Anna Elizabeth Colli Coral
Expediente 678/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Anna Elizabeth Colli Coral
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a la quejosa y a las terceras interesadas ***, ***y ****, el cuatro de octubre actual, mientras que al diverso tercero agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, el cinco siguiente, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto siguiente: "... que la autoridad responsable Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, realice lo siguiente: a). Deje insubsistente la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, únicamente en la parte que resolvió acerca del auto de no vinculación a proceso, emitido por el Juez en turno de Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la carpeta administrativa 157/2020, instruida en contra de Isela del Socorro Morales Sansores, Delfina Guadalupe Puerto Basulto y Julia del Carmen Puerto Basulto -aquí terceros interesados-, por el delito de despojo de cosa inmueble, querellado por Anna Elizabeth Collí Coral e imputado por la representación social, y, b) En su lugar, dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción resuelva confirmar o revocar con la suficiente y debida fundamentación y motivación el auto de no vinculación a proceso apelado de conformidad con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal del Estado de Yucatán, respecto del hecho delictuoso imputado." Posteriormente, en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, el Magistrado Presidente de la Sala responsable, mediante oficio relacionado el uno de octubre actual, remitió copia certificada de la resolución de veintinueve de septiembre del año en curso, dictada en la Carpeta Administrativa 157/2020, de la que se aprecia que dejó insubsistente la resolución reclamada e inmediatamente dictó uno nuevo, en la que, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la ejecutoria, decretó auto de vinculación a proceso en contra de las terceras interesadas Isela del Socorro Morales Sansores, Delfina Guadalupe Puerto Basulto y Julia del Carmen Puerto Basulto, por los hechos que la ley señala como los delitos de Despojo de cosa inmueble y Daño en propiedad ajena. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la citada autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Magistrado Tercero y Presidente de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla, se declara que la expresada resolución que en su punto resolutivo primero concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con apoyo en el numeral 258 de la propia ley de la materia, se le impondrá una multa por el valor de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En virtud de lo anterior, devuélvase a la citada autoridad los anexos remitidos con su informe justificado, consistentes en el expediente original del Toca Penal ******************** su índice y las copias certificadas de constancias conducentes de la Carpeta Administrativa ********************, del registro del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, solicitando en el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 678/2021-I-A, promovido por ********************en contra del acto atribuido a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, ... SEXTO. Estudio de la litis constitucional. Los conceptos de violación planteados por la quejosa resultan fundados suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, ya que se advierten contravenciones a sus derechos fundamentales, que deben ser reparadas mediante la protección de la Justicia Federal solicitada, concretamente porque se trasgredió los derechos de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como se explicará. Establecido la anterior, para una mejor compresión, es menester resaltar que las constancias y registros audiovisuales allegados a la presente contienda constitucional, del toca penal ********************, ponen de relieve los siguientes antecedentes: Ante el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, se encuentra radicada la carpeta administrativa ********************, seguida contra ********************, ******************** y ********************, por los hechos que la ley señala como delitos de despojo de cosa inmueble y daño en propiedad ajena. En audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se decretó auto de no vinculación a proceso a favor de ********************, ********************y ********************, ambos de apellidos********************por los citados delitos de despojo de cosa inmueble y daño en propiedad ajena, el primero, previsto y sancionado por el artículo 329, párrafo I, fracción I, y por lo que respecta al segundo, previsto por el artículo 350 y sancionado por el diverso 333, fracción IV, relacionados ambos delitos con los artículos 19 y 86, todos del Código Penal del Estado vigente al momento de la comisión de los hechos, querellados por la ciudadana ******************** Inconforme con ello, el agente del Ministerio Público ********************, interpuso recurso de apelación, a lo que recayó el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, que ordenó notificar a las partes de tal medio de impugnación, de lo que quedó enterado la citada ********************, a través del correo electrónico designado para tal efecto. Posteriormente, notificada la totalidad de las partes con motivo del recurso, por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la querellante (aquí quejosa) Anna Elizabeth ********************, adhiriéndose al recurso de apelación hecho valer por el fiscal investigador, ordenándose correr traslado a las partes. Por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, en el toca ********************, la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado, admitió el recurso de apelación interpuesto por el representante social y la adhesión por parte de la querellante. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, resolvió el recurso de apelación, en el que modificó la resolución apelada, convalidando, por un lado, el auto de no vinculación a proceso a favor de ********************, ********************y ********************, ambos de apellidos********************por el hecho que la ley señala como delito de despojo de cosa inmueble y por otro, dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, ********************y ********************, ambos de apellidos********************por el hecho que la ley señala como el delito de daño en propiedad ajena. Como se adelantó, la determinación adoptada por la Sala responsable, deviene violatoria de los derechos fundamentales de la parte quejosa, dado que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado y en el caso ello no ocurre. Establecido lo anterior esta autoridad estima conveniente tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." La interpretación sistemática y funcional de las disposiciones contenidas en los numerales Constitucionales y legales parcialmente transcritos, permite considerar que: En el primero, se garantiza que ninguna persona pueda ser privada, entre otros aspectos, de sus derechos, si ello no ocurre previo el seguimiento de un juicio ante los órganos jurisdiccionales preexistentes en el orden jurídico, en el que se deben satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que se ventile. En el segundo de corte Constitucional y el citado de la ley adjetiva, se consagra la garantía de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad; entendiéndose por fundamentación la cita del o los preceptos aplicables al caso; y, por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen como sustento de la determinación, concuerden con la descripción legal; amén de que éstas deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y los puntos a resolver; asimismo, deberán impregnarse de claridad, concisión y apartarse de cualquier formulismo innecesario, buscando a toda costa que se privilegie el esclarecimiento de los hechos. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por los numerales trascritos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe decirse que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, según lo estipula el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El referido precepto consagra uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden Constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad lo protege de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, no sólo por ser arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también, por no ajustarse al precepto legal correspondiente, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien, que no contenga las razones de hecho o de derecho, que le den sustento. Pues el derecho de legalidad consagrado en la primera parte del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que condiciona a todo acto de autoridad en los términos ya precisados, parte del supuesto de que los actos del poder público deben ser emitidos por autoridad competente; además, que éstos deben cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación. Así, de la transcripción de dicho numeral, se advierten dos supuestos que rigen el acto de autoridad: 1. Todo acto de autoridad, debe realizarse conforme sus facultades, debiendo fundamentar y motivar la causa del mismo; 2. Los actos de autoridad deberán estar por escrito, haciendo la salvedad de los juicios en donde su procedimiento se desahogue de manera oral, por lo que bastará que dicho mandamiento quede grabado en cualquier medio electrónico en el cual se pueda corroborar la certeza del acto. En un análisis más a fondo de lo que refiere a una debida motivación y fundamentación, se advierte que un acto de molestia ha sido considerado como una afectación en la esfera jurídica del gobernado por algún acto de autoridad. Así, el artículo 16 Constitucional regula ese tipo de actos en el sentido de que, para que pueda molestarse a una persona, debe existir un mandamiento escrito de la autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, se exprese las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por ello, la disposición legal que conceda atribuciones a la autoridad para emitir un acto de molestia tiene, en realidad, un solo objetivo, brindar certeza y seguridad jurídica al gobernado frente a la actuación de los órganos del Estado; lo anterior, debiéndose expresar con precisión, el precepto aplicable al caso y, señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, con número de registro 176546, la cual al rubro y texto refieren: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En esas consideraciones, es de ver que tratándose de resoluciones, el requisito de fundamentación responde, en términos generales, al análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aún sin citarlas de forma expresa; en tanto que el requisito de motivación exige que analice y valore razonadamente cada uno de los medios de prueba que ante su jurisdicción hayan sido ofrecidos y resulten pertinentes para el caso concreto, a fin de determinar si quedaron probadas o no las hipótesis de hecho que fueron planteadas por las partes. Por lo que, una resolución que dirima las cuestiones debatidas obliga al juzgador a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos tanto en la demanda, como aquellos en que se sustenta la contestación a ésta y demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Al respecto se cita la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Así como la tesis I.6o.C.82K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1818, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste". En