Antelma Judith García Martínez

Expediente 153/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
153/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Antelma Judith García Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, en el que se informa la admisión del recurso de revisión interpuesto contra el auto de catorce de marzo del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    En consideración que el presente expediente está integrado para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, el original del escrito de agravios, copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y el cuaderno de amparo principal.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente una copia del escrito por medio del cual el licenciado Gabino Acevedo García, autorizado de la parte quejosa, interpone recurso de revisión contra el auto de catorce de los actuales, en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; distribúyanse las restantes entre las partes. Una vez que se tenga las constancias de notificación a las partes tanto de la sentencia recurrida así como del presente proveído, dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al que esté integrado el expediente, remítase el original del escrito de agravios y el cuaderno de amparo principal a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, para que a su vez lo remita al de turno.

  4. Principal

    Agréguese el informe justificado rendido por el Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el que señala no son ciertos los actos reclamados. Al respecto, de actuaciones se advierte la parte quejosa reclama la omisión de dictar sentencia en el expediente 876/2017. En ese sentido, de las constancias que remite la autoridad responsable se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que el Magistrado de la Sala Regional responsable remite copia certificada del acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve en el que se declaró cerrada la instrucción de juicio, lo que revela que a la fecha del presentación de la demanda de amparo (veinte de febrero del año en curso), no había transcurrido el plazo de quince días siguientes a partir del cierre de instrucción de juicio que tiene para dictar la sentencia conforme al artículo 95 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. En consecuencia, es inexistente el acto reclamado ya que no puede reprocharse a la autoridad responsable falta del dictado de la sentencia si no había transcurrido el plazo de quince días con que cuenta para hacerlo. Por analogía, sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª/J 99/2018 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro y texto siguientes: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. De ahí que opere la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causal de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. No pasa inadvertido el criterio de jurisprudencia invocado, pero no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el presente asunto el sobreseimiento no deriva de acto negativo simple que arroje la carga de la prueba a la peticionaria de amparo para comprobar la existencia del acto reclamado, sino se actualiza a partir de acto positivo (acuerdo de cierre de instrucción de juicio), que pone de manifiesto que la autoridad responsable aún no le era reprochable la omisión del dictado de la sentencia. En consecuencia, no es aplicable la jurisprudencia ya que la causa de sobreseimiento de negativa deriva de la emisión del acuerdo de cierre de instrucción que demuestra no había transcurrido el plazo con que la autoridad responsable cuenta para el dictado de la sentencia, lo que hace innecesario esperar la celebración de la audiencia constitucional si esa actuación no cambiará, de ahí el sobreseimiento fuera de audiencia decretado. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas cuarenta minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

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