Anselmo Sánchez Arauz
Expediente 910/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Anselmo Sánchez Arauz
Actuaciones
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto. ... archívese este juicio como concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido....
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Anselmo Sánchez Arauz, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 910/2019/I-A. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: * La omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en no señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del juicio laboral 977/2019-V, en virtud que desde el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, presentó su escrito de demanda ante la Oficialía de Partes de dicho Tribunal y pese habérselo reiterado mediante escritos de veintidós de agosto y diecisiete de septiembre de la presente anualidad, ha sido omiso en fijar fecha para la audiencia de ley. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Al respecto, la suscrita estima improcedente el juicio de amparo, ya que se actualiza de modo indudable y manifiesto, la causal de improcedencia precisada en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.) En principio a fin de clarificar lo anterior, debe precisarse que la Ley de Amparo, en su artículo 107, se enuncia en dos de sus fracciones, sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Entonces, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo anterior, se debe precisar que cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. De tal manera, no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho humano de acceso a la impartición de justicia, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. Por tanto, si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una situación sometida a su consideración su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores, es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, en no fijar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del juicio laboral 977/2019-V de su índice, a pesar de que desde el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, presentó su escrito de demanda ante la Oficialía de Partes de dicha autoridad, y le solicitó que señalara día y hora por diversos ocursos de veintidós de agosto y diecisiete de septiembre de la presente anualidad a fin de que fijara fecha para la audiencia de ley; sin embargo, es claro que el acto reclamado no constituye un acto que le cause perjuicio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Se afirma lo anterior, pues el propio promovente manifestó en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la cual se radicó con el número de expediente 977/2019-V y al haber transcurrido el término establecido por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y 215 de la Ley Estatal del Servicio Civil, la autoridad responsable ha sido omisa en señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo cual le ha reiterado por diversos ocursos de veintidós de agosto y diecisiete de septiembre de la presente anualidad; sin embargo, con ello no se evidencia que exista "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", ni que haya transcurrido el plazo razonable, que evidencie que procesalmente se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso de dicha índole. De ahí, que este Juzgado Federal, considera que en el caso en particular, no se ha incurrido en una dilación o retardo de imposible reparación, ya que su escrito inicial de demanda, como lo señala, fue presentado ante la responsable el dieciséis de agosto pasado, por lo que a la data no han transcurrido más de cuarenta y cinco (45) días naturales a partir del plazo que la legislación aplicable señala para realizar la actuación respectiva; más los diez días hábiles con que cuenta la autoridad laboral para hacerle de su conocimiento con anticipación la fecha que se fije para la audiencia de ley, que prevé el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales dan como resultado cincuenta y cinco días, que precluirian hasta el catorce de octubre siguiente. AGOSTO 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Día 1 18 Día 2 19 Día 3 20 Día 4 21 Día 5 22 Día 6 23 Día 7 24 Día 8 25 Día 9 26 Día 10 27 Día 11 28 Día 12 29 Día 13 30 Día 14 31 Día 15 SEPTIEMBRE 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 16 2 Día 17 3 Día 18 4 Día 19 5 Día 20 6 Día 21 7 Día 22 8 Día 23 9 Día 24 10 Día 25 11 Día 26 12 Día 27 13 Día 28 14 Día 29 15 Día 30 16 Día 31 17 Día 32 18 Día 33 19 Día 34 20 Día 35 21 Día 36 22 Día 37 23 Día 38 24 Día 39 25 Día 40 26 Día 41 27 Día 42 28 Día 43 29 Día 44 30 Día 45 OCTUBRE 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día 46 2 Día 47 3 Día 48 4 Día 49 5 6 7 Día 50 8 Día 51 9 Día 52 10 Día 53 11 Día 54 12 13 14 Día 55 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Se cita en concordancia a lo antes expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 33/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1643, libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común Laboral, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Así como la diversa jurisprudencia VI.2º.T. J/4 (10a), instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1905, libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO LABORAL (ABIERTA DILACIÓN O SU PARALIZACIÓN TOTAL). PARÁMETROS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN CADA CASO PARA DETERMINAR SU CONFIGURACIÓN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, la autoridad que conozca del asunto debe sujetarse a los plazos y términos que los rigen, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones y que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando se interponga contra actos de esta naturaleza, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, a menos de que del contenido de la propia demanda de amparo se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en tal caso, la demanda es procedente. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 445, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la Justicia, página 1497, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.", fijó el alcance del derecho fundamental garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la obligación de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe atender a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, que implica un tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales, sin que los plazos y términos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Así, partiendo de las anteriores premisas, para establecer cuándo se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, debe atenderse a las peculiaridades de cada caso concreto, como podrían ser: a) el plazo que prevé la ley respectiva para la emisión de la resolución de que se trate; b) la naturaleza de ésta; c) la complejidad del asunto; y, d) los antecedentes del caso, entre otros; sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, el precisado en el proemio de su demanda; y por autorizados de su parte, en los amplios términos que impone el artículo 12 de la ley de la materia, a Demetrio Raúl Martínez Ángeles, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado; y, con las restricciones que impone dicho numeral a Juan Javier Jiménez Gómez, Luis Alberto Ortega Basilio y Susana Pérez García, ya que no cuentan con el registro correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la Secretaria de Juzgado Zoila Flor Juárez San Martín, que autoriza y da fe.
- Principal
...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
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