Antonia Gallegos Guerra

Expediente 821/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
821/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Antonia Gallegos Guerra

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con el que transcribe el auto de ocho de mayo de la presente anualidad, emitido en el juicio de amparo 1346/2022-VI-A de su estadística, del que se desprende que dicho órgano federal aceptó la competencia declinada por este juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archivando el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Por tanto, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el presente cuadernillo, ya que encuadra en la hipótesis del artículo 21, incisos i) y j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte y con apoyo en lo señalado en el Capítulo 8, en particular en el apartado 8.1.2, numerales 9 y 10, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto del citado año, al tratarse de un cuaderno de antecedentes derivado de un returno, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos de lo antes señalado. Lo anterior, toda vez que en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que son considerados como expedientes auxiliares, entre otros, los cuadernos de antecedentes; y que respecto a las incompetencias y returnos, una vez que el órgano jurisdiccional comunique que aceptó la competencia se procederá a su destrucción.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, a través del cual remite el juicio de amparo indirecto 1346/2022-VI-A, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Antonia Gallegos Guerra, contra actos del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Minatitlán, Veracruz, en virtud de que por resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, determinó declinar su competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, para conocer de la demanda de amparo en mención, en razón a que el acto reclamado se materializa en el Estado de Tabasco, ya que es aquí donde se realizan las deducciones por concepto de pensión alimenticia provisional que debe cubrir el tercero interesado Victoriano Luis Santiago en favor de los accionantes en el juicio natural, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Minatitlán, Veracruz. Acúsese recibo. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 821/2023-VI-2. ? Genérese el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. Análisis de la procedencia de la incompetencia planteada Ahora, del contenido de la resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emitido por la autoridad oficiante, se advierte que el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Minatitlán, Veracruz, remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, el juicio de amparo 1346/2022-VI-A, de su estadística, para continuar con el conocimiento del asunto; ello, al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Atinente a tal apreciación, este órgano de control constitucional, respetuosamente, no comparte el criterio planteado por la autoridad federal, por los motivos que se expondrán. En ese sentido, resulta prioritario precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo que se transcribe a continuación: ".Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito, se obtienen tres reglas para fijar la legal competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, y 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, esto es, se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Ahora, el acto reclamado por la parte quejosa es: -La resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ordinario civil 1647/2020 de índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos. Resolución en la cual, se redujo la pensión provisional dictada en auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte, del 55% (cincuenta y cinco por ciento) al 50% (cincuenta por ciento). Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Antonia Gallegos Guerra, tiene su domicilio en el Calle Benito Juárez, número setenta y cuatro "B", Colonia Centro, en Minatitlán, Veracruz, asimismo, que el tercero interesado tiene su domicilio en Calle Salamanca número doce "A", colonia Nuevo Tacoteno, en Minatitlán, Veracruz; lugar donde tiene jurisdicción la autoridad oficiante Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos. De lo anterior, resulta evidente que el acto reclamado puede tener ejecución en la jurisdicción del juzgado remitente. Por otra parte, de la lectura de la determinación de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se advierte que las razones con base en las cuales se declinó la legal competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco con residencia en esta ciudad, en esencia, en razón a que el acto reclamado se materializa en el Estado de Tabasco, ya que es aquí donde se realizan las deducciones por concepto de pensión alimenticia provisional que debe cubrir el tercero interesado Victoriano Luis Santiago en favor de los accionantes en el juicio natural, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Minatitlán, Veracruz. Sin embargo, respetuosamente, este Juzgador difiere de los razonamientos expuestos; ya que, como se estableció previamente, el acto reclamado trata, como bien lo expone la autoridad oficiante, de un acto que debe tener ejecución, trata de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, como lo es la resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ordinario civil 1647/2020 de índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, en la que se redujo la pensión provisional dictada en auto de veintidós de diciembre de dos mil veinte, del 55% (cincuenta y cinco por ciento) al 50% (cincuenta por ciento). Ello, tomando en consideración a que fue emitida por una autoridad cuya jurisdicción pertenece a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, pues es en aquella localidad donde la quejosa y el tercero interesado tienen su residencia, como lo precisó en su demanda de amparo, además, que de la tarjeta de trabajo1 del demandado en el juicio de origen -aquí tercero interesado- se advierte que fue contratado en el estado de Veracruz, asimismo, resulta ser un acto que tiene ejecución en más de un distrito ya que comenzó a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. Por tanto, de acuerdo al párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el juez competente para conocer del asunto es el juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. De ahí que la para determinar la legal competencia del Juzgado de Distrito que deba conocer de la demanda de amparo promovida por Antonia Gallegos Guerra, se debe atender al artículo 37, párrafo segundo de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con número de registro 2016328, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo". En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito en el que se presentó la demanda, ya que no se tiene la certeza dónde se ejecutara el mandamiento de captura. Por tanto, al actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito no acepta la legal competencia declinada para resolver la demanda de amparo promovida por Antonia Gallegos Guerra. Fórmese cuaderno de antecedentes y devuélvase el expediente original al juzgado remitente, solicitando respetuosamente al Juez Federal haga del conocimiento a este órgano la determinación que tome al efecto. Autorizados. Por lo que hace a los autorizados que señala la parte quejosa, téngasele por convalidados en los términos establecidos por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.

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