Antelma Mariana Morquecho Sernas

Expediente 607/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
607/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • Antelma Mariana Morquecho Sernas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio número 5739/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual remite testimonio debidamente autorizado de la ejecutoria pronunciada el tres de octubre de dos mil diecinueve, dentro de la queja número 116/2019, formada con motivo del medio de impugnación interpuesto por la quejosa Antelma Mariana Morquecho Sernas y por el licenciado Martín Raquel Rivera Domínguez, en contra del proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, misma que en su único punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere." (sic) En consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo en vigor, aplicado a contrario sensu, así como el punto Undécimo, segundo párrafo, del invocado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo, el cual, no se considera de relevancia documental, en virtud de que no se cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario. Por lo tanto, no es susceptible de destrucción por este juzgado y podrá ser transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del veintinueve de octubre de dos mil veintidós, de conformidad con el contenido del punto Décimo, fracción I, del mismo acuerdo conjunto. De igual forma, se ordena a la secretaría que vigile se realicen las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como la inscripción de los datos relativos en la carátula del presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 4279/2019 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual transcribe el proveído de ocho de agosto del presente año, en el que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa Antelma Mariana Morquecho Sernas y por el licenciado Martín Raquel Rivera Domínguez, en su carácter de autorizado de la citada agraviada, en contra del auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, dos de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibidos los escritos signados por la quejosa Antelma Mariana Morquecho Sernas y por el licenciado Martín Raquel Rivera Domínguez, a través de los cuales interponen recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de garantías; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como corresponda. Por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en turno, con sede en Reynosa, Tamaulipas, testimonio autorizado del presente expediente, en el que se incluirá desde luego, copia del auto recurrido, el escrito original de expresión de agravios y, finalmente, el informe a que hace referencia el último de los numerales en cita, para lo que esa superioridad tenga a bien acordar. Finalmente, se tiene a la quejosa Antelma Mariana Morquecho Sernas, designando como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, a los licenciados Ramón Velázquez Rivera y Martín Raquel Rivera Domínguez. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    H. Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Antelma Mariana Morquecho Sernas, a través del cual da cumplimiento a la prevención que este Juzgado le hiciera en acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, con su escrito de cuenta la agraviada, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que en cuanto a los autos de seis y diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictados dentro del juicio hipotecario número 928/2012, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, tuvo conocimiento los días nueve y diecinueve de junio de esta anualidad. Una vez que se ha tenido por cumplida la citada prevención, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías promovida por el quejoso, así como a su escrito aclaratorio de lo que se advierte que como autoridades responsables y actos reclamados, se señaló lo siguiente: "AUTORIDADES RESPONSBALES: A).- AUTORIDAD ORDENADORA. C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO, con domicilio conocido y ubicado en AVENIDA MANUEL CAVAZOS LERMA entre las calles Morelos y González zona centro, en este municipio de Matamoros, Tamaulipas. B).- DE FORMA EXCEPCIONAL en su función EJECUTORA.- NOTARIO PÚBLICO LIC. RAÚL CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA, Notario Público número 78 en ejercicio en esta ciudad, por contener los requisitos de acto equivalente de autoridad, de manera unilateral y obligatoria, quien tiene su domicilio en Calle Río Bravo número 105 (ciento cinco) entre 16 (dieciséis) y 18 (dieciocho) de la colonia San Francisco, código postal 87350 del plano oficial de esta ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas. "ACTO RECLAMADO.- A).