Antolin Hugarte Mercado
Expediente 345/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/04/2022
Partes del expediente
- Antolin Hugarte Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de abril de dos mil veintidós. Recepción de pedimento. Visto el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia y las personas en situación de vulnerabilidad, se tiene por recibido el pedimento suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, a través del cual hace diversas manifestaciones a manera de alegatos y solicita se le expida copia de la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el pedimento ministerial de cuenta para los efectos legales correspondientes sin realizar mayor pronunciamiento, en virtud que el veintinueve de marzo del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, las copias que solicita, previa constancia que se deje en autos para constancia legal de su entrega y recibo. ...
- Principal
En cumplimiento al aviso de uno de abril de dos mil veintidos se notifica el siguiente acuerdo: Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil veintidós. ... de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden resulta oportuno precisar que del estudio integral de la demanda de amparo y de la intención del promovente se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la falta (no existencia) del expediente de ejecución penal, y por ende la imposibilidad de realizar actos procesales tendientes a buscar su libertad. Ahora bien, del análisis del informe justificado, se advierte que el acto reclamado no existe, pues la autoridad manifiesta lo siguiente: "NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, consistente en la no existencia del expediente de ejecución penal y por ende la imposibilidad de realizar actos procesales tendentes a buscar su libertad que el impetrante dice que existe en su contra, ya que previo cotejo de los libros que se llevan en este Juzgado y revisión del Sistema de Gesti6n de Justicia Penal (SIGEJUPE v2) que en forma electrónica se maneja para este Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se tiene radicada una carpeta de ejecuci6n bajo el número 516/2019 que se instruye en contra ANTOLIN UGARTE MERCADO, por el hecho delictuoso de EXTORSION CON MODIFICATIVA AGRAVANTE Y PUNIBILIDAD AUTONOMA, en agravio de VICTIMA DE IDENTIDAD RESGUARDADA, con motivo de la sentencia definitiva pronunciada el nueve de agosto de dos mil diecinueve en la Cause de Juicio Oral 142/2019, del índice del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, misma que el veintiuno de octubre del dos mil diecinueve, quedo firme y ejecutable. Por lo anterior este Juzgado mediante proveído de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, DIO INICIO A LA ETAPA DE EJECUCIN DE LAS SANCIONES PENALES, impuestas a ANTOLIN UGARTE MERCADO consistentes en: * DOCE AÑOS Y NUEVE MESES DE PRISIÓN. * Multa por la cantidad de $130,975.00 (CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), que, en caso de insolvencia económica plenamente demostrada, se le podrá sustituir por MIL SEISCIENTAS VEINTICINCO JORNADAS DE TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD 0 POR EL MISMO NUMERO DE DIAS DE CONFINAMIENTO. * REPARACION DEL DAÑO MORAL EL CUAL SERA EN VIAS DE EJECUCION DE SENTENCIAS EN DONDE SE PUEDA HACER VALER, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE LA VICTIMA. * SUSPENSION DE DERECHOS POLITICOS Y CIVILES. * AMONESTACION PÙBLICA. * NO SE LE CONCEDE BENEFICIOS. Determinación que le fue notificada al sentenciado el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Teniendo como última actuación en ejercicio de su derecho de defensa en esta fase de ejecución penal, que en fecha diecisiete de marzo del ario en curso, designó defensores privados para que lo representaran, sin que al día de la fecha hayan aceptado y protestado el cargo; sin embargo, a fin de no dejar al sentenciado en estado de indefensión, hasta en tanto la nueva defensa aceptara y protestara el cargo, surte efectos el cargo de la defensa pública para que represente sus intereses." De ahí que desde el momento de presentarse la demanda de amparo (deposito en buzón judicial diecisiete marzo de dos mil veintidós) el acto que reclama era inexistente, inclusive al día de la rendición del informe justificado de la responsable, pues el juicio de amparo indirecto, resulta procedente en contra de actos existentes al momento de promover el juicio de amparo, que infieran un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado asistiéndole un interés jurídico al reclamarlo. De esa manera, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo en primer término, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que, en su criterio, en el caso se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda Lo anterior, porque de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio y análisis de cualquier causa de improcedencia o de las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, limita las defensas de las partes, además de que es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica. Ahora bien, es menester precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2ª/J.3/94, publicada en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, julio 1994, Materia Común, con número de registro 206346, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En ese contexto, es de insistirse, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecisiete de marzo de dos mil veintidós), el acto reclamado que por esta vía se combate no existía, situación que es corroborada con el informe justificado, al señalar que ". Por lo anterior este Juzgado mediante proveído de fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, DIO INICIO A LA ETAPA DE EJECUCION DE LAS SANCIONES PENALES, impuestas a ANTOLIN UGARTE MERCADO consistentes en: .Determinación que le fue notificada al sentenciado el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve." Aunado a lo anterior, de las constancias que obran en autos no existe prueba que desvirtué dicha circunstancia; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente sumario constitucional fuera de audiencia, al no demostrarse la existencia del acto reclamado. ... En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil veintidós. ---
- Principal
..Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. .
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Visto el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, para conocimiento de las partes y manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con el oficio por medio del cual la Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, rinde informe justificado. Con el informe de cuenta hágase nueva relación en la celebración de la audiencia constitucional. Causas de improcedencia. En términos de los artículos 61 y 63 de la ley de la materia, ténganse por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento expuestas por la oficiante, debiendo analizarse al momento de emitir la sentencia correspondiente. Pruebas. De conformidad con lo dispuesto por los ordinales 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas que adjunta la responsable. Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: ...
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