ANTONIA CECILIA REYES MIGUEL y Otros.

Expediente 1225/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1225/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • ANTONIA CECILIA REYES MIGUEL y Otros.
  • Antonia Cecilia Reyes Miguel

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el escrito electrónico de ****....***, apoderado legal de la parte quejosa, por medio del cual se le tiene solicitando que se deshabilite la autorización para consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se instruye al oficial judicial A de este órgano jurisdiccional para que inmediatamente deshabilite el permiso para consulta y notificación del expediente electrónico por lo que hace al registro de usuario "****.....****", por así convenir a los intereses del promovente; para ello, deberá asentar razón de su cumplimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ***...***, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1225/2022. Desechamiento de la demanda Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En este sentido, del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Juez y Actuaria de la Primera Secretaría, ambos adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, lo siguiente: La resolución que recayó al incidente de liquidación de intereses complementario promovido por el endosatario **...**, de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***..**, del índice la autoridad responsable y su ejecución. En este tenor, el suscrito estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ese numeral establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Así, el citado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios, por ello el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. Ahora, como se adelantó, en el caso, la quejosa reclama de la autoridad judicial responsable la resolución relativa al incidente de liquidación de intereses complementario promovido por el endosatario Felipe Norberto Guzmán González, emitida el veintiséis de septiembre del año en curso, en el expediente ejecutivo mercantil ****...***; al efecto, de los antecedentes del acto reclamado se advierte los siguiente: 1. Por auto de fecha 17 de mayo del año 2007, se tuvo a ***..***, endosatarios en procuración de ***..**, demandando en la vía Ejecutiva Mercantil y en Ejercicio de la Acción Cambiaria Directa a la suscrita quejosa ***..**, como deudora principal, y a otro, demandando las siguientes prestaciones: a).- Al pago de la cantidad de **..**, por concepto de suerte principal; b).- El pago de la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de intereses generados del 13 de junio de 2005 al doce de mayo de 2007, a razón del 5% mensual, así como los Intereses que se sigan generando a partir del 13 de mayo de 2007; y, c).- El pago de los gastos y costas del juicio; juicio que por razón de turno fue radicado en el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, formándose el expediente ejecutivo mercantil número ***..**, primera secretaría. 2. Con fecha 10 de octubre del año 2007, tuvo lugar la diligencia de requerimiento de pago, embargo, notificación, traslado y emplazamiento a la suscrita quejosa. 3. En fecha 11 de octubre de 2007, se tuvo en tiempo contestando la demanda a la suscrita quejosa ***..**, oponiendo excepciones y ofreciendo pruebas. 4. Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha 14 de septiembre del año 2009, fue dictada la sentencia definitiva en la que se me condenó al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora. 5. En ese tenor, por auto de fecha 4 de febrero del año 2021, se tuvo a ***..**, endosatarios en procuración de ***..**, promoviendo INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIO DE INTERESES, ordenándose dar vista a la suscrita impetrante de garantías para que dentro del plazo de 3 días manifestara lo que a mis intereses conviniera, vista que se me tuvo por contestada por auto de fecha 25 de noviembre de 2021, citándose a las partes para oír resolución. 6. Ahora bien, con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, fue dictada por la autoridad responsable ordenadora la resolución que recayó al INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES COMPLEMENTARIO promovido por el endosatario ***...**, que en ésta vía se combate, la cual me fue legalmente notificado, a través de mis autorizados legales, con fecha 3 de octubre de 2022, careciendo dicha resolución de la más mínima fundamentación y motivación que debe contener toda resolución judicial, situación que indudablemente es violatorio de garantías y derechos humanos contemplados en nuestra Constitución Federal del País, así como en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que ha firmado nuestro País. Sentado lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia en estudio, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61, en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En el presente caso, con relación al acto reclamado la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 1348 del Código de Comercio, en su redacción anterior a las reformas a tal codificación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil ocho, aplicable al asunto con motivo de lo dispuesto en el artículo único transitorio del aludido decreto de reformas, por tratarse de un juicio admitido con anterioridad a su entrada en vigor. Tal dispositivo establece: Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J.95/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja ciento ochenta, Libro XXVI, noviembre de dos mil trece, Tomo 1, Materia Civil, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO. La norma aplicable para determinar la procedencia del recurso de apelación en razón de la cuantía del juicio, prevista en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, debe ser la vigente al momento de actualizarse el supuesto respectivo, al ser de carácter procesal, es decir, cuando llegue el momento de apelar la sentencia, como regla general. Lo anterior, porque de acuerdo con las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, en las cuales se ha apoyado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la vigencia de las leyes en el tiempo, las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido sino sólo constituye una expectativa de derecho, y si la norma cambia antes de llegar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta debe regir la nueva norma. Y lo mismo puede sostenerse bajo la teoría de los componentes de la norma, porque hasta que el procedimiento llega a cierta etapa tiene lugar el supuesto y, por tanto, también su consecuencia. Sin embargo, sobre dicha norma general se advierten dos excepciones que derivan: 1) de las normas transitorias de los decretos de reformas a tales preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, respectivamente, donde el legislador dispuso expresamente que las nuevas reglas no serían aplicables a juicios cuya demanda se hubiera admitido con anterioridad a la entrada en vigor del primer decreto (90 días después de su publicación); y, 2) del derecho adquirido por las partes que, antes de la reforma publicada en el mismo medio de difusión oficial el 9 de enero de 2012, hubieran interpuesto y se les hubiera admitido recurso de apelación preventiva, pues con esto se generó en su favor el derecho de apelar contra la sentencia definitiva, del cual no puede privárseles con la nueva regla que incrementa el importe mínimo del negocio para admitir el recurso respectivo, porque entonces ésta sería retroactiva en perjuicio de los interesados. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador no debe desconocer la facultad de las partes de renunciar a los recursos a que tienen derecho, en términos del artículo 1053, fracción IV, en relación con los diversos 1051 y 1052 del Código de Comercio. Luego, la quejosa estuvo en condiciones de promover en forma oportuna el recurso de apelación previsto en el ordinal 1348 del Código de Comercio aplicable en el aludido asunto, contra la resolución reclamada, porque es parte en el procedimiento natural y no se actualiza algún caso de excepción de los que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. En consecuencia, ya que previo a ejercer la acción de amparo, correspondía a la parte quejosa del amparo interponer el recurso de apelación, al no haberse hecho valer tal medio ordinario de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a no haberse agotado el principio de definitividad. Cabe destacar que la decisión judicial que se adopta es acorde al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 64/2021, interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 286/2020 del índice de este Juzgado, en el que en ejecutoria de cuatro de junio de dos mil veintiuno, confirmó dicha resolución en la que se sobreseyó en el juicio; lo que se invoca como hecho notorio en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según ordinal 2°. Desechamiento En esas condiciones, se desecha la demanda de amparo por lo que a los actos reclamados en comento se refiere. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las parte quejosa, para que, al imponerse de los autos, pueda utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizados para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Abel García Romero y Fidel Alejandro Díaz Puga, porque se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; en tanto que a las diversas personas únicamente para recibir notificaciones en virtud de que no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el aludido Sistema Computarizado, ni proporcionan el número de cédulas profesionales para realizar su búsqueda en el Sistema de la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Proporciona números telefónicos y correo electrónico Respecto de los números telefónicos y correo electrónico que proporciona; con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante el diverso Acuerdo 21/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), dígase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte a través de tales medios, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano