Antolin Castelan Miranda

Expediente 665/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
665/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Antolin Castelan Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Finalmente, se requiere a los quejosos para la devolución de los billetes de depósito N969751 y N957690, expedidos por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, expedidos a su favor, por la cantidad de $3,100.00 M.N. (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), cada uno; lo que deberán realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibidos que de no hacerlo dentro de dicho plazo, prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el primero de los artículos citados. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Finalmente, se requiere a los quejosos para la devolución de los billetes de depósito N969751 y N957690, expedidos por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, expedidos a su favor, por la cantidad de $3,100.00 M.N. (tres mil cien pesos, cero centavos, moneda nacional), cada uno; lo que deberán realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibidos que de no hacerlo dentro de dicho plazo, prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el primero de los artículos citados. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vistos para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 665/2023 promovido por ************, contra actos de la 1. Licenciada Verónica Portilla Suazo, Juez de Control y Juicio Oral del XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, ************, acudieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1. Licenciada Verónica Portilla Suazo, Juez de Control y Juicio Oral del XV Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, señalando como acto reclamado: La orden de detención y/o comparecencia y/o aprehensión y su ejecución. La abstención de citarlos a la carpeta de investigación ORZ/DXV/652/2023. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. En proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; toda vez que uno de los actos reclamados, de ser cierto tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados de la 1. Licenciada Verónica Portilla Suazo, por sí y en representación de la 2. Licenciada Norma Landa Villalba, y 3. Licenciado Tirso Hernández Ayala, Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento; la 4. Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Quinto Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, y 5. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de Orizaba, todos con sede en Orizaba, Veracruz, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución; pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. El peticionario de amparo no aportó medio de convicción que desvirtuara las negativas pronunciadas por las autoridades responsables en torno a dichos actos reclamados. Por otro lado, la 1. Licenciada Verónica Portilla Suazo, por sí y en representación de los jueces referidos, también negó la existencia del acto consistente en la abstención de citar a los quejosos a la carpeta de investigación ORZ/DXV/652/2023. Si bien cuando los actos constituyen una abstención, la carga probatoria corresponde a la propia responsable; en el caso dichas autoridades no tienen a su cargo la carpeta de investigación, por lo que no están facultadas para llevar a cabo la cita cuya omisión se impugna. De ahí que también se tenga como inexistente. En consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto de los actos y autoridades de que trata este considerando. En la conducente, se invoca como apoyo la tesis emitida (...) También es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia (...) TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, 4. Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Quinto Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado, fue omisa en pronunciarse respecto del acto reclamado consistente en la abstención de citar a los quejosos a la carpeta de investigación ORZ/DXV/652/2023; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el referido acto que se le atribuye. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la abstención de citar a los quejosos a la carpeta de investigación ORZ/DXV/652/2023. Por cuestión de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser un tópico de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto omisivo de que trata este considerando, este Juzgado de Distrito -de oficio- advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción I, al no acreditar los quejosos contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional; los cuales disponen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Preceptos de los que se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo (interés legítimo); en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Para la mejor comprensión de dichas figuras es conveniente precisar los elementos constitutivos de cada una, a saber. El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia (...) Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico. Ello, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que lo que reclaman los peticionarios de amparo de la Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Quinto Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, consiste en la abstención de citarlos a la carpeta de investigación ORZ/DXV/652/2023. Ahora, es menester precisar que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la participación del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. En ese sentido, debe señalarse que la omisión o abstención de citar a los indiciados a la carpeta de investigación, no constituyen actos o requisitos indispensables para que aquélla se integre, dado que el arábigo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cita, no lo establece así, como se evidencia a continuación. "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.]". Por otro lado, si dicha institución, por disposición constitucional, tiene permitido practicar toda clase de diligencias tendentes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del imputado; entonces, dentro de dicha facultad se comprende la de recabar datos de prueba para integrar la carpeta de investigación; ordenar la citación o comparecencia del imputado, recibir su entrevista con asistencia de un defensor, y llegado el momento, ejercer acción penal ante los tribunales para solicitar, en su caso, la recepción de una carpeta de investigación, el auto de inicio de un proceso penal con la consecuente citación a fin de formularle imputación, o bien, orden de aprehensión, sin la garantía de audiencia del imputado. En consecuencia, resulta improcedente el presente juicio de amparo, contra el acto reclamado consistente en la omisión o abstención de las responsables de citarlos a la carpeta de investigación ORZ/DXV/652/2023, iniciada en su contra; dado que el procedimiento de investigación constituye una labor de la institución del Ministerio Público y sus fiscalías, conferidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los imputados el derecho de oponerse a la investigación de hechos constitutivos de posibles delitos, aun cuando la parte quejosa sea considerada como probable responsable, pues estimar lo contrario sería anteponer el interés particular al de la sociedad. Así, la revisión a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la investigación de hechos que posiblemente configuran un delito, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público y a los tribunales del País. Aunado a lo anterior, el dispositivo 218 Código Nacional de Procedimientos Penales contiene el principio de reserva en los actos de investigación, del cual se observa que los datos obtenidos en la investigación inicial son estrictamente reservados hasta en tanto el imputado sea detenido, citado a comparecer, o sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, lo que guarda congruencia con lo dispuesto en el precepto 20, apartado B, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Máxime que el fiscal, al tener conocimiento de la existencia de un hecho tipificado en la ley como delito, está obligado a explorar todas las líneas de investigación posibles para allegarse de datos para su esclarecimiento; empero, ello no implica necesariamente la citación del inculpado, pues inclusive el ordinal 129, último párrafo, del citado código adjetivo indica que el Ministerio Público podrá solicitar la comparecencia del imputado y ordenar su declaración cuando lo considere relevante para efectos del esclarecimiento de los hechos, esto es, no constituye una obligación. De ahí que se afirme que en la primera fase de la etapa de investigación inicial, el Ministerio Público no tiene la obligación legal de notificar ni citar al imputado para comparecer a la carpeta de investigación a fin de rendir su entrevista; por tanto, al no ser una obligación, ni encontrarse tal derecho incorporado a la esfera jurídica del peticionario de amparo, esa omisión no le causa perjuicio y, por ende, no puede reclamarse vía amparo indirecto, aunque se aduzca que con ello se restringe su derecho a tener una adecuada defensa y debido proceso. En ese contexto, si bien el inculpado goza del derecho de defensa que le otorga la Constitución, lo cierto es que, como ya se dijo, ello no implica que la representación social, al momento de llevar a cabo la investigación (previo al ejercicio de la acción) tenga que citar a quien es objeto de dicha investigación; de ahí que incluso cuando el investigado tenga conocimiento de la existencia alguna indagatoria en su contra, ello no vincula al órgano investigador a citarlo para comparecer. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) Por lo expuesto, y con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, a que se refiere este considerando, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia (...) QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento; y que de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, dado que de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se resuelve. R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en los considerandos segundo y cuarto.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos se advierte que a la fecha la 4. Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Quinto Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado el diez de agosto de dos mil veintitrés ni obra en autos el acuse de recibo del oficio por el que se notificó dicho requerimiento. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional y, objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese.

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