Antonia Avendaño Ramirez

Expediente 645/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
645/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Antonia Avendaño Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Representante Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, Subdelegación de Prestaciones, nada ha informado respecto al cumplimiento que hubiese dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio, o bien, de las gestiones que se encuentre realizando a fin de dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Lo anterior, no obstante haber quedado legalmente notificado de los requerimientos formulados en autos de diecisiete de agosto y tres de octubre del año en curso, respectivamente; pues así se advierte de las constancias de notificación que obran en el expediente. En tal circunstancia, nuevamente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable -ahora denominada- Representante Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, Subdelegación de Prestaciones, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, que implica: "1.- Deje la responsable sin efecto lo ordenado en el oficio SP/DPSHT/1496/2023, de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, por la aplicación de los artículos 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, así como del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado". "2.- Otorgue a la peticionaria la pensión de viudez que solicita, desde el día siguiente del oficio reclamado de quien fuera su cónyuge ******************** 3. Entregue en una sola exhibición el monto acumulado de la pensión de viudez, a partir del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés a la quejosa ******************** Satisfecho lo anterior, deberá remitir en el mismo plazo copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable a través de la persona física que la representa en el cumplimiento del fallo protector, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas anteriores, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora sin causa justificada, se le hará efectiva la multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a.... que resulta de multiplicar los días multa en cita por .... que constituye la Unidad de medida referida, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a las personas físicas nombradas por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Representante Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. Subdelegación de Prestaciones, nada ha informado respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio, o las gestiones que se encuentre realizando para ello; lo anterior, no obstante haber quedado legalmente notificado el veintiuno de agosto del año en curso del auto de ejecutoriedad de la sentencia dictada por este juzgado el veintisiete de julio anterior, pues así se advierte de la constancia de notificación que obra en el expediente. En tal circunstancia, nuevamente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Jefatura de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, ahora Representante Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, Subdelegación de Prestaciones, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remita en el mismo plazo copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable a través de la persona física que la representa en el cumplimiento del fallo protector, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas anteriores, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional, que constituye la Unidad de medida referida, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a las personas físicas nombradas por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA III-B...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se concedió a la peticionaria *********** el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; por lo tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Jefatura de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, ahora Representante Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, Subdelegación de Prestaciones, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remita en el mismo plazo copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Se apercibe a la citada autoridad responsable a través de la persona física que la representa en el cumplimiento del fallo protector, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas anteriores, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional, que constituye la Unidad de medida referida, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a las personas físicas nombradas por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE....

  4. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 645/2023 promovido por ANTONIA AVENDAÑO RAMIREZ, contra actos del ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, EN OAXACA, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, (ISSSTE), DELEGACION OAXACA; y, ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda y su ampliación, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución, acuerdo u oficio denominado notificación por incompatibilidad de pensión, dictado el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, contenido en el oficio número SP/DPSHT/JA/1496/2023, mediante el cual la autoridad responsable, fundándose en el artículo 51, fracción II, inciso c), párrafos segundo y antepenúltimo y último de la Ley abrogada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, le niega el pago de la pensión por viudez que legalmente le corresponde, esto es, desde el mes de presentación de su demanda (veintitrés de junio de dos mil veintitrés). Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Presunción de la existencia del acto reclamado. La autoridad responsable FUE OMISA en rendir su informe justificado, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, SE PRESUME CIERTO dicho acto. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. 1.- Que la ahora quejosa Antonia Avendaño Ramírez, estuvo casada civilmente con Abel Jiménez Rustrián, según copia certificada exhibida. 2.- En razón a que Abel Jiménez Rustrián, cotizó treinta y dos años, cuatro meses y dos días, obtuvo ||||pensión jubilatoria, a partir de dieciséis de noviembre de dos mil nueve. 3.- En fecha cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el esposo de la ahora quejosa falleció por una infección respiratoria, por cuyo caso aquella solicitó el pago de la pensión de quien fuera su esposo. 4.- Consta que mediante oficio SP/DPSHT/0080/2022, de cuatro de mayo de dos mil veintidós, el Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, comunicó a Antonia Avendaño Ramírez, con motivo de la petición de ésta, sobre la transmisión de pensión por viudez 1128639, de quien fuera su esposo Abel Jiménez Rustrián, que no era posible su pedido al existir INCOMPATIBILIDAD DE PENSIÓN, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, fracción II, inciso c), y párrafo segundo, artículo 57 y 15 último párrafo de la Ley abrogada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como 12, fracción I inciso a) y segundo párrafo del Reglamento de la citada ley. 5.