Anita Reyes Martinez
Expediente 336/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Anita Reyes Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio remítasele copia certificada de las constancias que indica, haciendo de su conocimiento que el presente juicio de amparo se encuentra archivado como asunto totalmente concluido; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, específicamente que en el presente incidente de suspensión no se concedió medida cautelar alguna; con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado; por lo que procédase a la destrucción del duplicado una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 336/2018; y, R E S U L T A N D O: I.- Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta población, ANITA REYES MARTÍNEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a su favor, por violación a sus derechos humanos contenidos en los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos del Cabildo, Presidente, Síndico y Dirección de Obras Públicas todos del H. Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca, así como del Director de CONAGUA en Oaxaca (Organismo de Cuenca Pacifico Sur) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca, de quienes reclamó: ".IV. Actos reclamados: A.- Cabildo Municipal del H. Ayuntamiento de la Villa de Zaachila. De quien reclamo la aprobación para llevar a cabo la construcción del panteón o cementerio en la zona poniente de esta población, autorizado mediante sesión de cabildo.- B. De la Presidenta Municipal y del Síndico Municipal de la Villa de Zaachila reclamo la orden de iniciar la edificación de un nuevo panteón municipal en la jurisdicción de la segunda sección del Barrio del Niño, en la Carretera a Zaachila a San Miguel Peras, sin número, ordenando la tala de árboles de nogal, siendo una obra improvisada que no cuenta con los estudios de impacto ambiental, ni técnicos necesarios, además de que es de dominio público que en Zaachila y en la Zona se han encontrado vestigios arqueológicos.- C.- Del Director de Conagua en Oaxaca (Organismo de Cuenca Pacífico Sur y Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, reclamo la falta de interés por realizar los estudios de impacto ambiental y con ello validar la construcción del nuevo panteón, sin antes realizar los estudios técnicos necesarios, solo basando su actuar en la información entregada por la autoridad municipal, sin haberse tomado el tiempo de acudir a realizar una inspección física al predio y por ende realizar los estudios de impacto ambiental, pues en la zona se encuentra un importante manto freático, además de que cerca pasan dos arroyos y existen diversos árboles de nogal en el predio que serán talados con esta obra.- Del Dirección (sic) de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de la Villa de Zaachila. Se reclama la ejecución de la obra consistente en la construcción del nuevo panteón municipal de la Villa de Zaachila, la tala indiscriminada de árboles de nogal que hay en la zona, la contaminación del subsuelo, así como el cambio de uso de suelo sin los dictámenes correspondientes.". II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por cuestión de turno, dicha demanda fue remitida a este órgano jurisdiccional, por lo que mediante auto de cinco de abril del año en curso, se ordenó radicar con el número 336/2018, admitirla a trámite, solicitar informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza administrativa y que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: 1. Del Cabildo, Presidente, Síndico y Dirección de Obras Públicas todos del H. Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca: la sesión de cabildo en la que se aprobó la construcción de un panteón o cementerio en la segunda sección del Barrio del Niño, en la Carretera a Zaachila a San Miguel Peras, sin número; su edificación y la tala de árboles de nogal en ese lugar; 2. Al Director de CONAGUA en Oaxaca y Delegado del Medio Ambiente y Recursos Naturales con sede en la ciudad de Oaxaca, la validación de la construcción del panteón sin realizar estudios técnicos ni de impacto ambiental, así como el cambio de uso de suelo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Delegado Federal en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de Oaxaca, ni al Coordinador de Actividades del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la ciudad de Oaxaca. Lo anterior, pues al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario; por tanto, al no quedar desvirtuada su negativa implica sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo expuesto se cita la jurisprudencia número 284, visible en la página 236 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-2000, que refiere: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVAS DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuye y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Cabildo, Presidente, Síndico y Director de Obras Públicas, todos del H. Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, tesis 395, página 296, Quinta Época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Improcedencia del juicio. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 del mismo ordenamiento. De oficio, el suscrito advierte, que respecto de los actos reclamados consistentes en: la sesión de cabildo en la que se aprobó la construcción de un panteón o cementerio en la segunda sección del Barrio del Niño, en la Carretera a Zaachila a San Miguel Peras sin número, en la población de Zaachila Oaxaca; su edificación y la tala de árboles de nogal en ese lugar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, y con el artículo 107, fracción I Constitucional, toda vez que la quejosa carece de interés legítimo para impugnarlos. Dicha porciones normativas prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." El artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la propia Constitución Política señala que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese orden de ideas, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 1. Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o 2. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. En tanto que el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución precisa que para combatir actos de tribunales se debe acreditar siempre un interés jurídico. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5 de la propia ley. En ese contexto, se debe precisar lo siguiente: A. Interés jurídico. El interés jurídico constituye un presupuesto de la acción constitucional de amparo, que de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica del gobernado. En ese caso, para que proceda el amparo y la protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Entendiendo por daño o perjuicio: La existencia de una violación a derechos humanos de una persona al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Agravio personal: El sujeto que intente la acción de amparo debe ser precisamente el titular de los derechos subjetivos públicos. Agravio directo: Implica el quebranto de esos derechos directamente a su titular. Agravio objetivo: Por medio del análisis que realice la autoridad de amparo, se encuentre que efectivamente se han violado los derechos humanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Registro: 170500, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 168/2007. Página: 225, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente susbienes jurídicamente amparados. B. Interés legítimo. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: a. Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo, como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona, sin más, pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, o en su caso la omisión, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, lo que implica que se hayan ampliado las posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En ese sentido, de conformidad con los parámetros mencionados, el interés legítimo se constituye en un presupuesto procesal que, aun cuando resulta menos exigente para permitir ejercer la acción de amparo, requiere del cumplimiento de ciertas condiciones, tales como ser cualificado, actual, real, jurídicamente relevante y tener por objeto la obtención de un beneficio jurídico en favor del quejoso. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 50/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 60, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Esto es, el interés legítimo presupone que el quejoso demuestre que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de la pretensión que plantea, sea por una circunstancia especial o por una regulación sectorial o grupal, en el entendido de que el interés legítimo puede emanar del hecho de la pertenencia a un grupo formalmente identificable, o bien puede tenerlo una persona que no pertenezca al grupo, pero que en razón de sus circunstancias específicas sufra una afectación en su esfera jurídica en sentido amplio. Así, el quejoso debe demostrar, por regla general, que es parte de un grupo formalmente identificable; y en caso de que no pertenezca a él, debe acreditar las circunstancias especiales que generan afectación en su esfera jurídica entendida en un sentido amplio, lo que no sucede en la especie. Ello es así, puesto que la quejosa se duele de: La sesión de cabildo en la que se aprobó la construcción de un panteón o cementerio en la segunda sección del Barrio del Niño, en la Carretera a Zaachila a San Miguel Peras sin número, Zaachila, Oaxaca; su edificación y la tala de árboles de nogal en ese lugar. Asimismo, arguye que es vecina de esa localidad (Zaachila, Oaxaca) y para la aprobación y edificación del citado cementerio no se realizaron los estudios necesarios, por lo que estima que son violatorios de derechos humanos, como son el derecho a la salud, se van a desarrollar problemas sociales, económicos, sobre todo problemas ecológicos debido a que el lugar no reúne las características con las cuales deba contar un nuevo panteón, se reducirán las áreas verdes, no existen servicios básicos (agua potable, luz, alumbrado público, drenaje), lo que viola su derecho a un ambiente sano, el cual colinda con su casa. Sin embargo, la quejosa únicamente exhibió copia simple de su copia simple de un recibo de pago de energía eléctrica a nombre de la quejosa, con dirección: "2ª SECCIÓN BARRIO DEL NIÑO, documental que no goza de valor probatorio, dado que no contiene certificación alguna que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fue reproducida; por ende, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, constituyen un simple indicio aislado, que al no estar corroborado con otro medio de prueba, es insuficiente para acreditar el perjuicio que dicen sufrir el impetrante. Y es que la copia simple descrita no puede constituir prueba plena debido a la naturaleza con que fue confeccionada, máxime cuando el hecho que con ella se pretende acreditar no se encuentra corroborado o adminiculado con otro medio de convicción. Cobra aplicación la tesis I.11o.C.1 K, correspondiente a la Novena Época y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, agosto de 2002, página 1269, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Así como, por el criterio que informa, la tesis I.3o.C. J/37, consultable a foja 1759 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, mayo de 2007, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." En ese contexto, debe decirse que el anterior medio de prueba de ninguna manera demuestra que la quejosa tenga alguna proximidad o vecindad con el predio en el que se edificará el panteón, ni justifica cuál es el perjuicio real, actual o inminente que alude resentir. En similar sentido, la peticionaria de amparo no refiere cuál es el beneficio específico e individualizado, con independencia de que se tratara de un derecho colectivo, que incidiría en su esfera jurídica en el supuesto, sin conceder, de que se otorgara la protección de la justicia federal. Es decir, no aporta ningún medio probatorio que produzca la convicción en el ánimo de este juzgador, de que sea titular de un derecho subjetivo ni de un interés legítimo, que se vea afectado de manera actual y real ni de forma directa ni en virtud de alguna situación especial frente al orden jurídico; de ahí que se estime la actualización de la causa de improcedencia invocada. En efecto, la afectación al interés legítimo, parte de la base que aunque no haya una prerrogativa reconocida de manera específica en favor de la quejosa, sí existe un vínculo entre sus derechos fundamentales y el acto de autoridad que causa una afectación; conexión que debe ser actual, real y relevante jurídicamente, es decir, debe haber un interés cualificado del impetrante relacionado con los actos combatidos, debido a que resiente un perjuicio que desaparecería con la anulación de los mismos. En este sentido, la afectación al interés legítimo, se actualiza por la relación que guarde la situación particular de la quejosa respecto de los actos reclamados, sin que sea un requisito necesario que exista una actuación de la autoridad dirigida de manera personal y directa a él, por lo que es válido afirmar que la afectación que recibe el justiciable debe de ser de forma indirecta o colateral, pero que debe ser cierta y actual, situaciones que no acredita de manera alguna. En consecuencia, siendo el interés jurídico o legítimo indispensable para la procedencia de la acción constitucional, al no haberse acreditado en la especie, es inconcuso que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo que procede es sobreseer en el juicio conforme al diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. SEXTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ANITA REYES MARTÍNEZ, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.Así lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Maribel Leocadia García Melchor, secretaria que autoriza y da fe, el día de su audiencia dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Doy fe.
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