Antonia Dorantes López

Expediente 189/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
189/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
29/10/2021

Partes del expediente

  • Antonia Dorantes López

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Cabe precisar que aun cuando no obran las constancias de notificación a las autoridades responsables de la sentencia definitiva, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia de la sentencia definitiva a la autoridad responsable para su conocimiento y efectos legales. En consecuencia, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del precepto 21, del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Del incidente de suspensión. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Antonia Dorantes López solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Secretario de Gobierno del Estado y Director General Jurídico de la Secretaria de Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La omisión de dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Omisión de dar trámite conforme al Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. -Omisión de emplazar a los terceros perjudicados. -Omisión de señalar día y hora la inspección de las escrituras materia de la queja administrativa. -Omisión de requerir conforme al Reglamento y Ley del Notariado el informe completo que debe rendir el notario público responsable". SEGUNDO. El doce de febrero de dos mil veinte, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 189/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La omisión de integrar conforme al Reglamento y Ley del Notariado para el Estado de Morelos, la queja administrativa que interpuso contra el Notario Público Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, señalando el segundo que está llevando el procedimiento necesario para dar trámite a la queja administrativa presentada contra el Notario Público número Uno de la Octava Demarcación Notarial en el Estado. Sin embargo, a criterio de este juzgado, el acto sí existe al momento de la presentación de la demanda de amparo, en atención que de las constancias que adjuntó a su informe justificado se desprende su certeza. En efecto de las constancias allegadas que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se desprende que la impetrante de amparo, interpuso ante la Secretaria de Gobierno queja administrativa contra el Notario Público de referencia la que se encuentra en integración, por lo tanto, hace cierto el acto atribuido a las responsables. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Del artículo trascrito se advierte la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por los órganos competentes. El agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del juicio de amparo implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción constitucional. Además, al gobernado se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de acceder al juicio de amparo porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente los derechos que se hayan vulnerado en el acto o resolución combatida. Si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. El recurso previo debe existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria. Además, deberá ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función dentro del sistema del derecho interno es idóneo para proteger la situación jurídica infringida; esto es, debe ser aplicable en la circunstancia específica; es eficaz si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido. Además, las autoridades deberán permitir que los justiciables impugnen ante los órganos superiores las decisiones que les afecten, así como garantizar que dichos recursos sean capaces de producir una decisión dentro de un plazo razonable y que se desahoguen con la debida diligencia. En el caso, la parte quejosa acude a la protección constitucional señalando como acto reclamado la omisión de proseguir con la tramitación de la queja administrativa que hizo valer contra el Notario Público Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por la realización de varias escrituras públicas que no autorizó, que radicó la responsable con el consecutivo 17/2017. Sin embargo, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, es necesario que se reúnan cabalmente todas y cada una de las hipótesis contempladas en la aludida porción normativa, lo cual efectivamente acontece, de acuerdo con lo siguiente: 1. Que los actos reclamados emanen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, el acto de molestia se atribuye al Secretario de Gobierno y Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno ambos del Estado de Morelos, los cuales pertenecen a la administración pública estatal y desde luego no ejercen las mismas funciones y menos de índole jurisdiccional que los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2. Que contra los actos de molestia proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el Estado de Morelos se encuentra vigente la Ley de Justicia Administrativa, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, la cual en su artículo 1°, dispone que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Por su parte, el artículo 18, inciso B), fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, contempla dentro de la competencia de dicho órgano actuando en Pleno resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, entre ellos, los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares. Como se ve, la legislación en consulta contempla la procedencia del juicio administrativo que puede instaurarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares, como en el caso la omisión de integrar en su trámite la queja administrativa que interpuso contra el Notario Público Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por la expedición de escrituras públicas que no autorizó. Además, con la tramitación del juicio en cuestión se puede obtener una sentencia que puede conducir a la modificación, nulidad o revocación de lo reclamado, como así se desprende de una lectura concatenada de los artículos 1, 2, 3 y 4, de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad; medio de impugnación que tiene el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto combatido; dichos numerales establecen: "1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley.--- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo.--- En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "2. Las autoridades de la Administración Pública estatal o municipal o de sus organismos descentralizados, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular o los poderes del Estado o los municipios, cuando estimen que es contraria a la ley.". "3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.". "4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:--- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: --- I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado (sic) el procedimiento del que deriva dicha resolución;--- II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; --- III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; --- IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y --- V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.". Los numerales transcritos ponen de relieve que en el Estado de Morelos es factible impugnar los actos y resoluciones de carácter administrativos producidos por las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, para lo cual, es competente el Tribunal de Justicia Administrativa. Sobre esa base, al tratarse lo reclamado de un acto omisivo por una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, relacionado con la omisión de continuar con el trámite de la queja administrativa 17/2017, era obligatorio que previo a promover demanda de amparo que nos ocupa, la quejosa debió acudir al juicio de nulidad previsto en la citada ley, para con ello observar el principio de definitividad, pues dicho juicio es adecuado y eficaz para proteger la situación jurídica que estima infringida y con él se puede modificar, revocar o nulificar lo combatido. 