Antonia Cid Sánchez

Expediente 966/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
966/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Antonia Cid Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de cuenta, de la parte quejosa **, por medio del cual solicita la devolución del acuse de recibo de la solicitud de trámite número 21210006994 que adjuntó al escrito inicial de demanda y se le expidan copias certificadas a su costa del informe justificado rendido por la autoridad responsable ordenadora. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele el acuse de recibo de la solicitud de trámite número 21210006994 que adjuntó al escrito inicial de demanda y expídasele a su costa copias certificadas del informe justificado rendido por la autoridad responsable ordenadora, teniéndose por autorizada para que en su nombre y representación las reciban la persona que cita en el mismo, previa identificación a satisfacción de este juzgado y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. En el entendido que la parte solicitante deberá gestionar la entrega de dichos documentos de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ..

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Por otra parte, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinte de junio del año en curso, se tuvo a la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, en representación y por ausencia de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, rindiendo su informe justificado; asimismo, adjunto diversas constancias en apoyo a dicho informe. En diverso aspecto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que por escrito depositado en el buzón judicial el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, turnado el veinticuatro de mayo siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el mismo día, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Antonia Cid Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto que a continuación se reproducen: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU CARÁCTER DE ORDENADORAS: A-.) LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE PUEBLA.". "IV.- ACTO RECLAMADO: A-. Lo constituye la omisión de dar respuesta a la petición marcada con el número de solicitud 21200006994 (sic), la cual ingrese el primero de diciembre del año dos mil veintiuno ante EL ÓRGANO REGISTRAL AGRARIO". De la transcripción que antecede, se desprende que la parte quejosa reclama el siguiente acto: La omisión del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en Puebla, de emitir el título de propiedad e inscribirlo, respecto de la parcela 192 Z-1 P4/4, perteneciente al Ejido Ricardo Flores Magón, ubicada en el poblado de Atlixco, municipio del mismo nombre, en Puebla; conforme a lo pedido en la solicitud 21210006994, trámite SEDATU-04-015, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por Antonia Cid Sánchez (adopción del dominio pleno). Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Aunado a que, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el solicitante de la protección constitucional, y no únicamente a lo que en apariencia manifestó, en virtud de que sólo de esta manera se logra resolver de manera congruente entre lo pretendido y lo resuelto. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia P./J. 40/2000, siguiente: "Época: Novena Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado resulta inexistente, por las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, establecido el contexto anterior, debe destacarse que lo que se reclama en la especie son actos de naturaleza omisiva. Esto último reviste especial relevancia, pues en la dinámica procesal del juicio de amparo, en función de la naturaleza positiva u omisiva del acto reclamado, se determina la carga probatoria de las partes para determinar la existencia o inexistencia de aquél. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018, consideró que cuando las autoridades responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, dicha negativa realmente implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. En relación con lo expuesto, tratándose de actos de naturaleza omisiva, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe la omisión reclamada; además, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2018110 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Sobre esa base, se reitera, la parte quejosa reclama básicamente la omisión de la Delegada Estatal del Registro Agrario Nacional en Puebla, de emitir el título de propiedad e inscribirlo, respecto de la parcela 192 Z-1 P4/4, perteneciente al Ejido Ricardo Flores Magón, ubicada en el poblado de Atlixco, municipio del mismo nombre, en Puebla; conforme a lo pedido en la solicitud 21210006994, trámite SEDATU-04-015, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por Antonia Cid Sánchez (adopción del dominio pleno). Al respecto, como se indicó, la Delegada Estatal del Registro Agrario Nacional en Puebla [a través de la Encargada de la Delegación] al rendir su informe justificado, manifestó que conforme al artículo 16, fracción IV, inciso e), del Reglamento del Registro Agrario Nacional, es la Dirección General de Registro y Control Documental, quien debe calificar e inscribir las actas de asamblea que contengan los acuerdos de adopción del dominio pleno respecto de ejidos, así como las peticiones individuales de adopción de dominio pleno formulada por los titulares de derechos parcelarios. Por tanto, el expediente relativo a la solicitud de trámite de la parte quejosa fue remitido a dicha Dirección General de Registro y Control Documental mediante oficio número DRAN/3107/2021 de siete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se solicitó a la indicada Dirección que, de resultar procedente, se liberara la clave de acceso al sistema para así estar en posibilidad de expedir el título de propiedad de origen parcelario correspondiente. Sobre esa base, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 22, fracciones I y IX, 44, 45, 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, que establecen: "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: I. Ejercer a través de los registradores la función registral, mediante la calificación, inscripción y la certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro; (.) IX. Llevar a cabo el control, expedición y entrega de los certificados y títulos que prevé la Ley, así como la destrucción de éstos, cuando así proceda; (.)