- En fecha diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en respuesta a la solicitud de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, el encargado del despacho de la Jefatura de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante oficio SDP/DPSHT/JA/1496/2023, comunicó a Antonia Avendaño Ramírez, que por oficio SP/DPSHT/0080/2022, ya se le hizo de su conocimiento de los motivos por los cuales se suspensión de pensión por viudez, a saber, la incompatibilidad de pensión, Esta actuación, es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No se observa causa de improcedencia que se haga valer o se advierta de oficio, por cuyo caso se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, la quejosa, en resumen, señala: 1.- Que los artículos 51, fracción II, inciso c), párrafos antepenúltimo y último de la ley abrogada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en concordancia con el artículo 12, fracción II, inciso c), párrafo segundo y último, del Reglamento para el otorgamiento de Pensiones para los Trabajadores sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la ley reseñada en primer término, son violatorios del artículo 123, apartado B) fracción XI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por restricción de los derechos de la quejosa a la seguridad social; es decir, que por estar aún la quejosa en activo, no puede percibir la pensión de quien fuera su esposo. Que la resolución de la responsable es contraria a derecho, según lo reseñan las tesis de rubro: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), Y PÁRRAFOS ANTEPENÚLTIMO Y ÚLTIMO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123 APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISIO A, CONSTITUCIONAL". "PENSION POR VIUDEZ, EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C) DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRTABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR EL DERECHO A RECIBIRLA VIOLA LA GARANT{ÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)". SÉPTIMO. Estudio de la inconstitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación, SON FUNDADOS. Primeramente, es pertinente puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el artículo 51, segundo párrafo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, contraviene el derecho humano de seguridad social contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), Constitucional, porque restringe el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario a recibir íntegramente la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea al caso, cuando la suma de ésta y la de pensión por jubilación que disfruta rebasa los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización, en el artículo 15 de la misma ley. Para justificar esta postura, la Segunda Sala señaló que en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), Constitucional, no sólo se contienen las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentra expuesto, orientados, necesariamente, a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Así, el derecho a recibir una pensión por viudez, como consecuencia de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea al caso, constituye uno de los propósitos fundamentales del principio de la previsión social, el cual, se encuentra bien definido y garantizado en la norma constitucional, y ampliamente regulado en los numerales 42, fracción II, y 73 a 79 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del mismo modo, la jubilación representa otro de los aspectos fundamentales del principio de la previsión social, porque tiende a garantizar que el trabajador o trabajadora que han prestado sus servicios por determinado número de años y han llegado a una edad avanzada, gocen de una pensión. Estos derechos no son antagónicos ni se excluyen entre sí pues, incluso, el artículo 51, fracción I, inciso A), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, permite la compatibilidad de la pensión por jubilación con la de viudez. Sin embargo, la porción normativa que contraviene el derecho humano de seguridad social y el principio de la previsión social es aquella en la que restringe el derecho a percibir íntegramente ambas, cuando la suma de las dos pensiones rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización, en el artículo 15 de la misma ley. Lo anterior es así pues, en primer lugar, ambos derechos tienen orígenes diferentes, ya que el de la pensión de viudez surge con motivo de la muerte del trabajador, ya sea que hubiere estado en activo o pensionado, es decir, es una prestación establecida a favor de la esposa o concubina y no del extinto trabajador, y la pensión de jubilación se va generando día a día, con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora, en determinado número de años, y al llegar a una edad avanzada. Asimismo, la pensión por viudez tiende a proteger la seguridad y bienestar de la familia, ante al riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora, pensionado o pensionada; y la pensión por jubilación protege la dignidad del trabajador en la etapa del retiro. De esta manera, el disfrute conjunto de ambos derechos coadyuva a hacer efectiva la garantía de la previsión social, orientada a otorgar tranquilidad y bienestar de los familiares del trabajador o pensionado muerto, mejorando el nivel de vida de la viuda pensionada. Por lo que ese beneficio, no es una concesión gratuita o generosa, sino que constituye un seguro que se actualiza y se genera con la muerte del trabajador o pensionado, y deriva directamente de las aportaciones que éste haya hecho por determinado número de años de trabajo productivo, y una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en una parte, la subsistencia de los beneficiarios del trabajador después de acaecida su muerte, entre los cuales se encuentra la esposa o concubina (o esposo o concubinario). Por su parte, la jubilación se sostiene con las aportaciones que el pensionado o pensionada realizó por sus servicios laborales en determinado número de años. Por todo lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló además, que no encuentra justificación constitucional para que una persona que tenga derecho a recibir una pensión por viudez y, además, estuviere disfrutando de una pensión por jubilación, vea limitado el monto total de ambas al tope máximo de diez veces el salario mínimo referido en el artículo 15 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tal y como lo prevé el artículo 51, segundo párrafo cuestionado, porque tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y, además, tienen autonomía financiera, debido a que las cuotas que las costean derivan de personas distintas, la pensión por viudez de las que aportó el trabajador o pensionado fallecido, y la pensión por jubilación se sostiene con las cuotas de la trabajadora o pensionada viuda, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas. Así, la Segunda Sala concluyó que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y la de jubilación, cuando la suma de ambas rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la misma ley, contraviene el derecho humano de seguridad social y el principio de la previsión social, contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), Constitucional. Dichas premisas dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XII, septiembre de 2012, tomo 2, visible a página 553, con número de registro 2001660, de rubro y texto siguientes: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El citado precepto constitucional no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sin o que también de él deriva el principio de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a sus familias ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida. De ahí que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley, transgrede los principios de seguridad y previsión social citados, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: . Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge por la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora; 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas." Es así, que la autoridad responsable al determinar a la quejos, mediante el oficio SP/DPSHT/1496/2023, de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, que, como ya le había contestado en el diverso SP/DPSHT/0080/2022 de cuatro de mayo del año anterior, que no había lugar a disfrutar o gozar de la pensión por viudez, derivado del fallecimiento de quien fuera su esposo ABEL JIMÉNEZ RUSTRIÁN, por la generación de INCOMPATIBILDAD PENSIÓN, fundando las responsables la respuesta en el artículo 51, fracción II, inciso c) de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en relación con el numeral 12, fracción II, inciso c) del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la ley indicada en primer término, ello contraviene en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano de seguridad social y el principio de la previsión social. Igual consideración debe realizarse respecto del artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al restringir el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario a recibir íntegramente la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea al caso, cuando la suma de ésta y la de pensión por jubilación que disfruta rebasa los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización, en el artículo 15 de la misma ley. Lo expuesto se debe a que los reglamentos que se expiden de conformidad con el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, tienden a la exacta observancia de las leyes, y por ende, son parte integrante de las disposiciones legislativas que reglamentan y participan de la naturaleza jurídica de la ley reglamentada. En ese sentido, se tiene que el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fue expedido por el Ejecutivo con el fin de facilitar el cumplimiento de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, su objeto es reglamentar las disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo. De tal forma que si la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, particularmente su artículo 51, segundo párrafo, se estima inconstitucional porque restringe el derecho de la esposa o concubina, esposo o concubinario a recibir íntegramente la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea al caso, cuando la suma de ésta y la de pensión por jubilación que disfruta rebasa los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización, en el artículo 15 de la misma ley, entonces, debe concluirse que las disposiciones reglamentarias que desarrollan el precepto legal declarado inconstitucional, adolecen del mismo vicio, por no tener autonomía, sino constituir parte integrante de dicha norma. En efecto, la citada disposición reglamentaria, atendiendo a su naturaleza jurídica, tiene como finalidad desarrollar las disposiciones contenidas en el artículo 51 de la ley que condiciona su existencia, puesto que se refiere a la compatibilidad de percibir una pensión con otra o bien, con un trabajo remunerado, y los límites a los montos a los que se tiene derecho en el supuesto de esa compatibilidad. De esta manera se concluye el oficio reclamado SP/DPSHT/1496/2023, de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en que se dio contestación a la demandante del amparo, en el sentido de que no había lugar a disfrutar o gozar de la pensión por viudez, derivado del fallecimiento de quien fuera su esposo ABEL JIMÉNEZ RUSTRIÁN, es inconstitucional, porque los fundamentos en que se sustenta son disposiciones legales que han sido declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, es obvio que presenta un vicio de inconstitucionalidad, pues existen pensiones con orígenes diferentes pero compatibles, lo que ya fue analizado en la jurisprudencia que se acaba de transcribir así como la diversa tesis jurisprudencial por reiteración I. 1o. A. J/14 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, materia jurisprudencia (Constitucional), décima época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2013979 del rubro y texto siguientes: "PENSIONES POR VIUDEZ Y JUBILACIÓN. EL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR SU DISFRUTE SIMULTÁNEO E INTEGRALMENTE, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. El artículo 12, párrafo segundo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, viola el derecho a la seguridad social, previsto en el artículo 1 2 3, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al restringir injustificadamente el disfrute simultáneo de una pensión por viudez y otra por jubilación integralmente, esto es, cuando su importe conjunto rebase los die z s ala rio s mínimos, pues ambas prerrogativas tienen orígenes diferentes, cubren riesgos distintos y guardan plena autonomía financiera". Consecuentemente, este órgano jurisdiccional considera que los argumentos para denegar el disfrute de la pensión por viudez, como se encuentra detallado en el oficio SP/DPSHT/1496/2023, de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, resulta INCONSTITUCIONAL. En las relatadas consideraciones, se concluye que las autoridades responsables violaron los derechos humanos de la peticionaria del amparo, alusivos a seguridad social y el principio de la previsión social, contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; por tanto, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADA POR LA QUEJOSA. OCTAVO.- Efectos de la concesión del amparo. 1.- Deje la responsable sin efecto lo ordenado en el oficio SP/DPSHT/1496/2023, de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, por la aplicación de los artículos 51, párrafo segundo, de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, así como del artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 2.- Otorgue a la peticionaria la pensión de viudez que solicita, desde el día siguiente del oficio reclamado de quien fuera su cónyuge ABEL JIMÉNEZ RUSTRIÁN. 3. Entregue en una sola exhibición el monto acumulado de la pensión de viudez, a partir del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés a la quejosa ANTONIA AVENDAÑO RAMÍREZ. NOVENO.- Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a******************** contra los actos reclamados al Encargado del despacho de la Jefatura de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por las razones y para los efectos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano