Anselmo Sotelo González

Expediente 683/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
683/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Anselmo Sotelo González

Actuaciones

  1. Principal

    TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO DE CUENTA, SIGNADO POR LA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GALEANA, CON SEDE EN TECPAN DE GALEANA, GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL DEVUELVE DILIGENCIADO EL DESPACHO 166/2018, CON NÚMERO DE ORDEN 679/2018, MISMO QUE SE GIRÓ A EFECTO DE NOTIFICAR A LOS QUEJOSOS, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO; EN CONSECUENCIA, AGRÉGUENSE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO Y ANEXO DE MÉRITO PARA QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RELATIVO Y ACÚSESE EL RECIBO DE ESTILO. AHORA BIEN, DE LAS CONSTANCIAS QUE REMITE LA CITADA AUTORIDAD AUXILIAR, SE ADVIERTE QUE LOS QUEJOSOS DE REFERENCIA, FUERON NOTIFICADOS EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DE LO QUE SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 98, DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA HUBIERA RECURRIDO EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 2°, DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. POR LO TANTO, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO, Y ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de septiembre de dos mil dieciocho. Visto; téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, encargado del despacho, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 157/2018 con número de orden 636/2018, mismo que giró a efecto de notificar a los quejosos Anselmo y Flavio César, ambos de apellidos Sotelo González, el auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de mérito para que surtan los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo y acúsese el recibo de estilo. Sin hacer mayor pronunciamiento; lo anterior, en virtud de que en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, los quejosos desahogaron la prevención inserta en el despacho de mérito y se proveyó lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el escrito signado por los quejosos Anselmo y Flavio César, ambos de apellidos Sotelo González, mediante el cual desahoga la prevención contenida en auto de catorce de agosto del año en curso, y al efecto manifiestan, bajo protesta de decir verdad que el catorce de marzo de dos mil dieciocho, fueron notificados del auto de formal prisión que impugnan. Desechamiento de demanda. Del estudio integral de la demanda se advierte que debe desecharse de plano, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: ".El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". En ese orden, la suscrita juzgadora estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Sobre ese tenor, conviene traer a colación los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, en contra de aquéllos respecto de los cuales no se promueva el juicio constitucional dentro de los términos que la ley prevé; siendo que el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días contado a partir de que surta efectos, conforme a la ley del acto la notificación del acto o resolución que se reclame; de que se haya tenido conocimiento de éstos, o de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos; término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, la temporalidad en el ejercicio de la acción de amparo, encuentra excepciones en el citado numeral 17 de la ley de la materia, en virtud que contempla plazos más amplios, como lo es el de treinta días, para los supuestos del amparo contra leyes, con la finalidad de que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo; o bien, el plazo de siete años en que el acto que se reclame tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, se tiene también el plazo de ocho años cuando se reclama la sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal. También existe la posibilidad de que el juicio pueda ser promovido en cualquier tiempo: cuando el acto que se reclame importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Precisado lo anterior, en el particular el quejoso señaló como acto reclamado el auto de formal prisión de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictado en su contra por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero; conducta autoritaria que no se ubica en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, y por ello, la promoción del juicio de amparo debe ser dentro del término genérico de quince días, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, a efecto de computar el término para determinar la oportunidad en su tramitación. No pasa inadvertido que el artículo 22, fracción II de la Ley de Amparo abrogada, disponía lo siguiente: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: (.) II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo". De dicho numeral podía obtenerse que en los casos en que se afectara la libertad personal del individuo, sin hacer distinción alguna de que ello aconteciera dentro o fuera de procedimiento, la demanda podía interponerse en cualquier tiempo; por tanto, cualquier acto emanado dentro de un procedimiento penal por cuya virtud el inculpado quedara restringido de su libertad personal, como por ejemplo, el auto de formal prisión, era susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto en cualquier tiempo, no obstante que hubiera sido dictado con mucha anticipación a la fecha de presentación de la demanda de amparo. No obstante, del precepto 17 de la Ley de Amparo vigente, se advierte que agrega a la posibilidad de que el juicio pueda ser promovido en cualquier tiempo contra actos que impliquen ataques a la libertad personal siempre que sean emitidos fuera de procedimiento; por lo que, en virtud de que el auto de formal prisión reclamado se dictó con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la ley de amparo vigente, dentro de un procedimiento penal, es obligación del quejoso ceñirse a los términos establecidos en el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, y al efecto, es aplicable el plazo de quince días para promover el juicio de amparo contra dicho auto de formal prisión. Al respecto, se cita por las razones que la informan, la jurisprudencia 45/2014, emitida del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate". También resulta aplicable el criterio que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en la jurisprudencia 12/2015 (10a.), que impone: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Por lo que, si el catorce de marzo de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento del acto que reclama en esta vía constitucional, el plazo de mérito transcurrió del quince de marzo al once de abril del año en curso, sin contar los días diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veinticuatro veinticinco, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo del presente año, así como siete y ocho de abril de dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles. De modo que al haberse presentado la demanda de cuenta el quince de marzo de dos mil dieciocho, es evidente que se hizo fuera del término legal; de ahí que se concluya que, en el caso concreto, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, de la citada ley, al haber transcurrido en los quince días previstos en el numeral 17 de la ley de la materia. Máxime que el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, al desahogar la prevención formulada, expuso que el acto reclamado le fue notificado el catorce de marzo de dos mil dieciocho, fecha que pone aún más de relieve la extemporaneidad de la demanda de amparo, y por ende, la actualización de la causa de improcedencia en mención. Acorde a lo anteriormente vertido y a los criterios invocados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Notificación al quejoso interno. Debido a que el directo quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Tecpan de Galeana, Guerrero, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se ordena girar atento despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a al peticionario de amparo la presente determinación. Notifíquese vía despacho. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Carlos Alberto Larumbe Ramírez, secretario que da fe.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero y otra autoridad responsable. Prevéngase a la parte promovente... Notifíquese personalmente.

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