Antelmo Sánchez Cisneros

Expediente 1397/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1397/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Antelmo Sánchez Cisneros
  • Antelmo Sánchez Cisneros y Otros.
  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    * Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento que ese tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, asignándole el número de revisión civil ********************; lo que comunica en vía de notificación para los efectos legales conducentes. *

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso *******; visto su contenido, téngasele interponiendo RECURSO DE REVISIÓN contra el auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 48-55), dictado en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo vigente, remítase el expediente original de los presentes autos, así como del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público de la Federación adscrito, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, residente en esta ciudad, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente con motivo de la interposición del citado recurso de revisión. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios; fórmese cuaderno de antecedentes por separado con copia autorizada del presente proveído. Notifíquese; y, personalmente a la tercera interesada.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, remitiendo para ello copias fotostáticas certificadas del tomo tres del expediente 133/2019-I. Sin que haya lugar a otorgar vista a las partes en razón de lo acordado a continuación. Dichas constancias este órgano jurisdiccional les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las que se advierte que una causal de improcedencia del juicio de amparo; por tanto, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el que esto resuelve procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde. Constancias que se encuentran debidamente escaneadas a fin de ir acorde con el expediente electrónico, sin embargo en razón de su volumen y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado para su consulta. Sobre el tema, se puede observar que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..". Así, el texto del precepto legal transcrito en segundo término, consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, como puede apreciarse en el criterio contenido en la tesis aislada número LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Asimismo, esos medios de defensa deben estar previstos en la ley que rige el acto o los actos reclamados, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa sea eficaz para anularlo, revocarlo o modificarlo. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por (sic) el artículo 22 de la constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, en el caso, la improcedencia en estudio cobra vida jurídica en el sentido de que el quejoso destaca en su libelo constitucional su acto reclamado en: "IV.- Actos reclamados. A ambos les reclamo el proveído de fecha cuatro (4) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), publicado por lista el día siete (07) del mismo mes y año (2019), notificado en el domicilio procesal el mismo día que fue publicado, es decir, el siete de octubre del mes y año en curso (07 de octubre del 2019); por cuanto hace a la modificación de las medidas cautelares que había decretado por acuerdo de fecha once (11) de abril del presente año (2019), relativo al Juicio de Guarda y Custodia, promovido por el suscrito ANTELMO SÁNCHEZ CISNEROS, en contra de SUGHEIDI CRUZ CELESTINO, por cuanto hace a la guarda y custodia provisional de mi menor hija GREDMARIE SÁNCHEZ CRUZ, en la que la jueza responsable señaló lo siguiente: La guarda y custodia provisional de la menor Gredmarie Sánchez Cruz, se decretada a favor de su progenitora Sugheidi Cruz Celestino, por lo cual, señala las nueve horas del día nueve de octubre del año en curso para hacer entrega de la menor citada en las instalaciones que ocupa el juzgado segundo de primera instancia del ramo familiar del distrito judicial de los bravo a su progenitora." Del análisis de la demanda de amparo de trato, así como de las constancias remitidas por la Juez responsable, se corrobora que el acto reclamado se hace consistir en el auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen, donde se otorga a Sugheidi Cruz Celestino, la guarda y custodia provisional de la menor Gredmarie Sánchez Cruz, señalando fecha y hora para tal acto. Cabe acotar que contra dicho auto impugnado el quejoso tuvo a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual la resolución combatida pudo ser reconsiderada, esto es, debió agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que es el recurso de inconformidad previsto por el artículo 200 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Para determinar la procedencia de dicho recurso, resulta necesario citar los artículos 539, 540, 589, 590, 591, 600, 626, 627, 628, 629 del Código Civil del Estado de Guerrero, que establecen: "Artículo 539.- Cuándo el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo, en el mismo acto, convendrán cuál de los dos ejercerá la custodia del hijo y, en consecuencia, con quien de ellos habitará; y en caso de que no lo hicieren, el juez de primera instancia del lugar, oyendo a los padres, resolverá lo que creyere más conveniente a los intereses del menor". "Artículo 540.- En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por el padre y la madre que no vivan juntos, el que primero lo hubiere reconocido ejercerá la custodia del hijo y éste habitará con aquél, salvo que ambos convinieren otra cosa y siempre que el juez de primera instancia del lugar no creyere necesario modificar el convenio, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público. El convenio sólo podrá modificarse en interés del hijo". "Artículo 589.