Anselmo Hernández Merino

Expediente 713/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
713/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Anselmo Hernández Merino

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante el cual adjunta el testimonio de la resolución dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial ********** de su índice, de la que se advierte que declaró que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es legalmente competente para continuar conociendo del expediente de amparo **********, de su índice, y remitió los autos a dicho Juzgado. Háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en la carátula del presente expediente y archívese este asunto como concluido. Conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este asunto carece de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado. Por lo anterior, en términos del artículo 19, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es considerado como "expediente auxiliar"; por tanto, es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se ordenó el archivo en este asunto, previa visita de inspección, debiendo registrar la anotación respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, del que se advierte que el órgano colegiado de su adscripción informa que por auto de diecisiete de agosto pasado, dio trámite al conflicto competencial entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, y este juzgado; en consecuencia, estese en espera que la Superioridad remita copia certificada de la resolución que dicte en el expediente 20/2023, de su índice. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Ahora bien, téngase por recibido el oficio remitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita este juzgado, y en atención a su contenido; con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a la clave de usuario "********" el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta del juicio de amparo; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarla, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, mediante el cual remite el juicio de amparo *********** de su índice, con motivo de la resolución dictada el treinta y uno de mayo del año en curso, por la que declaró carecer de legal competencia para resolver dicho asunto, promovido por ***********, contra actos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y otra autoridad. En consecuencia, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo *********** que le corresponde NO SE ACEPTA COMPETENCIA PLANTEADA PROPUESTA DEMOSTRATIVA Ahora bien, de la demanda y de las constancias que se anexan, se advierte que este juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 37, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones que se trate, a prevención; 3. Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. HECHOS En el caso, del análisis de las constancias relativas al expediente ***********, del índice del juzgado declinante, se desprende que por escrito sin fecha (fojas 9-13), ***********, reclamó de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, a través del cual se ordenó formar el toca de apelación *********** y ratificar la admisión en efecto ejecutivo hecho valer en contra de la resolución que calificó de legal su traslado del Centro de Reinserción Social de esa ciudad al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz. Así, por auto de uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 90-93), se admitió a trámite la demanda de amparo y una vez agotado el trámite correspondiente del juicio de amparo de mérito, en fecha treinta y uno de mayo del año en curso, se dictó resolución en la que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, declaró carecer de legal competencia para resolver en cuanto al fondo, el juicio de amparo *********** de su índice, lo cual realizó bajo las siguientes consideraciones: Que del análisis integral de la demanda, se desprendía que el quejoso reclamó el acuerdo dictado el siete de octubre de dos mil veintidós, dentro del toca de apelación *********** del índice de la Primera Sala del Poder Judicial del Estado de Veracruz, proveído en el cual la autoridad responsable medularmente ordenó: (i) registrar el medio de impugnación bajo el número *********** y formar el expediente correspondiente -por duplicado-; (ii) hacer del conocimiento de las partes la integración del mencionado órgano colegiado; (iii) se admitió la contestación de agravios formulada por el Ministerio Público; y (iv) ratificó la admisión del recurso en el efecto ejecutivo. Señaló que el proveído combatido no puede considerarse como un acto meramente declarativo, ya que no se limita a reconocer o evidenciar una situación jurídica determinada, sin innovarla o modificarla; por el contrario, contiene en sí mismo un principio de ejecución, debido a que en ese acto procesal la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo calificó el efecto en que el juez primiinstancial admitió el medio de impugnación; puesto que en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, estimó admisible la apelación interpuesta por el ahora quejoso *********** en el efecto ejecutivo, atendiendo a la naturaleza de la resolución impugnada; por lo que aseveró que el acto reclamado tiene ejecución, basándose en el contenido de la contradicción de tesis 93/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que dicha Sala reiteró que la libertad personal no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de la libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Asimismo, precisó que en la contradicción de tesis 96/2005-PS, la Primera Sala del Máximo Tribunal resolvió que la resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente. Para