3. Que no obstante la procedencia del juicio o medio de impugnación: a) Es necesario que las mismas leyes que lo contemplan suspendan los efectos de los actos reclamados mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la agraviada; y, b) Que la suspensión opere sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. Ello, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la misma Ley de Amparo. A fin de determinar si se satisfacen o no las exigencias mencionadas, es importante realizar un cuadro comparativo entre los preceptos legales de la Ley de Amparo que prevén la institución de la suspensión y los relativos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Ley de Amparo Ley de Justicia Administrativa Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. De un examen comparativo de los preceptos legales citados en el cuadro anterior, se obtiene con claridad que sí quedan satisfechos cabalmente los requisitos que se describen en los incisos descritos en el punto en estudio, pues: a) La Ley de Justicia Administrativa del Estado establece la posibilidad de suspender el acto reclamado en el juicio administrativo con la sola interposición de la demanda cuando así lo solicite el actor o agraviado; y además: b) No exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para otorgar dicha medida suspensional, sobre todo porque el articulado de la primera ley que prevé la figura de la suspensión básicamente es de contenido similar que el correspondiente a la Ley de la Materia. Bajo esa tesitura, se obtiene que la causal de improcedencia invocada se actualiza de manera patente y manifiesta, en razón que en contra de los actos de carácter administrativo, procede el juicio administrativo que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el cual puede revocar, modificar o nulificar los actos reclamados y, consecuentemente, la parte peticionaria de amparo podrá obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, por lo que si no obró en ese sentido la parte quejosa a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, es inconcuso determinar que el juicio de amparo que nos ocupa resulta notoriamente improcedente. Cabe destacar que la causa de improcedencia que se estudia, prevé que no existe la obligación de agotar el recurso o medio de defensa respectivos, si el acto reclamado carece de fundamentación, situación que no acontece tomando en cuenta que de la lectura del acto reclamado lo hace derivar de la Queja Administrativa 17/2017, que tramita la responsable Director General Jurídico dependiente de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 51 y 53 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, de ahí que se encuentre fundado y motivado. Bajo ese contexto, no se actualiza la excepción de procedencia que contempla el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por tanto, sí existe la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Aunado al hecho, que la parte quejosa no alega únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, por el retraso en que han incurridos las responsables en la tramitación de la queja administrativa que hizo valer contra el Notario Público Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, de ahí que no constituye una excepción al referido principio de definitividad, en razón que contra los actos de carácter administrativo procede el juicio administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En las relatadas condiciones, al no agotar la parte quejosa el juicio contencioso administrativo que se abordó en esta resolución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    QUE TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA COMPARECIERA EN LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA DETERMINACIÓN DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE; EN CONSECUENCIA, SE LE NOTIFICA LA DETERMINACIÓN ALUDIDA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, ASÍ COMO EN LA LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY DE AMPARO: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Antonia Dorantes López solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Secretario de Gobierno del Estado y Director General Jurídico de la Secretaria de Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La omisión de dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Omisión de dar trámite conforme al Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos. -Omisión de emplazar a los terceros perjudicados. -Omisión de señalar día y hora la inspección de las escrituras materia de la queja administrativa. -Omisión de requerir conforme al Reglamento y Ley del Notariado el informe completo que debe rendir el notario público responsable". SEGUNDO. El doce de febrero de dos mil veinte, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 189/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La omisión de integrar conforme al Reglamento y Ley del Notariado para el Estado de Morelos, la queja administrativa que interpuso contra el Notario Público Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, señalando el segundo que está llevando el procedimiento necesario para dar trámite a la queja administrativa presentada contra el Notario Público número Uno de la Octava Demarcación Notarial en el Estado. Sin embargo, a criterio de este juzgado, el acto sí existe al momento de la presentación de la demanda de amparo, en atención que de las constancias que adjuntó a su informe justificado se desprende su certeza. En efecto de las constancias allegadas que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se desprende que la impetrante de amparo, interpuso ante la Secretaria de Gobierno queja administrativa contra el Notario Público de referencia la que se encuentra en integración, por lo tanto, hace cierto el acto atribuido a las responsables. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Del artículo trascrito se advierte la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por los órganos competentes. El agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del juicio de amparo implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción constitucional. Además, al gobernado se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de acceder al juicio de amparo porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente los derechos que se hayan vulnerado en el acto o resolución combatida. Si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. El recurso previo debe existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria. Además, deberá ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función dentro del sistema del derecho interno es idóneo para proteger la situación jurídica infringida; esto es, debe ser aplicable en la circunstancia específica; es eficaz si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido. Además, las autoridades deberán permitir que los justiciables impugnen ante los órganos superiores las decisiones que les afecten, así como garantizar que dichos recursos sean capaces de producir una decisión dentro de un plazo razonable y que se desahoguen con la debida diligencia. En el caso, la parte quejosa acude a la protección constitucional señalando como acto reclamado la omisión de proseguir con la tramitación de la queja administrativa que hizo valer contra el Notario Público Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por la realización de varias escrituras públicas que no autorizó, que radicó la responsable