Anselmo Peña Collazo

Expediente 1094/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1094/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
29/09/2017

Partes del expediente

  • Anselmo Peña Collazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación... se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo... transcurrió para el promovente... sin que lo hubiera hecho. se declara que ha causado estado el referido proveído. archívese el presente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Tomás Noguerón Martínez, por medio del cual pretenden desahogar la prevención realizada el veintitrés de agosto del año en curso, misma que al no haber sido desahogada en sus términos se dejó subsistente mediante diverso auto de treinta del mismo mes y año. Atento a lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de cuatro de los cursantes se reservó acordar lo conducente respecto a los escritos ofrecidos por Anselmo Peña Collazo y Héctor Jiménez Garcés, se procede a proveer lo conducente. Desechamiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez deber atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En concreto, en los escritos de demanda se señalaron como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Anselmo Peña Collazo: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORAS Y EJECUTORAS Son autoridades responsables: A.- Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México. B.- Contralor Interno de la Delegación Tláhuac. C.- Director de Responsabilidades y Sanciones en la Contraloría General de la Ciudad de México, (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: A.- Del Contralor General de la Ciudad de México, la autorización para dar inicio al expediente en mi contra con número CG DGAJR DRS 0114/2017 y por ende, todos y cada uno de los actos realizados dentro del mismo. B.- Del Contralor Interno de la delegación Tláhuac, todos y cada uno de los actos que haya realizado y pretenda realizar dentro del expediente CG DGAJR DRS 0114/2017. C.- Del Director de Responsabilidades y Sanciones el citatorio dirigido a mi persona contenido en los oficios CG DGAJR DRS 3461/2017, CG DGAJR DRS 3462/2017 y CG DGAJR DRS 3463/2017 de fecha 11 de Agosto del 2017 todos y cada uno de los actos que pretende realizar en mi contra con leyes abrogadas sin respetar mi garantía de audiencia ni darme a conocer en el tiempo que le marca la norma para la citación y con ello impedir que realice una adecuada defensa. (.)" Héctor Jiménez Garcés: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORAS Y EJECUTORAS Son autoridades responsables: A.- Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México. B.- Contralor Interno de la Delegación Tláhuac. C.- Director de Responsabilidades y Sanciones en la Contraloría General de la Ciudad de México, (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: A.- Del Contralor General de la Ciudad de México, la autorización para dar inicio al expediente en mi contra con número CG DGAJR DRS 0114/2017 y por ende, todos y cada uno de los actos realizados dentro del mismo. B.- Del Contralor Interno de la delegación Tláhuac, todos y cada uno de los actos que haya realizado y pretenda realizar dentro del expediente CG DGAJR DRS 0114/2017. C.- Del Director de Responsabilidades y Sanciones el citatorio dirigido a mi persona contenido en el oficio CG DGAJR DRS 3468/2017 de fecha 11 de Agosto del 2017 todos y cada uno de los actos que pretende realizar en mi contra con leyes abrogadas sin respetar mi garantía de audiencia ni darme a conocer en el tiempo que le marca la norma para la citación y con ello impedir que realice una adecuada defensa. (.)" Tomás Nogueron Martínez: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORAS Y EJECUTORAS Son autoridades responsables: A.- Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México. B.- Contralor Interno de la Delegación Tláhuac. C.- Director de Responsabilidades y Sanciones en la Contraloría General de la Ciudad de México, (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: A.- Del Contralor General de la Ciudad de México, la autorización para dar inicio al expediente en mi contra con número CG DGAJR DRS 0114/2017 y por ende, todos y cada uno de los actos realizados dentro del mismo. B.- Del Contralor Interno de la delegación Tláhuac, todos y cada uno de los actos que haya realizado y pretenda realizar dentro del expediente CG DGAJR DRS 0114/2017. C.- Del Director de Responsabilidades y Sanciones el citatorio dirigido a mi persona contenido en el oficio CG DGAJR DRS 0114/2017/3467 de fecha 11 de Agosto del 2017 todos y cada uno de los actos que pretende realizar en mi contra con leyes abrogadas sin respetar mi garantía de audiencia ni darme a conocer en el tiempo que le marca la norma para la citación y con ello impedir que realice una adecuada defensa. (.)" Así por escritos de desahogo señalaron como autoridades responsables: "(.) IV.- AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORAS. a.- Licenciada Sandra Benito Álvarez, en su carácter de Directora de Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México; b.- JUAN ANTONIO CRUZ PALACIOS Director de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General de la Ciudad de México; y c.- Contralor General de la Ciudad de México. (.) señalo, que el acto reclamado que de cada una de las autoridades señaladas como responsables, es y se hace consistir en: a.