Capital. ACTO RECLAMADO "De la ordenadora reclamo la omisión en no acordar el escrito que presenté el doce de octubre de dos mil veinte, en el proceso **, que se me instruyó por el delito de secuestro. Escrito a través del cual promoví incidente no especificado para que se reduzca la pena de prisión de 34 años que se me impuso. De la ejecutora reclamo la ejecución de los actos atribuidos a la ordenadora." Ahora, conforme al análisis realizado a las constancias que integran el presente asunto, se observa que el acto reclamado del que se duele la impetrante de garantías ha desaparecido, circunstancia por la que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Pues previo al análisis de dicha causal de improcedencia y para un mejor entendimiento del presente asunto, resulta necesario precisar algunos antecedentes del acto reclamado. 1.- Por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe con justificación del Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, quien negó la existencia del acto reclamado, pues indicó que mediante oficio ***, de veintidós de agosto de dos mil dos, signado por el Secretario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se fue delegada la jurisdicción, para conocer de la causa penal ***, de la estadística del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, únicamente y exclusivamente por lo que hace al implicado****y ****, circunstancia por la que admitió la prórroga de jurisdicción y radicó dicho asunto como ***, de su estadística, prosiguiendo con la continuación de la secuela procesal hasta el dictado de la sentencia. Además, indicó que ***(aquí quejosa), está a disposición del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y recluida en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, motivo por el cual no corresponde el conocimiento de la solicitud de la aquí quejosa relativa al incidente no especificado planteado, pues de ello, debe hacerse cargo el juez penal con residencia en Huejotzingo, Puebla. Ahora, como se observa de las constancias que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, que remitió en apoyo a su informe con justificación, consistente en tres tomos de la causa penal ***, de su estadística, a fojas ***, del tomo tres, se advierte que en auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado dentro del incidente de ejecución ***ES, por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla, en lo que aquí interesa determinó: "TERCERO. En virtud de que la sentenciada ANTONIA HUERTA GARCÍA, no se encuentra a disposición de esta autoridad y a fin de verificar la competencia que asiste al Juez de ejecución, se ordena girar atento oficio al Juez Tercero Penal, para que en auxilio a las labores de este Juzgado de Ejecución de Sentencia, informe respecto al estado que guarda en proceso 449/2002 de los de su índice en relación con ANTONIA HUERTA GARCÍA, a fin de verificar la fecha en que causo ejecutoria la sentencia emitida en contra de esta y el sentido de la misma, asimismo se ordena girar atento oficio al Director de sanciones, a fin de que remita la partida jurídica de la sentenciada, se requiere a las autoridades aludida, den cumplimiento a dicha petición en el término de 72 horas siguientes a la recepción del presente del presente oficio." 2.-Luego, por auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio JES/442/2021-II, suscrito por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, quien informó que mediante resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de ejecución 48/2020/JES, de su índice, determinó: ".PRIMERO.- Este Órgano Jurisdiccional de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla, en términos de lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 21 constitucionales en vigor y aplicables conforme a la reforma constitucional del 18 de Junio de 2008 dos mil ocho, en relación con los artículos 41 y 51 de La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, y 5 del Acuerdo que Reglamenta la Competencia y Estructura de los Juzgados de Ejecución de Sentencias del Estado de Puebla, declara que no es competente para conocer de la Adecuación de la pena conforme al grado de participación en el Delito, así como para la aplicación al protocolo de estambul, ni al respecto de verificar la calidad de los licenciados en derecho que la asistieron el proceso penal, que promueve la sentenciada ANTONIA HUERTA GARCIA. SEGUNDO. - En esas condiciones se da intervención a la Agente del Ministerio Público, adscrita a este Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales, al respecto de la presente determinación. TERCERO- Túrnense los presentes autos al Ciudadano Diligenciario, a fin de que notifique el presente acuerdo a la sentenciada ANTONIA HUERTA GARCIA, haciendo de su conocimiento la presente determinación. CUARTO.- AI no existir sanción o medida por la cual velar se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de Ia presente incidencia, como asunto totalmente concluido. Anterior determinación que junto con las constancias remitidas por las autoridades responsables en el presente asunto, al ser documentos público se les concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, y de las que se advierte que ha cesado el acto reclamado, puesto que el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla, dio trámite al escrito de la aquí quejosa Antonia Huerta García, presentado el doce de octubre de dos mil veinte, formando al efecto el expediente de ejecución 48/2020/JES, de su estadística y mediante resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictó lo correspondiente a ello. En atención a lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación al diverso 77, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De la interpretación armónica de los preceptos trascritos, se llega a la convicción que para la actualización de la causal de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de que se trata no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. *** Entonces, válidamente se puede concluir que en el caso particular cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar el escrito que presento la parte quejosa el doce de octubre de dos mil veinte; en el proceso 449/2002, puesto que el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla, dio trámite al escrito de la aquí quejosa Antonia Huerta García, presentado el doce de octubre de dos mil veinte, formando al efecto el expediente de ejecución 48/2020/JES, de su estadística y mediante resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictó lo correspondiente a ello, situación por la que al haber recaído una contestación al mismo, debe decirse que la afectación de la que se dolía la impetrante de amparo desapareció, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos reclamados, que constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo y repuso a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Por tanto, como se dijo han cesado los efectos del citado acto reclamado en el sumario en que se actúa, por lo que se actualiza en forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61, en relación al diverso numeral 77 de la Ley de Amparo, entonces resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracciones IV y V, del ordenamiento en cita, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tales hechos jurídicos; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. El sobreseimiento comprende el acto de ejecución atribuidos a la autoridad responsable ejecutora Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, porque no se reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia. *** En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, lo cual hágase del conocimiento de las partes.

