Anita Corona Lamas
Expediente 493/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/08/2018
Partes del expediente
- Anita Corona Lamas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de la citada Secretaría (fojas 88 a 90), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de dos de agosto de la presente anualidad (foja 91), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 54 a 77), se determinó conceder al quejoso Anita Corona Lamas, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los dispositivos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la parte accionante de garantías con fundamento en las disposiciones anteriores en el pago realizado el quince de marzo de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la parte quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente; cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, tampoco se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se realizó en su oportunidad por la revalidación de permiso de alcoholes materia del juicio, toda vez que de esta no se reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. ." Sentencia que causó ejecutoria el veintiocho de junio de dos mil dieciocho (foja 84 y 85), por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el uno de agosto del presente año (fojas 88 a 90), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia simple del cheque número 0000592, a nombre de la aquí quejosa (foja 89), en la cual se advierte que devolvió la cantidad de $9,156.02 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 02/100 moneda nacional), que corresponde al monto erogado por la quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio, menos el cobro de los tres pesos que se realizó en su oportunidad por la revalidación de permiso de alcoholes materia del juicio, toda vez de esta no se reclamó la inconstitucional de dicho concepto. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de marzo de dos mil dieciocho (foja 12) y que el nueve de julio siguiente se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo (foja 89), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero de dos mil dieciocho al mes de mayo del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero del año en que se actúa entre el índice para el mes de junio del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de mayo de dos mil dieciocho fue de 131.773 y para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.9982; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,156.02 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 02/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, en su carácter de representante legal de la responsable de la citada Secretaría, así como anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con su contenido a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que por proveído de veintidós de mayo de este año (foja 175), se tuvo al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, informado el cumplimiento al fallo protector y, al efecto acompañó diversas copias certificadas de las actuaciones efectuadas en el sumario natural 1027/2013 (fojas 170 a 174). En relación con lo anterior, en ese proveído se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con las actuaciones de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hubieren hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese tenor, mediante resolución dictada en el presente sumario el veinte de febrero de dos mil diecisiete (fojas 52 a 65), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Raquel García Vela, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Juan Guerrero Rodríguez (fojas 52 a 65). Luego, por ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, el veintidós de febrero de este año, se modificó la resolución dictada por este Juzgado y se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder el amparo a María Raquel García Vela, por su propio derecho (fojas 118 a 144), para los efectos siguientes: "A) Deje insubsistente el acuerdo reclamado, de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 1027/2013. B) Previo a acordar la petición del actor, de adjudicar directamente el inmueble embargado en su favor, ordene notificar del procedimiento de ejecución a María Raquel García Vela, por derecho propio, a fin de que, de estimarlo conducente, haga uso del derecho del tanto que le asiste con relación a ese bien; en términos del artículo 84 de la Ley Agraria. C) Hecho lo anterior, continúe con el procedimiento de ejecución, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones." De lo reproducido se colige, que los actos que debía realizar el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con la ejecutoria de que se trata, son los siguientes: Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 1027/2013. Previo a acordar la petición de la parte actora, relativa a adjudicar directamente el inmueble embargado en su favor, ordenara notificar el procedimiento de ejecución a María Raquel García Vela, por su propio derecho, con el propósito de que de estimarlo conducente hiciera uso de su derecho del tanto que le asiste. Hecho lo anterior, continuar con el procedimiento de ejecución, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones. Ante ello, el Juez responsable por acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso, dictado en el juicio natural 1027/2013, dejó insubsistente el proveído reclamado, posterior a ello, y previo a continuar con la adjudicación del inmueble embargado en el sumario de origen, ordenó notificar de forma personal a María Raquel García Vela, por su propio derecho, para que si lo estimara conveniente compareciera a deducir el derecho al tanto que le asiste; y hecho lo anterior, continuaría con la secuela del procedimiento de ejecución (fojas 156 a 158); sin remitir la constancia de notificación respectiva; no obstante, adjuntó copias certificadas de las actuaciones posteriores a dicha orden, de las que se desprende que la quejosa indicada se ostentó sabedora de la vista de mérito (fojas 171 a 174). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del Ordenamiento Legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió (fojas 18 a 20 y 27 a 31), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.
- Principal
Por lo expuesto y con apoyo en los numerales 73, 74, 75, 76, 77, 78 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *, en contra de los actos reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, todos con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo de la presente resolución; el amparo se concede por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia de control constitucional.
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