." "Artículo 44. El Registro sólo inscribirá aquellos acuerdos de asamblea, relativos a la aportación de tierras ejidales o comunales de uso común a una sociedad civil o mercantil, o de adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales. Además deberá haber verificado que: I. Las tierras de que se trate hayan sido delimitadas y asignadas conforme a la Ley; II. El acta de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, se encuentre debidamente inscrita en el folio correspondiente; III. Los planos internos del ejido cumplan con las normas técnicas emitidas al efecto por el Registro; IV. El número total de ejidatarios señalados en el acta de asamblea de aportación de tierras de uso común a una sociedad civil o mercantil o la de adopción del dominio pleno, coincida con los sujetos con derechos vigentes, de conformidad con las inscripciones que obren en el Registro ó con el padrón o listado de ejidatarios actualizado, expedido por la Delegación con una vigencia de tres meses contados a partir de la expedición del mismo. En caso de vencimiento del plazo anterior, sin que medie de por medio convocatoria alguna, deberá solicitarse un nuevo listado o padrón de ejidatarios a la Delegación; V. Las personas que asuman el dominio pleno sobre sus parcelas, sean los titulares del derecho parcelario de que se trate; VI. Los certificados de uso común, los parcelarios y los planos individuales, hayan sido expedidos conforme a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y normas técnicas, y VII. Que a la sociedad a la que le aporten las tierras esté debidamente constituida." "Artículo 45. Verificada la integración del expediente, relativo al acuerdo de asamblea de adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales a que se refiere el artículo anterior, la Delegación lo turnará a la Dirección General de Registro y Control Documental, quien realizará la calificación registral, con el fin de que el Director en Jefe autorice la apertura de clave en el sistema informático. Realizado lo anterior se remitirá el expediente a la Delegación para su inscripción y expedición de los títulos correspondientes." "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan." "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." "Artículo 81. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. El Registro expedirá, a petición de la asamblea, los títulos de propiedad de solares urbanos que resulten de la regularización de la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, realizadas en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos. De acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 de este Reglamento. Tratándose de garantías otorgadas por sus titulares respecto de las tierras parceladas, conforme al artículo 46 de la Ley que obtengan el dominio pleno, el Registro al momento de solicitar la inscripción del título de propiedad a los Registros Públicos de la Propiedad locales, deberá informar que la parcela materia de titulación, se encuentra en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente, con el fin de que proceda también a su correspondiente inscripción en términos de la normativa-aplicable." Dichos preceptos regulan el trámite que debe darse en el sistema registral a las solicitudes presentadas ante el Registro Agrario Nacional, con el fin de inscribir el acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno, así como expedir el título de propiedad de origen parcelario, a saber: 1) Presentada la solicitud respectiva, la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional que corresponda verificará la integración del expediente, relativo al acuerdo de asamblea de adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales. 2) La delegación lo turnará a la Dirección General de Registro y Control Documental, quien realizará la calificación registral. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. 3) Una vez que se emita la calificación positiva, el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional deberá autorizar la apertura de la clave del sistema informático, para realizar la inscripción del acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno y expedir el título de propiedad de origen parcelario. 4) Realizado lo anterior se remitirá el expediente a la Delegación Estatal para su inscripción y expedición de los títulos correspondientes. Conforme a lo hasta aquí expuesto, como se indicó, se estima que el acto reclamado resulta inexistente. Lo anterior es así, porque la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, en representación y por ausencia de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, cumplió con remitir la solicitud de la parte quejosa -y documentos relativos- a la Dirección General de Registro y Control Documental (según se advierte del oficio número DRAN/3107/2021 de siete de diciembre de dos mil veintiuno); empero, es esta última quien no ha emitido la calificación registral, y tampoco el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional ha autorizado la apertura de la clave del sistema informático, para realizar la inscripción del acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno y expedir el título de propiedad de origen parcelario. De modo que, no puede estimarse que existe una omisión de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, en representación y por ausencia de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, para emitir el título de propiedad respecto de la parcela 192 Z-1 P4/4, perteneciente al Ejido Ricardo Flores Magón, ubicada en el poblado de Atlixco, municipio del mismo nombre, en Puebla; en tanto que, las diversas autoridades Dirección General de Registro y Control Documental y Jefe del Registro Agrario Nacional, no han cumplido con el trámite registral necesario para colmar la pretensión de la parte quejosa (obtener el título de propiedad de dicha parcela). En las relatadas consideraciones, si de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional por cuanto hace al acto reclamado y la autoridad citada. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Edgar Jesús Ramos Bautista, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veinte de junio del año en curso, se tuvo a la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, en representación y por ausencia de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, rindiendo su informe justificado; asimismo, adjunto diversas constancias en apoyo a dicho informe. En diverso aspecto, del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que por escrito depositado en el buzón judicial el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, turnado el veinticuatro de mayo siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el mismo día, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Antonia Cid Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto que a continuación se reproducen: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU CARÁCTER DE ORDENADORAS: A-.) LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE PUEBLA.". "IV.- ACTO RECLAMADO: A-. Lo constituye la omisión de dar respuesta a la petición marcada con el número de solicitud 21200006994 (sic), la cual ingrese el primero de diciembre del año dos mil veintiuno ante EL ÓRGANO REGISTRAL AGRARIO". De la transcripción que antecede, se desprende que la parte quejosa reclama el siguiente acto: La omisión del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en Puebla, de emitir el título de propiedad e inscribirlo, respecto de la parcela 192 Z-1 P4/4, perteneciente al Ejido Ricardo Flores Magón, ubicada en el poblado de Atlixco, municipio del mismo nombre, en Puebla; conforme a lo pedido en la solicitud 21210006994, trámite SEDATU-04-015, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por Antonia Cid Sánchez (adopción del dominio pleno). Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Aunado a que, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el solicitante de la protección constitucional, y no únicamente a lo que en apariencia manifestó, en virtud de que sólo de esta manera se logra resolver de manera congruente entre lo pretendido y lo resuelto. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia P./J. 40/2000, siguiente: "Época: Novena Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 181810Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado resulta inexistente, por las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, establecido el contexto anterior, debe destacarse que lo que se reclama en la especie son actos de naturaleza omisiva. Esto último reviste especial relevancia, pues en la dinámica procesal del juicio de amparo, en función de la naturaleza positiva u omisiva del acto reclamado, se determina la carga probatoria de las partes para determinar la existencia o inexistencia de aquél. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018, consideró que cuando las autoridades responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, dicha negativa realmente implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. En relación con lo expuesto, tratándose de actos de naturaleza omisiva, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe la omisión reclamada; además, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2018110 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Sobre esa base, se reitera, la parte quejosa reclama básicamente la omisión de la Delegada Estatal del Registro Agrario Nacional en Puebla, de emitir el título de propiedad e inscribirlo, respecto de la parcela 192 Z-1 P4/4, perteneciente al Ejido Ricardo Flores Magón, ubicada en el poblado de Atlixco, municipio del mismo nombre, en Puebla; conforme a lo pedido en la solicitud 21210006994, trámite SEDATU-04-015, de uno de diciembre de dos mil veintiuno, presentada por Antonia Cid Sánchez (adopción del dominio pleno). Al respecto, como se indicó, la Delegada Estatal del Registro Agrario Nacional en Puebla [a través de la Encargada de la Delegación] al rendir su informe justificado, manifestó que conforme al artículo 16, fracción IV, inciso e), del Reglamento del Registro Agrario Nacional, es la Dirección General de Registro y Control Documental, quien debe calificar e inscribir las actas de asamblea que contengan los acuerdos de adopción del dominio pleno respecto de ejidos, así como las peticiones individuales de adopción de dominio pleno formulada por los titulares de derechos parcelarios. Por tanto, el expediente relativo a la solicitud de trámite de la parte quejosa fue remitido a dicha Dirección General de Registro y Control Documental mediante oficio número DRAN/3107/2021 de siete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se solicitó a la indicada Dirección que, de resultar procedente, se liberara la clave de acceso al sistema para así estar en posibilidad de expedir el título de propiedad de origen parcelario correspondiente. Sobre esa base, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 22, fracciones I y IX, 44, 45, 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, que establecen: "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: I. Ejercer a través de los registradores la función registral, mediante la calificación, inscripción y la certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro; (.) IX. Llevar a cabo el control, expedición y entrega de los certificados y títulos que prevé la Ley, así como la destrucción de éstos, cuando así proceda; (.)