Antolín Carrillo Hernández

Expediente 926/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
926/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • Antolín Carrillo Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Antolín Carrillo Hernández, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas y otra autoridad, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 926/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 112 de la Ley de Amparo dispone que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por su parte, el artículo 113 de la ley en cita, dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acato a lo anterior, es de indicarse que el quejoso, en su escrito de demanda, señala como acto reclamado la falta de emplazamiento en el expediente laboral 813/I/2013, instaurado por Manuel Elías Pérez, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de por Zacatecas. Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de amparo que originó el presente juicio, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En los antecedentes del acto reclamado de su escrito de demanda, el quejoso narra, bajo protesta de decir verdad, que aproximadamente el cuatro de noviembre en curso, acudió personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas a la casa del hermano del quejoso, de nombre Rutilio Carrillo, que acudían a realizar un cobro en favor de Manuel Elías Pérez, por lo que ambos acudieron el martes cinco de noviembre en curso ante la Junta responsable para investigar qué sucedía, percatándose que existía un laudo en el expediente laboral 813/I/2013, que se les condenaba al pago por la cantidad de $237,560.65 (doscientos treinta y siete mil quinientos sesenta pesos, sesenta y cinco centavos, moneda nacional), percatándose que el expediente laboral está extraviado, por lo que se tramitó incidente de reposición de autos por la parte actora; que desconoce el citado expediente laboral, no obstante que se dice que el quejoso acudió a la Audiencia de Demanda y Excepciones, basándose la Junta en archivos que se tienen en algunas computadoras y no en un expediente físico; que se le deja en estado de indefensión en virtud que nunca conoció que se le haya instaurado una demanda por despido injustificado de una persona, por lo que se duele de la falta de emplazamiento al juicio laboral en cuestión, en virtud que -afirma-, nunca sucedió; puesto que ante la reposición del procedimiento e inexistencia de constancias verdaderas de visitas que haya realizado el Actuario a su domicilio para emplazarlo, no existe certeza de que se encuentre debidamente emplazado, sin desprenderse en qué sentido y en qué día y lugar fue emplazado a juicio. Ahora bien, como se desprende de la certificación de cuenta, existe radicado en este juzgado el juicio de amparo 739/2017-II, promovido por Manuel Elías Pérez, por su propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de emitir laudo dentro del expediente laboral 813/I/2013, de su índice, en que fueron llamados a juicio como tercero interesados el aquí quejoso Antolín Carrillo Hernández y otros, concediéndose el amparo solicitado, mediante sentencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho, la que se tuvo por cumplida mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. El citado expediente se tiene a la vista en este momento por constituir un hecho notorio para este Juzgador, y se toma como elemento de prueba, sin necesidad que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes; ya que el mismo constituye un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba respecto de la demanda de amparo que ahora promueve el quejoso Antolín Carrillo Hernández, pues la improcedencia del juicio constitucional es cuestión de orden público, y el suscrito puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, del rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Del citado expediente, se advierte medularmente lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado ante este juzgado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el ahora quejoso Antolín y su hermano Rutilio, ambos de apellidos Carrillo Hernández, se apersonaron en el juicio de amparo 739/2017 del índice de este juzgado, en su carácter de terceros interesados, señalaron autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones y, además, formularon alegatos, en los que solicitaron que fuera negado al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, al ya no existir procedimiento laboral y reconocieron la existencia del expediente laboral motivo del citado juicio de amparo -813/I/2013- y que es respecto del cual, el ahora quejoso manifiesta que no fue emplazado (fojas 15 a 18 del citado juicio de amparo). 2. Por oficio 501/2018 de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, rindió su informe justificado, en el que adjuntó copia certificada de diversas constancias derivadas del citado expediente laboral 813/I/2013, entre las que obra la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de trece de mayo de dos mil catorce, en la que se destaca la comparecencia del aquí quejoso Antolín Carrillo Hernández, en su carácter de demandado físico (página 176 del citado juicio de amparo); constancias las anteriores con las que se dio vista a las partes por auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, notificado por lista el veintinueve de junio citado (páginas 197 y 198). 3. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, fue pronunciada sentencia definitiva, en que se otorgó al ahí quejoso Manuel Elías Pérez el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la Junta responsable dictara el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 813/I/2013, y lo notificara de inmediato a las partes, debiendo realizar las gestiones necesarias para recabar la demanda que dio inicio al supracitado juicio (fojas 205 a 209). 4. Al no haberse recurrido dicha sentencia, el dos de octubre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria, por lo que fue requerida la autoridad responsable por su cumplimiento; y, en acato a la misma, el quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 802/2018 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas remitió copia certificada del laudo dictado en esa fecha, en que condenó a los demandados, entre ellos, el ahora quejoso Antolín Carrillo Hernández, al pago de diversas cantidades en favor del actor Manuel Elías Pérez, concediéndoles a los demandados un término de quince días para que dieran cumplimiento voluntario al citado laudo (páginas 221 y 22 y de la 232 a la 239). 5. Con el contenido del citado oficio y anexo, por auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, lo que les fue notificado personalmente, en lo que respecta al quejoso Antolín Carrillo Hernández, el veintidós de octubre de la citada anualidad, en virtud que no atendió al aviso que al efecto se dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones (fojas 243 a 245). 6. Por tanto, el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, este juzgado tuvo por debidamente cumplida la ejecutoria protectora emitida en el citado juicio de amparo 739/2017, ordenándose notificar dicha determinación a las partes en forma personal, lo que se hizo, en lo que respecta al ahora quejoso, mediante diligencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho, por conducto de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, licenciado Evodio Vargas Aguilar (folios 246 a 252). 7. Consecuentemente, el trece de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del citado juicio de derechos fundamentales, como asunto total y definitivamente concluido (página 256). Así las cosas, se concluye que fue el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en que el ahora quejoso Antolín Carrillo Hernández, compareció ante este Juzgado Segundo de Distrito a efecto de apersonarse al juicio de amparo 739/2017, del índice de este órgano jurisdiccional, ostentándose sabedor de la existencia del expediente laboral 813/I/2013, en que ahora refiere, no fue emplazado y cuyas constancias tuvo a la vista, en razón al auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en que se le dio vista con las copias certificadas de diversas actuaciones practicadas dentro del mencionado juicio laboral, entre las que destaca la comparecencia del propio quejoso en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de trece de mayo de dos mil catorce, notificadas mediante lista el veintinueve de junio citado; por ende, es evidente que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del juicio laboral 813/I/2013, desde mucho tiempo antes que acudiera a la presente instancia constitucional doliéndose de la falta de emplazamiento en el citado juicio de amparo; esto es, al menos desde el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en que se apersonaron en el mencionado juicio de amparo 739/2017, del índice de este juzgado. Por tanto, desde el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, a la fecha en que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas su demanda de amparo de cuenta -catorce de noviembre de dos mil diecinueve- ya había transcurrido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, dicho término transcurrió del cuatro al veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, sin contar los días nueve, diez, dieciséis y diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, por ser inhábiles (sábados y domingos). Consecuentemente, la presentación de la demanda resulta ser notablemente extemporánea, por lo que se considera que el quejoso consintió el acto que ahora combate, actualizándose en el caso, la causal de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis visible en la página doscientos treinta y cinco, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de derechos fundamentales promovida por Antolín Carrillo Hernández, por su propio derecho, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS.Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado J. Jesús Maquir Enríquez Rodríguez y a César Alejandro de la Torre Carrera, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en virtud que así lo solicita la parte quejosa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle de la Unión, número ciento ocho guión B (108-B), Zona Centro, en Zacatecas; asimismo, toda vez que solicita que se le practiquen vía electrónica; a fin de evitar la duplicidad de notificaciones considerando que las notificaciones electrónicas sustituyen a cualquiera de las efectuadas por las vías tradicionales (personales, mediante oficio y por lista), deberá el promovente precisar cuál es la vía que elige para esos fines; por tanto, notifíquesele el presente auto y requiérasele para que en el término de tres días, a que se refiere la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, precise cuál es la vía que elige; apercibido que de no hacerlo, se practicarán las subsecuentes únicamente en el domicilio ubicado en Calle de la Unión, número ciento ocho guión B (108-B), Zona Centro, en Zacatecas. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por l. en la tesis 1o.P.34 K, publicada en la página 2364, del libro 58, septiembre de dos mil dieciocho, tomo lll, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, materia común, con número de registro 2017924, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO. El artículo 26 de la Ley de Amparo prevé cuatro vías para notificar los autos o resoluciones emitidos en el juicio de control constitucional, a saber: a) en forma personal; b) por oficio; c) por lista; y, d) la electrónica; siendo que cada una de éstas se encuentra expedita para emplearse en situaciones jurídicas concretas, incluso, para partes procesales en particular. De ese modo, las notificaciones relativas a los incisos a), b) y c) son las vías "tradicionales" en las que éstas se practican en un juicio de amparo, pues se comprende que si el órgano jurisdiccional pretende notificar personalmente una determinación a alguna de las partes, ya sea por previsión de la ley o porque lo estima necesario, dependiendo de la parte procesal de que se trate, empleará alguna de las vías de notificación a) y b), es decir, en forma personal o por medio de oficio; pero si considera que es innecesario que la comunicación respectiva se haga así, el auto o resolución deberá notificarse como lo señala el inciso c), o sea, por medio de lista, pues no puede haber proveído alguno que carezca de publicidad. Por su parte, la notificación citada en el inciso d), es decir, la referente a la vía electrónica, constituye un medio "especial" por el cual, las partes que así lo soliciten, se hacen sabedoras de los acuerdos o resoluciones que se dicten en el controvertido constitucional, siendo que, salvo en situaciones específicas, la notificación electrónica sustituye a las indicadas como vías "tradicionales" (o sea, a la notificación personal, por oficio y por lista), debiendo practicar el órgano de amparo toda clase de comunicación con la parte que así lo designe, por ese medio. Esto es así, pues del artículo 30 de la ley de la materia, en el que se reglamenta cómo deben llevarse a cabo las notificaciones electrónicas, se advierte la carga procesal u obligación de la parte que elija dicho modo de notificación, de estar diariamente, o sea, de modo permanente, al pendiente del expediente digital, a fin de que oportunamente esté enterada de los pronunciamientos que se decreten en él, de donde se colige que cuando una de las partes elige que las actuaciones emanadas del juicio se le notifiquen electrónicamente, lo conducente es que se le practiquen todas sus notificaciones por esa vía, incluso, las de carácter no personal, salvo casos en los que el órgano de amparo, atento a la naturaleza del acto, estime que deban efectuarse por el actuario mediante otro método. Lo anterior, ya que ni la Ley de Amparo ni el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, prevén alguna disposición que indique que la notificación electrónica deba emplearse única y exclusivamente respecto de proveídos o determinaciones que deben hacerse del conocimiento personal de la parte procesal de que se trate, mientras que el resto (o sea, las de carácter no personal) deban efectuarse por otra vía, como por ejemplo, por medio de lista; ni tampoco en los ordenamientos jurídicos referidos existe dispositivo que señale que la notificación electrónica deba duplicarse o estar a la par de cualquiera de las vías "tradicionales", pues en congruencia con la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo vigente, la notificación electrónica es una vía adoptada libre y voluntariamente por las partes, para que puedan tener conocimiento y consultar de forma pronta, rápida, ágil e inmediata, todas y cada una de las determinaciones que en aquél lleguen a emitirse, sin soslayar que es una vía que representa la utilización de menos recursos humanos, materiales y hasta logísticos del órgano jurisdiccional para llevar a cabo la diligencia de notificación. Por tanto, en el sumario es ilegal que la misma parte procesal (como lo es la quejosa) tenga dos o más vías para que se le practiquen sus notificaciones, ya que ello genera incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del juicio de control constitucional, por ejemplo, para el cómputo de los plazos y términos que se fijen en el expediente, pues al haber dos o más vías de notificación sin precisar cuál de ellas es la efectiva para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley citada, situación que, además de que se estima impropia desde un enfoque adjetivo, también podría utilizarse intencionalmente para obtener ventajas procedimentales inadecuadas, verbigracia, para la presentación de escritos, desahogo de vistas, ofrecimiento de pruebas o interposición de recursos, entre otros supuestos."

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