Anita Sánchez Cadena

Expediente 582/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
582/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Anita Sánchez Cadena

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, lo de cuenta y toda vez que no fue impugnado el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE. Finalmente, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia de carácter personal otorgada al Titular, concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el dos de diciembre de dos mil diecinueve, comunicado mediante oficio 6898/2019, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y da fe el secretario José Martín Narciso Pérez. Nmr * Mcvp.

  2. Principal

    R.Uruapan, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Visto de cuenta, téngase a la quejosa Anita Sánchez Cadena, por su propio derecho, desahogando la prevención formulada el pasado veintiuno de noviembre, a continuación este juzgado emite las siguientes determinaciones. 2. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Sobre el particular, cabe destacar que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados, en: a) La diligencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve, practicada por el Juez y Secretario adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ordenada dentro del juicio ordinario civil 1047/2014, que sobre reivindicación de inmueble promovió Pedro Sánchez Cadena frente a Anita Sánchez Cadena y Francisco Martínez Uribe, a fin de poner en posesión del inmueble que se ubica en la esquina que forman las calles Nicolás Bravo y Francisco Javier Mina, plata alta y baja, identificado con el lote número 5, manzana 23, Sector Uno, colonia Centro, de Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 3. EXAMEN DE LA DEMANDA. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 4. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Respecto el reclamo precisado en el inciso a), se obtiene que deviene improcedente, lo que impone DESECHARLA DE PLANO, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII párrafo primero, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, interpretados en sentido contrario. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los Tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución de sentencia, a la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y además hubieren trascendido al resultado de la resolución. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución. Por ello, a fin de acreditar la causa de improcedencia que se estima actualizada es conveniente destacar que la quejosa Anita Sánchez Cadena, parte demandada en el juicio de origen, reclama la diligencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve, ordenada dentro del juicio ordinario civil 1047/2014, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la finalidad de hacer la entrega real y material del bien inmueble controvertido que se ubica en la esquina que formas las calles Nicolás Bravo y Francisco Javier Mina, plata alta y baja, identificado con el lote número 5, manzana 23, Sector Uno, colonia Centro, de Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a la parte actora. Ahora, la diligencia reclamada no tiene el carácter de definitiva en el procedimiento de ejecución de sentencia, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad que, se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el referido juicio de origen, así como fijar la fecha y hora, para que realice la entrega real y material del citado inmueble ordenada en el juicio de mérito. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, en la medida en que, como ya se dijo, procede contra la resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. De ahí que, que no puede estimarse que el acto de reclamo satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; pues, será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Entonces, el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, respecto de los actos precisados, porque conforme a lo previsto en la citada fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio biinstancial contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, solo se actualizará cuando se controvierta la última resolución dictada en dicho procedimiento, y en el caso, como se explicó, no ha acontecido. Por tanto, se concluye que la diligencia reclamada y el señalar fecha y hora para poner en posesión a la parte actora, constituyen solamente determinaciones intermedias dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Además, como ya se dijo, en la especie, no se está en presencia de un acto de imposible reparación, que afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, contra el cual procede por excepción el juicio de amparo indirecto, entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, así como en los tratados internacionales de los que México es parte, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues no debe perderse de vista que el objeto de la mencionada diligencia es precisamente poner en posesión real y material del inmueble controvertido a la parte actora, quien obtuvo sentencia favorable en el juicio reivindicatorio. Robustece, lo señalado con antelación, la jurisprudencia P./J.108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2001, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario) de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. 1. Visto de cuenta, téngase a la quejosa Anita Sánchez Cadena, por su propio derecho, desahogando la prevención formulada el pasado veintiuno de noviembre, a continuación este juzgado emite las siguientes determinaciones. 2. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Sobre el particular, cabe destacar que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados, en: a) La diligencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve, practicada por el Juez y Secretario adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ordenada dentro del juicio ordinario civil 1047/2014, que sobre reivindicación de inmueble promovió Pedro Sánchez Cadena frente a Anita Sánchez Cadena y Francisco Martínez Uribe, a fin de poner en posesión del inmueble que se ubica en la esquina que forman las calles Nicolás Bravo y Francisco Javier Mina, plata alta y baja, identificado con el lote número 5, manzana 23, Sector Uno, colonia Centro, de Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 3. EXAMEN DE LA DEMANDA. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 4. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Respecto el reclamo precisado en el inciso a), se obtiene que deviene improcedente, lo que impone DESECHARLA DE PLANO, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII párrafo primero, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, interpretados en sentido contrario. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los Tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución de sentencia, a la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y además hubieren trascendido al resultado de la resolución. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución. Por ello, a fin de acreditar la causa de improcedencia que se estima actualizada es conveniente destacar que la quejosa Anita Sánchez Cadena, parte demandada en el juicio de origen, reclama la diligencia de trece de noviembre de dos mil diecinueve, ordenada dentro del juicio ordinario civil 1047/2014, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con la finalidad de hacer la entrega real y material del bien inmueble controvertido que se ubica en la esquina que formas las calles Nicolás Bravo y Francisco Javier Mina, plata alta y baja, identificado con el lote número 5, manzana 23, Sector Uno, colonia Centro, de Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a la parte actora. Ahora, la diligencia reclamada no tiene el carácter de definitiva en el procedimiento de ejecución de sentencia, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad que, se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el referido juicio de origen, así como fijar la fecha y hora, para que realice la entrega real y material del citado inmueble ordenada en el juicio de mérito. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, en la medida en que, como ya se dijo, procede contra la resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. De ahí que, que no puede estimarse que el acto de reclamo satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; pues, será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Entonces, el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, respecto de los actos precisados, porque conforme a lo previsto en la citada fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio biinstancial contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, solo se actualizará cuando se controvierta la última resolución dictada en dicho procedimiento, y en el caso, como se explicó, no ha acontecido. Por tanto, se concluye que la diligencia reclamada y el señalar fecha y hora para poner en posesión a la parte actora, constituyen solamente determinaciones intermedias dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Además, como ya se dijo, en la especie, no se está en presencia de un acto de imposible reparación, que afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, contra el cual procede por excepción el juicio de amparo indirecto, entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, así como en los tratados internacionales de los que México es parte, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues no debe perderse de vista que el objeto de la mencionada diligencia es precisamente poner en posesión real y material del inmueble controvertido a la parte actora, quien obtuvo sentencia favorable en el juicio reivindicatorio. Robustece, lo señalado con antelación, la jurisprudencia P./J.108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2001, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario) de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la Secretaria Nubia Miranda Ramírez. Nmr * Mcvp.

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