Antelma Morales Delgado
Expediente 499/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antelma Morales Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por Antelma Morales Delgado, parte quejosa en el presente juicio, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en auto de veintidós de julio del presente año, el cual causó estado el diez de agosto siguiente por falta de impugnación, no obstante de encontrarse debidamente notificada.
- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de julio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el diez de agosto de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que surta los efectos legales procedentes, y atento a su contenido, téngase al Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, devolviendo diligenciado el exhorto 261/2021, orden 529, mediante el cual se encomendó notificar a la parte promovente del amparo Antelma Morales Delgado, el auto de cinco de julio del año en curso, diligencia que se llevó a cabo el diecinueve del mes y año en cita, como se advierte de las constancias que integran la comunicación que se recibe, por lo que téngasele por legalmente notificada del referido auto; en consecuencia, dese de baja la comunicación de mérito en el libro de gobierno respectivo. DESECHAMIENTO: Ahora bien, del estado de autos se advierte que en el proveído de veintiuno de julio actual, se reservó de acordar lo conducente respecto del ocurso de cumplimiento a la prevención efectuada a la aludida promovente; por ende, se provee en la forma siguiente: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Antelma Morales Delgado. En efecto, los citados preceptos, establecen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Se estima lo anterior, ya que el precepto citado prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora, el impetrante de amparo reclama la falta de notificación personal de la sentencia emitida el catorce de mayo de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ordinario civil número 2022/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en la cual funge como parte actora. Acto que en términos del artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, hace procedente el incidente de nulidad de actuaciones. Así es, el precepto citado establece: "Artículo 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas." De acuerdo a lo estatuido en el numeral transcrito se advierte que la intención del legislador fue la de establecer dentro del Código de Procedimientos Civiles del Estado la posibilidad de que los litigantes promuevan el incidente de nulidad de notificaciones en contra de las actuaciones, ya sean anteriores o posteriores al dictado de la sentencia definitiva, en las que estimen que aquellas no se realizaron en la forma ordenada por la ley y con las formalidades establecidas en ella. Apoya lo anterior, por la idea que contiene, la tesis VII.1o.C.83 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página mil cuatrocientos ochenta nueve, Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 178412, que establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. PROCEDE CUANDO EN EL JUICIO SE HAYA DEJADO DE ACTUAR POR MÁS DE NOVENTA DÍAS NATURALES, AUN CUANDO SE HUBIERE DICTADO SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la lectura al primer párrafo del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado se advierte que en él se establecen distintas hipótesis en las que se ordena notificar de manera personal a las partes, siendo una de ellas "cuando en el juicio se haya dejado de actuar por más de noventa días naturales", lo que implica que ello debe realizarse aun cuando tal acontecimiento tuviese lugar después de emitida la sentencia, esto es así si se toma en consideración que del análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial de la palabra "juicio" a que alude ese numeral, se desprende que tiene dos acepciones, a saber, una en sentido amplio, que es aquella utilizada como sinónimo de proceso, entendido éste como el mecanismo idóneo para resolver imparcialmente un conflicto de intereses con relevancia jurídica, llevado a cabo por órganos del Estado implementados para ello y, otra en sentido estricto, como una parte de ese proceso, circunscrita al pronunciamiento de una sentencia; bajo ese contexto y relacionando esos vocablos con lo preceptuado por los diversos artículos 55, 73 y 90 de ese propio ordenamiento legal, se llega al convencimiento de que si la intención del legislador común fue la de establecer dentro del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz la posibilidad de que los litigantes promuevan el incidente de nulidad de notificaciones en contra de las actuaciones, ya sean anteriores o posteriores al dictado de la sentencia definitiva, en las que estimen que aquéllas no se realizaron en la forma ordenada por la ley y con las formalidades establecidas en ella, obvio es que ese tipo de incidencias también tiene cabida respecto de las hipótesis establecidas por el artículo 81 del mencionado ordenamiento legal; por tanto, es de puntualizarse que el término "juicio" que utilizó el legislador en el dispositivo legal en comento, debe entenderse en sentido amplio, o sea, como sinónimo de "proceso", el cual comprende todos los estadíos procesales, desde la presentación de la demanda hasta el cumplimiento total de la sentencia ejecutoriada, pues de no ser así se estaría restringiendo el derecho que la propia ley establece a favor de los litigantes, en el sentido de poder promover un incidente de nulidad de actuaciones, aun en la etapa de ejecución de sentencia, cuando estimen que una notificación dejó de hacerse en términos de ley; en tales condiciones, es de concluirse que al actualizarse el supuesto de que "cuando en el juicio se haya dejado de actuar por más de noventa días naturales", una vez dictada la sentencia, también debe hacerse la notificación en forma personal." Así como la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página mil seis cientos cincuenta y cuatro, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial y su gaceta, de rubro y texto:. "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En ese tenor, tomando en consideración que en el presente caso la peticionaria de amparo es parte formal en el juicio de origen (actora) y que contra el acto reclamado procede el incidente de nulidad, previo a acudir a esta instancia de control constitucional debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones, pues a través de ese medio de impugnación puede revocarse, modificarse o anularse el mismo y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, de conformidad lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/9 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página quinientos noventa y dos, Tomo IV, Agosto de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 201620, que dice: "SENTENCIAS DEFINITIVAS. CONTRA SU FALTA DE NOTIFICACIÓN, DEBE INTERPONERSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la jurisprudencia número 195, visible a foja 588 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO", el quejoso previamente a la promoción del juicio de garantías debe hacer valer contra la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el incidente de nulidad de actuaciones. En caso de no hacerlo, el juicio de amparo debe declararse improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo." También la tesis I.4o.A.6 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1488, Libro XV, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, que reza: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna." Asimismo, con la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el 28 de febrero de dos mil catorce, Décima Época, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. En consecuencia, al no haber agotado el medio de defensa ordinario previsto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. Por otro lado, es de advertirse que en el presente asunto no se actualizan los casos de excepción señalados en el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a", "b" y "c", de la Ley de Amparo, ya que el acto combatido no implica actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco constituye una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; y no se trata de persona extraña al procedimiento, ya que es parte en el juicio de origen (actora); ni se advierte que el medio de defensa legal consistente en el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se sujete a interpretación adicional para que la promovente lo interponga en el juicio de origen, o que su fundamento legal sea insuficiente para su interposición, ello a efecto que pudiera optar por esta vía constitucional sin tener que agotar el principio de definitividad. Por lo anteriormente considerado y fundado, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, del propio ordenamiento, se desecha de plano por manifiesta e indudablemente improcedente, la demanda de amparo promovida. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página mil seiscientos sesenta y cinco, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175964 , del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Finalmente se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en Sol de Otoño número 355, fraccionamiento Vista Mar en Veracruz, Veracruz, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese personalmente a la promovente y háganse las anotaciones correspondientes...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 22/07/2021, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B...Boca del Río, Veracruz, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que surta los efectos legales procedentes, y atento a su contenido, téngase al Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, devolviendo diligenciado el exhorto 261/2021, orden 529, mediante el cual se encomendó notificar a la parte promovente del amparo Antelma Morales Delgado, el auto de cinco de julio del año en curso, diligencia que se llevó a cabo el diecinueve del mes y año en cita, como se advierte de las constancias que integran la comunicación que se recibe, por lo que téngasele por legalmente notificada del referido auto; en consecuencia, dese de baja la comunicación de mérito en el libro de gobierno respectivo. DESECHAMIENTO: Ahora bien, del estado de autos se advierte que en el proveído de veintiuno de julio actual, se reservó de acordar lo conducente respecto del ocurso de cumplimiento a la prevención efectuada a la aludida promovente; por ende, se provee en la forma siguiente: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113, en relación con el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Antelma Morales Delgado. En efecto, los citados preceptos, establecen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Se estima lo anterior, ya que el precepto citado prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora, el impetrante de amparo reclama la falta de notificación personal de la sentencia emitida el catorce de mayo de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ordinario civil número 2022/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, en la cual funge como parte actora. Acto que en términos del artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, hace procedente el incidente de nulidad de actuaciones. Así es, el precepto citado establece: "Artículo 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas." De acuerdo a lo estatuido en el numeral transcrito se advierte que la intención del legislador fue la de establecer dentro del Código de Procedimientos Civiles del Estado la posibilidad de que los litigantes promuevan el incidente de nulidad de notificaciones en contra de las actuaciones, ya sean anteriores o posteriores al dictado de la sentencia definitiva, en las que estimen que aquellas no se realizaron en la forma ordenada por la ley y con las formalidades establecidas en ella. Apoya lo anterior, por la idea que contiene, la tesis VII.1o.C.83 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página mil cuatrocientos ochenta nueve, Tomo XXI, Mayo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 178412, que establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. PROCEDE CUANDO EN EL JUICIO SE HAYA DEJADO DE ACTUAR POR MÁS DE NOVENTA DÍAS NATURALES, AUN CUANDO SE HUBIERE DICTADO SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De la lectura al primer párrafo del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado se advierte que en él se establecen distintas hipótesis en las que se ordena notificar de manera personal a las partes, siendo una de ellas "cuando en el juicio se haya dejado de actuar por más de noventa días naturales", lo que implica que ello debe realizarse aun cuando tal acontecimiento tuviese lugar después de emitida la