Antonia Escobar Ramirez

Expediente 1199/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1199/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Antonia Escobar Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de diez de febrero de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de febrero de dos mil veintitrés. *********Consecuentemente, al advertirse lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. **** Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual, la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada para las doce horas con treinta minutos del dieciocho de enero de dos mil veintitrés, remita copia certificada del desahogo de la misma o en su caso el acuerdo que recaiga. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1199/2022-IV-B, promovido por Antonia Escobar Ramírez por conducto de su apoderado legal Oswaldo Valerio Díaz; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el trece de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el diecinueve de septiembre siguiente en este órgano jurisdiccional Antonia Escobar Ramírez, por conducto de su apoderado legal Oswaldo Valerio Díaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de la prevención formulada, por auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar a los terceros interesados y dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, se emplazó por oficio a las terceras interesadas. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del análisis integral de la demanda, se precisa que los actos reclamados consisten en: La omisión de señalar dentro de los términos de ley la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 01/953/2021. La omisión de emplazar a la parte demandada (Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos). TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Tal certeza se corrobora con la copia certificada del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, allegado por la responsable, del cual se advierte el diferimiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las catorce horas con quince minutos del trece de diciembre próximo, en virtud que hasta ese momento no se encontraba emplazada la demandada Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Constancia que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar de oficio. Del contenido de las documentales remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, se evidencia que los efectos de la omisión combatida identificada en el inciso b) cesaron al haber emplazado a la demandada Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos el once de octubre de dos mil veintidós. En ese sentido, se considera actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo contenido se cita enseguida para pronta referencia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)" Efectivamente, se actualiza dicho motivo de improcedencia porque de las constancias remitidas por la responsable, se observa que el once de octubre del presente año, la responsable emplazo a la demandada (Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos), al juicio laboral 01/953/2021, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (trece de septiembre de dos mil veintidós). En tales condiciones, se advierte que con tal actuación se destruyeron en forma total e incondicional todos los efectos de la omisión reclamada (omisión de emplazar a la parte demandada), pues las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior porque al reclamarse un acto omisivo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tendría por efecto que la autoridad restituyera en sus derechos violados al peticionario y ello impondría a la responsable la única obligación de realizar el emplazamiento a juicio de la autoridad Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, lo que en el particular ya realizó. Encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Bajo las relatadas consideraciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado precisado en el inciso b), en términos de los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. Por otro lado, la autoridad responsable aduce que no existe un agravio personal, material ni directo en la esfera jurídica del quejoso, por lo que a su consideración se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho argumento debe desestimarse, pues está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia P./J. 135/2001, con número de registro 187973, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." QUINTO. Estudio del concepto de violación. En relación al acto reclamado señalado en el inciso a), consistente en la omisión de señalar dentro de los términos de ley la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio de origen; resultan esencialmente fundados los conceptos de violación formulados, los cuales son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Así, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado así, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos principios destaca el relativo a justicia pronta que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Ahora bien, del escrito de demanda, así como del informe justificado, se advierte que la autoridad responsable por auto de ocho de septiembre del año en curso, señaló las catorce horas con quince minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Al respecto, la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por disposición de su artículo 11, establece el término para desahogar las pruebas admitidas en los juicios laborales, en específico, el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo a la letra dice: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." Del precepto transcrito se desprende que el Tribunal deberá dictar acuerdo dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir del momento en que reciban la demanda, en el que fijarán día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito inicial, sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados. Empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. Para mayor comprensión se cita el artículo 878 del ordenamiento aludido, que al respecto dice: "Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El Presidente de la Junta hará una exhortación a las partes y si éstas persistieren en su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda; II. El actor expondrá su demanda, ratificándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. Si el promovente, siempre que se trate del trabajador, no cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento (.)" En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. Cabe precisar que el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo no señala en qué plazo debe fijarse la nueva fecha para la continuación de la audiencia de demanda y excepciones; por tanto, en atención al principio de celeridad que rige el juicio laboral y a falta de disposición expresa, el plazo será de quince días que establece el citado numeral 873. Luego, al confrontar lo que dicta el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo con la actuación de la autoridad responsable, es inconcuso que la fecha señalada mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de ley en el conflicto de origen, esto es, las catorce horas con quince minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós, no se ajustó al plazo de quince días que dispone el citado artículo, pues entre las citadas, median más de tres meses, por lo que a juicio de quien resuelve, se está ante una dilación del procedimiento en el juicio de origen. Por su parte, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. De modo que en atención a la carga de trabajo y la complejidad del asunto, al fijar la data para el desahogo de las pruebas, la autoridad laboral pudiera no necesariamente ceñirse al plazo que para tal efecto prevé la ley, pero no de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento. Precisado lo anterior, se advierte que el acto reclamado es violatorio del derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque implica una abierta dilación del procedimiento, toda vez que no se ha administrado justicia dentro de los plazos que señala la ley, puesto que no acató lo dispuesto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo al señalar la responsable una fecha lejana para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (réplica y contrarréplica), con ello, incurre en una denegación de justicia al no impartir justicia de manera pronta y expedita. Tiene aplicación por identidad de razón la tesis Aislada X.1o.99 L, de rubro: "SEÑALAMIENTO DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, EXCEDIÉNDOSE DEL TERMINO LEGAL. NATURALEZA IRREPARABLE". En relatadas circunstancias lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SEXTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable realice lo siguiente: Celebre la audiencia de conciliación, demanda y excepciones agendada para las catorce horas con quince minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés. En el caso de que, a la fecha en que este fallo cause ejecutoria y la audiencia de ley (catorce horas con quince minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés) haya sido rebasada, deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite su verificativo. Para el caso de no desahogarse en la fecha señalada, fije nueva data que deberá ajustarse a lo preceptuado por la Ley, y lo haga del conocimiento a las partes. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2ª.CV/2013 (10ª.), de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J. 45/2007)". En el entendido que, atento a la naturaleza del juicio de amparo, los efectos de esta sentencia, no pueden alcanzar actos omisivos que en el futuro se puedan reprochar a la responsable, de ahí que atendiendo al derecho violado, la ejecutoria protectora se tendrá por cumplida, al celebrar la audiencia en la fecha señalada por la responsable o en su caso, al señalar nueva data dentro del plazo legal, pues atento a los efectos del amparo se deben limitar al acto de omisión existente en la etapa correspondiente; sin que esto signifique que los efectos se deban extender a grado tal de ordenar el desahogo de la misma, pues esto implicaría ocuparse precisamente, de omisiones inexistentes aún. No se pasa por alto que mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós se dio vista a la quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, tercer párrafo constitucional, además de la aceptación del acto reclamado y la presente determinación resulta de mayor beneficio a la quejosa que el plazo otorgado conforme al numeral 117 de la Ley de Amparo; siendo obligación de todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, sin que lo anterior afecte la igualdad entre las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se exponen, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la voz: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)." Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antonia Escobar Ramírez, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos señalados en el cuarto considerando. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a Antonia Escobar Ramírez, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones quinta y sexta de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Anel Estrada Castellanos, Secretaria que autoriza y da fe.

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