- EL ILEGAL AUTO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019 con el que ordena se proceda a OTORGAR LA ESCRITURA DEL INMUEBLE donde vivo y habito con mi familia y QUE ADQUIRÍ POR MEDIO DE UN CONTRATO CON APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS, CON LA EMPRESA DECLARADA EN QUIEBRA, HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, siendo representada por el señor FRANCISCO PAULO GABRIEL HERNÁNDEZ; escritura ordenada en favor del ejecutante quien CARECE de legitimación, GRUPO AMARAL, ADMINISTRADOR DE CARTERA, SOCIEDA ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, quien POR MEDIO DE UNA CADENA DE PODERES dice sin acreditarlo que representa a HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, dictada por el C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO en el juicio hipotecario 928/2012. B).- EL ILEGAL AUTO DE FECHA 06 JUNIO DE 2019 con el que SE APRUEBA EL REMATE Y SE ADJUDICA, a favor del ejecutante GRUPO AMARAL, ADMINISTRADOR DE CARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, sin haberse tomado en cuenta el contrato de APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS, CELEBRADO CON la empresa DECLARADA EN QUIEBRA HIPOTECARIA SU CASITA S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, del inmueble consistente en: VIVIENDA UBICADA EN CALLE LAGUNA MIRAMAR, NÚMERO 381, UBICADO EN EL CONDOMINIO PASEO DE LAS BRISAS ETAPA XV-C DEL FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN PASEO DE LAS BRISAS. C.- LA AUDIENCIA DE REMATE de fecha 03 de mayo de 2019 que DECLARA FINCADO EL REMATE a favor del ejecutante que lo es representante de la empresa DECLARADA EN QUIEBRA HIPOTECARIA SU CASITA S.A DE C.V SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, que por cambio de denominación se identifica en el expediente 675/2012 radicado ante el C. JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, como HIPOTECARIA SU CASITA S.A. de C.V. Sociedad financiera de OBJETO MULTIPLE. D).- LA OMISION DE VERIFICAR DE OFICIO QUE LA SUSCRITA HAYA SIDO NOTIFICADA DE LA CESION DE DERECHOS DEL CREDITO HIPOTECARIO CON INTERES EFECTUADO CON LA EMPRESA HIPOTECARIA SU CASITA S.A DE C.V SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, en los términos legales correspondientes atento a LA PORTABILIDAD HIPOTECARIA, ES DECIR SUBRUGACION DE ACREEDOR PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA y DE LA AUDIENCIA DE REMATE y como consecuencia de la ORDEN DE ESCRITURACION DEL INMUEBLE CON GARANTIA HIPOTECARIA. E).- LOS ILEGALES CONVENIOS MODIFICATORIOOS EN RELACION CON EL FIDEICOMISO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/262757 en el que el representante de HIPOTECARIA SU CASITA S.A DE C.V SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, compareció ejercitando la VÍA HIPOTECARIA en contra de la suscrita quejosa ANTELMA MARIANA MORQUECHO SERNAS para hacer efectiva LA PROPIEDAD HIPOTECADA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO BAJO LA FINCA 17237 DE ESTE MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, que es el bien inmueble al que el auto de fecha 17 de junio de 2019 ordena la escritura. F).- FALTA DE LEGITIMACION PARA ACUDIR A LA AUDIENCIA DE REMATE AL EJECUTANTE GRUPO AMARAL, ADMINISTRADOR DE CARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE Y COMO CONSECUENCIA LA ESCRITURA A SU FAVOR DEL INMUEBLE donde vivo y habito con mi familia y QUE ADQUIRI POR MEDIO DE UN CONTRATO CON APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERES." En cuanto al acto reclamado por la quejosa que hace consistir en el auto de seis de junio de dos mil diecisiete, dictado por el juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio hipotecario número 928/2012, mediante el cual se aprobó el remate y se adjudicó el inmueble hipotecado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] "XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de persona o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo La causa de improcedencia en comento, se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, los que deberán hacerse valer previo a la interposición del juicio de amparo indirecto, atento al principio de definitividad. Lo anterior, pues para la procedencia del juicio de garantías es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa que la ley común establezca, ello en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional; por tanto, su procedencia está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contemple para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es terminante en que se agoten los medios de defensa legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6°C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, por su importancia se hace necesario transcribir los artículos 665, 703 y 706 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, que dicen: "ARTICULO 665.- Las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencia sólo son recurribles en apelación cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en ambos efectos, si la sentencia fuere apelable." "ARTICULO 703.