Anselmo Zavala Martínez
Expediente 1192/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1192/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Anselmo Zavala Martínez
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO ESTADO,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA... MESA: 2
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Anselmo Zavala Martínez, por propio derecho, mediante el cual desahoga las prevenciones formuladas en diverso del veintisiete de septiembre del año en curso (fojas 13 y 14). Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley común, en contra del acto reclamado, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es Improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO: La emisión de los acuerdos notificados a las partes el día tres de septiembre de dos mil diecinueve, por carecer de fundamentación y que por lo mismo se consideran una violación directa al texto Constitucional y Criterios de Convencionalidad, a saber, los artículos 1º, 4º, 8º, 14, 16, 17 y 133 Constitucionales, 3º, 6º, 9º y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño." En efecto, el quejoso reclama los autos de dos de agosto y dos de septiembre del año en curso, mismos que manifiesta le fueron notificados en tres de septiembre del año en curso, dentro del expediente 1552/2018, del índice de la autoridad responsable, contra los cuales procede el medio de defensa en su contra, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por tanto, quien esto juzga, considera que se actualiza la citada causal de improcedencia. Lo anterior, es así ya que se establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal transcrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de un procedimiento judicial, administrativo o laboral, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, dentro del juicio, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos, con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Luego, como se advierte del contenido de la demanda y del escrito de cuenta, y toda vez que las reglas procesales contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, determinan que la resolución que en esta vía se reclama es revocable de conformidad con lo previsto por el artículo 5.74, en relación al diverso numeral 1.362, del ordenamiento legal invocado, que dicen: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. "Artículo 1,362. Los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables por el juez o tribunal que los dictó." En consecuencia, los autos de dos de agosto y dos de septiembre del año en curso, mismos que el quejoso, manifiesta le fueron notificados en tres de septiembre del año en curso, dentro del expediente 1552/2018, del índice de la autoridad responsable, son susceptible de ser combatidos a través del recurso de revocación, ante la propia autoridad responsable; entonces, es inconcuso que el ocursante no cumplió con el principio de definitividad ya citado, en atención a que dicho acto reclamado era susceptible de modificarse o confirmarse a través de dicha instancia. En las relatadas condiciones, si el promovente se abstuvo de agotar dicho medio antes de acudir ante este órgano jurisdiccional, y por ende no agotó el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, lo que comprueba y hace evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; al omitir el promovente, agotar el recurso idóneo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia 1.4o.C. J/25, visible a fojas 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, visible en la página 678, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, del Apéndice de 1995, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No es óbice para este juzgador las manifestaciones vertidas por el quejoso, en el sentido de que opera la excepción al principio de definitividad, ello atento a que manifiesta que en el caso en concreto, no existe obligación de agotar los recurso previstos en la ley, alegando que el acto que por esa vía impugna, carece de fundamentación, por lo que a su consideración, existe una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto debe señalarse que contrario a lo vertido por el quejoso, en el caso que nos ocupa, no existe excepción al principio de definitividad, pues conforme a las copias que el quejoso exhibe en el escrito de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial con residencia en Cuautitlán, Estado de México, al emitir los autos de dos de agosto y dos de septiembre del año en curso, mismos que el quejoso, manifiesta le fueron notificados en tres de septiembre del año en curso, dentro del expediente 1552/2018, de su índice, señala: " ".con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.135, 1.206 y 1.213 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México." De lo que se advierte, que la autoridad responsable si fundó y motivo los autos antes señalados. Se desecha demanda. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por Anselmo Zavala Martínez, por propio derecho. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 fracción I, y 28 de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, sin embargo el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realizó en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª ./J.176/2012 (10ª), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE RELIZARLAS." Habilitan días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Autorizados. Téngase por autorizada para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la profesionista que refiere en el escrito de cuenta, hasta en tanto, acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado... Mesa 2
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SE SOBRESEE ANTES DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...SE DEJA SIN EFECTOS EL DIA Y HORA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...MESA 6 .
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