- Las personas que tengan al menor bajo su patria potestad y custodia deberán educarlo convenientemente y tendrán la facultad de corregirlo y castigarlo mesuradamente. Asimismo tendrán la obligación de observar una conducta que les sirva de ejemplo. Las autoridades auxiliarán a los titulares de la patria potestad en el ejercicio de ésta y de las demás facultades que les concede la ley, haciendo uso de amonestaciones y correctivos que les presten el apoyo suficiente. El derecho de castigar no implica infligir al menor golpes o malos tratos, pudiendo, en su caso, tipificarse el delito de lesiones. Cuando llegue al conocimiento del juez que aquellas personas que tienen al menor bajo su guarda y cuidado no cumplen con las obligaciones que les corresponden, maltratan al menor, le infieren golpes o le causen lesiones, aunque no constituyan un delito, lo hará saber al Ministerio Público quien promoverá lo que corresponda para la protección del menor. El Ministerio Público deberá actuar aunque tales hechos lleguen a su conocimiento por otro medio distinto a la información del juez". "Artículo 590.- Los descendientes, cualquiera que fuere su estado, edad o condición, deberán honrar y respetar a sus ascendientes, igual obligación tienen éstos para con sus descendientes y entre ellos". "Artículo 591.- Los hijos menores de edad no emancipados estarán bajo la patria potestad, mientras exista alguno de los ascendientes a quienes corresponda aquélla, según la ley". "Artículo 600.- Cuando llegue a conocimiento del Juez que quiénes ejercen la patria potestad incumplen con los deberes que ella les impone o incurren en violencia intrafamiliar, lo hará saber al Ministerio Público, quien promoverá lo que corresponda en interés del sujeto a la patria potestad. El Ministerio Público deberá hacer esta promoción cuando los hechos lleguen a su conocimiento por otro medio distinto a la información del Juez". "Artículo 626.- Si el padre y la madre viven separados, se observará respecto de la guarda y custodia del hijo, lo dispuesto en los artículos 539 y 540". "Artículo 627.- En el caso previsto por el artículo anterior, cuando, por cualquiera circunstancia cese de tener la custodia del hijo el ascendiente a quien corresponda y deje aquél de habitar con éste, entrará a ejercer dicha custodia el otro ascendiente, con el cual habitará entonces el hijo". "Artículo 628.- Si se separasen los padres que vivían juntos al hacer el reconocimiento del hijo, convendrán quién de los dos ejercerá su custodia y en caso de que no se pusieren de acuerdo sobre este punto, el juez, teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo, designará a la persona que deba hacerlo. El hijo habitará con el ascendiente al que se encargue la custodia". "Artículo 629.- Las disposiciones relativas al ejercicio de la patria potestad se aplicarán al ejercicio de la guarda y custodia del menor, teniendo siempre en cuenta el interés de éste así como su óptimo desarrollo físico-psíquico". Así como los diversos 199 bis y 200 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que establecen: "Artículo 199 bis.- Reincorporación de los menores a la residencia habitual. Cuando los menores de dieciséis años de edad sean sustraídos o retenidos ilícitamente en un lugar distinto al de su residencia habitual, el cónyuge que haya obtenido para sí la guarda y custodia provisional o definitiva de los hijos, podrá solicitar al Juzgador que conozca del asunto la reincorporación de los menores mediante incidente por cuerda separada, observándose para tal efecto lo dispuesto por el Título Quinto Libro Segundo del presente Código, pudiendo el Juzgador decretar provisionalmente el depósito de los menores ante el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia". "Artículo 200.- Inconformidad. Si se presentare inconformidad por alguno de los interesados sobre la resolución o disposiciones decretadas, el juzgador citará a una audiencia que deberá celebrarse en el término de tres días, en la que oirá a las partes y dictará la resolución que corresponda, sin ulterior recurso". El artículo 200, señala que el auto en el cual se decretó la guarda y custodia provisional de la menor Gredmarie Sánchez Cruz, puede ser impugnable a través de la inconformidad. Precisa destacar que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el amparo es improcedente. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, principio que en el caso sometido a análisis no se acató. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, cuenta habida de que la inobservancia al principio de definitividad que rige la acción del amparo hace improcedente el mismo, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables. Por tanto, al establecer la ley un medio de defensa en contra de la determinación que constituye el acto reclamado, que no fue intentado previamente a la instauración del juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se surte la causal de improcedencia en estudio, que es indudable y manifiesta. En consecuencia, por virtud de sus efectos el acto reclamado podría ser modificado, revocado o nulificado, en términos de la legislación en comento, es evidente que el quejoso debió agotar la inconformidad prevista en el artículo 200 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis XXI.3°. 