Antonia Barroso Díaz
Expediente 497/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonia Barroso Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Agréguese a sus autos sin mayor proveído el oficio y anexos signado por el encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua; en razón de que el quince de octubre del año en curso, causó firmeza el sobreseimiento fuera de audiencia decretado el veintiséis de septiembre actual.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiséis de septiembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ha quedado firme. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Agréguese sus antecedentes el oficio signado por el encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua de esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento que le fuera efectuado mediante el propio 14671/2018, y remite copia certificada de las documentales consistentes en el oficio BOO.812-001073 que contiene la resolución de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, relativa al recurso de revisión interpuesto la quejosa, ******, así como la constancia de notificación correspondiente. Con lo anterior, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Se afirma lo anterior, en virtud de que en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclamó del director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalajara, Jalisco, la omisión de emitir la resolución que en derecho proceda respecto del recurso de revisión interpuesto el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, relativo al expediente GUA-L-2114-02-09-16 y, del director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, la correspondiente notificación. Ahora bien, de las constancias exhibidas por las responsables, las cuales adquieren valor probatorio, con apoyo en los ordinales 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalajara, Jalisco, emitió la resolución correspondiente al recurso de revisión interpuesto el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete por la quejosa y que el treinta de agosto del año en curso, se notificó dicha resolución a la promovente; lo que pone de manifiesto que las responsables emitieron la respuesta a la solicitud formulada por la quejosa, lo que le fue notificado, restituyendo su derecho de petición, provocando con ello que cesaran los efectos de la omisión tildada de inconstitucional. En ese contexto, resulta oportuno puntualizar que el mencionado artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.--- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Dicho precepto constitucional, exige para la tutela debida del derecho de petición, tres requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: 1. Dictar el acuerdo correspondiente; 2. Que la autoridad provea respecto a todos los aspectos planteados en el escrito petitorio, es decir, que haya congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y 3. Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Lo que patentiza que las responsables realizaron los actos necesarios dentro de su competencia para resolver la solicitud presentada por la parte agraviada, colmándose con ello el requisito consistente en que la respuesta que recaiga a la petición del gobernado debe hacérsele de su conocimiento. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Antonia Barroso Díaz, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V y numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta y siete minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que la autoridad responsable, director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, aún no ha atendido al requerimiento formulado en proveído de tres de septiembre pasado, donde se le requirió remitiera las constancias relativas a la notificación practicada a la parte quejosa, ******, de la resolución emitida el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, respecto del recurso de revisión interpuesto por dicha quejosa. Por lo tanto, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de recibir el oficio correspondiente, remita las constancias relativas a la notificación practicada a la parte quejosa, o bien, informe el impedimento legal que tenga. Apercibida que de no cumplir con lo requerido, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada cincuenta días, en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y siete minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.
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