Aniceto Ugalde Moreno
Expediente 728/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2019
Partes del expediente
- Aniceto Ugalde Moreno
Actuaciones
- Principal
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DELCARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO...HA QUEDADO FIRME...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO...
- Principal
*CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 28/05/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de amparo que por derecho propio promueve Aniceto Ugalde Moreno, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro y otras autoridades, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 728/2019, que es el que le corresponde; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo de mérito, el suscrito Juzgador Federal estima que frente al acto reclamado a la Secretaria de Acuerdos Interina adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, consistente en dar fe de los actos emitidos por el juez responsable, se configura la hipótesis de improcedencia derivada de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5 fracción II de esa misma ley, lo cual conduce a desechar de plano la presente demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que, como se dijo, el acto que se atribuye a la Secretaria de Acuerdos en comento, le es impugnado en cuanto su atribución de autorizar los proveídos dictados por el Juez responsable, en el juicio de donde emana el acto reclamado. Así las cosas, cabe recordar que de conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, las funciones de los Secretarios de Acuerdos se circunscriben a la organización interna y de mero trámite de este, así como autorizar en funciones de fedatario las resoluciones del titular del Órgano al que se encuentran adscritos, lo cual se traduce en que dicho funcionario judicial no cuenta con atribuciones para emitir actos de decisión o de ejecución. Por tanto, en el presente caso no debe tenerse como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos referido, pues el acto que se le atribuye no cuenta con las características a que se refiere el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por no contar con facultades de decisión, coacción y autonomía que todo acto de autoridad debe contener para considerarlo como un acto susceptible de ser atacado a través de la vía constitucional, sino únicamente cuenta con la atribución fundamental de ser fedatario de las resoluciones del Titular del Tribunal de la Junta responsable, al cual se encuentra adscrito. Así, lo anterior provoca que en la especie se configure la hipótesis de improcedencia derivada de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5° fracción II de esa misma Ley, en cuanto al acto que se atribuye a la Secretaria de Acuerdos Interina adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro, circunstancia que da motivo a desechar de plano la demanda de cuenta por su notoria e indudable improcedencia, en cuanto a la mencionada autoridad. Ahora bien, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, vista la demanda de amparo de mérito, se advierte que la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado: Los proveídos de tres y veintidós de mayo de dos mil diecinueve, donde se admitió la prueba pericial en Grafoscopía, Documentoscopía y Caligrafía, ofrecida por el demandado Gustavo Ugalde Moreno; y, el perito Antonio Barrón Carbajal propuesto para su desahogo aceptó y protestó el cargo; asimismo, se le tuvo al citado perito exhibiendo el dictamen en materia de Grafoscopía; lo anterior, dentro del expediente radicado bajo el número 26/2019, relativo al otorgamiento de firma de escritura (sobre un contrato de donación de quince de abril de dos mil doce), seguido por Aniceto Ugalde Moreno, contra Gustavo Ugalde Moreno del índice del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro. En ese sentido este Juzgado advierte que, en la especie existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. Previo a exponer las razones por las cuales se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, conviene precisar que en la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada Jurisprudencia 37/2014 es el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Luego, en la especie el suscrito considera que se actualiza la invocada causal de improcedencia por los siguientes motivos: Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con el último precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y los proveídos de tres y veintidós de mayo de dos mil diecinueve, donde se admitió la prueba pericial en Grafoscopía, Documentoscopía y Caligrafía, ofrecida por el demandado Gustavo Ugalde Moreno; y, al perito propuesto para su desahogo se tuvo aceptando el cargo, y finalmente se tuvo al mencionado perito por exhibido el dictamen en materia de Grafoscopía, respectivamente; lo anterior, dentro del expediente radicado bajo el número 26/2019, relativo al otorgamiento de firma de escritura (sobre un contrato de donación de quince de abril de dos mil doce), seguido por Aniceto Ugalde Moreno, contra Gustavo Ugalde Moreno del índice del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro; no se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en caso de existir alguna violación, ésta sería de carácter procesal, en contra de la cual por regla general resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera así, pues esa afectación es reparable, porque sólo impacta en el proceso, al admitir la prueba pericial ofrecida por la contraparte del promovente del amparo, sin que trascienda en los derechos sustantivos del quejoso (vida, libertad, propiedad, etcétera), de modo que aún en caso de existir tal infracción, ésta es reparable en el supuesto de que el quejoso Aniceto Ugalde Moreno obtenga sentencia favorable, dentro del juicio 26/2019, de donde emanan los actos reclamados; y, si dicha sentencia fuese adversa por el motivo del que ahora se queja, tal violación procesal, podría combatirse con la sentencia definitiva en la vía directa, una vez agotados los recursos ordinarios que en su caso procedan. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, definió lo siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Posteriormente, el Pleno del Máximo Tribunal del País, emitió el criterio jurisprudencial consultable en la página 11 del tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, no reúne esa calidad, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, sino que se trata de determinaciones intraprocesales, pues al efecto los proveídos de tres y veintidós de mayo de dos mil diecinueve, donde se admitió la prueba pericial en Grafoscopía, Documentoscopía y Caligrafía, ofrecida por el demandado Gustavo Ugalde Moreno; se tuvo al perito propuesto para su desahogo por aceptando el cargo; y, además, también se tuvo al citado perito exhibiendo el dictamen rendido; lo anterior, dentro del expediente radicado bajo el número 26/2019, relativo al otorgamiento de firma de escritura (sobre un contrato de donación de quince de abril de dos mil doce), seguido por Aniceto Ugalde Moreno, contra Gustavo Ugalde Moreno del índice del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, no producen afectación a derechos sustantivos en forma material que pudieran ser materia de protección a través de la interposición del juicio de amparo indirecto, sino que hasta el momento se está únicamente ante la presencia de una violación procesal, relacionada con la admisión y desahogo de la prueba pericial en Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía (ofrecida por la contraparte del quejoso en el juicio de otorgamiento y firma de escritura), así como la aceptación del cargo de perito y la exhibición del dictamen respectivo; por lo que de resultar favorable la sentencia con la que culmine el juicio, cualquier afectación de índole procesal que haya generado el acto reclamado desaparecería sin haber dejado huella en la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, a juicio de este Juzgado, el efecto que producen los actos reclamados es sólo intraprocesal, dado que solo atañe lo aquí controvertido al haber admitido la prueba pericial en Grafoscopía, Documentoscopía y Dactiloscopía, haber tenido protestando el cargo al perito ofrecido por la parte demandada y tener por exhibido el dictamen respectivo, por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, dentro del expediente 26/2019, de su índice; circunstancias que se trata de cuestiones probatorias acontecidas en la etapa de conocimiento del juicio natural; lo cual en su caso trascenderá ya sea de forma positiva o negativa para el quejoso al dictar la sentencia definitiva; y, en su caso, podría combatirla una vez agotado los recursos ordinarios que en su caso procedan, vía amparo directo, de conformidad con el artículo172 fracción III y VII de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este Juzgado, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, consultable en la página 280 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, cuyo tenor literal es el siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, de esa misma ley; y, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve Aniceto Ugalde Moreno, por propio derecho; por notoriamente improcedente..."
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