Anita Hernández Martínez
Expediente 1051/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Anita Hernández Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de treinta de noviembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por Anita Hernández Martínez, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Anita Hernández Martínez, en contra de actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, con residencia en Chimalhuacán, Estado de México y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1051/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo y escrito de desahogo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Bajo esas circunstancias, se considera que en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos, 5 fracción I y 6 de la Ley de Amparo y con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El agraviado o agraviados;. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Los referidos artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, prevén el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, es premisa indispensable para instar el juicio de control constitucional, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio al mismo, ni que se restablezca el orden constitucional que deje inválido el acto de autoridad transgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda constitucional debe formularse por escrito o por medios electrónicos por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante o apoderado, en la inteligencia de que, en todo caso, la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, pues será solo en aquellos en que sea externada, generalmente mediante el uso de signos distintivos, como es la firma autógrafa o electrónica del interesado, o en ciertos casos, la impresión de la huella digital. A su vez, el artículo 2, fracción del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, establece lo siguiente: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados." De los numerales antes expuestos, en lo que interesa, se advierte que el juicio de amparo solo es procedente a instancia de parte agraviada, esto es, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés, el cual se ve afectado con motivo de algún acto de autoridad. Cabe destacar que el presente juicio de amparo se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En ese sentido, el artículo 3 de la Ley de Amparo, establece los lineamientos para la presentación de las promociones en el juicio de amparo, las cuales podrán ser de manera escrita, oral y electrónica; en el primer supuesto, el ocurso formulado por escrito y el cual se presenta de forma física ante el órgano jurisdiccional, debe contener la firma autógrafa del promovente; en la última hipótesis, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Ahora, del análisis de la demanda de amparo de cuenta, promovida por Anita Hernández Martínez, se advierte que no cuenta con la firma electrónica, la cual constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que además de dar autenticidad al mismo, pone de manifiesto la voluntad del promovente. Circunstancia que, como se advierte, la demanda en línea que se provee, no adjunta evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica del promovente -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubiere colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, como al efecto lo establece la fracción XVI del numeral 2 del Acuerdo administrativo 12/2020, lo que se corrobora en la parte de la boleta de recepción en donde se desprende que ésta fue promovida en línea y carece de firma. Esto es así, porque en el caso, no se advierte que la impetrante hubiere firmado de manera electrónica la demanda -lo cual produce los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa- es decir, no se desprende que hubiere colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, como al efecto lo establece la fracción XVI del numeral 2 del Acuerdo administrativo 12/2020. Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6° de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió electrónicamente el escrito relativo, atento a lo cual lo procedente es desechar la demanda constitucional. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma electrónica de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercido, pues como quedó expuesto, a través de la firma las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda (en el caso, firma electrónica) equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, entonces, no es procedente ni siquiera prevenir a la persona señalada como promovente para que estampe su firma, por no entrañar uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 108 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 114, sino que se trata de un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia conduce a desechar por improcedente la demanda, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Además, no se estima que el promovente se encuentre imposibilitado para firmarla por sí mismo, ya que no manifestó impedimento alguno para ello, no refiere estar afectado de manera real y actual, y por el contrario se refiere a ello de manera futura, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, que establece que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Para sustentar lo anterior, es dable señalar que el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" Por su parte, el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. (.)". En consecuencia, tomando en consideración los actos que reclama, este juzgador considera que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues no se trata de algún acto contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior es así, debido a que el acto reclamado debe atenderse conforme a su naturaleza y no en atención a los agravios que éste refiere. Sustenta a lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el registro 2018943, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima época, publicada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con registro 2019715, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO" En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 62, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Anita Hernández Martínez, por notoriamente improcedente. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se pública en este Juzgado, porque el que señala la quejosa está fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de lo establecido en los artículos 26, 27, incisos b) y c), así como 29, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, con todas las facultades que el mismo confiere, a las personas que menciona, siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, en razón que la parte quejosa, solicita la notificación y/o consulta vía electrónica de las actuaciones de este sumario, se ordena notificar electrónicamente las determinaciones emitidas en el presente asunto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes conforme a los nombres de usuario que se proporciona en el escrito que se provee, ello de conformidad con los artículos con los artículos 34, 36, 38, 39, 55, 57, 58, 60, 61 y 63, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los Asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano jurisdiccional, para que proceda a registrar dicha solicitud y se permita el acceso y notificación respectiva.
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