Anselmo Sánchez Núñez

Expediente 502/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
502/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Anselmo Sánchez Núñez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que el Actuario adscrito del Juzgado Octavo de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, solicitó la remisión de los informes relativos a la suspensión de plano decretada, así como de la comunicación oficial librada en el expediente a que este cuaderno se contrae. En razón de lo anterior, remítanse al Juzgado Octavo de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, las constancias que solicita, previo cotejo y certificación que de ellas se realice con copias que al efecto se expidan para que obren en actuaciones.

  2. Principal

    De autos se desprende que ******, en favor de ****, mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho ante la Secretaria de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Municipal, del Comisario y del Director de Seguridad Pública de Cihuatlán, Jalisco, así como de Elementos de la Policía Municipal de Barra de Navidad, municipio de Cihuatlán, Jalisco, de quienes impugnaron; a) la privación de la libertad del directo quejoso fuera de procedimiento judicial; y, b) la incomunicación. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito declina la competencia para conocer del presente juicio, pues, la ejecución del acto reclamado acontecerá fuera de la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: [A]rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercer previsión normativa que se contiene en el aquí comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, será el competente para conocer de la demanda de amparo y conocerá del juicio de amparo ante quien se presente la demanda. Dadas las características y naturaleza del juicio de amparo, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el inciso b), particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado. En efecto, en el presente asunto la parte quejosa se duele de la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial y de la incomunicación, cuya ejecución se verificó en el citado municipio de Cihuatlán, Estado de Jalisco, por lo que conforme al párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de los actos reclamados es el del Estado de Jalisco, lugar de ejecución del acto reclamado. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Parte VIII, Séptima Época, Página: 142, Tesis: 91, que establece: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que las promoventes del amparo en el escrito de demanda hayan referido que el directo quejoso posiblemente se encuentra privado de su libertad en el centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos o para las adicciones denominado Centro de Integración Juvenil, Asociación Civil, de Manzanillo, Colima. Ello, debido que de la constancia levantada por el actuario adscrito se desprende que el directo quejoso no se encuentra en el referido centro de rehabilitación. Al contrario, la privación de la libertad del directo quejoso aconteció por parte de elementos de la Policía Municipal de Cihuatlán, Jalisco, ya que así lo manifestaron las promoventes del amparo en el escrito de demanda, ya que al respecto refirieron que [.] el directo quejoso fue privado de su libertad deambulatoria a las doce horas (12:00) del día jueves dieciséis (16) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), esto sucedió en nuestro domicilio habitual que cohabitamos, sito en la finca marcada con el número: ciento siete (107) de la calle: Manzanillo, colonia: centro, en la Delegación de Barra de Navidad, municipio de Cihuatlán, Jalisco, lugar a donde acudieron elementos de la Policía Municipal destacamentados en esta localidad, quienes manifestaron que traían una orden de arresto girada por el Juez Municipal de Cihuatlán, Jalisco; por lo que, es probable que se encuentra privado de su libertad e incomunicado en dicho municipio. Consecuentemente, lo que en el caso procede es remitir el juicio de amparo y sus anexos, al Juez de Distrito en Materia Penal en Turno en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en dicho lugar. Se solicita atentamente al Juez de Distrito, se sirva informar la determinación que al efecto emita, con base en la competencia planteada. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, dejándose en este, copia certificada de las constancias necesarias.

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