ese orden de ideas, cabe destacar que, en el caso, para confirmar o revocar un auto de no vinculación a proceso, era necesario que el tribunal de alzada -al sustituirse en el juez de control- analizara exhaustivamente los requisitos de forma y de fondo para el dictado de una resolución como lo es la no vinculación a proceso de conformidad con el artículo 19 constitucional, a saber: 1) Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho; 2) La ley señale como delito a ese hecho y 3) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, el tribunal de alzada estaba constreñido a verificar que los datos de prueba valorados por el juez se ajustaron a la sana crítica, si se observaron las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Además, el texto constitucional contiene los lineamientos de corte acusatorio, adversarial y oral, los cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, ya que acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito. De ahí que la norma constitucional establece que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez o en el caso concreto el tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación, encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Dicho lo anterior, conviene precisar que la autoridad responsable, al resolver el recurso de apelación, ahora combatido, entre otras cuestiones, se limitó a argumentar lo siguiente: "...Con ese preámbulo, se estiman parcialmente fundados los agravios que el apelante expone respecto a la aplicación incorrecta del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que atañe a la imputación que se hizo con respecto al hecho que la ley señala como el delito de Daño en propiedad ajena. Por otra parte, y de acuerdo a lo que se precisa a continuación, resulta improcedente que se emita un auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como el delito de Despojo de cosa inmueble. Por razón de técnica se expondrán los motivos por los que resulta infundado acceder a la pretensión del apelante con respecto al delito acabado de enunciar, y en segundo lugar, este Tribunal reasumirá jurisdicción a efecto de dictar auto de vinculación a proceso por el delito de Daño en propiedad ajena querellado por la ciudadana de identidad reservada de iniciales ********************. Con respecto al delito de Despojo de cosa inmueble, el apelante resalta que la querellante afirmó que una porción de su predio fue invadido al realizarse trabajos de construcción en el inmueble contiguo al suyo, y que tal hecho se corrobora en los datos que oportunamente fueron enunciados durante la audiencia. El apelante también cita las tesis de rubros: "DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." "INTERDICTO DE RECUPERAR LA POSESIÓN Y DELITO DE DESPOJO. EXTREMOS DE ACREDITAMIENTO DEL ACTO DESPOSESORIO." "DESPOJO. PARA QUE SE ACTUALICE LA FURTIVIDAD, COMO ELEMENTO NORMATIVO DEL AQUÉL, ES IRRELEVANTE QUE EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO ESTÉ O NO VIGILADO POR SU PROPIETARIO O POSEEDOR." "DESPOJO, DELITO DE. CONDUCTA DOLOSA DE USURPAR UN DERECHO AJENO COMO ELEMENTO DEL TIPO PENAL (ARTÍCULO 384, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE OAXACA; 395, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 408, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA)." "DESPOJO, DELITO DE. EL DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA DE AGRIMENSURA ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." Sin embargo, la información que derivó de la exposición que hicieron las partes no es indicativa de que la invasión excede del ámbito de protección de la norma que prevé los daños, y que se trata de un aspecto de ocupación, de que la parte imputada esté haciendo uso de esa porción, ni es clara dicha información sobre si esos datos además constituyen un impedimento en los términos señalados en el artículo 329 del Código Penal del Estado, máxime cuando en ese caso se escuchó que cuando se entrevistó al señor ********************, esta persona mencionó que se dejó de construir, que dejaron de ir a trabajar los albañiles. En unión, no existe información que sea armónica en el sentido de que el dueño del predio ******************** construyó los cimientos de un muro dentro del terreno de la querellante, pues aunque se realizó una inspección ocular el catorce de agosto de dos mil diecisiete, a propósito de la ampliación de la querella, en audiencia únicamente se escuchó que un perito toma quince imágenes fotográficas en el inmueble en las que según expuso el fiscal, se puede notar la "derribación" de los postes de palma que ya no se encuentran, así como también la construcción de una zapata, sin hacer mayor precisión. En ese sentido, no se tiene información acerca de que, verbigracia, se hubiera reedificado una barda o construcción que signifique una ocupación, uso o interrupción en términos del artículo 329 del Código Penal del Estado, lo cual tiene el efecto de que esta autoridad no cuente con indicios que hagan razonables considerar un despojo, pues además los aspectos a los que se hizo énfasis durante la audiencia acerca de la diferencia de medidas reales y las registrales por ejemplo, son aspectos que en este caso pueden quedar dentro del ámbito de protección de la norma que prevé el delito de Daño en propiedad ajena, derivado de la reparación del daño que en su caso, se determine. En unión, como se evidenció en un apartado precedente, es clara la voluntad del legislador de excluir la variación de límites de una propiedad del ámbito de protección del delito de Despojo de cosa inmueble, lo cual es patente a través de la comparación del artículo 325 del Código de Defensa Social del Estado abrogado, y el artículo 329 del Código Penal de la entidad vigente al momento de los hechos. En ese sentido, resulta