Aniellys Ferrer Garcia y Otros.
Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Aniellys Ferrer Garcia
- Aniellys Ferrer Garcia y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA 4-B.- Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de dieciocho de mayo del año actual, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.
- Principal
MESA 4 B De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito firmado por XXXX, mediante el cual, en cumplimiento al auto de diez de mayo del año en curso, desahogan la prevención ahí contenida. Al respecto, bajo protesta de decir verdad, precisan lo siguiente: "hago la precisión que en el presente juicio de garantías el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en la dilación de fijar fecha y hora pronta a efecto de la solicitud de refugio planteada, dado que tal data fue señalada para las siete horas del día ocho de junio de dos mil veintiuno". Ahora, del examen integral de la demanda y su manifestación aclaratoria, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. DESECHAMIENTO Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los arábigos transcritos, en esencia, se aprecia que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Apoya lo anterior, la Tesis jurisprudencial número 814, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Octava época, tomo VI, Apéndice 1995, página 553, con número de registro 394770, cuyo contenido dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Pues bien, como se ve, en el caso, los promoventes reclaman en esta instancia constitucional la dilación atribuida a la autoridad para fijar fecha y hora pronta a efecto de la solicitud planteada, toda vez que se les citó para las siete horas del ocho de junio de dos mil veintiuno, a efecto de llevar a cabo dicho procedimiento. En ese tenor, una vez analizado su escrito de demanda y escrito aclaratorio, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En efecto, si bien es cierto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 17, segundo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, además de manera pronta, completa e imparcial, lo que se establece como un derecho público subjetivo a favor de cualquier persona. Lo cierto es que también, el Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, en sus ordinales 40, 41 y 45, establece lo siguiente: "Artículo 40. Previo al análisis de cada solicitud, la Coordinación solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen de cada solicitante, misma que deberá ser remitida dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la presentación de la solicitud, de conformidad con el artículo 24 de la Ley. Para ello, la Coordinación informará a la Secretaría de Relaciones Exteriores en cada caso el nombre del solicitante, el país de origen, los motivos de persecución alegados así como el agente de persecución alegado. Artículo 41. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, la Coordinación podrá solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; a la Procuraduría General de la República; al Poder Judicial de la Federación, a los gobiernos estatales y sus respectivas dependencias y entidades; al Gobierno del Distrito Federal, sus dependencias y entidades, y a los poderes judiciales locales, información respecto de los antecedentes del solicitante, para efectos de analizar si existen causas de exclusión. Artículo 45.- La Coordinación deberá resolver cada solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, dentro del plazo de 45 días hábiles contados a partir de que hubiese sido admitida. La resolución deberá estar fundada y motivada, debiéndose notificar de manera íntegra por escrito al solicitante o a su representante legal, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión. En caso que la resolución establezca que no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, deberá informársele sobre su derecho a presentar el recurso de revisión previsto por la Ley, así como los requisitos y plazos para ello. Las resoluciones a que se refiere el presente artículo deberán ser notificadas en copia íntegra al Instituto." Por tanto, bajo esa tesitura, de los preceptos transcritos se advierte que previo al análisis de la solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiado, la Coordinación deberá solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión sobre las condiciones prevalecientes en el país de origen de cada solicitante, misma que deberá ser remitida dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la presentación de la solicitud; asimismo, se aprecia que cuenta con 45 días hábiles contados a partir de que hubiese sido admitida dicha solicitud, para resolver respecto del reconocimiento de la condición de refugiado; es así entonces, que de dicho análisis se colige que la autoridad señalada en el presente juicio como responsable, al fijar la cita materia del acto reclamado, en la data apuntada, esto es, para el ocho de junio de dos mil veintiuno, no ha recaído en demasía para resolver la situación planteada por los aquí promoventes. Se sostiene lo anterior, toda vez que de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que, bajo protesta de decir verdad, la parte agraviada manifestó que el uno de mayo del año en curso ingresaron de manera irregular a este país, por lo que de inmediato acudieron ante la Comisión de Ayuda a Refugiados a fin de solicitar la condición de refugiados, motivo por el cual, el cuatro de mayo siguiente se les inició el procedimiento correspondiente, en el que se fijó como fecha para su resolución las siete horas del ocho de junio de dos mil veintiuno. De tal suerte que, como se dijo, el Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria dispone que la autoridad cuenta con un plazo de 45 días hábiles contado a partir de que hubiese sido admitida la solicitud respectiva a efecto de resolver respecto del reconocimiento de la condición de refugiado, por ende, se deduce que no ha habido una abierta dilación en la resolución de tal procedimiento, en tanto que la autoridad se encuentra dentro del plazo previsto legalmente para tal efecto, el cual, se observa, comienza a computarse a partir de que fue admitida la solicitud de condición de refugiado planteada. En ese orden de ideas, tocante a que la mencionada solicitud fue admitida, y a partir de entonces se computa el plazo para su resolución, ello se colige en tanto que, en principio, existe el citatorio expedido para los agraviados con el objetivo de continuar con el procedimiento de solicitud de refugiados