  2. Principal

    Oficio ***suscrito por la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Mediante el cual, informa que designa para intervenir en el presente asunto al Defensor Público ***, para que represente a la quejosa ***, y solicita que la diligencia respectiva de protesta de cargo se realice a través de videoconferencia. En ese sentido, a efecto de que *** acepte y proteste el cargo que le fue conferido por auto de veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, se fijan las DOCE HORAS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que comparezca a las oficinas de este juzgado, debidamente identificado y acompañado del acuse de confirmación de cita que se generó en el sistema de agenda a órgano jurisdiccional por parte de este juzgado, el cual será anexado a la notificación que se practique; asimismo, deberá traer su cédula que lo autorice para desempeñar la profesión de licenciado en derecho, y la constancia que lo acredite dado de alta en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales de la Federación. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de ocho de enero de dos mil veintiuno, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Cabe decir que en términos del artículo 7 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a José Antonio García Paredes, para que acuda puntualmente a la cita programada (misma que durará un máximo de 25 minutos) y cumpla con las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, así como usar cubrebocas en todo momento. Es importante destacar que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Del mismo modo, se hace saber a *** que de encontrarse en una situación de vulnerabilidad frente al Covid19, así lo deberá manifestar, ya sea al momento de la notificación del presente auto, o bien, mediante escrito, para que este juzgado reprograme la cita generada, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto haya establecido la administración del edificio sede. Lo anterior, hágase del conocimiento al referido defensor público por conducto de la Directora General de Defensoría Pública, mediante oficio que al efecto se gire. Sin perjuicio de lo anterior, téngase como forma especial y expedita de contacto con José Antonio García Paredes, el correo electrónico y digito telefónico que la oficiante menciona en su ocurso de cuenta, los cuales servirán para entablar comunicación no procesal. En otro aspecto, en relación a su solicitud para que la protesta del cargo conferido al defensor designado se lleve a cabo por videoconferencia, dada la contingencia sanitaria actual; dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición. Lo anterior, tomando en consideración que como lo establecen los artículos 25, 32 y 34 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y artículo 27 del Acuerdo General 12/2020, los Titulares de los Órganos Jurisdiccionales, ordenarán la celebración de las audiencias a través de videoconferencias en los casos que esté debidamente justificado, a saber ante una emergencia, caso fortuito, de fuerza mayor o cuando sea estrictamente necesaria la presencia de los intervinientes, lo que en el caso no acontece, aunado a que la oficiante hasta este momento no acredita la imperiosa necesidad de que la diligencia en cuestión se lleve a cabo mediante videoconferencia. Finalmente, se comisiona al actuario para que se sirva notificar el presente proveído a la impetrante Antonia Huerta García, en el lugar de su reclusión, con copia autorizada de este auto.

  3. Principal

    oficio ***, suscrito por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Mediante el cual informa que mediante resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de ejecución **, de su índice, determinó: PRIMERO.- Este Órgano Jurisdiccional de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla, **, declara que no es competente para conocer de la Adecuación de la pena conforme al grado de participación en el Delito, así como para la aplicación al protocolo de estambul, ni al respecto de verificar la calidad de los licenciados en derecho que la asistieron el proceso penal, que promueve la sentenciada ***. SEGUNDO. - En esas condiciones se da intervención a la Agente del Ministerio Público, adscrita a este Juzgado de Ejecución de Sentencias Penales, al respecto de la presente determinación. TERCERO- Túrnense los presentes autos al Ciudadano Diligenciario, a fin de que notifique el presente acuerdo a la sentenciada ***, haciendo de su conocimiento la presente determinación. CUARTO.- AI no existir sanción o medida por la cual velar se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de Ia presente incidencia, como asunto totalmente concluido. ***, dese vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional, conforme al diverso 124 de la ley de la materia.

  4. Principal

    Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que está señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, no se puede celebrar; en virtud de que al realizar una revisión de las constancias electrónicas que integran el presente asunto, se advierte que transcurre el termino otorgado en proveído de dieciocho de marzo pasado, por el que se requirió a la Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla, así como al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, informen el estado procesal que guarda el cuaderno de ejecución ***, y la causa penal ***, de su estadística, respectivamente. Por tanto, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere esta, fijándose en su lugar las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.

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