Anselma Olivera Santos

Expediente 868/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
868/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Anselma Olivera Santos
  • Auxiliar de la H. Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, ha causado estado. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción II, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos, se advierte que el pasado veintisiete de septiembre se ordenó dar vista a las partes con el contenido del informe justificado y las constancias remitidas por la presidenta y el dictaminador, ambos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los poderes del Estado de Oaxaca. La anterior circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación de este asunto. En efecto, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, la quejosa reclamó en esencia de la presidenta y el dictaminador, ambos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los poderes del Estado de Oaxaca, la violación al derecho previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, a garantizarle justicia pronta y expedita dentro de un plazo razonable y sin retrasos injustificados, como en el caso la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 169/2019. En ese tenor, si en este juicio constitucional -como se anticipó- está probado que la autoridad responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, el veinte de septiembre de dos mil veintitrés emitió el laudo correspondiente en el expediente 169/2019 de su índice, queda claro que cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues lo pretendido por la parte quejosa al promover este juicio fue precisamente que la autoridad responsable emitiera esa determinación, lo que ya aconteció. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos del precepto legal invocado. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés). Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios señalado en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que el Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, se apersona al presente juicio en su carácter de tercero interesado, por conducto de su síndica procuradora y hacendaria; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y designa autorizados. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngase por apersonado al Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca en su carácter de tercero interesado. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y como autorizados para tal efecto e imponerse de autos a las personas que designa. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes justificados de la presidenta y el dictaminador, ambos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los poderes del Estado de Oaxaca. En términos del artículo 119 de la ley de la materia se tiene como pruebas de la primera de las responsables citadas, las documentales que anexa; con lo anterior dese vista a las partes. Para dar oportunidad a que las partes se impongan de los informes justificados de cuenta, dentro del plazo de ocho días al que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, fijándose como nueva fecha y hora para su celebración a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y anexos señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que en acuerdo de once del mes y año en curso dictado en la comunicación oficial 258/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, se ordenó la devolución diligenciada del exhorto con número de origen 175/2023 [orden 28/2023] del índice de este juzgado. En consecuencia, regístrese la baja de la comunicación aludida y háganse las anotaciones correspondientes. Asimismo, téngase por notificada a la parte quejosa del proveído de uno del mes y año en curso y por emplazado a este juicio al tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca. Notifíquese.

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