10 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de dos mil cuatro, Novena Época, con número de registro 182178, cuyo rubro y texto precisa: "GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES. LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES ADOPTADAS POR EL JUZGADOR DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA INCONFORMIDAD ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De acuerdo con la regulación procesal sobre providencias cautelares, en los procedimientos familiares relacionados con la guarda y custodia de menores, el tribunal está facultado para adoptar las medidas de carácter provisional que estime pertinentes a efecto de preservar la familia y proteger a sus miembros, incluso sin audiencia de parte afectada; sin embargo, el artículo 200 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero prevé la figura de la inconformidad, que permite al interesado solicitar al juzgador que le escuche, con citación de la contraria, para que luego resuelva lo que corresponda, lo cual implica el establecimiento de un medio de defensa que debe agotarse antes de acudir al juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, sin que obste al efecto la irreparabilidad que ocasiona esa clase de providencias, toda vez que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es necesario observar el principio de definitividad, incluso, cuando se reclaman actos de imposible reparación. Sin que pase desapercibido para el suscrito y sin que sea óbice a lo determinado, que en el presente tema exista involucrado un menor de edad, por lo que en relación a ello, el suscrito analiza el tópico del interés superior de la niñez. Esta institución jurídica está reconocida en el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A partir de lo dispuesto en los enunciados normativos transcritos, el interés superior de la niñez debe ser considerado como un principio regulador de la normativa relativa a los derechos de las niñas y niños que se funda en la dignidad misma del ser humano, a partir de tener como referente las características propias de quienes son infantes, así como en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. De consiguiente, este principio implica que el desarrollo de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para todas las autoridades del Estado en la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de los niños y de las niñas. El objetivo general de proteger el principio del interés superior de la niñez es, por sí mismo, un fin legítimo, necesario e imperioso. Los Estados deben asegurarse que el interés superior de la niñez prevalezca, como mandato de optimización, en la mayor medida posible, por lo que los niños y las niñas deberán ser sujetos de cuidados especiales o medidas especiales de protección, según lo disponen tanto el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos. Los cuidados especiales o las medidas especiales de protección deberán definirse a partir de los hechos que determinan las circunstancias en las que se encuentren los niños y las niñas, en cada caso particular, considerando su especial manera de ser, esto es, su "debilidad, inmadurez o inexperiencia". Dichos cuidados o medidas se deberán adoptar con la finalidad de prevenir, o bien, eliminar el eventual estado de vulnerabilidad en que pudieran estar. Quienes son menores pueden ubicarse en una situación de vulnerabilidad por las circunstancias en las que se encuentren, teniendo como referente su manera sui géneris de ser. Por tanto, y como conclusión en este apartado, el interés superior de la niñez es un criterio orientador que permite analizar los hechos que dan forma a las circunstancias que rodean a los niños y las niñas en cada caso concreto. A partir de dicho análisis, es posible determinar si quien es menor está en una situación de vulnerabilidad, con la finalidad de adoptar las medidas de protección que lo alejen de tal situación, pero que, al mismo tiempo, lo ubiquen en otras circunstancias distintas, que sean las más favorables para su desarrollo y pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Todo lo cual tendrá como finalidad que los niños y niñas ejerzan sus derechos en un plano auténtico de igualdad a partir de la valoración jurídica de su alteridad ontológica. Una vez expuesto el sentido de los actos de imposible reparación como criterio de procedencia del juicio de amparo indirecto, los alcances de la regla de definitividad en el juicio de amparo indirecto, así como del interés superior de la niñez, procede analizar si la excepción a la regla de la definitividad también es válida en el juicio de amparo indirecto, con motivo del interés superior de la niñez, ante alegadas violaciones de imposible reparación en perjuicio de una persona menor de edad. Las excepciones al principio de definitividad no solamente se presentan en el juicio de amparo directo, respecto de las violaciones al procedimiento como lo prescribe el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo reproduce el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; antes bien, tales excepciones se presentan también en amparo indirecto, en casos específicos en donde los derechos de una persona menor están involucrados en la contienda judicial y existen razones justificadas para liberar al quejoso de la carga de interponer los recursos ordinarios. Debe precisarse que cuando se aleguen violaciones de imposible reparación en perjuicio de una persona menor de edad, no se actualiza una excepción al principio de definitividad, porque la irreparabilidad del acto no es, por sí misma, una causa que justifique el no agotamiento del recurso ordinario previsto en la ley, a pesar de que los derechos de una persona menor se encuentren involucrados en un litigio, cuando el recurso ordinario es apto para cumplir con los objetivos de los que se han hablado en párrafos precedentes. En relación con lo anterior, es necesario precisar que la irreparabilidad del acto reclamado, por un lado, y el principio de definitividad, por otro, son dos presupuestos distintos y autónomos que deben ser observados para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que una persona menor de edad se encuentre involucrada. Lo anterior es así, porque el primero de esos requisitos se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera en la esfera jurídica del quejoso, con hincapié en los derechos sustantivos, a la trascendencia de la afectación y a su no reparación, aunque se llegue a dictar una sentencia definitiva favorable a los intereses del peticionario del amparo, y que obliga a la autoridad de control constitucional a intervenir de inmediato, sin esperar a que se llegue a promover el juicio de amparo directo (que no reparará la afectación), pero siempre que se encuentren satisfechos los restantes presupuestos de procedencia prescritos en la ley. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Es decir, la citada regla existe con relación a la naturaleza de los recursos ordinarios. En esas circunstancias, en los supuestos que aquí se analizan sobre juicios en que intervienen menores o ven afectada su esfera jurídica, el primer supuesto de procedencia que debe verificar el Juez de control constitucional, cuando se reclaman actos dentro del juicio, es que éstos tengan una ejecución irreparable, pues sólo entonces estará en aptitud de analizar si se ha cumplido con el principio de definitividad, o si, en el caso que examina, se justifica su inobservancia, sin que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación, sea la excepción a la regla, máxime si se considera que la norma constitucional 107, fracción III, inciso b), es clara en así considerarlo. Entonces, es inconcuso que no es la irreparabilidad del acto reclamado el elemento fundamental para decidir cuándo es el caso de exentar al quejoso de interponer el recurso ordinario prescrito en la ley, cuando los derechos de una persona menor de edad estén involucrados en una contienda judicial, dado que ha de considerarse que, siempre que se trate de actos dentro del juicio reclamables en amparo indirecto, éstos son de ejecución irreparable (de lo contrario, su reclamo debe verificarse hasta que se llegue a promover el juicio de amparo directo). Por ende, lo trascendente es analizar, desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si el recurso ordinario previsto en la ley es existente, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en el acto o resolución impugnada en perjuicio de la persona menor de edad, ya que la regla de la definitividad está referida, fundamentalmente, al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, cuya irreparabilidad, como ya se dijo, se debe dar por sentada cuando se reclaman actos dentro del juicio, de manera que el argumento relativo a la observancia del interés superior del menor no constituye un argumento válido para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. De lo anterior, se concluye que si bien en el juicio de amparo indirecto existen casos de excepción a la regla de definitividad, éstos no se identifican con la mera circunstancia de que el acto tenga una ejecución de imposible reparación para el menor, ya que esas excepciones a la regla se dan en supuestos específicos, que son los indicados en el precepto 61, fracción XVIII, párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor, ya transcrito. Los argumentos antes expuestos, conllevan a establecer lo infundado de los agravios expresados, cuya fuente jurídica se contiene en la Tesis de jurisprudencia 113/2013 (10a.), que derivó al resolver la Contradicción de tesis 265/2013, aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, cuyo rubro y texto dicen: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Época: Décima Época, Registro: 2005039, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Página: 350. Aclarado lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que el acto reclamado por el quejoso es improcedente, al considerar que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, precepto que obra transcrito en anteriores párrafos; por tanto, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la propia ley. Apoyo lo expuesto, al jurisprudencia 11/2018 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 8, del Libro 55, junio de 2018, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas del doce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 12). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Dolores Guzmán Ballina, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios recibidos vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, por medio de los cuales devuelve sin diligenciar el exhorto ********************, mismo que contiene la razón levantada por la Actuaria Judicial adscrita al juzgado exhortado, de la que se desprende que no fue posible emplazar a juicio a la tercera interesada ********************. Por tanto, dése de baja del libro de comunicaciones oficiales el referido exhorto, sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente, por así haberse solicitado. Ahora bien, por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 30), se tuvo a ********************, autorizado de la parte quejosa, informando el domicilio donde pudiese ser emplazada a juicio la tercera interesada ********************, el cual se encuentra ubicado en la avenida ********************, ********************, ********************, colonia centro de esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado federal, se constituya en el domicilio antes indicado y, con copia autorizada del presente acuerdo y copia simple de la demanda de amparo, emplace a juicio a la tercera interesada ********************; asimismo, la requiera en el acto de la diligencia para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo haga dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso indicado, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal federal. Asimismo, le haga saber que se fijaron las doce horas del doce de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo (foja 12). Notifíquese personalmente a la tercera interesada de referencia. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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