Anmi García Arellano

Expediente 195/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
195/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Anmi García Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el once de enero de dos mil veintidós, en la que se negó la protección federal en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Por otra parte, en atención a la segunda certificación de cuenta, se toma en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración por haberse negado la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años. Asimismo, en observancia a lo previsto en el numeral 35 del citado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15 del propio acuerdo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Ahora, de autos se advierte que la autoridad responsable Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal Quintana Roo, remitió lo siguiente: Copia certificada del expediente ****, relativo al juicio ordinario civil de custodia de su índice ** Atento a ello y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y al ordenarse su archivo en esta propia data, es innecesario la retención de las citadas documentales; por tanto, devuélvanse las mismas a la aludida autoridad responsable, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y tomando en consideración que a las nueve horas con diez minutos del diecisiete de septiembre del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en los autos del presente juicio de amparo, a fin de no dejar promociones pendientes por acordar, fórmese cuaderno de antecedentes. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso ***, mediante el cual manifiesta que no se encuentra visible el resultado de la audiencia constitucional celebrada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente electrónico; asimismo, solicita su actualización ya que al realizar la consulta no se advierte su integración. Por tal motivo, comisiónese a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que realicen las gestiones necesarias para efecto de que la parte quejosa tenga acceso total a la consulta electrónica del expediente en que se actúa. Notifíquese.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Chetumal, Quintana Roo, a las nueve horas con diez minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado César Octavio Meza Ojeda, Secretario en funciones de Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, en términos del artículo 44, párrafo segundo y 86, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3448/2020, signado por el secretario técnico de la citada comisión, asistido del licenciado Alejandro Rodríguez Cel, Secretario que autoriza y da fe, se procedió a celebrar la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo 195/2021, promovido por la quejosa ***, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad ***, sin la comparecencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Acto continuo, el Secretario hace constar que en los presentes autos obra: escrito original de la demanda de amparo; auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual por una parte se desechó y por otra, se admitió la demanda de amparo; notificación en la que se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada ***; asimismo, la notificación al representante y asesor jurídico de la menor quejosa. Ahora, en cuanto a los informes justificados que obran en autos, el Secretario hace relación de los mismos mediante el cuadro siguiente: No Autoridad responsable Sentido en que rinde 1 Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo Cierto y hace manifestaciones Además, en este acto, el Secretario da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que por auto admisorio, se reservó proveer en relación a la prueba ofertada por la parte promovente relativa a la escucha del menor quejoso en el presente juicio, hasta en tanto, obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, mismo que ya obra en autos, tal y como se advierte con antelación. A lo anterior el Secretario en funciones de Juez acuerda: téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad responsable citada en el cuadro que antecede. Luego, en relación a la reserva decretada en el auto admisorio respecto de la prueba en mención, este juzgador provee: Partiendo de la naturaleza y finalidad del juicio de amparo (que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte), es dable decir que el juicio de amparo no constituye una nueva o segunda o tercera instancia del procedimiento del orden común, donde puedan recibirse las pruebas que no se desahogaron con anterioridad, ni que dicho juicio, que es autónomo, tiene por objeto decidir directamente sobre acciones, excepciones o pretensiones que se plantean en el procedimiento ordinario, pues lo que en él se juzga, es exclusivamente si el acto reclamado vulnera derechos humanos. Siendo que, por esta razón, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, tomando en????? consideración sólo los elementos que tuvo ante sí y pudo esa autoridad ponderar, dado que lo que se juzga es precisamente su actuación. Estimar lo contrario, implicaría desnaturalizar el juicio constitucional, atribuyendo al Juez de Distrito facultades equivalentes a las de las autoridades responsables, incluso la de resolver directamente el conflicto planteado ante éstas. Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que estén involucrados derechos de un menor; toda vez que esa circunstancia no puede ser razón suficiente para desconocer la naturaleza del juicio de amparo (cuyo objeto es garantizar de forma efectiva los derechos humanos de las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, en los casos señalados) ni los fundamentos y disposiciones que rigen el mismo. De ahí que tampoco sea factible que al ejercer una función jurisdiccional, deje de observar los diversos principios constitucionales y legales, entre ellos el de legalidad, seguridad jurídica, y debido proceso, pues de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Resulta ilustrativa por las consideraciones ahí contenidas, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, Décima Época, registro 2006485, de epígrafe y contenido siguientes: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Por tanto, se desecha la prueba ofertada por la parte quejosa consistente en la escucha del menor, en virtud que, de aceptar lo que pretende la recurrente, equivaldría a que este órgano de control constitucional sustituyera al juez responsable a efecto de analizar la convivencia del menor con su progenitor, lo que no le está permitido; dado el arbitrio que la ley concede al juzgador de instancia para calificar el valor probatorio de un medio de convicción, la autoridad federal, no puede sustituirse al criterio de la autoridad del orden común. Bajo esa lógica, se concluye que este juzgador, no puede admitir, desahogar y valorar en forma directa la prueba ofrecida, en virtud de que rige sin duda alguna lo ordenado en el primer párrafo del multicitado numeral 75, en cuanto prevé que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y que no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad. Resulta ilustrativa la tesis 2a. XLIII/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, marzo de 2017, Tomo II, página 1396, Décima Época, Registro: 2013966, de rubro y contenido siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 75, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA. El primer párrafo del precepto indicado contiene una regla que brinda equilibrio y seguridad a los sujetos involucrados en el acto de autoridad, al exigir que, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto se aprecie tal y como aparezca probado ante la responsable, por lo que no se admitirán ni se tomarán en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Por otra parte, su segundo párrafo prevé una excepción a esa regla general, pues permite que en el amparo indirecto el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, supuesto normativo que debe interpretarse en el sentido de que esa posibilidad procesal opera, como la frase lo anuncia, "cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable", lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se trate de una persona ajena al procedimiento de creación del acto reclamado, o cuando la ley que lo rija no establezca la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas. En consecuencia, lo dispuesto en el segundo párrafo referido no sería aplicable si el gobernado fue parte en el procedimiento de formación del acto de autoridad, como podría ser un acto derivado de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se entiende que las partes involucradas tienen la posibilidad procesal de probar a su favor." Finalmente, debe hacerse del conocimiento de la parte oferente de la prueba que, al momento de entrar al fondo del estudio en el presente asunto, este juzgador tomará en consideración los elementos que constituyen el acto reclamado, y si es el caso, podrá advertir las deficiencias o no que se hubieren actualizado, lo cual será precisamente el motivo de disenso para resolver la controversia planteada. A continuación, se declara abierto el período probatorio: se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que se señalan a continuación: ? Acta de nacimiento número a nombre del menor de edad de identidad reservada ***. ? Recomendación número CDHEQROO/01/2020/I de trece de marzo de dos mil veinte. ? Oficio CEAVEQROO/DRV/0689/2020 y consecutivo de dieciocho de agosto de dos mil veinte ? Copia simple del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. ? Copia certificada del expediente 279/2017 del Juzgado Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal. ? Instrumental de actuaciones ? Presuncional legal y humana. Por su parte, la autoridad responsable, ofreció como medio de convicción, lo siguiente: ? Copia certificada del expediente 279/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil de Custodia de su índice (tomos de prueba). Acto seguido el Secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas ofertadas antes señaladas; sin pruebas pendientes por desahogar ni diligencias por practicar, se cierra esta etapa. Se apertura el período de alegatos: el Secretario hace constar que las partes fueron omisas en formularlos. A lo anterior el Secretario en funciones de Juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos, de conformidad con el numeral 124 de la ley de la materia. Con lo anterior, se cierra el período de alegatos y se da por concluida la presente audiencia, firmando el acta para constancia el Secretario en funciones de Juez, en unión del Secretario que autoriza y da fe, citándose en el presente juicio para oír la sentencia.

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