." "Artículo 44. El Registro sólo inscribirá aquellos acuerdos de asamblea, relativos a la aportación de tierras ejidales o comunales de uso común a una sociedad civil o mercantil, o de adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales. Además deberá haber verificado que: I. Las tierras de que se trate hayan sido delimitadas y asignadas conforme a la Ley; II. El acta de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, se encuentre debidamente inscrita en el folio correspondiente; III. Los planos internos del ejido cumplan con las normas técnicas emitidas al efecto por el Registro; IV. El número total de ejidatarios señalados en el acta de asamblea de aportación de tierras de uso común a una sociedad civil o mercantil o la de adopción del dominio pleno, coincida con los sujetos con derechos vigentes, de conformidad con las inscripciones que obren en el Registro ó con el padrón o listado de ejidatarios actualizado, expedido por la Delegación con una vigencia de tres meses contados a partir de la expedición del mismo. En caso de vencimiento del plazo anterior, sin que medie de por medio convocatoria alguna, deberá solicitarse un nuevo listado o padrón de ejidatarios a la Delegación; V. Las personas que asuman el dominio pleno sobre sus parcelas, sean los titulares del derecho parcelario de que se trate; VI. Los certificados de uso común, los parcelarios y los planos individuales, hayan sido expedidos conforme a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y normas técnicas, y VII. Que a la sociedad a la que le aporten las tierras esté debidamente constituida." "Artículo 45. Verificada la integración del expediente, relativo al acuerdo de asamblea de adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales a que se refiere el artículo anterior, la Delegación lo turnará a la Dirección General de Registro y Control Documental, quien realizará la calificación registral, con el fin de que el Director en Jefe autorice la apertura de clave en el sistema informático. Realizado lo anterior se remitirá el expediente a la Delegación para su inscripción y expedición de los títulos correspondientes." "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan." "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." "Artículo 81. El Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. El Registro expedirá, a petición de la asamblea, los títulos de propiedad de solares urbanos que resulten de la regularización de la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, realizadas en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley General de Asentamientos Humanos. De acuerdo a la legislación Estatal que corresponda, el Registro, previo a su entrega, enviará los títulos de propiedad para inscripción a los Catastros Municipales o Estatales y posteriormente a los Registros Públicos de la Propiedad locales, una vez satisfechos los requisitos a que se refiere el artículo 84 de este Reglamento. Tratándose de garantías otorgadas por sus titulares respecto de las tierras parceladas, conforme al artículo 46 de la Ley que obtengan el dominio pleno, el Registro al momento de solicitar la inscripción del título de propiedad a los Registros Públicos de la Propiedad locales, deberá informar que la parcela materia de titulación, se encuentra en garantía el usufructo de las tierras de uso común y de las tierras parceladas, respectivamente, con el fin de que proceda también a su correspondiente inscripción en términos de la normativa-aplicable." Dichos preceptos regulan el trámite que debe darse en el sistema registral a las solicitudes presentadas ante el Registro Agrario Nacional, con el fin de inscribir el acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno, así como expedir el título de propiedad de origen parcelario, a saber: 1) Presentada la solicitud respectiva, la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional que corresponda verificará la integración del expediente, relativo al acuerdo de asamblea de adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales. 2) La delegación lo turnará a la Dirección General de Registro y Control Documental, quien realizará la calificación registral. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. 3) Una vez que se emita la calificación positiva, el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional deberá autorizar la apertura de la clave del sistema informático, para realizar la inscripción del acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno y expedir el título de propiedad de origen parcelario. 4) Realizado lo anterior se remitirá el expediente a la Delegación Estatal para su inscripción y expedición de los títulos correspondientes. Conforme a lo hasta aquí expuesto, como se indicó, se estima que el acto reclamado resulta inexistente. Lo anterior es así, porque la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, en representación y por ausencia de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, cumplió con remitir la solicitud de la parte quejosa -y documentos relativos- a la Dirección General de Registro y Control Documental (según se advierte del oficio número DRAN/3107/2021 de siete de diciembre de dos mil veintiuno); empero, es esta última quien no ha emitido la calificación registral, y tampoco el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional ha autorizado la apertura de la clave del sistema informático, para realizar la inscripción del acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno y expedir el título de propiedad de origen parcelario. De modo que, no puede estimarse que existe una omisión de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, en representación y por ausencia de la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, para emitir el título de propiedad respecto de la parcela 192 Z-1 P4/4, perteneciente al Ejido Ricardo Flores Magón, ubicada en el poblado de Atlixco, municipio del mismo nombre, en Puebla; en tanto que, las diversas autoridades Dirección General de Registro y Control Documental y Jefe del Registro Agrario Nacional, no han cumplido con el trámite registral necesario para colmar la pretensión de la parte quejosa (obtener el título de propiedad de dicha parcela). En las relatadas consideraciones, si de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional por cuanto hace al acto reclamado y la autoridad citada. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes.Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Edgar Jesús Ramos Bautista, Secretario que autoriza. Doy fe.

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