Aniceto Reyes Espinoza
Expediente 428/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aniceto Reyes Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el seis de febrero del año en curso (fojas 73 y 74); con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión, en donde se concedió la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo en el presente juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento respecto del disco DVD que remitió el Juez de Control, residente en Juchitán, Oaxaca (fojas 78 y 79), dado el sentido del presente acuerdo LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte que el quejoso Aniceto Reyes Espinoza, ratificó el escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veinticinco de enero del año en curso, a través del cual desistió expresamente de este juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. Ahora bien, tomando en consideración lo establecido en los artículos 5 fracción I y 6, de la Ley de Amparo, que a la letra rezan: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Por su parte, el numeral 63, fracción I, del citado ordenamiento legal, establece: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." De los preceptos legales antes transcritos, se colige, que la acción del amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclame y atento a que el justiciable conserva el derecho a desistirse de la demanda si así lo considera conveniente a sus intereses, el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar su renuncia, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria; en consecuencia, al acreditarse la hipótesis prevista en el último de los ordinales antes mencionados, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en el criterio jurisprudencial del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios.". 1 Por lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional (once horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve); en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y dese aviso a las autoridades responsables. Finalmente, se levanta la reserva decretada en proveído de veintiocho de enero del año en curso, respecto al oficio 94/2019, enviado vía fax, por el Juez de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; en atención a su contenido, dada las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, se tienen por hechas sus manifestaciones y hágase del conocimiento de dicha autoridad, el presente acuerdo para los efectos legales consiguientes, mediante oficio, que se ordena enviar vía fax. Finalmente, se autoriza a la Secretaria firmar los oficios que deriven del presente. Notifíquese en términos de ley IV-B
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, TREINTA Y UNO ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, advirtiéndose que se encuentra transcurriendo el término dado al quejoso ANICETO REYES ESPINOZA, para que en su caso, ratifique o no el escrito a través del cual desistió de la demanda de amparo que promovió; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. NOTIFÍQUESE. IV-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ANICETO REYES ESPINOZA, mediante el cual desiste de la demanda de amparo que promovió por propio derecho; a efecto de proveer lo conducente, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado con identificación oficial vigente, a ratificar el contenido y firma de su ocurso de cuenta; con apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el mismo y se continuará con el procedimiento en este juicio de amparo. Consideración que encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 2ª./J. 119/2006, publicada en la página doscientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, bajo el rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Por otra parte, el oficio 94/2019, suscrito por el Juez de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, resérvese proveer una vez que se desahogue lo asentado en líneas que preceden. Finalmente, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por oficio SEADS/047/2019, de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Magistrado Fernando Silva García, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria celebrada en esa fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que con efectos a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve, la Titularidad de este órgano jurisdiccional estará a cargo del Juez Mario Alberto Gómez Rétiz; circunstancia que se ordena hacer del conocimiento de las partes, para que puedan hacer valer las manifestaciones que en su caso estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al promovente. IV-B
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