- Que la Directora de Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, dictó un acuerdo de Procedimiento Administrativo Disciplinario en mi contra, así como, el acuerdo de procedencia, (.) b.- Del Director de responsabilidades y sanciones, la falta e indebida notificación para desahogar mi garantía de audiencia ante la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México (.) c.- Del Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México, el inicio del procedimiento administrativo disciplinario número de expediente DGAJR DRS 0114/2017, CG DGAJR DRS 0115/2017 Y CG DGAJR DRS 0116/2017 (.)" En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que los promoventes reclaman a) un acuerdo de procedimiento administrativo disciplinario, b) la indebida notificación para desahogar su garantía de audiencia y c) el inicio del procedimiento de responsabilidades de servidores públicos, respectivamente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez que respecto de dichos actos se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del inicio de procedimiento de responsabilidades seguido en forma de juicio que no es de imposible reparación, mismos que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley mencionada. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo; esto es, la disposición legal en comento en criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, puesto que tal presupuesto procesal permite regular el quehacer judicial de los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio y tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley de la materia, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen, lo que se advierte de la Tesis: 2a. XCI/2015 (10a.) y la Tesis: 2a./J. 175/2013 (10a.). Por su parte, en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la ley de la materia prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando sean de imposible reparación, entendiendo por esto, que afecten materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; de modo que una interpretación en sentido contrario implica que el juicio de amparo será improcedente contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo si no tienen esa característica, es decir, una ejecución que sea de imposible reparación, en los términos de la propia disposición. La doctrina jurisprudencial establece que, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones provenientes de un procedimiento administrativo, conforme a la legislación vigente, está acotada a que la afectación sea de tipo material, en oposición a la formal, lo cual equivale a que el acto de autoridad impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes de la resolución definitiva y, además, que esa afectación recaiga sobre un derecho sustantivo, en oposición a adjetivo, es decir, sobre derechos que van más allá de las reglas que regulan un determinado procedimiento o alguna cuestión inherente a él. Así es, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación a través de la Tesis: 2a. XLVIII/2015 (10a.), sostiene que tratándose de actos de imposible reparación que prevé la Ley de Amparo vigente, misma que se construyó bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, el artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, lo que responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. En función de lo cual, el referido órgano del Máximo Tribunal Constitucional del país sostuvo mediante la Tesis: 2a. XLIX/2015 (10a.), que aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. De ahí que, si bien el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece un concepto que permita al gobernado controvertir a través del juicio de amparo indirecto únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de la vía indirecta se cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios. En función de todo ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. L/2015 (10a.), sostuvo que los actos de imposible reparación que prevé el artículo 107 de la Ley de amparo como supuesto de procedencia del juicio constitucional y, que excluye la posibilidad de controvertir a través del juicio inmediato de control constitucional las violaciones procesales que por virtud de la diversa jurisprudencia P./J. 4/2001 podían impugnarse, no es contrario al principio de progresividad. Así las cosas, en el caso concreto, no se surte a cabalidad el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que los actos de molestia que se señalan como reclamados fueron emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no son de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Lo anterior, porque el hecho de que las autoridades responsables hayan emitido un acuerdo de procedimiento administrativo disciplinario, dejado el citatorio para que compareciera y el inicio del procedimiento de responsabilidades de servidores públicos, respectivamente, de los hoy quejosos, no constituyen un acto de imposible reparación, sino que se trata de actos que sólo afectan derechos adjetivos. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio -como sucede en este caso- sólo procede en dos supuestos, a saber: 1) contra la resolución definitiva, ya sea por vicios propios o bien, por violaciones cometidas durante el procedimiento, si dejaron sin defensa al quejoso y trascendieron al resultado de la resolución, y; 2) contra actos en el procedimiento, siempre que sean de imposible reparación. En ese último supuesto, se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del artículo 107, fracción III, inciso, a) de la Ley de Amparo. En ese orden, si los quejosos reclaman el acuerdo de procedimiento administrativo, la falta de notificación del mismo y el inicio de procedimiento de responsabilidades de servidores públicos, registrados bajo los números de expediente CG DGAJR DRS 0114/2017, CG DGAJR DRS 0115/2017 y CG DGAJR DRS 0116/2017, resulta evidente que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ya que esos actos no se tratan de imposible reparación en la medida en que no afectan derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte, sino que, en su caso, sólo afecta derechos procesales en la etapa de procedimental respectiva y, en consecuencia, la violación alegada deberá hacerla valer como vicios del procedimiento de en el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, al demandar la resolución sancionadora en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, respectivas. Sobre este tipo de actos intermedios dictados en los juicios formalmente instruidos o en los procedimientos seguidos en forma de juicio, no se actualiza la excepción de procedencia de actos que sean de imposible reparación en términos de la Ley de Amparo, puesto que el mencionado acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación porque no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que únicamente implica, el acuerdo dictado en un procedimiento disciplinario, el citatorio para comparecer al procedimiento y el inicio del procedimiento de responsabilidades. Este criterio así ha sido adoptado desde la novena época por parte de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación en la tesis 2a./J. 37/2010 y 2a./J. 43/2006. Criterio que prevalece en la décima época conforme a la tesis P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Plenos de Circuito siguientes: tesis PC.IV.L. J/2 K (10a.), tesis PC.IV.A. J/8 A (10a.) y tesis PC.XVIII. J/9 K (10a.). A partir de las anteriores normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica que la afectación sobre la esfera jurídica de la parte quejosa necesariamente debe existir al momento de presentación de la demanda de amparo, ya que de otra manera, la sentencia que se dictara tendría que atender a situaciones futuras y distintas a las que motivaron el juicio. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis 3a. XXXVIII/91, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. DEBE SER ACTUAL". De las manifestaciones de la promovente del amparo se advierte que a la fecha de presentación de la demanda, la esfera de derechos no se ha visto afectada, lo cual demuestra que la afectación a su interés jurídico no es real y actual, sino que sólo es hipotética y se hace depender de la resolución que se dicte en el acta administrativa seguida en su contra. Tal explicación jurídica es el soporte legal para actualizar una diversa causa de improcedencia de índole constitucional que deriva de los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en consonancia con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5°, fracción I, de la Ley Reglamentaria del juicio constitucional. Como se explicó, el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley mencionada. Así el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna señala: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" En tanto que el artículo 5°, fracción I, y 6°párrafo primero, de la Ley de Amparo, en la parte que interesa establecen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" La disposición constitucional y legal en su conjunto prevén dos principios que rigen al juicio de amparo i) Instancia de parte agraviada, y ii) Agravio personal y directo. El segundo de los principios mencionado no se satisface porque con el acuerdo dictado en un procedimiento disciplinario, el citatorio para comparecer al procedimiento y el inicio del procedimiento de responsabilidades, no se afecta la esfera jurídica de los quejosos en la medida de que aún no se ha dictado la resolución del procedimiento de responsabilidades, ni se les ha notificado dicha determinación, sino ello acontecerá cuando se emita la resolución definitiva en el juicio contencioso administrativo que pudieran iniciar los hoy peticionarios de amparo, lo que por sí sólo no implica que se trastoque su esfera jurídica pues no se le ha privado de facto o iure algún derecho laboral o administrativo con motivo de dicho resultado. Cabe decir que el citatorio en comentario es para efectos de desahogar una audiencia en ejercicio de su derecho de defensa en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; de ahí que atendiendo al contenido del numeral en cita, el ahora quejoso sabe a qué atenerse a fin de desahogar dicha diligencia que por el momento no constituye el inicio de un procedimiento, ni la resolución definitiva del mismo. Sobre el tema en particular, valdría referir que palabras del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena al exponer en "ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL JUICIO DE AMPARO", lo siguiente: "Sin embargo, el interés legítimo no sólo busca establecer un presupuesto mínimo en aras de limitar la apertura del juicio; también busca la ampliación de su procedencia justo para aquellas controversias aptas para resolverse