Antelmo del Porte Medina
Expediente 430/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Antelmo del Porte Medina
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la copia del oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el escrito original de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. Lo anterior, sin que resulte necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que dicha demanda de amparo fue radicada en este órgano jurisdiccional en fecha siete de abril de la presente anualidad y se acordó lo conducente, ordenándose el archivo del presente asunto mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que tuvo por desechada la demanda de amparo. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 2 Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha desechado la demanda de amparo respecto de todos los actos reclamados y en el que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 3 ??????A???????? documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el Segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 4 personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a tres de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 67/2022, con número de orden 169/2022, toda vez que de la razón efectuada por el actuario judicial de su adscripción se advierte que no logró notificar al quejoso Antelmo del Porte Medina, el auto de siete de abril del presente año. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por medio de lista el proveído de siete de abril de dos mil veintidós, el presente acuerdo, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese por lista.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de abril de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO Visto el oficio signado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretario General de Acuerdos adscrito, con sede en la Ciudad de México, y anexo que acompaña, a través del cual remite el expediente varios 189/2022-VDA, promovido, entre otros, por Antelmo del Porte Medina, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese bajo el número 430/2022. DESECHAMIENTO Analizada en su integridad la demanda, previo a cualquier otra cuestión, se procede a determinar la procedencia o no de la misma conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. En razón de que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 2 de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, tal y como lo determina el artículo 62, último párrafo, de la Ley de Amparo; lo procedente es examinar si en el caso se actualiza un motivo de improcedencia. Dada las características de lo planteado en la demanda de amparo, resulta imperativo imponerse de los siguientes dispositivos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". De acuerdo con la disposición contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, culminó tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción analizada, que en la especie es justificada, porque existen causas de PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 3 ??????A???????? improcedencia que se extraen de la Constitución y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el citado artículo 61. El contenido de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, se refiere a las características que debe tener una actuación de un ente para ser considerado autoridad responsable, mismas que se traducen en dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que, además, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, debe precisarse que las relaciones del Estado descansan sobre una dualidad subjetiva, es decir, entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídica política y sus órganos de autoridad por un lado y el gobernado por el otro (relaciones de supra a subordinación). La relación jurídica de supra a subordinación debe tener como características: unilateralidad, coercitividad e imperatividad. Establecido lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo únicamente es procedente respecto de actos de autoridad que violen los derechos humanos de los gobernados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la persona que, con fundamento en una norma legal, puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 4 los órganos jurisdiccionales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. El anterior criterio se encuentra previsto en la siguiente tesis1: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza 1 Con registro 199459, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 5 ??????A???????? pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 6 Lo anterior se consideró en la siguiente jurisprudencia2: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso concreto, y del estudio de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: _ El cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico; así como la orden de pago, cobro excesivo por adeudos de luz y la suspensión de la energía eléctrica; al igual que la imposición de un nuevo sistema de cobro de energía. Actos que son atribuidos al personal de la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio en el que estableció que en las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada 2 Con registro 161133, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 7 ??????A???????? reforma energética, Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que la Segunda Sala consideró que los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Asimismo, precisó que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino que sólo implica el ejercicio del PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 8 legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros; sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Ahora, el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica, precisa que las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica -emitida por la Comisión Reguladora de Energía-, tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones del prestador del servicio y del usuario, para lo cual deberán contener, como mínimo: I. Las tarifas aplicables; II. Las características, alcances y modalidades del servicio; III. Los criterios, requisitos y publicidad de información para ofrecer el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio; IV. Las condiciones crediticias y de suspensión del servicio; V. El esquema de penalizaciones y bonificaciones ante el incumplimiento de los compromisos contractuales; VI. Las condiciones que, en su caso, podrán modificarse de común acuerdo con usuarios específicos, siempre que ello no represente un trato indebidamente discriminatorio y se hagan extensivas a usuarios similares, y PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 9 ??????A???????? VII. El procedimiento para la atención de quejas. Derivado de lo anterior, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía, expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico3, en las que se establece la necesidad de celebrar el contrato de suministro entre el Suministrador de Servicios Básicos y el usuario final, previo al inicio de la prestación del servicio, donde se estipulen justamente dichas condiciones generales, y se registre ante la Procuraduría Federal del Consumidor, para que posteriormente sea autorizado por dicha la Comisión Reguladora de Energía4. Asimismo, dentro de dichas condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, se prevén entre otros, los siguientes aspectos: a) Derechos y obligaciones del Suministrador de Servicios Básicos; b) Derechos y obligaciones del usuario final del suministro básico; c) Contratación del Suministro Básico; d) Depósito de garantía en el suministro básico: e) Conexión al suministro básico; f) Medidores y equipos de medición para el suministro básico; g) Procedimiento de medición y estimación en el suministro básico; h) Facturación en el suministro básico; i) Interrupciones en el suministro básico; 3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5426129&fecha=18/02/2016 4 Artículo 8 de las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 10 j) Suspensión y terminación del suministro básico; k) Actualización, modificación y reexpedición del contrato; l) Rescisión del contrato de suministro; y, m) La solución de quejas. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, relacionada con las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico (en sus apartados de conexión al suministro básico, y los medidores y equipos de medición para el suministro básico), a la Comisión Federal de Electricidad ni a su personal, le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No pasa inadvertido que la Segunda Sala señaló que podían suscitarse ciertos supuestos en los cuales sí se consideraría a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad en el juicio constitucional, y que esa cuestión debía ser analizada por el Juzgador Federal. De manera ejemplificativa, precisó los siguientes: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 11 ??????A???????? La jurisprudencia aludida es del siguiente tenor5: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Relatado lo anterior, y del análisis del libelo constitucional, se advierte que acorde a sus propios planteamientos la quejosa no se encuentra en ninguna de las hipótesis referidas o en alguna otra que guarde cierta similitud. Es así, porque la impetrante refiere que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, el siete de enero del presente año, se presentaron a su domicilio ubicado en Carretera a Topon, Topon Barrios, en Pijijiapan, Chiapas, con la finalidad de realizar el cambio de equipo de 5 Con registro 2016656, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 12 medición del suministro de energía, amenazando con cortar el suministro de energía eléctrica en caso de no aceptar el cambio de medidor o no hacer el pago del servicio. De donde se sigue que la afectación que precisa la amparista deriva de una situación contractual y en el entorno de que el servicio se preste bajo el sistema de libre competencia; de ahí que esa actuación no deriva de una relación de coordinación de supra a subordinación. En consecuencia, es innegable que el ejercicio de la potestad impugnada no constituye un acto de autoridad para efectos el juicio de amparo, porque la responsable no actúa con las características previstas en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. De ese modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso artículo 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, respecto de los actos atribuidos al personal de la Comisión Federal de Electricidad. Por último, es importante hacer mención del siguiente criterio que avala la posibilidad de realizar ahora este análisis, el cual es del tenor siguiente6: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.), DE RUBRO: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS 6 Con registro 2016323, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 13 ??????A???????? PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", NO RESULTA EXACTAMENTE APLICABLE, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ESTÁ RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. De conformidad con la aclaración al rubro de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, no se definió, de manera generalizada, que en el auto inicial que recae a la presentación de una demanda, los jueces de Distrito estén impedidos para determinar si un acto proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente, que dicho supuesto se da cuando el acto reclamado consiste en el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas". En ese orden de ideas, cuando el acto reclamado está relacionado con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, cuestión diversa a la reestructuración de las tarifas para el suministro y la venta de la energía referida, la aplicación de la jurisprudencia dependerá del carácter manifiesto e indudable de ese carácter, lo cual, en el caso concreto, no se actualiza, toda vez que actualmente no existe jurisprudencia de carácter obligatorio que defina si la Comisión Federal de Electricidad al actuar en la prestación del servicio de referencia tiene o no dicho carácter, por lo que su determinación es propia de la sentencia de fondo, toda vez que para ello se requiere de un análisis profundo realizado por el Juez de Distrito, tomando en cuenta la reforma constitucional y legal en materia energética. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Ahora, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su recibo de pago que anexa con su escrito de demanda de amparo, esto es, el ubicado en Carretera a Topon, Topon PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 14 Barrios, en Pijijiapan, Chiapas, en consecuencia, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, envíese despacho al Juez del Ramo Civil, en turno, con residencia en Tonalá, Chiapas, para que en auxilio de la justicia federal, se sirva notificar el presente proveído al promovente Antelmo del Porte Medina, en el domicilio descrito. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación, o bien dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, se sirva señalar domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo dentro del término indicado, las mismas se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello de conformidad con los artículos 26, fracción III y 27, inciso c), párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo. Hecho que sea, lo devuelva a la brevedad posible a este juzgado de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 15 ??????A???????? EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, es menester que observen lo siguiente: Las personas interesadas en acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, forzosamente deberán contar con firma electrónica, que comprende a la certificada por el Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, y a la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL). Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, registro federal de contribuyentes y clave única de registro de población, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema ese carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule una petición en ese sentido. En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica gestión ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 16 General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Ello permitirá presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Adicionalmente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con el Comunicado 28/2020, del quince de julio del dos mil veinte, publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen los sistemas operativos iOS y Android, de modo que, a través de este medio también podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral. DATOS DE CONTACTO Y/O LOCALIZACIÓN Finalmente, y con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se propone y solicita a las partes que proporcionen como formas especiales y expeditas de contacto sus números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 17 ??????A???????? Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS En otro orden de ideas, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Además, se autoriza expedir en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos 7 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. PEDRO CASTILLO CASTAÑON 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c0.70 09/09/22 11:04:23 18 Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido que de encontrarse algún motivo por el que deba negarse total o parcialmente la solicitud, el compareciente podrá presentarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese por despacho a la parte quejosa.
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