Anthony Mirabal Herrero
Expediente 959/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Anthony Mirabal Herrero
Actuaciones
- Principal
NOT. ELECT VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 386/2022-IV-B, promovido por Libia Guadalupe Chong Pasos, representante del menor de edad HÉCTOR JULIÁN JIMÉNEZ CHONG; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, Libia Guadalupe Chong Pasos, representante del menor de edad HÉCTOR JULIÁN JIMÉNEZ CHONG solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con sede en la Ciudad de México. 3. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE YUCATÁN; y, 4. COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el quince de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. La cual se celebró el veintidós de febrero y veintidós de marzo del año en curso, sólo por las autoridades locales Gobernador del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y Coordinador Estatal Correcaminos en Yucatán, Capitán Carlos Gómez Montes de Oca, con sede en Yucalpetén, Yucatán; y el día de hoy, se lleva a cabo por las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: La omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a la menor de edad que representa, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 18 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto de este año, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022; lo cual pone en riesgo la salud de la menor. SEGUNDA. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestó la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, al rendir su informe previo en su representación; sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, procede NEGAR la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, en relación con la referida autoridad responsable; resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERA. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, pues a pesar de que en su informe negó el acto que se le atribuye, lo cierto es, que con posterioridad realizó manifestaciones de las que se evidencia su certeza; de ahí que, se reitera, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. CUARTA. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisiva con efectos positivos, respecto de los cuales, es procedente CONCEDER la medida cautelar instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado estima que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Así mismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Por ende, en términos de lo previsto en el numeral 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el numeral 4° cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados, para para el efecto de que la responsable dentro del ámbito de sus facultades, se coordine y coadyuve con las autoridades federales correspondientes, a fin de que se ordene de inmediato la aplicación la vacuna que por su edad (13 años) le corresponda al menor aquí quejoso, de no existir riesgo alguno a su salud. Considerando que, en fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Tal y como se advierte del siguiente enlace de la página oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira-aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es Aplica al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019358, que establece; "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." En la inteligencia de que la autoridad responsable señalada debe acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se señalan. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. SE NIEGA la suspensión definitiva al menor HÉCTOR JULIÁN JIMÉNEZ CHONG solicitada por conducto de su representante Libia Guadalupe Chong Pasos, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en la segunda consideración de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva al menor HÉCTOR JULIÁN JIMÉNEZ CHONG solicitada por conducto de su representante Libia Guadalupe Chong Pasos, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en la cuarta consideración de esta resolución. Notifíquese y regístrese.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, seis de abril de dos mil veintidós. Visto: agréguese el oficio sin número del Subdirector de Recursos Administrativos, adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en representación del Presidente de la República, Secretario de Salud y del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comunica los motivos por los que se encuentra imposibilitado para cumplir con la suspensión provisional concedida a la parte quejosa en auto de tres de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, tómense en consideración sus manifestaciones al resolverse la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad responsable. Por otra parte, en la propia misiva de cuenta, la autoridad oficiante informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de cumplir con la medida cautelar concedida a los promoventes del amparo, en el auto antes indicado. Ahora bien, toda vez que del oficio de referencia, se advierte que la autoridad oficiante, solicita por los motivos que expone, se vincule al Secretario de Salud del Estado, con sede en esta ciudad, así como a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la ciudad de México, a fin de que se cumpla con la medida cautelar otorgada; o en su caso, se le conceda una prórroga para que obtenga el apoyo institucional de las autoridades a las que refiere en dicha comunicación, les giró el oficio correspondiente para que le proporcionen los elementos que le permitan cumplir con la suspensión otorgada. En atención a lo anterior, no habiendo impedimento alguno al respecto, como pide la autoridad ocursante, se amplía el término concedido en el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, por un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente, al en que reciba el oficio que derive de este acuerdo, para que cumpla con la medida cautelar otorgada, en los términos señalados en el proveído de referencia; en el entendido, que subsiste el apercibimiento decretado en el auto en el que se otorgó la referida medida cautelar. Esto es, que de no cumplir con lo ordenado, sin causa justificada, se le impondrá la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. En cuanto a la solicitud de la citada autoridad responsable, en el sentido de que se vincule, por los motivos que expone, al Secretario de Salud del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, así como a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la ciudad de México, al presente asunto, a fin de poder cumplir con la suspensión provisional concedida a la parte quejosa. Al respecto, no ha lugar a acceder favorablemente a su solicitud, toda vez que dichas autoridades no tienen participación alguna en la aplicación de las vacunas conforme a la Política Nacional de Vacunación y al Operativo Correcaminos. Pues ésta corresponde en primer término, a la Presidencia de la República, como autoridad coordinadora general. Y en un segundo término, a la Secretaría de Salud Federal a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud, a quien le corresponde la dirección técnica. Siendo que la indicada Secretaría de Salud Federal designará a una persona que fungirá como "Coordinadora Estatal Correcaminos", entre las que destaca la Verificación de la aplicación de vacuna en la población, de acuerdo a las etapas planteadas en la estrategia nacional. Por ende, el responsable directo de la coordinación de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, que previene la enfermedad COVID-19, en las entidades federativas de la República, es el Coordinador Estatal de Vacunación. No obstante lo anterior, requiérase nuevamente al Coordinador Estatal en Yucatán, de Estrategia Operativa de Vacunas Civid-19 "Operativo Correcaminos" , a la brevedad, previa comunicación con la representación legal de la parte quejosa, y de acuerdo con sus atribuciones, como se le ordenó en la resolución incidental de ocho de marzo recién finalizado, designe una hora concreta y lugar accesible, que cuente con todas las medidas sanitarias necesarias para prevenir del contagio del virus, en el que se lleve a cabo la inoculación de e la primera dosis de la vacuna, debiendo suministrarse la segunda dosis entre las cuatro y ocho semanas siguientes. Lo anterior, bajo la más estricta responsabilidad de los padres o tutores y previo conocimiento informado y firma que deben tener respecto de los posibles riesgos que implican la aplicación del esquema completo de la vacuna referida, que deben ser hechos de su conocimiento por la autoridad sanitaria correspondiente. Con el apercibimiento de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, dentro del plazo otorgado para tal efecto, se le impondrá multa por el valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, 00/100 M.N) conforme a lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sin perjuicio de ser denunciado al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, pudiendo también imponerle otras medidas para vencer su contumacia. Lo anterior es así, pues compete únicamente a las responsables la facultad de coordinar y establecer la estrategia de aplicación material de la vacuna Pfizer-BioNTech, por la organización de los recursos materiales para lograr ese fin. Apoya lo anterior la tesis XXIII.3 K (10a.), publicada en la página 1245, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas". Notifíquese y cúmplase.
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