Anneth Mora Renteria
Expediente 478/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Anneth Mora Renteria
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a dos de julio de dos mil diecinueve. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado, el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, se declara que ha quedado firme dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Así mismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la quejosa ********************, el proveído de diecisiete de junio del año en curso, en virtud de que al constituirse en el domicilio procesal señalado en el escrito inicial de demanda, le informaron que no conocen a la referida quejosa, por lo que, resulta impreciso dicho señalamiento, siendo obligación de la parte quejosa proporcionar domicilio cierto y claro, a efectos de oír y recibir notificaciones. En consecuencia, proceda el actuario adscrito a notificar por medio de lista el acuerdo de mérito, de conformidad con la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la impetrante de amparo, señale en autos nuevo domicilio para tal efecto.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo que promueve ANNETH MORA RENTERIA, contra actos de la autoridad responsable que precisa en la misma, fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 478/2019-3A y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, derivado de un análisis integral del escrito petitorio de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: El proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Mixto en Primera Instancia de San Felipe, Baja California, dentro del expediente 10/2018, en el cual se fija la cantidad de $120,000.00 pesos (ciento veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), como garantía para el procedimiento de ejecución de sentencia. DESECHAMIENTO Al respecto, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; ello tomando en cuenta que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que la causal referida, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, puede acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución, o acto que considere le causa un perjuicio en su esfera jurídica. Por ello, resulta evidente que la parte quejosa debió combatir el auto veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, donde la autoridad responsable, determina fijar la cantidad de 120,000.00 pesos (ciento veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), como garantía para iniciar el procedimiento de la ejecución de sentencia, ello, con la finalidad de garantizar los posibles daños y perjuicios ocasionados a la parte demandada, en caso de que sea revocado el fallo emitido en primera instancia. Lo anterior es así, puesto que el artículo 670 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, establece que los autos que no fueren apelables pueden ser revocables por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; lo anterior para efectos convenientes aquí se comparte: "ARTICULO 670.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Por lo tanto, es evidente que la parte quejosa no agotó el medio idóneo para combatir el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, donde se determinó la garantía para iniciar el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que existe un medio ordinario de defensa que tiene el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado Es aplicable la tesis XXI.1o.45 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página trescientos siete del Tomo XIII, de Febrero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." Así que, al estar previsto en la ley ordinaria que rige el acto reclamado un recurso apto para revocarlo, modificarlo o nulificarlo, como resulta ser el recurso de revocación contemplado en el artículo 670 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, la quejosa debió agotar esa instancia ordinaria antes de promover este juicio, en acatamiento al principio de definitividad. En ese orden ideológico, la quejosa al ser parte demandada en el juicio de origen, estuvo en condiciones y debió interponer el medio idóneo para combatir los efectos del auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, y al no agotarlo, deja de satisfacerse el principio en cuestión para la procedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa. También, resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra identifica por el siguiente título: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.". En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XVIII de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere, excepto a Francisco Javier Meza Legy, a quien únicamente se le autoriza para oír y recibir notificaciones, así como imponerse de autos en términos de la segunda parte, del párrafo segundo del numeral en cita, toda vez que al realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro de cédula a su nombre. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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