que plantearon, aunado a que, al prevenírseles respecto de la precisión de su acto reclamado, expresaron que este se hacía consistir en que, en su concepto, existía una dilación al fijar fecha para su resolución, mas no reclamaron la omisión de dar respuesta a la petición elevada, ni mucho menos que esta hubiere sido negada. Finalmente, es necesario señalar que para establecer el tiempo probable de duración del juicio de amparo y precisar la tasa promedio del cálculo, tenemos que en la página de la Dirección de Estadística Judicial, en indicadores, aparece como datos estadísticos de dos mil diecinueve (último año publicado), de la información recabada en el vigésimo circuito, el promedio de tramitación de juicios de amparo en primera instancia fue de 67.8 días, y de revisión 123.45 días, lo que da un total de 191.25 días. En ese contexto, este Juzgador advierte que de admitirse a trámite la demanda de amparo que se acuerda, a ningún fin práctico llevaría toda vez que la integración del mismo de conformidad con lo precisado en el párrafo anterior, seria posterior a la fecha señalada por la autoridad para la resolución de la condición de refugiados que le fue planteada, esta es, el siete de junio de dos mil veintiuno. En estas circunstancias, la parte promovente debe adecuarse al plazo establecido en los artículos 40, 41 y 45 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, esto es, al término específico para que la responsable dé una resolución a la solicitud realizada por la parte quejosa en el sentido de que se les reconozca la calidad de refugiados y el cual no podrá exceder del término establecido en el reglamento en comento. En tal virtud, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 17 Constitucional y 40, 41 y 45 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, se insiste, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el dispositivo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita" Es aplicable también, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, página 608, mayo de 1997, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". En la inteligencia de que, esta determinación no constituye cosa juzgada sobre el acto reclamado; por tanto, si en un plazo de cuarenta y cinco días, legalmente computado, la parte promovente estima que la autoridad responsable recae en dilación procesal, tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que la dilación procesal en que incurren las autoridades son de tracto sucesivo.
- Principal
Mesa 5-b. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Aniellys Ferrer García y Michel Chespo Pino, por propio derecho, contra actos de la encargada de la Oficina de Representación en el Estado de Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 201/2021 5-B. PREVENCIÓN Ahora, antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda, corresponde a este Juzgado analizarla, con fundamento a lo ordenado en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De una interpretación sistemática del precepto anotado, se desprende que el solicitante del amparo tiene la carga procesal de señalar con precisión el acto reclamado, así como los hechos que le constan y que constituyen sus antecedentes. Ahora, del escrito inicial de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado: (.) Empero, en otra parte de la demanda, dentro de su capítulo referente al acto reclamado, señala lo siguiente: (.). Es decir, no se tiene total certeza de lo que la parte promovente reclama en esta instancia constitucional. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 108 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de este acuerdo: a) Precise con total exactitud cuál es su acto reclamado, esto es, si reclama la dilación en fijar fecha y hora a efecto de que la autoridad responsable emita respuesta en torno a la solicitud de refugio que fue planteada, dado que tal data fue señalada para las siete horas del ocho de junio de dos mil veintiuno. b) O bien, indique si lo que reclama es la omisión de emitir respuesta a la solicitud de refugio que fue externada; de ser así, manifieste bajo protesta de decir verdad, a qué solicitud se refiere, si la misma se presentó de manera verbal o por escrito, la fecha en que ello aconteció y ante qué autoridad. En la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá estarse a lo ordenado por el artículo 110 de la ley de la materia, y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. APERCIBIMIENTO En ese sentido, se apercibe a los promoventes que de no dar cumplimiento a lo solicitado, dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y de no exhibir las copias del escrito aclaratorio, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Al existir solicitud de la parte quejosa, con apoyo en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, principalmente los numerales 35, 36, 39, 55, 57, 58 y 61, se autoriza que las notificaciones correspondientes a este asunto a la citada parte, se realicen de manera electrónica, para lo cual en el escrito que se provee refiere que el nombre de usuario es "ABOGADOBLACK1982", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección electrónica: http://consultaexpedienteelectronico.cjf.com.mx/home/log in. Debiendo corroborar su credencial de acceso a dicho portal. En el entendido que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la necesaria para consultar el expediente electrónico. De lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el sistema electrónico a través de la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). De igual manera, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Russbel Morales Méndez, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y se tiene a Guadalupe Barrios Vázquez, en términos del numeral 24 de la ley en la materia, por así solicitarlo expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar. En el acta correspondiente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, exhorta a las partes a efecto que, de estimarlo pertinente, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a este órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a través del cual se podrá´ llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá´ registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. DESAHOGO- ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así´ como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular 9621506869. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. (.)
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