infundado que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito de Despojo de cosa inmueble. Ahora, antes de proseguir con el estudio, se reitera que la parte querellante se encuentra en libertad de ejercitar las acciones que estime conducentes con respecto a los límites de su propiedad, sin que esta autoridad pueda emitir alguna consideración sobre el resultado del procedimiento de apeo y deslinde intentado, que además no es sinónimo de que haya cosa juzgada en un juicio plenario o reivindicatorio. Por lo antes expuesto, se estima acertado dictar AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO por el hecho que la ley señala como el delito de DESPOJO DE COSA INMUEBLE, sin perjuicio de que la fiscalía pueda continuar con la investigación y, en su caso, posteriormente formule nueva imputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 319, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales..." Como puede verse, de los argumentos torales de la autoridad responsable no se advierte que la Sala responsable haya analizado si el Juez de Control cumplió o no con los requisitos necesarios para el dictado de un auto de vinculación a proceso (no vinculación), contenidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (a contrario sensu para confirmar un auto de no vinculación a proceso). Por lo anterior, como bien lo señala la quejosa en sus conceptos de violación, la resolución reclamada de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en la parte relativa donde el tribunal ad quem determinó confirmar el auto de no vinculación a proceso decretado en favor de las ciudadanas de identidad reservada ********************, ******************** y ********************, por el delito de despojo de cosa inmueble, no observó los principios de legalidad, ya que carece de fundamentación y motivación, toda vez que, de la imposición del acto impugnado, resulta evidente la omisión en que incurrió la Sala responsable al dejar de analizar la totalidad de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Es decir, en tal determinación la Sala responsable no cumplió con lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que para confirmar el auto de no vinculación a proceso debía respetar las exigencias constitucionales genéricas para todo acto de autoridad, como son el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, y el deber de fundamentación y motivación, conforme lo establece el artículo 19 constitucional. Lo anterior se afirma en esos términos, ya que de la lectura del acto reclamado se advierte que no fundamentó ni motivó consistentemente el por qué no había dato de prueba que hiciera presumir que se había cometido el hecho delictivo base de la imputación previsto en el artículo 329 del Código Penal del Estado, que estable que comete el delito de despojo de cosa inmueble: "Artículo 329. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión y de diez a treinta días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, engañando a éste, o furtivamente: I.- Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro, y." (hipótesis imputada). Del cual no se advierte, por falta de motivación, ya que básicamente sólo se limitó a determinar que la exposición que hicieron las partes no era indicativo de que la invasión excede del ámbito de protección de la norma que prevé los daños, ya que se trata de un aspecto de ocupación, de la cual, la parte imputada esté haciendo uso de esa porción, ni tampoco es clara dicha información sobre si los daños, además constituyen un impedimento en los términos señalados en el artículo 329 del Código Penal del Estado, mencionando que en el caso, cuando se entrevistó al señor ********************, esta persona mencionó que "se dejó de construir, que dejaron de ir a trabajar los albañiles". Además, que no existe información armónica de que el dueño del predio ******************** construyó los cimientos de un muro dentro del terreno de la querellante, pues a pesar de haberse realizado una inspección ocular el catorce de agosto de dos mil diecisiete, con motivo de la ampliación de la querella, en la audiencia únicamente se escuchó a un perito que tomó quince imágenes fotográficas en el inmueble, de las que le sirvió al fiscal hacer notar la "derribación" (sic) de los postes de palma que ya no se encontraban, así como la construcción de una zapata, sin hacer mayor precisión. También, señaló que no se tiene información acerca de que se hubiera reedificado una barda o construcción que signifique una ocupación, uso o interrupción en términos del citado numeral 329, por lo que no contaba con indicios que se hicieran considerar un despojo. De igual forma hizo énfasis de la diferencia de medidas reales y las registrales, que consideró son aspectos que en el caso puedan quedar dentro del ámbito de protección de la norma que prevé el delito de daño en propiedad ajena, derivado de la reparación del daño que en su caso se determine. Finalmente, evidenció que es clara la voluntad del legislador de excluir la variación de límites de una propiedad del ámbito de protección del hecho que la ley señala como delito de despojo de cosa inmueble, el cual, es patente a través de la comparación del artículo 325 del Código de Defensa Social del Estado abrogado y el numeral 329 del Código Penal del Estado. Expuesto las anteriores consideraciones, se advierte que la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre la estimación de todos los datos de prueba que al respecto se señalaron en la audiencia de vinculación, señalando por qué a su consideración estos eran insuficientes para el dictado de un auto de vinculación a proceso en contra de las imputadas, esto es, porque a su consideración no sirvieron para acreditar, en el nivel probatorio que se requiere para la etapa procesal, que se afectó