Anna Gladys Benavides Vildoso

Expediente 1164/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1164/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Anna Gladys Benavides Vildoso
  • Pedro Yauri Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No se aperturó. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Se ordena a la Secretaria certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, los oficios y anexos remitidos por la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Acatamiento a suspensión de plano. Téngase a la autoridad en cuestión informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe correspondiente. Autorizados. Téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en su oficio de cuenta por así solicitarlo la autoridad promovente. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, atendiendo a las constancias remitidas por la autoridad responsable, así como al acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintidós. , se admite a trámite la demanda en cuestión. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las once horas con veinte minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia, para la celebración de la audiencia constitucional. Incidente de suspensión. No es caso ordenar la apertura del incidente de suspensión, toda vez que mediante auto de radicación, se decretó la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados. Informes justificados. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídaseles a las autoridades responsables el informe justificado relativo, que deberán rendir dentro del término de quince días Intervención al Ministerio Público. . Tercero interesado. Las quejosas de mérito manifestaron que no existe tercero interesado en el presente asunto. Malos tratos y asistencia consular. La Actuaria hizo constar que los directos quejosos se encontraban en buen estado de salud física, y que no han sido víctima de malos tratos; así como también, la fedataria pública adscrita, hizo constar que los impetrantes no deseaban que se diera aviso al consulado de su país de origen. Autorizado de los quejosos. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo al licenciado por haberse encontrado registrada su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos restringidos de dicho numeral a , toda vez que no se encontró registrada su cédula en el aludido Sistema. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecida la prueba documental que acompaña a su escrito de demanda; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia respectiva. Petición especial. En cuanto a la petición especial realizada, dígasele si bien es cierto proporciona el nombre de la persona se hará responsable de los quejosos, y solicitan en caso de ordenar su libertad ser eximido de otorgar algún tipo de caución, no menos cierto es que dicha petición debe ser formulada ante la autoridad migratoria, ya que es la encargada de reconocer la solvencia de la persona que se hará responsable de los hoy solicitantes del amparo, y de fijar la garantía, de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Migración, con el objeto de garantizar la presentación de los gestores del amparo para dar debido cumplimiento al procedimiento administrativo migratorio, de ser el caso. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a uno de agosto de dos mil veintidós. se tiene por promovida dicha demanda en sus términos, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1164/2022. Suspensión de plano. , se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto los actos consistentes en la deportación, expulsión, repatriación asistida o por "razones humanitarias", así como la incomunicación; por lo que, en caso de estarse efectuando, cesen sus efectos inmediatamente; igualmente, en relación a la ausencia de asesoría legal, deben cesar sus efectos inmediatamente, ya que conforme al numeral 109, fracción V, de la Ley Nacional de Migración, tienen derecho a permitirles el acceso de sus representantes legales y tener asesoría legal en el procedimiento migratorio. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD [privación de su libertad y/o aseguramiento y/o alojamiento y/o detención, retención, encarcelamiento, presentación] [PRIMER SUPUESTO] Luego, en torno a los diversos actos consistentes en la privación de su libertad en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mexicali, dada la naturaleza de la citada autoridad, debe decirse que en el caso se presume que la detención está siendo efectuada por autoridad administrativa, distinta del ministerio público, con motivo del procedimiento para determinar su legal estancia en el país. Por ende y dado que a decir del promovente de la parte quejosa se encuentra privada de su libertad fuera de todo procedimiento, asegurada, alojada, detenida, presentada de manera forzosa o cualquier denominación en este sentido; se concede la suspensión de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con las disposiciones atinentes de Ley de Migración que rige el actuar de las autoridades responsables, en los siguientes términos: 1. Para que las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, acrediten de inmediato ante este Juez de Distrito, si la parte quejosa está sujeta a un procedimiento migratorio o bajo la comisión de un delito. 2. Para el caso que esté detenida bajo la comisión de un delito, deberán ponerla sin demora alguna a disposición del Ministerio Público. 3. Si no se demuestra fehacientemente que la parte quejosa está sujeta a un procedimiento migratorio, ni algún otro por su posible participación en un hecho que la ley señale como delito, deberá ordenar su inmediata libertad. Similares criterios sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto En el entendido de que, sin prejuzgar el fondo del asunto, la "detención" de la parte quejosa no se trata de una privación de tipo penal por la comisión de un delito ni es realizada por autoridades administrativas derivada de infracciones de ese tipo, reguladas en reglamentos gubernativos y de policía que excede del plazo máximo de treinta y seis horas de arresto, porque tal supuesto es el que se encuentra vinculado con lo que dispone el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tiene impacto en las disposiciones aplicables a la suspensión, previstas en la segunda parte de la sección III de la Ley de Amparo, o sea, la suspensión del acto reclamado en materia penal. Cierto, conforme a la información suministrada en la demanda de derechos fundamentales, se advierte que los actos reclamados se vinculan con la presentación o alojamiento en una estación migratoria derivado de lo establecido en el artículo 33, párrafo segundo, de la Carta Magna, la cual prevé expresamente las bases para la substanciación del procedimiento migratorio, previo a la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional y de la fijación del lugar y tiempo de detención, que a su vez regula la norma secundaria, esto es la Ley de Migración, cuya distinción fáctica y jurídica es de suma relevancia al caso. [SEGUNDO SUPUESTO] Ahora, si la parte quejosa se encuentra en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, las autoridades responsables deberán acatar en sus términos la Ley de Migración y su reglamento, así como el Protocolo para Juzgar Casos que Involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en específico el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" en el que se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento, prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción; concretamente y de manera destacada, se prevé la posibilidad de que los impetrantes obtengan la libertad en los términos y en los supuestos contenidos en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, conforme a lo cual se garantiza su acceso a ese derecho. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 162, ambos de la Ley de Amparo, en consonancia con las disposiciones atinentes de Ley de Migración, en caso de que la parte quejosa actualmente estuviera detenida ante la autoridad sujeta a un procedimiento administrativo migratorio para poder definir la situación legal en el país, ésta queda a disposición del presente Juzgado de Distrito, únicamente por lo que a su libertad personal se refiere, pero en el lugar en el que actualmente se encuentra -instalaciones de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California-, en tal sentido la autoridad migratoria se encuentra obligada a obedecer esta orden bajo su más estricta responsabilidad. De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes no podrá exceder de treinta y seis horas, ante la autoridad migratoria, por tanto, en caso de que la presentación exceda las treinta y seis horas, sin iniciar el procedimiento administrativo migratorio, se concede la suspensión de plano para el efecto de que los quejosos sean puestos en libertad y dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que la parte gestora del amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero." (El subrayado es propio) En virtud del precepto legal antes trascrito, se advierte de manera literal, que los términos precisados en el párrafo que antecede a que se hace referencia en el citado artículo, se trata de días hábiles, y no naturales, los que tiene la autoridad correspondiente para resolver la situación migratoria del extranjero alojado en estación migratoria; en la inteligencia que conforme dicho dispositivo la autoridad podrá resolver en un primer supuesto general, dentro del plazo de quince días hábiles, y para otros casos establecidos en ese mismo artículo, prevé un plazo más amplio que no podrá exceder de sesenta días hábiles.Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Eduardo Pacillas Bustamante, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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