Anisleidy Fortun Flores
Expediente 392/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2022
Partes del expediente
- Anisleidy Fortun Flores
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual, informa que asume el conocimiento del presente asunto, registrándolo con el número 182/2022-VII-A, de su índice. En consecuencia y dado que mediante proveído dieciséis de marzo del año en curso, se reservó proveer respecto los oficios firmados por el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México y por las autoridades que en ellos se indican, en representación del Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad de México, del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad de México y del Jefe Del Departamento De Control Migratorio Del Subdirector De Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; mediante los cuales, informan las acciones realizadas a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en el presente asunto. Se ordena remitir dichos oficios al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como las constancias de notificación que solicita, a fin de que se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 20, fracción a), del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno de antecedentes y carecer de relevancia documental; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio suscrito por el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del Director General de Administración, por medio del cual realiza manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional programada para las nueve horas con veinticinco minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Héctor Javier Ramírez Avendaño, que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, once de marzo de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida *****************, a nombre de ****************; contra actos de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 392/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Negativa de la Suspensión de Plano respecto la "detención" Ahora bien, de la lectura del escrito de amparo que se atiende, la parte quejosa solicita la suspensión de plano contra los actos siguientes: 1. La detención y/o alojamiento dentro del procedimiento administrativo migratorio en la estación que refiere. 2. La posible orden de deportación o retorno asistido y/o retorno voluntario. 3. La incomunicación al no permitirle tener contacto con sus familiares y/o tener visita de su representante legal. 4. La supuesta Tortura psicológica. 5. La exposición a un ambiente propicio al contagio del virus Covid-19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria, aunado a que es una persona vulnerable, que padece de Hipertensión, Taquicardia y Diabetes. Antecedentes del caso. a) La quejosa aduce ser de nacionalidad cubana. b) Asimismo, manifiesta que fue detenida por autoridades migratorias y que tiene más de cuarenta y un días detenida, por la autoridad administrativa Instituto Nacional de Migración. c) Mencionando que la quejosa tiene la pretensión de ser reconocida con la condición de refugiada. d) Que fue detenida y que se le inició un procedimiento migratorio en su contra en términos de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Migración. En virtud de los actos señalados anteriormente, en específico en el numeral "1", es de precisar que no se dan los extremos para conceder la suspensión de plano en los términos que pretende la parte quejosa en razón de que no se trata propiamente de una detención ni es equiparable a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de aquéllos contemplados en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, respecto de los cuáles deba conceder de plano y de oficio la suspensión, sino que en todo caso, deberá ser materia de la medida cautelar que se tramita por cuerda separada, siempre que dicho acto sea señalado como reclamado por la quejosa, ya que se trata de una presentación ante la autoridad migratoria para establecer su condición de ingreso al país. A efecto de señalar los argumentos que sostienen tal determinación, es menester señalar el contenido de los artículos 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Migración; Ley de Migración . . De los anteriores numerales, se advierte que es de orden público la presentación de un extranjero adulto en las estaciones migratorias o los lugares habilitados para ello, mientras se determina su situación migratoria en territorio nacional y, además señalan que la "presentación" de extranjeros adultos consiste en la medida en la que se acuerda su alojamiento cuando éste no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. Además, en el supuesto hipotético que derivado de la verificación o revisión migratoria, se actualice alguno de los supuestos de deportación contemplados en el artículo 144 de la Ley de Migración, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición. Ahora bien, como puede advertirse de los antecedentes bajo protesta de decir verdad que formuló la parte quejosa en su escrito de cuenta, se advierte que promueve el amparo con motivo de la incertidumbre con la que cuenta respecto su estadía en el país. Como se puede advertir, la parte quejosa no se encuentra detenida por la comisión de un hecho ilícito, ni fue detenida formal ni materialmente por las autoridades migratorias, sino que fue puesta a su disposición para verificar su situación migratoria en este país. Por tanto, no ha lugar a conceder la