Annie Eloisa Córdova Encinas

Expediente 1104/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1104/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Annie Eloisa Córdova Encinas
  • R. G. R. C.

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (legitimada) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajos de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de pruebas recibidos mediante proveído de veintidós de septiembre pasado e identificados como Tomo I y II, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veinticuatro minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido del secretario Jesús Emmanuel Trejo Michel, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, su aclaración, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes, informe justificado rendido por -en su denominación correcta- la juez Primera de Primera Instancia de lo Familiar "A" del Distrito Judicial de Hermosillo y con un escrito registrado bajo folio 16565; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, en relación con el escrito de cuenta se provee: Apersona tercera interesada. Glósese a los autos el escrito de cuenta presentado por K.M.R.M., por conducto de su tutora Marina Ramírez Melendrez, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada al presente juicio con el carácter que se ostenta, dado que así se desprende de las actuaciones de autos del juicio de origen. Domicilio. Como lo solicita, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en el escrito de cuenta. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su ocurso, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Además, como lo solicita, se tienen por autorizada a la persona que señala en último término en la demanda que se atiende, únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con la normativa de mérito. Correo electrónico. En relación al correo electrónico que menciona, se le tiene por proporcionado para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales, en términos de los ordinales 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Manifestaciones. Por otro lado, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en su ocurso y tómense en consideración al resolverse el presente juicio de amparo, de resultar conducente y necesario. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la mencionada autoridad responsable al rendir su informe con justificación. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que la tercera interesada los formuló. El juez acuerda: se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por la citada parte, mismas que serán atendidas en el momento procesal oportuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1104/2022 PC-C; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente, por razón de turno, a este juzgado, Anne Eloisa Córdova Encinas por propio derecho y en representación de la menor R.G.R.C., solicitó la protección constitucional, contra los actos reclamados a la juez Primera de Primera Instancia de lo Familiar "A" del Distrito Judicial de Hermosillo, con residencia en ciudad. Radicación y admisión. Previa prevención cumplida, el siete de septiembre de la anualidad que transcurre, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le corresponde y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio respecto de los diversos actos reclamados al abordado en el párrafo que antecede, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, incisos b), de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos cuya ejecución tienen lugar dentro del ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La resolución del recurso de revocación emitida el quince de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 143/2021 del índice de la juez Primera de Primera Instancia de lo Familiar "A" del Distrito Judicial de Hermosillo. No pasa inadvertida para este juzgador, la circunstancia de que los peticionarios de amparo precisan como actos reclamados la violación a los artículos 1° y 4° Constitucionales, a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el ilegal procedimiento seguido en su contra, la omisión y evasión de respetar y dar cumplimiento a sus funciones y responsabilidades, así como a fundamentar su dicho y a aplicar lo previsto en las fracciones I, III, IV, V y VII del numeral 61 del Código de Familia para el Estado de Sonora y la aplicación del diverso 60, fracción I de la citada legislación; sin embargo, debe decirse que dichas inconformidades se hacen consistir como violaciones cometidas durante el procedimiento; de ahí que no deban ser consideradas como actos reclamados, pues se tratan, en realidad, de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, de rubro: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN." Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, por así haberlo declarado al rendir su informe justificado; máxime que la certeza del mismo se corrobora con las constancias que remitió la juez responsable, de las cuales se advierte el acto por esta vía combatido. Actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se tratan de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. Causas de improcedencia En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Por tanto, en virtud de que ninguna parte hizo valer causa de sobreseimiento o improcedencia, y este juzgado no advierte de oficio que se actualice alguna otra de las previstas en el numeral 61 y 63 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que este órgano jurisdiccional tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Sobre dicha cuestión, es aplicable la jurisprudencia P./J. 22/91 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." (No. de Registro: 205800, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1991, Tomo VII, página: 60). Conceptos de violación y estudio de la litis Constitucional Ahora si bien no se transcriben los conceptos de violación, se tienen por insertos en aras de economía procesal, toda vez que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán más adelante. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 publicada en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: ''CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (No. de Registro: 164618, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, página: 830). En sus conceptos de violación dirigidos a controvertir el acto reclamado, la parte quejosa se limita a esgrimir de manera dogmática que la juez responsable se niega a resolver el recurso de revocación planteado en el juicio de origen, conforme a lo solicitado, en virtud de que no estima aplicable el artículo 61, fracciones I, III, IV, V y VII del Código de Familia para el Estado de Sonora. No obstante lo anterior, refiere que los anteriores preceptos son aplicables, en virtud de que tiene derecho a gananciales respecto del inmueble inventariado, pues dice que le corresponden con motivo de la sociedad conyugal que formó con el de cujus, al haber habido ampliaciones y mejoras en el citado bien. Dicho motivo de disenso es inoperante, sin que al efecto se advierta deficiencia en la queja que suplir. En efecto, es menester aclarar que de la interpretación sistemática de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rindan las autoridades responsables; por tanto, para que en la sentencia constitucional que emita el juez de Distrito se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio de amparo indirecto, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juzgador y lo que es materia de la controversia en el juicio, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales. Asimismo, el Máximo Tribunal del País sustentó criterio en el sentido de que, para que el juzgador de amparo se encuentre obligado a estudiar los motivos de la queja basta con que en ellos se hubiera expresado con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o agravio que estime le cause el acto y los motivos que originaron ese agravio. Lo que obedece a la necesidad de precisar que los conceptos de violación no necesariamente deban plantearse a manera de silogismo jurídico como lo sustentaba la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni bajo alguna fórmula sacramental. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que lo anterior, de ninguna manera implica que los peticionarios de amparo se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, porque es obvio que al accionante de amparo le corresponde, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja, exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. En ese sentido la impetrante es omisa en combatir directamente la actuación de la juez responsable, derivada del controvertido de origen, donde con motivo de la la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, que declaró infundado el recurso de revocación contra el auto de dos de marzo anterior, se determina que la albacea deberá estarse al diverso de veintiséis de enero de la presente anualidad. Pues la citada responsable estima aplicable la fracción I del artículo 60 del Código de Familia para el Estado de Sonora, y no las citadas fracciones del artículo diverso 61, al no acreditar con medio de convicción alguno las ampliaciones y mejoras del bien durante la duración de la sociedad conyugal y en consecuencia, tampoco acreditar el porcentaje que refiere le corresponde a la masa hereditaria respecto del bien inmueble que incluye en el inventario, con motivo de los gananciales a que dice tener derecho Annie Eloisa Córdova Encinas, en su calidad de cónyuge supérstite. De ahí que, omite exponer razonamiento en torno a las consideraciones y fundamentos que tomó en cuenta la juez responsable para actuar en el sentido en que lo hizo, a razón de que el concepto de violación carece de una exposición razonada del porqué la resolución reclamada es inconstitucional, ya que prescinde de señalar los motivos por los que lo considera de tal manera, limitándose substancialmente a sostener la aplicabilidad del citado precepto. Como se dijo, si bien no es menester que la expresión del concepto de violación se realice con determinada formalidad o solemnidad, sí resulta indispensable que se expresen argumentos que tiendan a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, señalándose con claridad cuál es la lesión o agravio que estima le causa las determinaciones impugnadas, así como los motivos que lo originan, para que éstos puedan ser analizados en la sentencia. Por consiguiente, las consideraciones expuestas por las quejosas no van dirigidas a descalificar y evidenciar la ilegalidad del acto por esta vía combatido. Resultan aplicables por analogía las jurisprudencias 36 y 1a./J. 19/2012 (9a.), del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." Así como la jurisprudencia XXI.1o. J/13, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 81, septiembre de 1994, página 75, Octava Época, materia Civil, con registro 210339, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL. Como el amparo en materia civil es de estricto derecho, en el que no puede suplirse la deficiencia de la queja, el concepto de violación debe consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto, contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la potestad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó, o porque se aplicó sin ser aplicable; o bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; o, finalmente, porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho, cuando no hay ley aplicable al caso." Consecuentemente, ante lo inoperante del concepto de violación reseñado y al no advertir queda deficiente que deba suplirse, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por las impetrantes. Sin que al respecto, sea factible emitir pronunciamiento alguno en torno a la aplicabilidad al caso concreto de las diversas tesis citadas por la parte quejosa, en virtud del impedimento técnico que acaeció respecto del análisis del citado acto. Al respecto es importante invocar la tesis VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), que taxativamente refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo." (No. de Registro: 160604, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2011, Tomo 5, página: 3552). Finalmente son inatendibles los alegatos formulados por la representante de la menor tercera interesada, dado que dichas manifestaciones no forman parte de la litis Constitucional, sin que ello implique transgresión a derecho procesal alguno. Tiene aplicación sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." (No. de Registro: 205449, Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1994, Tomo 80, página: 14). Decisión En las relatadas condiciones, atento a las razones vertidas en el apartado VI en relación con el acto que se reclama, ante lo inoperante de los conceptos de violación formulados en su contra lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Anne Eloisa Córdova Encinas por propio derecho y en representación de la menor R.G.R.C. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Anne Eloisa Córdova Encinas por propio derecho y en representación de la menor R.G.R.C. respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el considerando III, por las razones expuestas en el apartado VI de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que contiene el informe justificado rendido por la juez Primera de Primera Instancia de lo Familiar "A", de esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Ahora bien, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Legajos de pruebas. Debido a la voluminosidad de las documentales exhibidas por la oficiante de referencia, se ordena formar por separado dos legajos de pruebas que se identificarán como Tomo I y II, para dar mayor facilidad a su manejo. Imposibilidad para crear versión digital. Asimismo, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para la digitalización de los referidos legajos, por lo que quedarán disponibles para consulta en la secretaría del órgano. Tercera interesada. Asimismo, de las constancias que acompaña la oficiante, se desprende que le resulta el carácter de tercera interesada a la menor K.M.R.M., quien es representada por Marina Ramírez Melendrez en el juicio de origen. En razón de lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Berlín número veintitrés, interior "B", del Edificio Kiki Aw, colonia Centenario, de esta ciudad, a fin de que emplace formalmente a la tercera interesada en mención, por conducto de su tutora; asimismo, conforme a lo dispuesto por los artículos 26 fracción I, inciso b), 27 y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deberá notificarle el auto de radicación y el presente proveído, haciéndole entrega de una copia de la demanda y le haga saber la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de septiembre de dos mil veintidós. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito presentado por Annie Eloisa Córdova Encinas, mediante el cual, atiende el requerimiento efectuado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en consecuencia, se acuerda lo siguiente: 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Annie Eloisa Cordova Encinas, por su propio derecho, y en representación de R.G.R.C., de conformidad con lo previsto en el numeral 8 de la citada Ley, contra el acto atribuido al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, de esta ciudad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con veinticuatro minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de Agenda OJ disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se le reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado; apercibida que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción, la intervención que legalmente le compete. 9. Emplazamiento. Una vez que la responsable rinda su informe justificado se proveerá respecto de la existencia de terceros interesados. 10. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a la autoridad respoonsable para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación en este punto que la parte quejosa señaló correo electrónico y número telefónico para efecto de entablar comunicación sobre cuestiones no procesales en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. 11. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 12. Prueba. La parte quejosa no ofreció medios de convicción. 13. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 14. Notificación a la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 15. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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