con el consecutivo 17/2017. Sin embargo, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, es necesario que se reúnan cabalmente todas y cada una de las hipótesis contempladas en la aludida porción normativa, lo cual efectivamente acontece, de acuerdo con lo siguiente: 1. Que los actos reclamados emanen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, el acto de molestia se atribuye al Secretario de Gobierno y Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno ambos del Estado de Morelos, los cuales pertenecen a la administración pública estatal y desde luego no ejercen las mismas funciones y menos de índole jurisdiccional que los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2. Que contra los actos de molestia proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el Estado de Morelos se encuentra vigente la Ley de Justicia Administrativa, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, la cual en su artículo 1°, dispone que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Por su parte, el artículo 18, inciso B), fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, contempla dentro de la competencia de dicho órgano actuando en Pleno resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, entre ellos, los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares. Como se ve, la legislación en consulta contempla la procedencia del juicio administrativo que puede instaurarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares, como en el caso la omisión de integrar en su trámite la queja administrativa que interpuso contra el Notario Público Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por la expedición de escrituras públicas que no autorizó. Además, con la tramitación del juicio en cuestión se puede obtener una sentencia que puede conducir a la modificación, nulidad o revocación de lo reclamado, como así se desprende de una lectura concatenada de los artículos 1, 2, 3 y 4, de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad; medio de impugnación que tiene el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto combatido; dichos numerales establecen: "1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley.--- Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo.--- En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "2. Las autoridades de la Administración Pública estatal o municipal o de sus organismos descentralizados, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular o los poderes del Estado o los municipios, cuando estimen que es contraria a la ley.". "3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.". "4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:--- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: --- I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado (sic) el procedimiento del que deriva dicha resolución;--- II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; --- III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; --- IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y --- V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.". Los numerales transcritos ponen de relieve que en el Estado de Morelos es factible impugnar los actos y resoluciones de carácter administrativos producidos por las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, para lo cual, es competente el Tribunal de Justicia Administrativa. Sobre esa base, al tratarse lo reclamado de un acto omisivo por una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, relacionado con la omisión de continuar con el trámite de la queja administrativa 17/2017, era obligatorio que previo a promover demanda de amparo que nos ocupa, la quejosa debió acudir al juicio de nulidad previsto en la citada ley, para con ello observar el principio de definitividad, pues dicho juicio es adecuado y eficaz para proteger la situación jurídica que estima infringida y con él se puede modificar, revocar o nulificar lo combatido. 3. Que no obstante la procedencia del juicio o medio de impugnación: a) Es necesario que las mismas leyes que lo contemplan suspendan los efectos de los actos reclamados mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la agraviada; y, b) Que la suspensión opere sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. Ello, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la misma Ley de Amparo. A fin de determinar si se satisfacen o no las exigencias mencionadas, es importante realizar un cuadro comparativo entre los preceptos legales de la Ley de Amparo que prevén la institución de la suspensión y los relativos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Ley de Amparo Ley de Justicia Administrativa Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. Artículo 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá: I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía; II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. De un examen comparativo de los preceptos legales citados en el cuadro anterior, se obtiene con claridad que sí quedan satisfechos cabalmente los requisitos que se describen en los incisos descritos en el punto en estudio, pues: a) La Ley de Justicia Administrativa del Estado establece la posibilidad de suspender el acto reclamado en el juicio administrativo con la sola interposición de la demanda cuando así lo solicite el actor o agraviado; y además: b) No exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para otorgar dicha medida suspensional, sobre todo porque el articulado de la primera ley que prevé la figura de la suspensión básicamente es de contenido similar que el correspondiente a la Ley de la Materia. Bajo esa tesitura, se obtiene que la causal de improcedencia invocada se actualiza de manera patente y manifiesta, en razón que en contra de los actos de carácter administrativo, procede el juicio administrativo que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el cual puede revocar, modificar o nulificar los actos reclamados y, consecuentemente, la parte peticionaria de amparo podrá obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, por lo que si no obró en ese sentido la parte quejosa a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, es inconcuso determinar que el juicio de amparo que nos ocupa resulta notoriamente improcedente. Cabe destacar que la causa de improcedencia que se estudia, prevé que no existe la obligación de agotar el recurso o medio de defensa respectivos, si el acto reclamado carece de fundamentación, situación que no acontece tomando en cuenta que de la lectura del acto reclamado lo hace derivar de la Queja Administrativa 17/2017, que tramita la responsable Director General Jurídico dependiente de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 51 y 53 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, de ahí que se encuentre fundado y motivado. Bajo ese contexto, no se actualiza la excepción de procedencia que contempla el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por tanto, sí existe la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Aunado al hecho, que la parte quejosa no alega únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, por el retraso en que han incurridos las responsables en la tramitación de la queja administrativa que hizo valer contra el Notario Público Uno de la Octava Demarcación Notarial del Estado de Morelos, de ahí que no constituye una excepción al referido principio de definitividad, en razón que contra los actos de carácter administrativo procede el juicio administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En las relatadas condiciones, al no agotar la parte quejosa el juicio contencioso administrativo que se abordó en esta resolución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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