Anselmo May Poot

Expediente 728/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
728/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • Anselmo May Poot

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún; en atención a su contenido, acusa recibo del oficio mediante el cual le fueron enviados los autos originales del juicio de amparo 728/2017, del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, toda vez que consideramos carecer de competencia legal para conocer el presente asunto, el cual quedó registrado bajo el amparo directo número 550/2017 de su índice. Asimismo, informa que previo a determinar si confirman o no la competencia declinada por este Juzgador, el veinticinco de octubre del año en curso, dicho Tribunal Colegiado requirió a la autoridad responsable, para que rinda su informe justificado remitiéndole el escrito original de la demanda de amparo, de lo que este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    AVISO. Chetumal, Quintana Roo, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo de cuenta Anselmo May Poot, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 728/2017. Ahora, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS U OMISIÓN QUE SE RECLAMA. - De la autoridad marcadas como a), Reclamo la sentencia definitiva que se dictó dentro del expediente ejecutivo mercantil 74/2016, la cual me fue notificada el en fecha 22 de septiembre del año 2017, en el que se me condena ilegalmente al pago de intereses moratorios 23% anual, siendo un interés excesivo derivado de un préstamo, bajo la premisa que la ley prohíbe la usura como forma de explotación del hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos y en atención a que no hay recurso ordinario que se pueda agotar al respecto, en consecuencia bajo el principio de definitividad, promuevo el presente juicio de garantías para solicitar el amparo y protección de la justicia federal.". Asimismo, del apartado denominado "V.- BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS HECHOS QUE CONTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO" la parte quejosa señala lo siguiente: AGRAVIOS: La resolución emitida derivado del expediente civil que trasgrede mis Derechos Humanos y garantías de seguridad jurídica y legalidad, cuyos puntos resolutivos al tenor literalmente dice: RESUELVE PRIMERO.- Ha Procedido La Acción Intentada En El Presente Juicio Ejecutivo Mercantil, por medio del cual se ejercita la acción cambiaría directa por parte de la actora ciudadano Licenciado JOSE MANUEL PAT TUK y KATHERINE XIOMARA MONJE MAY, en su carácter de endosatario en procuración de los ciudadanos C. MARTIN VIDAL POLANCO GONZALEZ Y MICHAEL VIDAL POLANCO CANEPA, en contra de ciudadano ANSELMO MAY POOT, en su calidad de deudor. SEGUNDO. - Se condena a la parte demandada ciudadano ANSELMO MAY POOT, en su calidad de deudor principal al pago de las siguientes cantidades. 1.- La cantidad de $12,500.00 (SON DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M./N) como suerte principal. 2.- al pago de los intereses moratorios a razón de 23% (VEINTIRES PORCIENTO) anual, que consisten en las mensualidades vencidas y no pagadas, a partir del día primero de octubre del dos mil quince, por tener como fecha de vencimiento el día treinta de septiembre del año dos mil quince, en virtud de no haber efectuado el demandado la totalidad del pago a su acreedor, hasta la totalidad liquidación del adeudo. Regulaciones que se harán por al (sic) vía y forma legal que corresponda. TERCERO. - Se condena a la parte demandada ANSELMO MAY POOT, en su calidad de deudor principal, el termino de CINCO días contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución para el cumplimiento voluntario de la misma, en caso contrario previo avaluó de los bienes embargados o que se embarguen, hágase el trance y remátese, para que con su producto se pague a la parte actora el monto de lo sentenciado. CUARTO. - SE ABSUELVE condena a la parte demandada ciudadano ANSELMO MAY POOT, en su calidad de deudor principal, al pago de los gastos y costas originados en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1084 (mil ochenta y cuatro) fracción III del código de comercio reformado, en términos de la parte final del considerando SEPTIMO de esta resolución. QUINTO. - NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE, así lo sentencio y firma, la ciudadana licenciada MARTHA CECILIA CRUZ NOVELO, del juez Civil de primera instancia del distrito judicial de esta ciudad, actuando con él secretario de estudio y cuenta que autoriza y da fe licenciado DANIEL FRANSICO CABRERA CERVANTES. DOY FE. De lo antes expuesto, así como del análisis a la demanda de amparo, se tiene que el quejoso se duele de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente ejecutivo mercantil 74/2016. En el caso se considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora, a la luz de lo transcrito -como se dijo-, el acto reclamado por la parte quejosa no encuadra en alguno de los presupuestos del artículo de referencia, por las razones siguientes: El acto que reclama en la demanda de amparo, no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general (fracción I). Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues en el caso concreto, el acto que se reclama fue dictado por una autoridad jurisdiccional (fracción II). No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que estamos frente a una sentencia dictada en un procedimiento judicial (fracción III). Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido (fracción IV). No se trata de un acto, dentro o fuera de juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia (fracciones V y VI). Mucho menos se trata de una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto es de naturaleza civil (fracción VII). Finalmente, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto (fracción VIII). En mérito de lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente asunto [sentencia definitiva dictada dentro del expediente ejecutivo mercantil 74/2016] no se encuentra en alguno de los supuestos que el artículo 107 de la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una sentencia definitiva, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver el mismo correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el juicio de amparo indirecto 728/2017 promovido por Anselmo May Poot, con las seis copias de la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho, y solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la ley de la materia a Juan Antonio Alcocer Basto y Omar Xool Tuk, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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