- La diligencia de remate se llevará a cabo de acuerdo con lo siguiente: I.- Se cerciorará el juez de que el remate fue anunciado en forma legal, y que se cumplieron los requisitos previos a que se refieren los artículos anteriores; II.- El día del remate, a la hora señalada, pasará el juez o secretario lista de los postores que se hubieren presentado, y concederá media hora para admitir a los demás que ocurran, quienes serán tomados en cuenta aun en el caso de que el veinte por ciento de que habla la fracción IV del artículo anterior sea exhibido en efectivo, el cual entregarán de inmediato y en depósito, al juez; estos nuevos postores expresarán al tiempo de constituir la garantía, cuál es su postura, de lo que se tomará nota; III.- Concluida la media hora, el juez declarará que habrá de procederse al remate, y no admitirá nuevos postores. En seguida revisará las ofertas presentadas, desechando desde luego las que no tengan postura legal, y las que no estuvieren acompañadas de la garantía a que se refiere el artículo precedente; IV.- Calificadas de buenas las posturas, el juez las leerá en alta voz por sí mismo, o mandará darles lectura por la secretaría, para que los postores presentes puedan mejorarlas. Si hay varias posturas legales, el juez decidirá cuál es la preferente; V.- Hecha la declaración de considerada preferente, el juez preguntará si alguno de los licitadores la mejora. En caso afirmativo, dentro de los cinco minutos que sigan, interrogará de nuevo si algún postor puja la mejora, y así sucesivamente respecto a las pujas que se hagan. Pasados cinco minutos de hecha la pregunta correspondiente, si no se mejora la última postura o puja, declarará el juez fincado el remate en favor del postor que hubiere hecho aquélla; VI.- Al declarar fincado el remate, el juez, dentro de los tres días siguientes deberá dictar auto en el que resuelva si procede o no aprobarlo. Si se aprobare el remate, en el mismo auto se mandará otorgar la correspondiente escritura de adjudicación en favor del comprador, y la entrega de los bienes rematados. Una vez aprobado aquél, el comprador deberá consignar el saldo de la parte de contado de su postura, y si omitiere hacerlo, perderá el depósito a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, aplicándose el cincuenta por ciento a las partes por igual; VII.- No habiendo postor, quedará al arbitrio del ejecutante pedir que se le adjudiquen los bienes por las dos terceras partes del precio que sirvió de base para el remate, o que se saquen de nuevo a pública subasta, con rebaja del veinte por ciento." "ARTICULO 706.- Dentro de los tres días que sigan a la fecha del remate, el juez dictará auto resolviendo si es de aprobarse o no la almoneda. Aprobado el remate, ordenará el juez el otorgamiento de la escritura de adjudicación de los bienes, y prevendrá al comprador que consigne ante el propio juez el precio del remate. Si el comprador no consignare el precio en el plazo que el juez señale o si por su culpa dejare de tener efecto la venta, se procederá a nueva subasta como si no se hubiere celebrado, perdiendo el postor el depósito de garantía que hubiere otorgado, del cual se aplicará por vía de indemnización: el cien por ciento que se dividirá por mitad, entre el ejecutante y ejecutado. Consignado el precio, se hará saber al deudor que dentro del tercer día otorgue la escritura de venta a favor del comprador, apercibido de que de no hacerlo, el juez lo hará en su rebeldía, haciéndolo constar así. Otorgada la escritura, se entregarán al comprador los títulos de propiedad, apremiando en su caso al deudor para que los entregue y se pondrán los bienes a disposición del mismo comprador, dándose para ello las órdenes necesarias, aun las de desocupación de fincas habitadas por el deudor o terceros que no tuvieren contrato para acreditar su uso en los términos que fija el Código Civil. Igualmente se dará a conocer como dueño al comprador respecto de las personas que él mismo designe." De los anteriores artículos del código procesal civil para el estado de Tamaulipas, se advierte que dentro de los tres días siguientes después de que el juez declare fincado el remate, dictará auto en el que resolverá si es de aprobarse o no; si lo aprueba, en el mismo auto se mandará otorgar la correspondiente escritura de adjudicación de bienes; asimismo, que el auto que apruebe el remate es apelable si la sentencia lo fuere. En ese orden de ideas, contra el auto de seis de junio del año en curso, que aprobó en definitiva el remate y adjudicación del bien inmueble que refiere el quejoso, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, dentro del juicio hipotecario número 928/2012, con sede en esta ciudad, procede el recurso de apelación conforme a lo que dispone el artículo 665 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, que establece que si la sentencia que se dictare en el asunto fuere apelable, el auto aprobatorio de remate lo será también en ambos efectos, sin que lo haya hecho valer la quejosa, lo que indica que fue omisa en agotar el principio de definitividad al no haber hecho uso de los recursos previstos en la ley ordinaria, por lo que es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en análisis; además, es indudable que a través del recurso de apelación se pueden reparar todas las irregularidades en que se hubiere incurrido con motivo de la celebración del remate, incluyendo aquellas que se contengan en el dictado de la propia resolución que lo apruebe o desapruebe, según sea el caso, o al adjudicar el bien, entre los que se incluyen los restantes actos señalados en los incisos c), d) e) y f) de su demanda de amparo. Tiene aplicación al presente caso la tesis VIII.3o.16 C, del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 1658, del Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, que en su rubro y texto dice: "APELACIÓN. AUN CUANDO LOS AUTOS QUE APRUEBAN EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DIFIEREN EN ALGUNAS DE SUS MODALIDADES, AMBOS TIENEN LOS MISMOS EFECTOS JURÍDICOS, POR LO QUE CUALQUIER IRREGULARIDAD QUE SE HUBIERE COMETIDO CON MOTIVO DE LA SUBASTA, INCLUYENDO AQUELLAS QUE SE CONTENGAN EN LA PROPIA RESOLUCIÓN, DEBERÁ IMPUGNARSE MEDIANTE DICHO RECURSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). De los artículos 979, fracción VII, 984, 986 y 987 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, se advierte que aun cuando el auto que aprueba el remate difiere en algunas de sus modalidades de aquel por el que se aprueba la adjudicación, pues en el primer caso el bien lo adquiere un tercero ajeno al juicio quien acude con el carácter de postor, en tanto que en el segundo, es el actor, en su calidad de acreedor, en quien recae esa adquisición; sin embargo, ambos tienen los mismos efectos jurídicos pues, una vez satisfecho el precio del bien, se tendrá por perfeccionada la venta judicial. En esas condiciones, al establecer el diverso numeral 916 del citado ordenamiento legal, la procedencia del recurso de apelación contra la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate o la adjudicación, es indudable que a través de ese medio de defensa se podrán reparar todas las irregularidades en las que se hubiera incurrido con motivo de la celebración del remate, incluyendo aquellas que se contengan en el dictado de la propia resolución que lo apruebe o desapruebe, según sea el caso, o al adjudicar el bien." En otro orden de ideas, resulta necesario referir que de la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Al respecto se invoca la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, registro IUS 232011, Materia Común, página 9, la cual establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Ahora bien, el análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, es decir, éste debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable, anteriores al que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido. Al respecto, es atendible el criterio 17, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCKN, página 12, el cual establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." En consecuencia, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido, y el acto derivado, para así poder determinar si el consentimiento ya expresado alcanza al nuevo acto combatido, conforme se estableció en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen: CXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, página 11, del siguiente rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia." Pues bien, en el caso concreto en cuanto al diverso acto reclamado que se hace consistir en el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado por el juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del juicio hipotecario número 928/2012, que ordena otorgar en rebeldía de la parte quejosa la escritura del bien inmueble adjudicado, derivó de otro consentido. Con la finalidad de demostrar dicho aserto, en principio es menester puntualizar que de lo manifestado por la quejosa en su demanda y de las constancias que se adjuntaron a la misma, se obtiene que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado. Ahora bien, debe quedar demostrada la actualización de los dos elementos indispensables para considerar que el acto reclamado deriva de otro consentido; así, en relación al primero consistente en que exista un acto anterior consentido, éste se encuentra satisfecho, ya que previo a la emisión del acto aquí impugnado, se dictó el proveído de veintinueve de mayo del año en curso, en donde se previno a la parte demandada (aquí promovente), para que en el plazo de tres días, otorgara de forma voluntaria la escritura correspondiente al inmueble adjudicado a favor de la parte