Antonia Hernández Castillo
Expediente 470/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 44 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 06/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Encarnación Pérez Vázquez
- Antonia Hernández Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 731 a 734), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformara contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que por una parte SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negaron tanto la medida provisional como la definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción I, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente y a los cuadernos original y duplicado derivados del mismo, documentos originales aportados por las partes quejosa y autoridades responsables, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiéraseles para que dentro del término de noventa días comparezcan a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Lo anterior a excepción de los discos compactos que exhibió la parte quejosa en su escrito presentado ante la oficialía de este juzgado federal el veinticuatro de julio de dos mil quince, mismos que fueron enviados al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el catorce de agosto de dos mil quince con motivo de la tramitación del recurso de queja en contra del proveído de quince de julio del año en mención, toda vez que los mismos no fueron devueltos por la Superioridad. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución billetes de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 731 a 734), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformara contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que por una parte SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negaron tanto la medida provisional como la definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción I, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente y a los cuadernos original y duplicado derivados del mismo, documentos originales aportados por las partes quejosa y autoridades responsables, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiéraseles para que dentro del término de noventa días comparezcan a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Lo anterior a excepción de los discos compactos que exhibió la parte quejosa en su escrito presentado ante la oficialía de este juzgado federal el veinticuatro de julio de dos mil quince, mismos que fueron enviados al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el catorce de agosto de dos mil quince con motivo de la tramitación del recurso de queja en contra del proveído de quince de julio del año en mención, toda vez que los mismos no fueron devueltos por la Superioridad. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución billetes de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha en que se actúa, no han sido efectuadas las notificaciones a las autoridades responsables del proveído de seis de diciembre de la presente anualidad, en el que se declaró cumplida la sentencia dentro del presente asunto. En consecuencia, se ordena les sea notificado el proveído en referencia así como el presente auto, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda.
- Principal
El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: ... Transcurrido el término legal, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, causó ejecutoria por auto del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por lo que se requirió a la autoridad responsable Presidente Municipal de San Damián Texoloc, Tlaxcala, el cumplimiento respectivo. Por acuerdo del veintiocho de noviembre del presente año, se dio vista a los quejosos por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que los quejosos no desahogaron la vista ordenada en acuerdo del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 18636 el Presidente Municipal de San Damián Texoloc, Tlaxcala, remitió copia certificada del oficio número SDTT/0248/2016, así como del acta administrativa de la notificación hecha por estrados; el cual, en la parte que interesa dice: ... Documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En las relatadas circunstancias, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable diera respuesta al escrito de veinticinco de febrero de dos mil quince, relacionado con la minuta de trabajo de la misma fecha, únicamente proporcionando información que fuera de su competencia y obrara en sus archivos, así como acreditar la notificación de dicha respuesta mediante estrados a los quejosos; de lo anterior se advierte mediante oficio número SDTT/0248/2016 y mediante el acta de notificación por estrados a los quejosos, que remite la autoridad responsable es evidente que la misma acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de los quejosos la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.
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