sentencia, esto es así si se toma en consideración que del análisis doctrinario, legislativo y jurisprudencial de la palabra "juicio" a que alude ese numeral, se desprende que tiene dos acepciones, a saber, una en sentido amplio, que es aquella utilizada como sinónimo de proceso, entendido éste como el mecanismo idóneo para resolver imparcialmente un conflicto de intereses con relevancia jurídica, llevado a cabo por órganos del Estado implementados para ello y, otra en sentido estricto, como una parte de ese proceso, circunscrita al pronunciamiento de una sentencia; bajo ese contexto y relacionando esos vocablos con lo preceptuado por los diversos artículos 55, 73 y 90 de ese propio ordenamiento legal, se llega al convencimiento de que si la intención del legislador común fue la de establecer dentro del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz la posibilidad de que los litigantes promuevan el incidente de nulidad de notificaciones en contra de las actuaciones, ya sean anteriores o posteriores al dictado de la sentencia definitiva, en las que estimen que aquéllas no se realizaron en la forma ordenada por la ley y con las formalidades establecidas en ella, obvio es que ese tipo de incidencias también tiene cabida respecto de las hipótesis establecidas por el artículo 81 del mencionado ordenamiento legal; por tanto, es de puntualizarse que el término "juicio" que utilizó el legislador en el dispositivo legal en comento, debe entenderse en sentido amplio, o sea, como sinónimo de "proceso", el cual comprende todos los estadíos procesales, desde la presentación de la demanda hasta el cumplimiento total de la sentencia ejecutoriada, pues de no ser así se estaría restringiendo el derecho que la propia ley establece a favor de los litigantes, en el sentido de poder promover un incidente de nulidad de actuaciones, aun en la etapa de ejecución de sentencia, cuando estimen que una notificación dejó de hacerse en términos de ley; en tales condiciones, es de concluirse que al actualizarse el supuesto de que "cuando en el juicio se haya dejado de actuar por más de noventa días naturales", una vez dictada la sentencia, también debe hacerse la notificación en forma personal." Así como la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página mil seis cientos cincuenta y cuatro, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial y su gaceta, de rubro y texto:. "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." En ese tenor, tomando en consideración que en el presente caso la peticionaria de amparo es parte formal en el juicio de origen (actora) y que contra el acto reclamado procede el incidente de nulidad, previo a acudir a esta instancia de control constitucional debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones, pues a través de ese medio de impugnación puede revocarse, modificarse o anularse el mismo y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, de conformidad lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/9 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página quinientos noventa y dos, Tomo IV, Agosto de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 201620, que dice: "SENTENCIAS DEFINITIVAS. CONTRA SU FALTA DE NOTIFICACIÓN, DEBE INTERPONERSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la jurisprudencia número 195, visible a foja 588 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO", el quejoso previamente a la promoción del juicio de garantías debe hacer valer contra la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el incidente de nulidad de actuaciones. En caso de no hacerlo, el juicio de amparo debe declararse improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo." También la tesis I.4o.A.6 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1488, Libro XV, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, que reza: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU ACTUALIZACIÓN COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO NO DESCONOCE LA NUEVA NORMATIVIDAD QUE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RIGE EN EL ESTADO MEXICANO. A partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. No obstante lo anterior, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones de autoridades administrativas, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional; por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1o. y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios, máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna." Asimismo, con la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el 28 de febrero de dos mil catorce, Décima Época, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. En consecuencia, al no haber agotado el medio de defensa ordinario previsto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. Por otro lado, es de advertirse que en el presente asunto no se actualizan los casos de excepción señalados en el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a", "b" y "c", de la Ley de Amparo, ya que el acto combatido no implica actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco constituye una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa; y no se trata de persona extraña al procedimiento, ya que es parte en el juicio de origen (actora); ni se advierte que el medio de defensa legal consistente en el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se sujete a interpretación adicional para que la promovente lo interponga en el juicio de origen, o que su fundamento legal sea insuficiente para su interposición, ello a efecto que pudiera optar por esta vía constitucional sin tener que agotar el principio de definitividad. Por lo anteriormente considerado y fundado, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, del propio ordenamiento, se desecha de plano por manifiesta e indudablemente improcedente, la demanda de amparo promovida. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página mil seiscientos sesenta y cinco, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175964 , del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Finalmente se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en Sol de Otoño número 355, fraccionamiento Vista Mar en Veracruz, Veracruz, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese personalmente a la promovente y háganse las anotaciones correspondientes...
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