actora; determinación que como ya se dijo, fue emitida con anterioridad al acto aquí reclamado (auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve). Además, dicha determinación se encuentra consentida por la parte promovente, ya que no fue impugnada por la impetrante de amparo, a pesar de que se le notificó su contenido mediante cédula de notificación de veintinueve de mayo del año en curso (conforme a lo manifestado en su demanda), y no existe constancia alguna que dé noticia de que en contra de dicha determinación, la parte promovente haya agotado algún medio de defensa a su alcance, encaminado a lograr su revocación, modificación o nulidad. De ahí que si la promovente del amparo se encontraba inconforme con el sentido de la determinación en comento, en donde se previno a fin de que dentro del término concedido, otorgara de forma voluntaria la escritura correspondiente, debió impugnar dicho fallo, pues al ser ésta la parte demandada en el juicio de origen, tenía a su alcance desde el momento en el que se le notificó la determinación, los recursos ordinarios e instancia constitucional como medio para lograr su revocación o modificación, sin que lo haya hecho. Por todo lo anterior, se llega a la conclusión de que la determinación dictada el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en donde se previno a la parte demandada a fin de que dentro del término concedido, otorgara de forma voluntaria la escritura de adjudicación, debe reputarse como consentido, pues no fue impugnado de modo alguno, ya que no se promovió en su contra algún medio de defensa y menos aún alguno capaz de anular o modificar dicha determinación, lo que significa el consentimiento del proveído en comento, por falta de impugnación eficaz; actualizándose de esta manera, el primer requisito establecido para la configuración de la causa de improcedencia en estudio. Por lo que ve al segundo elemento, consistente en la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria del consentido, éste también se encuentra colmado, pues de las constancias que obran en el sumario, se obtiene que en el acto reclamado se indicó que la expedición en rebeldía de la parte demandada de la escritura de adjudicación a la parte actora del bien inmueble materia de la litis, atendía a que aquélla no había otorgado la escritura correspondiente al inmueble en comento, dentro del plazo que para ello se le concedió en el primer auto en comento. Es decir, las consecuencias jurídicas del acto combatido en ésta vía constitucional, son derivadas de la determinación en donde se previno a la parte demandada a fin de que dentro del término concedido, otorgara de forma voluntaria las escrituras correspondientes (mismo que obtuvo firmeza al no haberse recurrido por la parte promovente), pues en el auto aquí impugnado, únicamente se hizo efectivo el apercibimiento, ordenándose la expedición en rebeldía de la parte demandada, de la escritura de adjudicación respectiva. De lo que se concluye que el acto reclamado en este asunto y sus efectos jurídicos (auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve), no es sino una consecuencia de la determinación consentida por la parte promovente (acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve), esto es, constituye un acto posterior y sus efectos legales son consecuencia directa y necesaria de aquél; por tanto, demostrado está que se encuentra satisfecho el segundo requisito establecido para la configuración de la causa de improcedencia en estudio. Por todo lo anterior, en la especie se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, ya que el acto reclamado deriva de otro dictado con anterioridad y que se consintió por el promovente, en tanto que como quedó demostrado, el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, tiene como consecuencia jurídica la materialización del apercibimiento realizado en auto de veintinueve de mayo de este año, relativo a la escrituración del inmueble en rebeldía de la demandada, mismo que se encuentra consentido por la quejosa, al no haberlo impugnado; esto es, las consecuencias jurídicas del primero de los mencionados, es una derivación del auto consentido, que fue emitido con anterioridad y que sirve de sustento a los efectos legales del aquí reclamado, pues en el proveído impugnado se ordena la materialización del apercibimiento consentido y dictado con anterioridad. En consecuencia, al actualizarse las causas manifiestas e indudables de improcedencia que se han estudiado, establecidas en las fracciones XIII y XVIII de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Antelma Mariana Morquecho Sernas, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Con el fundamento apuntado, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Antelma Mariana Morquecho Sernas, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

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