a la impetrante del amparo. Pues únicamente se mencionó que se contaba con la inspección ocular, y un peritaje, y la construcción de una zapata; sin precisar por qué el desahogo de esos datos de prueba no era suficiente para demostrar la comisión del hecho calificado como delito. Esto es así, pues la Sala responsable nada expresó respecto a lo anterior, sino que solo refirió, sin expresar una mayor razón de ello, que no existía información armónica para determinar la ocupación y que los daños constituyen un impedimento en los términos del numeral 329 del Código Penal del Estado. Por lo que se insiste, que no expresó los motivos por los cuales llegó a esa conclusión, sino que se limitó a expresar su coincidencia con los argumentos del Juez de Control; por tanto, nada dijo respecto al estándar probatorio requerido para el dictado o no de la vinculación a proceso; por lo que con ello incumplió con el derecho humano de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad. Aunado a ello, realizó un análisis comparativo entre los artículos 325 del Código de Defensa Social del Estado de Yucatán abrogado y el artículo 329 del Código Penal del Estado vigente, sin argumentar suficientemente la necesidad o conducencia al caso concreto de dicha comparación. En resumen, la Sala violó el derecho fundamental de legalidad, establecido en el artículo 16 constitucional, ya que se limitó a estudiar los agravios expresados por el fiscal adscrito, mismos que fueron adheridos por la víctima, sin analizar, de oficio, la posible vulneración de derechos humanos, como lo podrían ser la valoración de los datos de prueba que permitan demostrar razonadamente la existencia del hecho señalado por la ley como delito de despojo de cosa inmueble, así como la probabilidad de las imputadas en su comisión, entre otras cuestiones. En consecuencia, al no estar fundada ni motivada suficientemente la determinación del tribunal de alzada responsable, respecto de la confirmación de la no vinculación a proceso, crea incertidumbre e inseguridad jurídica a la quejosa, lo cual, a su vez, se traduce en dejarla en estado de indefensión por desconocer las causas adecuadas que la sustentan, ya que no basta que la responsable realice determinado pronunciamiento, sino que es su obligación citar los preceptos aplicables al caso, así como las razones correctas que lo justifiquen, y que ambos aspectos se relacionen entre sí, contrario a lo sucedido en el caso. Vicios, los anteriores, que este órgano de control constitucional se encuentra impedido subsanar, ya que no le está permitido sustituir a la responsable en el cumplimiento de su obligación de hacer una debida motivación, dado que con dicho actuar se estaría completando o integrando el acto combatido, obligando al quejoso a defenderse, además de lo determinado por la autoridad responsable, de lo que se pronuncie en esta instancia constitucional. Entonces, es a la responsable a quien corresponde en uso de su jurisdicción, proceder a dejar sin efectos el acto reclamado y emitir uno nuevo en el que enmiende las irregularidades cometidas; pues sólo así se restituiría al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales, lo que armoniza con los principios jurídicos que obligan a la autoridad judicial motivar debida y suficientemente sus determinaciones. Por tanto, al resultar fundados, en suplencia, los conceptos de violación formulados por la quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, a Anna Elizabeth ********************, para los efectos que se precisan a continuación. SÉPTIMO. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. En ese contexto, para restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales conculcados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, realice lo siguiente: a). Deje insubsistente la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, únicamente en la parte que resolvió acerca del auto de no vinculación a proceso, emitido por el Juez en turno de Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la carpeta administrativa ********************, instruida en contra de ********************, ******************** y ********************- aquí terceros interesados-, por el delito de despojo de cosa inmueble, querellado por Anna Elizabeth ******************** e imputado por la representación social, y, b) En su lugar, dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción resuelva confirmar o revocar con la suficiente y debida fundamentación y motivación el auto de no vinculación a proceso apelado de conformidad con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal del Estado de Yucatán, respecto del hecho delictuoso imputado. Cabe precisar, que el efecto de la protección constitucional concedida, no implica que la autoridad responsable esté impedida para emitir una nueva resolución en el mismo sentido que lo hizo, en virtud de que el presente amparo sólo anula aquél, pero no restringe el imperio de la responsable para emitir otro con plenitud de jurisdicción debidamente fundado y motivado, por tratarse de violaciones de forma y no haberse estudiado el fondo del asunto y, subsanando los requisitos de forma, determine lo que en derecho corresponda sobre el recurso interpuesto. OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************en contra del acto que reclama a la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Angelly Franco Carrillo472/2023
- Angie Marilu Cabrera Aguilar246/2022
- Anibal Antonio Pineda Cervera1142/2019
- Anisleidy Lores García600/2019
- Anke Maria Verberne1608/2021
- Anna Elizabeth Collí Coral687/2019
- Anna Elizabeth Collí Coral1249/2017
- Anna Elizabeth Collí Coral910/2018
- Anohart Juarez Lira2401/2021
- Anselmo Baltazar Villacís Quijano507/2020
- Anselmo Cocom Celis681/2020
- Anthony Asunción Cahuich Torres1188/2018