suspensión de plano a la parte quejosa en contra de los actos precisados en el punto número 1. Asimismo, apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 2013633, consultable en la página 658 el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, diez de febrero de dos mil diecisiete, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO." Suspensión de Plano. Por lo que hace a lo señalado en el número 2, 3, 4 y 5, consistentes medularmente en la orden de deportación o retorno asistido y/o retorno voluntario, incomunicación, tortura psicológica y hacinamiento, se encuentran vinculados con lo que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, pues puede implicar la incomunicación, la deportación o expulsión del promovente del territorio nacional, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48, 126 y 161 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de oficio y de plano a **************** única y exclusivamente por lo cuanto hace a los actos señalados en los numerales 2, 3, 4 y 5, consistentes en la orden de deportación o retorno asistido y/o retorno voluntario, incomunicación, tortura psicológica y hacinamiento, para los siguientes efectos: Respecto de la posible orden de deportación o retorno asistido y/o retorno voluntario, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, para el efecto de que no se ejecuten tales actos. Es decir, para que no sea detenida con el objeto de que se le obligue a abandonar el territorio nacional. Por lo que hace a la supuesta tortura psicológica y hacinamiento se ordena a las responsables que de inmediato se abstengan de llevarlos a cabo. Asimismo, por lo que hace a la incomunicación se permita a la quejosa mantener comunicación con su abogado o autorizado, conforme a las medidas preventivas de higiene y seguridad. Por otra parte, se concede la suspensión para que las autoridades responsables, garanticen en todo momento su derecho de recibir asesoría jurídica, a nombrar a un representante legal y a que su defensor comparezca en todos los actos legales cuantas veces se le requiera y cuando lo solicite. La medida cautelar concedida surtirá efectos únicamente respecto de la ejecución de la detención, deportación o expulsión por cuestiones migratorias, salvo que las autoridades responsables acrediten ante el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (por virtud de la competencia por declinatoria que se expondrá en párrafos subsecuentes) que dicha orden fue emitida en contra de la quejosa por hechos diversos a los de esta demanda, o que haya sido sorprendida en flagrante delito, infringiendo o inobservando medidas de control y vigilancia a cargo de las autoridades correspondientes. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 80/2007, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. . En adición de lo anterior, con apoyo en el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se hace extensiva la suspensión de plano contra todo acto que tienda a tener incomunicada a la parte quejosa y cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE".1 Rendición de Informes Dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, las autoridades responsables deberán hacer del conocimiento de este órgano de control constitucional la forma y términos en que hayan acatado la suspensión, en la inteligencia que la violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo. 1 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo 1, página 431. Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: . En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Constituir. Asimismo se instruye al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, ubicada en la colonia el vergel, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, a efecto de hacer del conocimiento la presente determinación a la promovente de amparo. Se habilita al actuario judicial para que, en caso de no encontrar a la parte quejosa, obtenga informes sobre su localización, a efecto de que sea cumplida la suspensión que en este acto se decreta; apercibiendo a tal autoridad que deberá´ estarse a lo dispuesto en el auto de que se trata, y de no cumplir con ello se hará´ acreedora de las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Sentido de la determinación. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."2 Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer del presente juicio. Por tales motivos, es que se surte la hipótesis prevista en el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: . Del anterior precepto se advierte que radica en el conocimiento del asunto de los jueces en materia penal, cuando el acto reclamado se haga consistir en resoluciones judiciales del orden penal; así como contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado; salvo cuando se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; o bien, contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas al inculpado, o en los de responsabilidad civil, dictados por los tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de delitos. Precisión de actos reclamados. Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. La posible orden de deportación o retorno asistido y/o retorno voluntario. 2. La incomunicación al no permitirle tener contacto con sus familiares y/o tener visita de su representante legal. 3. Tortura psicológica. 