ello, determinó que la segunda instancia, que se abre como consecuencia de la interposición del recurso de apelación y éste tiene como objeto examinar si en la resolución recurrida no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente; así, la resolución que resuelva sobre la apelación deberá realizar, sobre el auto impugnado, el examen de legalidad descrito en párrafos anteriores y verificar que el mismo cumpla con todos los requisitos precisados en el apartado anterior y, de conformidad con ello, podrá revocar, modificar o confirmar el auto de formal prisión. Conforme a lo anterior, concluyó el Juez declinante que los efectos de la resolución, que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, sí tienen materialidad, debido a que, al confirmarlo, el tribunal de alzada reconoce que no se actualizó ningún supuesto que permita revocar el auto y dictar la inmediata libertad del inculpado, lo que implica que: (a) el inculpado permanezca privado, cautelarmente, de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva, a disposición del juez de primera instancia, o bien, (b) permanezca a disposición del juez de primera instancia, con ciertas restricciones de su libertad personal, en virtud de la libertad bajo caución que goza, consistente en el cumplimiento de determinadas obligaciones. También refirió que con base en los criterios jurídicos que dieron forma a las contradicciones de tesis que se reseñaron, arribó a la conclusión que, el auto en que se ratificó el efecto ejecutivo en que el juez primiinstancial admitió la apelación, implica directamente que el aquí quejoso continúe recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 05 "Oriente", ubicado en Villa Aldama, Veracruz de Ignacio de la Llave; y, que por tanto, sí tiene ejecución. Loa anterior, concatenado con los artículos 338 y 343 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo (legislación conforme a la cual se tramitó el recurso de apelación) los cuales son del contenido siguiente: "Articulo 338. La apelación contra las sentencias definitivas que impongan alguna pena o medida de seguridad y en aquellos casos en que lo establezca la ley, será admitida en el efecto suspensivo, todas las demás apelaciones se admitirán en el efecto ejecutivo. Con motivo de la interposición del recurso de apelación, en ningún caso se suspenderá la jurisdicción del juez, salvo tratándose de sentencias definitivas condenatorias, en que no podrán ejecutarse las consecuencias jurídicas del delito, hasta que aquélla cause ejecutoria." "Articulo 343. Recibida la causa original o el duplicado y el cuadernillo correspondiente, el Tribunal de Alzada dictará auto de radicación en el que calificará la admisión y el efecto en que fue admitido el recurso, en caso de modificación hará lo procedente y lo comunicará al juzgado de origen. Cuando no existan pruebas para su desahogo, en el mismo auto de radicación se hará la citación para sentencia la cual será dictada en los términos del artículo 345 de este Código." Conforme a los numerales transcritos, una vez que el tribunal de alzada reciba el recurso de apelación, dictará auto de radicación en el que calificará la admisión y el efecto en que fue admitido, en caso de que decida modificar tal efecto, deberá comunicarlo al juzgado de origen. El recurso pude ser admitido en dos distintos efectos: a) El efecto ejecutivo (o en un solo efecto): significa que no se suspende la ejecución del auto o de la sentencia impugnados, sin que se detenga el curso del procedimiento ni el cumplimiento de ella, durante el trámite y la decisión del recurso. b) El efecto suspensivo (o ambos efectos): consiste en que la apelación sí suspende la ejecución de la determinación jurisdiccional combatida o el procedimiento, hasta que se resuelva el recurso. Asimismo, refirió que el acto reclamado consiste en el acuerdo dictado el siete de octubre de dos mil veintidós en el toca penal ***********, en el que la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, entre otras cosas, ratificó la admisión del recurso de apelación en el efecto ejecutivo, el cual tuvo como consecuencia la permanencia del quejoso en su situación actual de privación de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 05 "Oriente", que se ubica en Villa Aldama, Veracruz de Ignacio de la Llave. Por lo que el acto reclamado requería de ejecución material, toda vez que involucraba una afectación a la libertad personal del accionante del juicio de amparo y, en consecuencia, sus efectos se materializarían en el lugar donde se encontraba recluido. Por tanto, consideró que operaba el supuesto competencial a que se refiere el numeral 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. CONCLUSIÓN Con base en lo expuesto con anterioridad, este órgano de control constitucional no acepta la legal competencia por razón de territorio planteada por el juzgado declinante. Lo anterior, pues no obstante los argumentos expuestos en la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo ***********; lo cierto es que el aquí quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, por virtud del traslado ordenado y ejecutado por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Hidalgo, en fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, por considerarse que el quejoso ameritaba un nivel máximo de seguridad penitenciaria, por colocar en riesgo la integridad y salud de los restantes internos. Por lo anterior, en fecha uno de mayo de dos mil veintidós, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, emitió resolución en la que calificó de legal la determinación administrativa de traslado del sentenciado ***********; e, inconforme con dicha determinación judicial, el quejoso apeló la