en sede judicial. Todo diseño de control constitucional en vía judicial se basa en la premisa de que la Constitución es norma jurídica y, por tanto, las controversias sobre su aplicación deben resolverse bajo una lógica jurídica. Esto explica la necesidad de diseñar presupuestos procesales lo suficientemente flexibles para no cerrar las puertas a genuinas controversias jurídicas sobre el significado de la Constitución. Así, la fijación de un cierto grado de afectación como presupuesto de activación de los poderes jurisdiccionales de los Jueces tiene una doble motivación: una de apertura, en el sentido de garantizar que quien acredite dicha afectación tenga acceso directo a los tribunales para lograr la reparación y corrección de las violaciones cometidas en perjuicio de sus derechos constitucionales; otra de auto-restricción, en el sentido que la ausencia de esa afectación limita los poderes de revisión judicial de los Jueces. En ese contexto, la norma constitucional consagra al interés legítimo para el juicio de amparo. El artículo 107, fracción I, establece que '(e)l juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico'. Esta disposición se introdujo con motivo de la reforma constitucional de 2011. Antes de esta reforma se exigía acreditar interés jurídico, un umbral de afectación más amplio." Esta reflexión jurídica del Ministrito Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pone de relieve que la necesidad de cierto grado de afectación del acto de autoridad como presupuesto de activación de los poderes jurisdiccionales de los Jueces, tiene una doble motivación: una de apertura, en el sentido de garantizar que quien acredite dicha afectación tenga acceso directo a los tribunales para lograr la reparación y corrección de las violaciones cometidas en perjuicio de sus derechos constitucionales; otra de auto-restricción, en el sentido que la ausencia de esa afectación limita los poderes de revisión judicial de los Jueces. En ese orden, el principio de agravio personal y directo que lleva de manera intrínseca es afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, en el caso, no se satisface, porque el acuerdo de mérito que implica que no haya por el momento, un pronunciamiento de la prescripción, por sí sólo, no genera ese grado de afectación que permita en este momento accionar la vía del amparo, por lo que existe un límite para revisar en esta sede judicial el actuar de la autoridad administrativa que se señala como responsable. De ahí que ante la ausencia de este requisito de procedibilidad para poder ejercitar el juicio de amparo que impone la Constitución Federal en armonía con la Ley Reglamentaria del juicio de amparo, tal como se ha expuesto, lo cual es notorio y manifiesto, procede desechar por esa razón también, la demanda instaurada. Luego, con base en los elementos referidos, este juzgador advierte que el presente juicio de amparo resulte notoriamente improcedente, ya que los quejosos esencialmente reclaman el acuerdo dictado en un procedimiento disciplinario, el citatorio para comparecer al procedimiento y el inicio del procedimiento de responsabilidades de servidores públicos. Cabe apuntar que a) el acuerdo de procedimiento administrativo disciplinario, b) la indebida notificación para desahogar su garantía de audiencia y c) el inicio del procedimiento de responsabilidades de servidores públicos, respectivamente; no se genera una afectación a la esfera jurídica de los quejosos. Al respecto, resulta aplicable la tesis CCXV/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE REFERIRSE A HECHOS ACTUALES O ANTERIORES A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA". Dicho de otra manera, será la resolución en la que se defina de manera total su situación jurídica, la que en todo caso, podrían generarles una afectación si les fuera desfavorable a sus intereses. De ahí que al ser de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia antes explicadas, con apoyo en el artículo 113 de este ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo presentado por Tomás Noguerón Martínez, Anselmo Peña Collazo y Héctor Jiménez Garcés. Las causas de improcedencia son manifiestas e indudables porque se advierten plenamente, pues los antecedentes de los actos reclamados narrados son lo suficientemente claros como para advertir su naturaleza, es decir, sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la naturaleza del acto reclamado no variará, lo que implica que convicción a la que ha llegado este Juzgador tampoco cambiará. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y personalmente a los quejosos. Lo proveyó y firma Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del Secretario Andrés Miranda Aguilar, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguense a los escritos de cuenta signados por los quejosos... por medio de los cuales pretenden desahogar la prevención... por lo cual en razón de su notificación el plazo vence el seis de septiembre de este año. Atento a lo anterior, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto... desahogue dicha prevención o en su defecto fenezca el plazo concedido para realizarlo. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Decimosexto Tribunal... del que se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva... De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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