4. La exposición de la extranjera en un ambiente propicio a la exposición del virus Covid-19, por estar en hacinamiento en una estación migratoria, poniendo en riesgo su vida, aunado a que es una persona vulnerable, que padece de Hipertensión, Taquicardia y Diabetes. Razones de incompetencia por materia En tales condiciones, tomando en consideración los actos que la parte promovente señala como reclamados en su demanda de amparo, se estima que este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer de los actos que se reclaman en la demanda que nos ocupa, ya que conforme a la disposición legal transcrita los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal deberán conocer, entre otros actos, de aquellos que provengan de cualquier autoridad que afecte la libertad personal del agraviado, y que en su caso implique incluso su expulsión del territorio nacional o deportación a su país de origen, lo que acontece en el caso que nos ocupa. Cobra aplicación, por analogía en lo conducente y por el criterio que sostiene, la tesis de la Séptima Época, visible en la página 29, del tomo 217- 228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: 'LIBERTAD PERSONAL ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN.' De igual forma, en lo conducente, es aplicable la tesis aislada visible en la página 2199 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIV, agosto de 2006, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, de rubro: "EXTRANJEROS. SU ASEGURAMIENTO O DETENCIÓN ADMINISTRATIVA. CORRESPONDE CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO A UN JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL." Ahora bien, este órgano jurisdiccional atendiendo a los actos que se reclaman por esta vía constitucional determina no dividir la continencia de la causa en razón de los siguientes argumentos: Atendiendo a las constancias que hasta el momento obran en autos, se reclama la privación de la libertad e incomunicación, así como una posible deportación, todo ello derivado de la detención realizada respecto de ***************,- persona de nacionalidad Cubana-. De esa forma, la totalidad de los actos que se pretenden reclamar, no están desvinculados entre sí, ni deben tramitarse en distintas vías, ni tampoco tienen existencia autónoma; dado que dependen entre ellos, al tratarse de actos conexos, pues, se insiste, los actos reclamados por la quejosa se encuentran relacionados con la detención de la quejosa en una estación migratoria, lo que se traduce en una privación de la libertad e incluso, la posibilidad de una deportación, manteniendo igualmente a la parte quejosa incomunicada. De lo que es evidente, que en el caso se actualiza el principio de indivisibilidad de la continencia de la causa. Ciertamente, aun cuando la retención en una estación migratoria podría llegar a ser un acto administrativo; lo cierto es que atendiendo a la litis propuesta, ello se encuentra concatenado con diversos actos que, se estimó en la demanda, afectan diversas cuestiones que son eminentemente penales. En efecto, atendiendo a las constancias de autos, debe considerarse que la naturaleza jurídica de los actos reclamados son del orden penal y no administrativa, al desprenderse de la demanda de amparo que se reclama la deportación, incomunicación, detención tortura psicológica y hacinamiento por parte del personal de la Estación Migratoria de esta ciudad, actos que innegablemente afectan la libertad personal del quejoso, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, además, sin que de autos se advierta que tales medidas se traten de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. De ahí que si los actos reclamados afectan directamente la libertad personal de la parte quejosa, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, como ya se indicó, establece que es competencia de los jueces de distrito de amparo en materia penal, los juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, así como los que se refieran a la deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el numeral 22 constitucional. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitándole acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VI.P. J/1 P (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia(s): Común, Penal, Registro digital: 2024229, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EL ALOJAMIENTO, EL RETORNO ASISTIDO O LA DEPORTACIÓN, EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM). SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL." Así como también, la tesis aislada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Primera Parte, página 29, Séptima Época, Materia(s): Penal, Registro digital: 232031, de rubro y texto: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN. . Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorizados. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ......., toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Acceso al expediente electrónico y notificaciones por este mismo medio. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y todas las notificaciones que deriven del presente juicio de amparo en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario ...... que corresponde a *****************. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.3 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.4 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente la parte quejosa en la Estación Migratoria. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Eliana Damián Gaspar, que autoriza y da fe.
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