Anselma Castillo Ruiz
Expediente 950/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Anselma Castillo Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, tres de diciembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria , por el que acusa recibo del juicio de amparo ***** e informa que acepta la incompetencia declinada; al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; procédase a su destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses que se establece en el punto de referencia, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, esto es a partir del cuatro de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, trece de noviembre de dos mil veinte. Por recibidos los oficios con evidencia criptográfica de la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, por medio de los cuales devuelve diligenciado la comunicación oficial encomendada, de la que se desprende, en lo que aquí interesa, que notificó personalmente al quejoso el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso y ratificó el escrito de demanda. Derivado de lo anterior, este órgano de control constitucional procede a realizar el pronunciamiento siguiente: INCOMPETENCIA POR TERRITORIO Conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Sobre esa base, la legislación establece las reglas de competencia siguientes: a) Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); b) Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); c) Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo-); d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, los referentes a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Al efecto, debe tenerse presente el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Los procedimientos y formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstos en el artículo 37 la Ley de Amparo, que establece las tres reglas siguientes para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: - Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; - Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el supuesto de que el acto reclamado sea susceptible de ejecución, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, surgiendo diversas hipótesis atendiendo al lugar en donde el acto: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se haya ejecutado; o, d) se ejecute. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo." De lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador consideró dos criterios principales para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: un criterio primario y otro subsidiario. El criterio primario tiene que ver con la ejecución del acto reclamado. El criterio subsidiario guarda relación con el lugar donde resida la autoridad que emitió el acto reclamado, y sólo se surte cuando éste no requiera ejecución material. Por consiguiente, a fin de establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el precepto legal invocado resulta aplicable para resolver ese tipo de temas de índole competencial. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa, en esencia, reclama: la afectación al derecho fundamental a la salud y bienestar social como persona vulnerable de escasos recursos que padece una discapacidad total permanente, al no tener acceso a los insumos necesarios para la satisfacción de necesidades básicas, por la falta de apoyo económico derivado del Programa de Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Afectación que claramente se actualizan en la demarcación territorial en la que se encuentra la parte quejosa -estado de Tamaulipas-, pues es en dicho lugar en el que se ejecutan o ejecutaran los actos reclamados. De manera que los actos reclamados por la parte quejosa tienen ejecución material y que ésta se da en el estado de Tamaulipas, pues en atención a las manifestaciones de la parte quejosa, es ahí es en donde se encuentra y en donde se ve trasgredido su derecho a la salud y a su bienestar por la falta del apoyo económico que presumiblemente se ha actualizado en su perjuicio. Corrobora lo anterior el hecho de que la promovente señale como autoridades responsables, entre otras, a la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tamaulipas, ya que de los programas de la Secretaría de Bienestar, se desprende que corresponde a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo en cada entidad federativa, conocer del programa cuya falta incorporación se duele el quejoso, como se ha expuesto en diversos juicios de amparo que fueron presentados en este órgano jurisdiccional y respecto de los cuales se declinó competencia a cada entidad en el que el promovente señaló como lugar de residencia. Esto es, en juicio de amparo **** de éste índice, se declinó competencia y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, aceptó la competencia el catorce de octubre del año en curso y registró la demanda de amparo bajo el número ****. Asimismo, el diverso *****, cuya competencia aceptó el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, el treinta de octubre de dos mil veinte, bajo el número ****. Por tanto, debe considerarse que es competente el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde los actos reclamados tienen o tendrán ejecución, lo que en el caso acontece en el estado de Tamaulipas. En razón de lo hasta aquí expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL POR TERRITORIO, PARA CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE ESTE JUICIO DE AMPARO, declinando su conocimiento a favor del JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento al numeral 48, de la Ley de Amparo, gírese atento oficio al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMUALIPAS CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas con residencia en ciudad Victoria, acompañándole el original de la demanda de amparo, con sus anexos, tal como fueron presentados en este órgano de control constitucional con el objeto de informarle la presente resolución, y para que tenga a bien informar si acepta la competencia propuesta, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Con copia de todo lo actuado, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales Secretaría del Bienestar, en representación de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, por el cual informa sobre el cumplimiento a la suspensión de plano dictada en autos. Al respecto, se reserva acordar lo conducente, toda vez que el quejoso señalo domicilio fuera de la jurisdicción de éste juzgado, por lo que se envió atento exhorto al homólogo en el estado de Tamaulipas y se está en la espera de la diligenciación correspondiente. Finalmente, como lo solicita la oficiante, remítase copia de la demanda de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Subdirector Divisional de Administración Tributaria en San Jerónimo de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México mediante el cual solicita diversas constancias a fin de estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS remita copia simple de las constancias que menciona la autoridad vinculada al cumplimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar el presente proveído, se tomara como falta de interés de su parte para coadyuvar con la autoridad jurisdiccional y se procederá a realizar el estudio de cumplimiento con las documentales que obran en autos y los datos aportados por las responsables. Asimismo, por recibido el oficio signado por el Subprocurador de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal en representación de la Jefa de Gobierno y de la Secretaria de Administración y Finanzas todos de la Ciudad de México, mediante el cual informa que las autoridades responsables del cumplimiento son las Administraciones Tributarias en Parque Lira y San Jerónimo. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, por recibido el oficio signado por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el que exhibe la planilla con los montos a devolver a la parte quejosa, respecto de las cuentas prediales *** Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la quejosa con el oficio de cuenta, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con las constancias remitidas por la autoridad responsable, y en su caso, declare si está conforme con la cantidad determinada por la autoridad. De ser afirmativa su respuesta, o no manifestarse, se hace de su conocimiento que se procederá a requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo, en función del monto indicado por la autoridad, a fin de evitar mayores dilaciones al procedimiento, por lo que se reserva acordar respecto al trámite del incidente innominado. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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