misma, razón por la que el siete de octubre de dos mil veintidós, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, radicó el toca *********** de su índice, en el que entre otras cosas, ratificó la admisión en el efecto devolutivo de dicho medio de impugnación, el cual constituyó el acto reclamado. Ahora el argumento toral del Juez declinante es que, el hecho que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, hubiera ratificado la admisión del recurso de apelación interpuesto por el quejoso en el efecto ejecutivo, tuvo como consecuencia la permanencia del quejoso en su situación actual de privación de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, por lo que involucra una afectación a su libertad personal y por consecuencia, sus efectos se materializan en el centro en el que actualmente guarda reclusión. Sin embargo, como se indicó previamente, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio del Juzgado declinante, en virtud que como se destacó, si bien el quejoso actualmente se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, ello atiende al traslado ejecutado del que fue objeto, motivo por el que bajo esa circunstancia, la competencia por razón de territorio para conocer del acto reclamado se finca a favor del Juez declinante. Lo anterior, porque el Juez competente debe ser donde se ubique el Juez de origen, porque si se determinara de otra forma se ocasionaría el riesgo de que dicho juzgador no pertenezca al mismo fuero que el de la autoridad administrativa que ordenó ese cambio inmediato y, además, porque las autoridades penitenciarias del centro de origen fueron quienes analizaron las necesidades del traslado, por lo que la calificación de la legalidad de sus actuaciones sólo le corresponde a la autoridad jurisdiccional del mismo fuero. Por ende, si como lo indicó el Juez declinante, el hecho que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, hubiera ratificado la admisión del recurso de apelación interpuesto por el quejoso en el efecto ejecutivo, tuvo como consecuencia la permanencia del quejoso en su situación actual de privación de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, ello atendió al traslado primigenio del que fue objeto, y por ello, la legal competencia se finca a su favor. Sustenta lo anterior, las jurisprudencias: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 169343 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 225 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023932 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 54/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1229 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CALIFICAR LA LEGALIDAD DEL TRASLADO EXCEPCIONAL EFECTUADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EJECUTADO POR RAZONES ADMINISTRATIVAS O DE SEGURIDAD. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DEL MISMO FUERO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL CENTRO DE RECLUSIÓN DE ORIGEN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, en torno a cuál es el Juez competente para convalidar el traslado ordenado, en términos del citado artículo, de una persona privada de su libertad, en virtud de una pena impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero diverso de aquel que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, conforme a la regla prevista en el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la competencia para convalidar un traslado excepcional a que se refiere el artículo 52 de la propia ley, corresponde a los Jueces que ejercen jurisdicción en el centro de reclusión de origen. Justificación: Conforme a lo estipulado en el artículo 57 mencionado, los Jueces que ejerzan jurisdicción sobre las autoridades de los centros penitenciarios de origen o receptores, son quienes estarán facultados para conocer de las controversias con motivo de traslados nacionales. Ese criterio debe aplicarse para determinar quién es la autoridad competente para calificar la legalidad del traslado excepcional, atendiendo a que la intención del legislador es que sean estas autoridades jurisdiccionales las que se pronuncien en todo lo concerniente a los traslados, porque serán quienes tutelen los derechos de las personas. En el caso concreto, el Juez competente debe ser el Juez de origen, porque si se determinara de otra forma se ocasionaría el riesgo de que dicho juzgador no pertenezca al mismo fuero que el de la autoridad administrativa que ordenó ese cambio inmediato y, además, porque las autoridades penitenciarias del centro de origen fueron quienes analizaron las necesidades del traslado, por lo que la calificación de la legalidad de sus actuaciones sólo le corresponde a la autoridad jurisdiccional del mismo fuero." Sin que se soslayen las contradicciones de tesis en que se sustentó la resolución en la que el Juez declinante declaró carecer de legal competencia respecto del acto que reclamó el quejoso; sin embargo, las mismas abordan tópicos distintos a los que dieron origen al acto combatido, como lo es el traslado del que fue objeto. En consecuencia, respetuosamente no se comparte el criterio sustentando por el Juez federal en la resolución de treinta y uno de mayo del año en curso; y, por tanto, remítase el original del juicio de amparo ***********al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, a efecto que provea lo procedente. Sin que haya lugar a notificar el presente proveído a la parte quejosa y autoridades responsables, en razón que no se aceptó conocer del asunto, bajos los argumentos previamente citados. CUADERNO DE ANTECEDENTES Con copia de la demanda y del presente acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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