Anna Karenina Sosa Denis

Expediente 1668/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1668/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Anna Karenina Sosa Denis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los oficios suscritos por la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el Actuario de su adscripción, y la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, junto con los anexos que acompañan la primera y la tercera de las autoridades citadas, con los que dan cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la documentación de cuenta, así como con el oficio con número de registro 16592 remitido por la citada Jueza (el cual ya obra agregado en autos), por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, del contenido del oficio de mérito se advierte que en relación a la cancelación del embargo trabado sobre el predio identificado con el número ********************, realizó lo siguiente: Lo dejó insubsistente en proveído de treinta y uno de octubre del año en curso. Ordenó girar oficio a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, a fin de que cancelara la inscripción de la toma de razón del predio antes citado. En mérito de lo anterior, a fin de dar celeridad al trámite que refiere la autoridad responsable en su oficio de cuenta, se hace extensivo el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, por lo que, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, requiérasele para que en el término de tres hábiles días siguientes a la notificación del presente acuerdo, con copia del oficio de cuenta, informe a este Juzgado de Distrito el trámite que le haya dado a la cancelación del embargo trabado sobre el predio identificado con el número ********************. Apercibida que de no cumplir con lo señalado en el presente acuerdo, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos:(.) *En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a la responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se le impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1668/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en ********************, promovido por ********************contra actos reclamados a la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en ********************, ******************** y otra autoridad; y, (...) OCTAVO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En sus conceptos de violación, la peticionaria del amparo alega que se transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues sin ser parte en el juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se trabó embargo sobre el predio número ******************** de la calle ******************** del ******************** ********************, de la ciudad de ********************, ********************, que aduce de su propiedad. Ahora, de los antecedentes relatados en el considerando que antecede, puede advertirse que la aquí quejosa es una persona tercera extraña a juicio, pues no figura como parte formal o material dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, ni se advierte de las constancias remitidas por la responsable que fuera llamada al mismo. Ante ello, para acreditar su interés jurídico en este asunto, la impetrante del amparo debe demostrar que, sufre afectación en su esfera jurídica con algún acto emanado de tal procedimiento de origen, en concreto, debe acreditar fehacientemente que el derecho de propiedad que asevera tener sobre el inmueble que señala en su demanda de amparo, se ve real y jurídicamente agraviado con el embargo trabado en autos del señalado juicio. En ese sentido, la quejosa ofreció como medio de convicción copia certificada del instrumento notarial noventa y siete que contiene la donación a título gratuito de la nuda propiedad con reserva de usufructo, celebrada entre la aquí quejosa y ********************, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, respecto del "solar sin casa, ahora con casa, ubicado en el ******************** ******************** de la localidad y municipio de ********************, ********************, en la manzana quinientos ochenta y siete de la sección catastral veintiséis marcado con el número cuatrocientos sesenta y seis de la calle once.". De ahí que, al tratarse dicho contrato de un documento público, pues fue realizado ante un funcionario investido de fe pública, como en el caso es el Notario Público, es jurídicamente apto para justificar en el juicio de amparo el interés jurídico de la parte quejosa respecto del inmueble de que se trata, al haber sido adquirido por donación desde el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, inscrito en el Registro de la Propiedad y del Comercio el siete de enero de dos mil diecinueve. Documental que tiene el valor probatorio pleno al ser un documento público, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente para acreditar su interés jurídico para promover el juicio de amparo, ya que el mismo es de fecha cierta. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si se configura alguno de estos supuestos, se puede otorgar valor probatorio al documento en cuestión en relación con terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en el mismo y con ello certeza jurídica. Esto es así, ya que las hipótesis jurídicas citadas, tienen como elemento de similitud dar certidumbre de su materialidad a través de su fecha, de que no haya duda de que el acto sea anterior o posterior, en la que interviene un tercero fidedigno por su fe pública para dar certeza de esa materialidad, o sea, tener una precisión o un conocimiento indudable de la existencia del documento y que a partir de cualquiera de los acontecimientos mencionados, su fecha, ya no puede ser anterior o posterior, por lo que no atienden a las formalidades de validez del acto contenido en ese instrumento. Con la finalidad de hacer efectivos los principios de certeza y seguridad jurídica en la materialidad del acto contenido en un documento privado a través de su fecha, la jurisprudencia acude, en los dos primeros eventos señalados con antelación, a un tercero fidedigno fuera de toda duda, como son el Registro Público de la Propiedad, o a un funcionario en razón de su oficio, y en el último a la muerte de cualquiera de los firmantes, en virtud de que su efecto material fidedigno da certidumbre de que no pudo haber sido signado en fecha posterior. En esa tesitura, es menester destacar que el presentar un documento ante un fedatario público o celebrar un acto o hecho jurídico ante su fe pública, da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes, que está investido de fe pública y facultado para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado o del acto o hecho jurídico celebrado ante dicho fedatario. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 44/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 77, del Tomo XXI, Junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 178201, cuyo rubro y texto establecen: (.) Con la documental antes indicada, se acredita plenamente que a la fecha en que se trabó embargo sobre el predio identificado con el número ******************** de la calle ******************** del ******************** ********************, en esta ciudad, de la ciudad de ********************, ********************, esto es, el veinte de febrero de dos mil diecinueve, ya había salido del patrimonio de ********************, al haber celebrado con la aquí quejosa el contrato de donación el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, ante un fedatario público, adquiriendo fecha cierta cuando menos desde ese mismo día. Además de que dicho contrato resulta válido, pues se celebró en términos de los artículos 1479, 1480, 1482, 1483, 1484, 1485 y 1486 del Código Civil del Estado de ********************. Numerales de los que se desprende, por una parte, que la donación, es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, con las restricciones que se establecen en la propia ley. De igual manera disponen que se considera pura la donación que se otorga en términos absolutos, y condicional la que depende de algún acontecimiento incierto; que es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes, y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que no importan una deuda. Indican que las donaciones sólo pueden tener lugar entre vivos y no pueden revocarse sino en los casos declarados en la ley; que la donación será perfecta desde que el donatario la acepta, y se hace saber de dicha aceptación al donador. De igual manera señalan que sólo puede hacerse donación verbal tratándose de bienes muebles y cuando su valor no exceda de cien veces el salario mínimo vigente; que cuando el valor de los muebles donados excediera de la cantidad indicada, necesariamente la donación deberá constar en escritura pública ante escribano o notario público, según corresponda conforme a la ley. Asimismo, establecen que las donaciones de bienes inmuebles se otorgarán ante escribano o notario público, según corresponda conforme a la ley, de acuerdo al valor catastral o al estimado para efectos fiscales, y que la aceptación debe hacerse en la misma escritura de donación o en otra separada, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante. Precisado lo anterior, con la documental precisada en párrafos que anteceden, queda demostrado que el embargo practicado sobre el predio identificado con el número ******************** de la calle ******************** del ******************** ********************, de la ciudad de ********************, ********************, propiedad de la parte aquí quejosa, resulta conculcatorio de sus derechos fundamentales, puesto que sin ser parte en el procedimiento de origen, se embargó un inmueble propiedad de ********************pues desde el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el inmueble antes indicado había salido del patrimonio de ********************, con motivo del contrato de donación a título gratuito de la nuda propiedad con reserva de usufructo que celebró con la promovente de amparo. Ante ello, es claro que se vulneraron los derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de la quejosa, que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que dichos preceptos constitucionales protegen la propiedad que se tenga sobre un bien inmueble, independientemente del derecho y de la capacidad de poseerlo, habida cuenta de que a la quejosa se le restringe del derecho de propiedad que tiene sobre el predio embargado. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 36/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 243, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, con número de registro digital 164612, de la literalidad siguiente: (.) En consecuencia, lo procedente es conceder a la quejosa ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita para los efectos que se precisan en el siguiente considerando. NOVENO. Efectos del fallo protector. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes; en consecuencia, el amparo que se concede es para el efecto de que la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, de su índice: a) Deje insubsistente el embargo trabado efectuado en autos del juicio ejecutivo mercantil ********************, sobre el predio identificado con el número ******************** de la calle ******************** del ******************** ********************, de la ciudad de ********************, ********************, y b) Ordene su cancelación en las oficinas registrales correspondientes, así como las consecuencias derivadas del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la foja 993, Novena Época, del Tomo XI, enero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192581, del texto y rubro siguientes: (.) Sin que lo anterior implique dejar sin efectos todo lo actuado dentro del juicio de origen, ya que en el presente sumario se combate una afectación de carácter patrimonial de una persona tercera extraña a dicho sumario, cuya consecuencia es la de obligar a la responsable a que respete el derecho de propiedad de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/21 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, visible a página 1305, del rubro y texto siguiente: (.) Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la unión ampara y protege a ********************contra los actos que reclamó de la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado, ambas con residencia en esta ciudad, consistente en el embargo trabado el veinte de febrero de dos mil diecinueve, respecto del predio número ******************** de la calle ******************** del ******************** ********************, en esta ciudad, en ********************, ******************** y su ejecución, por los motivos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia, y para los efectos precisados en el noveno subsecuente. Notifíquese.

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