Anita Saucedo Madrigal

Expediente 1014/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1014/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Anita Saucedo Madrigal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dicho tribunal de alzada aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional mediante sentencia con engrose de treinta de enero del presente año, misma que registró bajo el número de amparo directo civil 177/2023 de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a realizar un pronunciamiento de fondo, toda vez que mediante auto de veinte de febrero del año en curso, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa como totalmente concluido. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, por la que por una parte se sobreseyó el sumario en que se actúa y por otra este órgano jurisdiccional se declaró incompetente, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Ahora bien, dado que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil 175/2021 del índice del Juzgado Menor Mixto de Tacámbaro, Michoacán, se ordena remitir copia certificada del presente juicio, así como un tomo de pruebas al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, residente en esta ciudad. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del treinta de enero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1014/2022, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido la Secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las pruebas documentales ofrecidas por el Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por razón de su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que las partes no los formularon. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintisiete de abril de dos mil veintidós, ********************, por su propio derecho, promovió amparo directo contra actos del Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. Actos que la parte quejosa estimó violatorios de los artículos 1º, 8º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, mediante acuerdo correspondiente a la sesión de uno de septiembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada, en virtud de que la peticionaria de amparo esencialmente dirige sus motivos de queja a cuestionar la legalidad del emplazamiento realizado en el juicio natural, por tanto, a través del oficio 4391 de doce de septiembre de dos mil veintidós, ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós la admitió a trámite y la registró bajo el número de expediente 1014/2022, se estimó innecesario requerir a la autoridad responsable su informe con justificación, dado que el mismo ya obra glosado en las constancias que remitió el tribunal colegiado; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. En el propio auto, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció carácter de parte tercera interesada a la persona moral ********************, por ser la parte actora dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, por lo que se convalidó el emplazamiento realizado por la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en atención al acto reclamado, así como las constancias de autos, se requirió a la peticionaria del amparo para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado responsable, misma que practicó el emplazamiento que impugna la quejosa. Proveído que, previo citatorio, le fue notificado mediante lista publicada el treinta de diciembre de dos mil veintidós, sin que hubiere realizado manifestación alguna al respecto, dentro del plazo que le fue concedido para ello. Atento lo anterior, mediante auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintiséis de diciembre anterior y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo únicamente por la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda. Seguido el procedimiento respectivo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se verificó en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y las constancias que obran en el juicio, se advierte que ********************, reclama: El emplazamiento efectuado dentro del juicio ********************, que en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió la persona moral ********************; y, La sentencia definitiva de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada por la autoridad responsable en el citado juicio. Actos que reclamó de la autoridad: Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. Tercera. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, al rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable como complemento a su informe justificado, consistentes en el expediente original del juicio ejecutivo mercantil ********************. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen calidad de documentos públicos y merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, -de oficio- este órgano de control constitucional advierte que en la especie se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]". La interpretación invertida de lo establecido en la porción normativa del segundo de los numerales transcrito, en relación con el contenido de la diversa del que se reprodujo en primer lugar, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si el peticionario de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se avocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional. En ese sentido debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 30/96, registro digital 200588, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". De igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, registro digital 182617, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafo precedente, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dictada por la responsable en el juicio ejecutivo mercantil ********************; sin embargo, como se dejó anotado en los resultandos primero y segundo de esta sentencia, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Decimoprimer Circuito, al analizar los actos reclamados y las constancias allegadas por la autoridad responsable, advirtió que la peticionaria de amparo esencialmente dirige los motivos de queja de su primer concepto de violación, a cuestionar la legalidad del emplazamiento realizado en el juicio natural, lo que evidencia que se ostenta como persona extraña a juicio por equiparación. Atento lo anterior, a efecto de analizar el emplazamiento impugnado, mediante proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la peticionaria del amparo para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, misma que llevó a cabo el emplazamiento de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, ordenado dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, para llamarla al citado contradictorio. Proveído que, previo citatorio, fue notificado a la quejosa mediante lista publicada en los estrados de este juzgado el treinta de diciembre de dos mil veintidós, sin que hubiere realizado manifestación alguna al respecto, dentro del plazo concedido para ese efecto. Atento lo anterior, mediante auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintiséis de diciembre anterior y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo únicamente por la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda. En el entendido que, en la especie resultaba necesario que se llamara como responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, quien según se desprende de las constancias que obran en el juicio, fue quien practicó la notificación de llamamiento de la quejosa al juicio ejecutivo mercantil ********************. De ahí que la quejosa debió señalar al menos a la referida Actuaria como responsable, ya que se duele de que la aludida fedataria no observó las formalidades que la legislación aplicable establece para llevar a cabo dicha diligencia, toda vez que dicha funcionaria pública está obligada a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; y por ende es la directamente encargada de defender la legalidad de su actuación, al conocer los pormenores de la misma. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 29/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/92, registro digital 205423, del epígrafe y texto: "ACTUARIO, HIPOTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno". En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación en sentido contrario de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad del acto reclamado si no fue parte del mismo la autoridad responsable que en él intervino, en este caso, la Actuaria adscrita al Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, pues así quedó demostrado con las constancias que obran en autos. Así, debe entenderse que si la quejosa no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar el derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable por la que dicho acto subsiste pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio, de ahí la improcedencia de mérito; tomando en consideración además que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita de la justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. Apoya lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 194684, de rubro y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 208065, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el acto consistente en el emplazamiento efectuado dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no es inadvertido por este juzgador que la parte quejosa solicitó la suplencia de la queja; sin embargo, la misma no es procedente. En efecto, la suplencia de la queja deficiente consiste esencialmente en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, o mejorar aquellos planteados de manera incompleta. Por otra parte, la procedencia del juicio de amparo es un requisito procesal de estudio preferente, oficioso y de orden público, según lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior permite deducir que procederá la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, única y exclusivamente si el juicio de amparo es procedente, por lo que no puede llegarse al extremo, alegando dicho beneficio, de hacer procedentes los juicios de amparo en los que se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que ello traería consigo el total quebrantamiento de las reglas que rigen tal instancia de control constitucional. Quinta. Incompetencia Tribunal Colegiado de Circuito. Tomando en consideración que se determinó sobreseer en el amparo respecto del emplazamiento realizado a la peticionaria de amparo, -acto por el cual resultó procedente la vía indirecta del juicio de amparo- dicho emplazamiento subsiste, así como todos los actos posteriores a ello, de modo que, por lo que ve al diverso acto reclamado por la quejosa consistente en la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil ********************, se hace necesario ordenar la separación de los autos. Es así porque, el artículo 170 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De tal suerte, la sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo de origen es de aquellas a que alude el artículo 176 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." Y contra la cual el juicio de amparo que procede en su contra lo es el que se tramita en la vía directa, competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito; de ahí que este resolutor carezca de competencia legal para conocer y resolver respecto de dicho acto reclamado, por lo que con fundamento en el precepto 47 de la Ley de Amparo, se ordena la remisión de la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Civil en turno, con residencia en esta ciudad. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P./J 70/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164073, que dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." Por tanto, una vez que la presente sentencia cause ejecutoria, procédase a la separación de autos por cuanto se refiere a la sentencia definitiva, a fin de que a la postre, en el expediente formado por la separación de autos se esté en condición de remitirlo por incompetencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, en términos de lo expuesto en la consideración cuarta de la presente resolución. Segundo. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil ********************, por lo que se ordena remitir la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, residente en esta ciudad. Tercero. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que en auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de veintiséis de diciembre del dos mil veintidós y se ordena resolver el presente juicio en los términos planteados en el escrito de demanda inicial. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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